El gobierno español no responde y lo que dice se acerca al cinismo
El diputado Enrique Santiago (SUMAR), de IU, partido que forma parte del gobierno interino (PSOE-Unidas Podemos) hizo una pregunta el 2 de octubre pasado sobre si el gobierno y la fiscalía iban a sancionar a empresas y directivos de empresas españolas que se lucran con la ocupación y colonización de Territorio Palestino Ocupado.
La pregunta mencionaba a las empresas CAF, COMSA, OSSA y TYPSA, porque realizan infraestructuras y transporte al servicio de la potencia ocupante, y a Edreams porque facilita el uso turístico y lucro en las edificaciones de las colonias. En concreto, una de las preguntas decía: "¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para que las empresas españolas, entre otras, CAF, COMSA, OSSA o eDreams cesen en sus actividades ilegales en los territorios palestinos ocupados y en Jerusalén de manera particular?"
España, con las normas ya existentes, tiene capacidad y precedentes sobre cómo discriminar a las empresas en función de su comportamiento. Así, dispuso que no se pudieran acoger a los ERTES, durante la pandemia del COVID 19, a aquellas empresas cuya sede estuviera en las soberanías consideradas paraísos fiscales. Y, ahora, puede redactar condiciones en los concursos y compras públicas o en las subvenciones que impidan o penalicen a empresas que intervengan en la colonización de Territorios Ocupados, según la legislación internacional.
La pregunta incidía en ese sentido.
Y la 'respuesta' no puede ser más decepcionante. Dice que la protección de los derechos humanos es la piedra angular de la política exterior de España y que el ámbito de Empresas y Derechos Humanos es una de las prioridades de la acción exterior.
Pero, por los hechos los conoceréis.
Y el gobierno español no ha hecho nada, ni tomado ninguna medida contra las empresas y directivos que se lucran con la ocupación y colonización en Palestina.
Literalmente, dice:
"La Protección y Promoción de los Derechos Humanos (DDHH) constituye una piedra angular de la política exterior de España, siendo el ámbito conocido como “Empresas y DDHH” una de las prioridades de la acción exterior en materia de derechos humanos. Esta prioridad rige para la política exterior de España en todas las regiones y países del mundo.
España sigue con rigor la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados y mantiene su posición hacia los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados, que se consideran una vulneración del Derecho Internacional.
Madrid, 10 de noviembre de 2023"
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