Abdalá abu Nab (con túnica), junto familiares y activistas palestinos en su casa de Silwan, Jerusalén Este. / J. C. S.
La familia Abu Nab fue expulsada de su casa de Jerusalén, una construcción tradicional en la colina situada frente a las murallas donde hoy se alza la sede de la Filmoteca. Hasta ese punto llegó en 1948 el avance de las tropas de Israel, que acaba de nacer como Estado. Dos décadas después, cuando Abdalá tenía nueve años, los soldados de la Guerra de los Seis Días pasaron también ante la nueva vivienda del clan en el valle de Silwan, al pie de la mezquita de Al Aqsa. Con 57 años y 16 familiares a su cargo, este comerciante de la Ciudad Antigua de Jerusalén espera desde hace dos semanas a que la historia se repita y los militares israelíes se presenten otra vez más para hacer cumplir la orden de desahucio que pesa sobre el inmueble.
Los Abu Nab no pueden reclamar la propiedad de la casa situada al oeste de la Línea Verde, la de las espléndidas vistas sobre el monte de Sión en lo que hoy es Cinemateca. Perdieron todos los derechos al haber escapado al extranjero, a la zona este que quedó bajo Administración de Jordania. Al amparo de la denominada Ley de Custodia de la Propiedad de los Ausentes, la finca fue confiscada y vendida al mejor postor.
Abdalá y sus familiares servían café cariacontecidos el pasado lunes a los activistas palestinos que les visitaron para solidarizarse con su resistencia ante el inminente desahucio en Batin el Hawa, un distrito con aire de favela que se precipita entre restos de basura por una ladera de Silwan (55.00 habitantes), jalonado por banderas blancas y azules de los colonos israelíes que comparten las azoteas con enseñas verdes de Hamás.
Organizaciones como Ateret Cohanim se han amparado en la legislación israelí que permite recuperar propiedades judías anteriores a 1948 más allá de los límites de prescripción para presentar decenas de demandas en barrios como Silwan, donde se han hecho con la titularidad de 39 casas en las que viven unos 400 colonos.
El abogado Mohamed Daleh se ha enfrentado en los tribunales a casi todos estos casos. En el patio de la casa de los Abu Nab, explica que su familia puede demostrar que ha pagado el alquiler y los impuestos municipales desde hace casi siete décadas. “Se han presentado ante los tribunales con unos documentos otomanos en los que alegan que en esos terrenos se ubicaba una sinagoga de la comunidad judía yemení desde 1882”, explica el letrado, quien considera que se trata de una reclamación absurda, ya que todos los judíos abandonaron esa zona de Jerusalén a comienzos de los años treinta del siglo pasado por orden de los responsables británicos del Mandato sobre Palestina. “En Israel aplica un doble rasero, con leyes distintas para israelíes y palestinos”, denuncia
“Somos residentes en Jerusalén, pero no ciudadanos. Pagamos los mismos impuestos que los israelíes, pero no recibimos los mismos servicios”, advierte un responsable palestino.
El pasado día 11 venció el plazo dado por un tribunal israelí para que Abdalá y su hermano Sabri abandonaran la casa con todos sus familiares. Tras varios recursos, lo jueces acabaron fallando a favor de la organización de colonos que esgrimía derechos de los judíos de hace más de un siglo. “Nos han presionado para que nos fuéramos pero nosotros seguimos aquí, nuestros vecinos nos apoyan”, relataba Abdalá, quien asegura que le han impuesto multas que suman los 300.000 shekels (unos 70.000 euros) y que le llegaron a ofrecer hasta siete millones de shekels en metálico si renunciaban a seguir dando la batalla jurídica.
“Somos residentes en Jerusalén, pero no ciudadanos. Pagamos los mismos impuestos que los israelíes, pero no recibimos los mismos servicios”, advierte Ahmed Ruwaidy, asesor del presidente palestino, Mahmud Abgas, para asuntos de Jerusalén. “Somos el 39% de la ciudad y solo recibimos el 10% del presupuesto municipal. Ahora además pretenden hacer una limpieza étnica".
Los Abu Nab se enfrentan a la amenaza de un desahucio inminente, pero también a perder el derecho de residencia en Jerusalén –y a ser expulsados a Cisjordania, en consecuencia– si no cuentan con una vivienda. Permanecer en el extranjero durante más de siete años puede acarrear la revocación del permiso de residencia, que conlleva el derecho a servicios sociales como la sanidad y la educación, y a votar en las elecciones municipales, pero no en las legislativas israelíes.
Israel derribó 591 propiedades de palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este durante 2014, según datos de Naciones Unidas, lo que implicó el desplazamiento forzoso de 1.177 personas. Protegidas por los soldados israelíes, las excavadoras arrasaron ayer dos viviendas y siete almacenes en Al Eizariya (Jerusalén oriental) en unos terrenos donde está previsto construir un nuevo tramo de la barrera de separación con los territorios palestinos.
“Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Es una ciudad abierta en la que sus ciudadanos pueden vivir en paz y en tolerancia con los mismos derechos y deberes legales. Todos los ciudadanos, ya sean judíos, musulmanes o cristianos, gozan de la misma protección democrática del Estado de Israel”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Emanuel Nahson, citado por Efe.
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