COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LA CAUSA ÁRABE
El consejo de administración de CAF hizo alarde de sus elaboradas «diligencias debidas» para conocer la legalidad y legitimidad de todos sus proyectos industriales y proveedores.
La cuestión a dilucidar es si existen mecanismos de los poderes públicos semejantes para las empresas, ante actuaciones presuntamente dolosas, como los que hay ante personas individuales. Con respecto a las personas conocemos que, ante presuntos delitos, hay unos protocolos de actuación, de los perjudicados, de policías, jueces y abogados. Frente a las empresas y sus rectores hay sus dudas y, sobre todo, se desconoce la voluntad de los poderes públicos para defender el derecho internacional. Más...
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