Nota de Amnistía Internacional: El gigante del acero surcoreano POSCO anunció
el pasado 16 de abril que pondrá fin a la empresa conjunta que su filial en Myanmar
comparte con el conglomerado empresarial MEHL, propiedad de las fuerzas
armadas.
Esta decisión se produce tras meses de presión internacional por parte de Amnistía
Internacional y otras organizaciones, que se han comunicado con POSCO, sus
inversionistas y sus accionistas, pidiendo a la empresa que corte relaciones
con las fuerzas armadas de Myanmar.
En septiembre de 2020, el informe de Amnistía Internacional Military Ltd. demostró
que POSCO, como socio empresarial de MEHL, estaba vinculada a la financiación
de unidades militares de Myanmar implicadas en crímenes de derecho
internacional y otras violaciones graves de derechos humanos.
Las fuerzas armadas de Myanmar dieron un golpe de Estado el 1 de febrero de
2021 y vienen empleando de forma creciente medios letales, armas de guerra
incluidas, contra manifestantes en su inmensa mayoría pacíficos y transeúntes,
y han causado la muerte, según informes, de más de 700 personas, decenas
de menores entre ellas. También han detenido arbitrariamente a más de 3.000
personas, entre las que figuran personal del gobierno, defensores y defensoras
de los derechos humanos, activistas, periodistas, artistas, personal médico y otras
personas.
El 24 de marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por
consenso una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar
que ponía de relieve que ninguna empresa activa en Myanmar o con relaciones
empresariales con Myanmar debería hacer negocios con las fuerzas armadas ni
con ninguna de sus entidades empresariales, al menos hasta que esas empresas
se reestructuren y transformen.
“Dada la envergadura de las operaciones de POSCO en Myanmar, este anuncio es
un importante paso adelante, pues aumenta el aislamiento de las autoridades
militares y se suma a la creciente presión que se ejerce sobre otras compañías
para que pongan fin a sus vínculos empresariales con MEHL”, ha declarado Montse
Ferrer, investigadora de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Aunque faltan detalles sobre los planes de la empresa para desvincularse
de su operación siderúrgica, “esto sigue siendo un aviso para todas las empresas
e inversionistas que tienen asociaciones empresariales con MEHL. Todas estas
empresas deben hacer lo correcto, actuar con responsabilidad y cortar de inmediato
estos vínculos”, aseguró la investigadora.
“Ahora que aumenta la presión sobre las empresas y mientras las fuerzas
armadas siguen cometiendo violaciones atroces de derechos humanos, el Consejo
de Seguridad de la ONU debe imponer, sin más demora, un embargo de armas
integral y global a Myanmar, así como sanciones económicas selectivas a altos
mandos militares responsables de crímenes atroces. El Consejo de seguridad
de la ONU debe asimismo remitir urgentemente la situación de Myanmar
a la Corte Penal Internacional”.
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