Estado en que quedó la aldea de Zergele (norte de Irak). Junto al hombre, una víctima del bombardeo turco. / Firat News
Como era previsible, lo que Turquía vendió al mundo entero como una ofensiva contra el Estado Islámico se ha convertido en una guerra abierta para destruir las estructuras políticas con que se han dotado los casi veinte millones de kurdos que viven en este país, volviendo así a los periodos más duros de este largo conflicto interno.
Incluso ha aparecido de nuevo el fantasma de las ejecuciones sumarias, como han denunciado distintos medios kurdos en el caso de los hermanos Sezai y Ahmat Yasar, que, junto a Mir Gorturk, también familiar suyo, murieron durante el asalto de la policía a su vivienda, junto a la ciudad de Agri. Según la policía, eran militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK); según las organizaciones kurdas, fueron asesinados a sangre fría.
El PKK ha vuelto a emitir sus “partes de guerra”, generalmente exagerando las bajas de la parte turca, lo mismo que hace el Ejército turco. De hacer caso a los comunicados oficiales, cerca de 300 guerrilleros del PKK habrían muerto y varios cientos más habrían resultado heridos en las sucesivas oleadas de bombardeos sobre sus posiciones tanto dentro como fuera de Turquía, realizando operaciones en los que habrían llegado a intervenir al mismo tiempo hasta treinta cazabombarderos.
En uno de estos ataques quedó destruido un ambulatorio administrado por el Gobierno Regional del Kurdistán iraquí que cubría la asistencia sanitaria a varias aldeas en la zona de Amadiya, en el norte de Irak. Más al este, en las proximidades de la frontera iraní, el sábado 1 de agosto las bombas turcas alcanzaron de lleno una de esta pequeñas aldeas de montaña, Zergele, dejándola en ruinas y matando a una decena de civiles.
Pese a las evidencias, fotografías, testimonios locales y el informe sobre el terreno de una comisión investigadora formada por parlamentarios del partido Gorán (Cambio) y de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), el Gobierno turco continuaba asegurando, dos días después de la masacre, que no había víctimas civiles y que ese lugar era una de las bases del PKK. Más tarde, aceptó que los servicios de inteligencia habían cometido un fatal error al señalar como blanco esta localidad del Kurdistán iraquí.
Al día siguiente, un miembro del PKK hizo explosionar un vehículo dentro de un acuartelamiento en Karakolak provocando también una gran destrucción en el edificio. Según el Gobierno turco, hubo dos muertos y una treintena de heridos; de acuerdo con la guerrilla, los uniformados que habrían perdido la vida serían cerca de cincuenta.
Lo que los comunicados públicos del Ejército y del Gobierno turco silencian de forma descarada es la gran cantidad de incidentes armados que han vuelto a registrarse en decenas de lugares del Kurdistán turco, creando un clima de guerra que no existía desde la década de los años 90. Diyarbakir, Adana, Mus, Erzurum, Mardin, Dersim, Bingol, Bitlis, Elazig, Van, Siirt, Agri, Adana, Hatay, Mersín, Hakkari y Sirnak son algunos de los distritos donde, según distintas fuentes periodísticas y de la oposición, se han registrado choques armados o atentados.
Tanto en Dersim, una región situada en la Anatolia central, como en Sirnak, fronteriza con Siria e Irak, el Ejército se ha visto obligado a declarar en varias comarcas una especie de estado de sitio para que los militares tengan carta blanca a la hora de actuar, restringiendo los derechos y la capacidad de movimiento de la población local.
También en esta región fronteriza se ha tenido que interrumpir, debido a otro atentado en un oleoducto, la exportación de petróleo iraquí procedente de Kirkuk (Irak) con destino al complejo portuario de Ceyhan, situado en el extremo oriental del Mediterráneo. Otra explosión en el gasoducto que pasa por Agri ha cortado durante días el suministro de gas procedente de Irán, mientras que sendas bombas han afectado a las comunicaciones ferroviarias en Kars y Bingol.
Hasta la prensa y los analistas turcos reconocen ya que la operación antiyihadista anunciada, a bombo y platillo, por el Gobierno de Tayip Erdogán el 24 de junio en realidad era una operación política para poner fuera de la ley al pro-kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y asegurar la gobernabilidad del país a manos del islamista Partido del Desarrollo y la Justicia (AKP), del actual presidente turco.
De acuerdo con estos análisis, dos serían las opciones políticas preferentes como consecuencia de esta escalada bélica. En el primer caso, el AKP llegaría a un acuerdo de gobierno con el Partido de Acción Nacional (MHP), ultranacionalista turco y de extrema derecha, que pone como condición acabar con el proceso de paz y volver a la mano dura con el PKK. La otra posibilidad serían las elecciones anticipadas, para lo que el AKP necesita colocar fuera de la ley o reducir el apoyo popular del HDP, de tal forma que, al no lograr superar el 10 por ciento del total de los votos, quede fuera del Parlamento y así el AKP obtenga una cómoda mayoría absoluta.
Las decenas de funerales que se están celebrando en Turquía debido a la escalada de violencia son una buena muestra de cómo puede producirse ese cambio de actitud de la opinión pública turca hacia el HDP. Cuando ocurrió el atentado de Suruc, en el que murieron 32 personas, la mayoría de ellas jóvenes universitarios procedentes de distintas partes de Turquía, tras los respectivos funerales se evidenciaban muestras de solidaridad hacia los kurdos, ya que esos jóvenes habían acudido a Suruc para participar en la reconstrucción de la ciudad de Kobani. Ahora, los funerales de los soldados y policías muertos en enfrentamientos y atentados del PKK provocan exactamente el efecto contrario.
Por de pronto, el Gobierno ya ha pedido que se retire la inmunidad parlamentaria a los 80 diputados kurdos al considerar que el HDP colabora con el PKK y ha denunciado ante la Justicia a sus dos co-presidentes, Figen Yuksekdag, parlamentaria a la que acusa de incitar a la violencia por llamar a la solidaridad con los resistentes de Kobani, y Salahattin Demirtash, a quien acusa de apoyo a una organización terrorista.
Por su parte, decenas de intelectuales, artistas, científicos, profesores universitarios y más de 600 organizaciones no gubernamentales han pedido que se restablezca el proceso de diálogo con la guerrilla y no se retorne a los duros años 90, en los que el Ejército puso en marcha una campaña de limpieza étnica en el sureste del país, despoblando miles de pueblos, provocando el éxodo de cientos de miles de personas y cuando el MHP, el partido candidato a entrar ahora en un Gobierno de coalición con el AKP, proponía establecer una especie de “reservas estratégicas” para aislar y adoctrinar a la población kurda.
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