NOTA DE PRENSA DE BDZ-EUSKAL HERRIA Y CSCA Ante el contenido del Informe “ Desde la economía de la ocupación a la economía del genocidio ”

 NOTA DE PRENSA DE BDZ-EUSKAL HERRIA Y CSCA

Ante el contenido del Informe “ Desde la economía de la ocupación a la economía del genocidio ”

Ayer, 1 de julio de 2025, la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha dado a conocer su Informe “ Desde la economía de la ocupación a la economía del genocidio ”. En el se nombran numerosas empresas internacionales que colaboran y se lucran con la ocupación del territorio palestino. En dicho Informe se incluye a la compañía vasca CAF, por sus proyectos de construir, proveer de vehículos y gestionar las líneas Roja y Verde del tranvía de Jerusalén, que forman parte de la política expansionista y colonial israelí.

El Consejo de Administración de CAF, frente a la postura pública de sus trabajadores, decidió concurrir y la empresa fue adjudicataria en 2019 de un contrato de las autoridades israelíes para la construcción de las líneas de tren ligero que abarcaban el Territorio Ocupado de Jerusalén y Cisjordania, contraviniendo la legalidad internacional, comunicando las colonias ilegales del Gran Jerusalén anexado por Israel, contribuyendo al traslado de población de la potencia ocupante a territorio ocupado.

Aquel contrato fue adjudicado a CAF mientras otras empresas no quisieron participar en el concurso (se retiraron de la licitación la canadiense Bombardier, la australiana Macquarie, la alemana Siemens y la francesa Alstom), para tratarse de un proyecto ilegal desde el punto de vista del Derecho Internacional. La adjudicación se llevó a cabo poco después del cierre del estudio que constituyó la primera base de datos de empresas de la ONU que participaron en la colonización, lo que le valió a la compañía de Beasain librarse inicialmente de ser incluida en la lista de la vergüenza. No así a su empresa socia en el proyecto, la compañía israelí Shapir, que ya engrosó desde entonces, febrero de 2020, la relación de empresas colaboradoras de la ocupación. Diferentes organizaciones han pedido, antes del Informe de Albanese, que en la próxima actualización de la Base de Datos sea incluida CAF en la misma.

Durante estos seis años, CAF ha hecho caso omiso a las advertencias del movimiento popular de Euskal Herria, de diversas organizaciones internacionales y del Estado Español y de su propio comité de empresa, que le han llamado repetidamente la atención sobre las implicaciones éticas y legales de la participación en este proyecto, y sobre sus posibles consecuencias, y que han conminado a la compañía a que se retirase de una manera digna del proyecto cuando todavía estaba a tiempo de hacerlo. Sin embargo, ajenos a estos llamamientos, y con la arrogancia de creerse impunes, desde la dirección de la compañía se ha hecho una apuesta estratégica por continuar con su colaboración con la administración del régimen colonial israelí, sacrificando su corporativa, arriesgándose a incurrir en una evidente ilegalidad, y exponiendo gravemente el futuro de la empresa y la seguridad de sus cientos de trabajadores y trabajadores.

Por su parte, los Gobiernos Vasco y Navarro, que como estamentos públicos están obligados al cumplimiento de la legalidad y de los tratados internacionales suscritos por el estado español, se han mantenido durante todo este tiempo igualmente indiferente a estos llamamientos, hasta cómplices y han seguido manteniendo su patrocinio a la compañía. La Administración Vasca es partícipe del 3% de las acciones y considera que las explicaciones coloniales del Consejo de Administración de CAF “son buenas”, a pesar de que el Parlamento de Gasteiz, en moción aprobada el 5 de junio, insta a todas las instituciones a «actuar ante la gravedad de los hechos y revisar los acuerdos comerciales y políticos que tienen con Israel, y con empresas vinculadas a la ocupación de Palestina, así como los fondos que las financien».

El pasado día 14 de junio, un grupo de accionistas en la junta de la compañía y miles de personas en las calles de Donosti dijeron: «la impunidad ha de acabar».

El tiempo ha venido a dar la razón a todos y todos quienes reclamábamos la retirada de la compañía vasca de este proyecto, y el fin de la financiación del crimen de guerra que constituye. Hoy es el día en que la dirección de CAF ha llevado a la compañía de manera irresponsable a una situación difícilmente irreversible, su inclusión en la base de datos de NNUU de las compañías colaboradoras con la ocupación de Palestina. Esta inclusión pone en una situación altamente comprometida, no solo al futuro de la empresa, sino al de sus cientos de trabajadores y trabajadores.

La Corte Internacional de Justicia ha dictado la ilegalidad de la colonización y ha instalado a Estados y agentes económicos que no participan en la misma. Este dictamen de la Corte Internacional de Justicia obliga y ampara a CAF para revertir su actuación colonial frente a Israel.

Estos días, la acerera SIDENOR ha hecho público que corta sus relaciones comerciales con Israel. Corta su suministro a la maquinaria de guerra israelí como consecuencia de la presión de BDZ y sindicatos. Sí, es posible.

CAF puede abandonar su política participativa en la colonización. Les hemos ofrecido que se ampare con el dictamen de la Corte Internacional de Justicia para dejar de formar parte de la colonización y abandonar en sus proyectos coloniales. El Consejo de Administración de CAF ha rechazado, de momento, esa posibilidad. Nuestro ofrecimiento sigue abierto, pero ante su contumaz posición, hoy, es hora de actuar.

Es por ello que:

· Exigimo s una vez más a la dirección de CAF que asuma las consecuencias de sus pésimas decisiones estratégicas y se retire definitivamente de cualquier proyecto con la administración pública del régimen genocida de Israel, asumiendo los costos de reparación de esta medida, como mal menor para evitar las consecuencias mayores que muy previsiblemente les acarreará a nivel internacional el seguir integrando esa lista de la vergüenza.

· Exigimos igualmente al Gobierno Vasco y al Gobierno Navarro y al conjunto de accionistas Kutxabank, Cartera Social, etc., que de manera inmediata empleen su capacidad de presión, incluyendo las compras públicas (y, en el caso del GV, participación accionarial) para que CAF se retire de este proyecto.

Animamos a los trabajadores, además dada su influencia accionarial, a tomar partido por la justicia y el futuro de la empresa, ahora en peligro por las decisiones de su Consejo de Administración.

Desde la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones valoramos que tenemos hoy aún más clara la gravedad de este proyecto. Así, si CAF no lo abandona, estaremos si cabe más legitimados que antes, ética y legalmente, para presionar desde abajo ante cualquier administración y contratador de trenes y autobuses de cualquier lugar del mundo, para que las empresas coloniales, incluida CAF, dejen de lucrarse formando parte de lo que Francesca Albanese ha tipificado como «economía del genocidio».

Beasain, 2 de julio de 2025