Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
La
administración vasca, a través del Instituto Vasco de Finanzas, tiene un
programa de inversión dotado de más de 100 millones de euros, para participar
en el accionariado de varias empresas con sede en el País Vasco para fortalecer
el tejido productivo y otras cualidades como las derivadas por el desarrollo
tecnológico y la capacidad de impulso del conjunto empresarial. Entre esas
empresas, se encuentra la guipuzcoana, proveedora de material y servicios
ferroviario, CAF, de la que tiene el 1,24 % de las acciones.
Pues
bien, CAF concursó y ganó, a pesar de ser advertida de la vulneración del
derecho internacional, la ampliación y gestión de líneas de tranvía entre Ja
ocupada ciudad de Jerusalén y las colonias sionistas próximas, vulnerando la IV
Convención de Ginebra. También diversas resoluciones de las Naciones Unidas.
Entre ellas, la publicada en el año 2016 por parte del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, (A/HRC/RES/31/36 6
GE.16-06472) donde expresamente se condena la construcción del tranvía y se
reclama que los países miembros de las Naciones Unidas rechacen e impidan la
participación en las actividades de colonización.
La
pregunta concreta al gobierno vasco es: ¿Cómo ha actuado, ante el conocimiento
de estos hechos antes de la junta de accionistas, y ahora, ante CAF, para
revertir esa vulneración del derecho internacional, incluyendo la IV Convención
de Ginebra al operar en territorios ocupados al servicio de la potencia
ocupante, despreciando a la población palestina y a sus representantes?
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