Llegan diversas demandas a la Corte Penal Internacional
- Organizaciones palestinas piden a la Corte Penal Internacional que detenga al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y genocidio en Gaza
Hablamos con la abogada palestina de derechos humanos Noura Erakat sobre una nueva iniciativa para que Israel rinda cuentas ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la guerra de Gaza, donde el ataque aéreo y terrestre de Israel, que dura ya un mes, ha causado la muerte de más de 10.000 palestinos. El miércoles, tres grupos de derechos palestinos presentaron una demanda ante el organismo internacional, instándole a investigar a Israel por los delitos de genocidio y apartheid. La petición pide también que se dicten órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. La inacción internacional contra la agresión israelí forma parte de "un fracaso sistemático a la hora de pedir cuentas a Israel durante décadas", así como del "absoluto doble rasero" aplicado a los crímenes de guerra cometidos contra pueblos del Sur Global, afirma Erakat, que formó parte de un equipo de académicos y activistas que se unieron para apoyar la demanda ante la CPI. "No se trata sólo de una crisis de las instituciones jurídicas internacionales, sino también de una crisis de las instituciones democráticas -o supuestamente democráticas- de los países en los que vivimos".
Esta es una transcripción urgente. La copia puede no estar en su forma final.
AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org, El Informe de Guerra y Paz. Tres grupos palestinos de derechos humanos han presentado una demanda ante la Corte Penal Internacional en la que piden a la CPI que dicte órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros dirigentes por genocidio, incitación al genocidio y crimen de apartheid. Los tres grupos -Al Haq, Al Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos [PCHR en sus siglas inglesas]- declararon ante el tribunal que el asfixiante asedio de Israel a Gaza y los ataques indiscriminados contra zonas civiles densamente pobladas equivalen a crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. La demanda también solicita la detención del presidente israelí, Isaac Herzog, y del ministro de Defensa, Yoav Gallant. Esto se produce cuando el número de muertos en Gaza se acerca a 11.000, según los funcionarios de salud palestinos.
Nos acompaña ahora la abogada palestina de derechos humanos Noura Erekat, profesora asociada de la Universidad de Rutgers, autora de Justice for Some: Law and the Question of Palestine, que forma parte del equipo palestino de académicos, intelectuales y activistas que ayudaron a presentar la demanda ante la CPI. Nos acompaña desde Filadelfia.
Bienvenida de nuevo a Democracy Now, Noura. ¿Podrías explicarnos de qué trata esta demanda?
NOURA ERAKAT: Por supuesto. Esta demanda es un esfuerzo colectivo en nombre de las tres organizaciones que ha mencionado, Al-Haq, Al Mezan y el Centro Palestino de Derechos Humanos, que están sobre el terreno documentando las atrocidades que se están cometiendo. Es uno de los muchos esfuerzos que se han presentado ante la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, muy recientemente, Reporteros sin Fronteras ha presentado también una petición en la que pide a la CPI que investigue el asesinato [en esos momentos] de 34 periodistas, varios de ellos mientras trabajaban durante esta embestida.
Lo que queremos subrayar como equipo ad hoc es que no se trata simplemente de una demanda contra individuos israelíes, como estipula la petición, que lo es en gran medida, sino que también se está juzgando a la Corte Penal Internacional, al derecho penal internacional, a las instituciones jurídicas internacionales en su conjunto, que han demostrado un absoluto doble rasero cuando se trata del Sur Global. Lo hemos visto en el mandato de la CPI, que, desde su creación, ha abierto más de dos docenas de casos, todos ellos en el continente africano. Todos los que han sido acusados, con la excepción de Slobodan Milošević, han sido individuos árabes y africanos, jefes de Estado, funcionarios.
Así pues, estamos presionando a la CPI para que pida cuentas a Israel por lo que es un genocidio en curso, en el que sus dirigentes nos han dicho claramente que tienen la intención específica de destruir a un pueblo palestino, en su totalidad o en parte, y han demostrado los actos específicos subyacentes para llevarlo a cabo, o para que nos demuestre que este es realmente un momento en el que la CPI demuestra que no es eficaz, que no es efectiva, que en realidad es parte de castigar a un Sur Global y dejar que los países occidentales avancen con impunidad.
AMY GOODMAN: Hablamos con Raji Sourani, el abogado de derechos humanos de renombre mundial en Gaza, en la ciudad de Gaza, en una súplica desgarradora de Raji, que permaneció en el norte de Gaza, después de que su casa fue bombardeada. En particular, echó en cara a Karim Khan, fiscal jefe de la CPI, que cuando Rusia atacó a los niños de Ucrania, la CPI abriera inmediatamente investigaciones por crímenes de guerra, y luego planteó la cuestión de dónde la CPI está respecto a Israel y Palestina. Si puede abordar esto y hablar también de un caso de la CPI que ya se ha abierto, una investigación oficial sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en Cisjordania allá por 2021, en Cisjordania, en Gaza y Jerusalén Oriental...
NOURA ERAKAT: Raji tiene toda la razón. Karim Khan, el fiscal de la CPI, abrió la investigación una semana después de la invasión rusa de Ucrania, emitió una orden de detención contra Vladimir Putin por el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia, inmediatamente, sin preguntas. En este caso, el fiscal, Karim Khan, tardó tres semanas en viajar a Rafah para investigar lo que en la primera semana era un ejemplo evidente de intención genocida, asesinatos en masa, destrucción de las condiciones de vida que reducían la capacidad de supervivencia de los palestinos.
En esta situación, lo que vemos no es simplemente una repetición de la historia, sino una continuación de los legados coloniales, y que condujo al fracaso de la Sociedad de Naciones, francamente, a raíz de la invasión de Etiopía por Italia en 1935, donde una Italia fascista, dirigida por Mussolini, invadió Etiopía, miembro de la Sociedad de Naciones. Y en ese momento, en lugar de pedir cuentas a Italia, que estaba lanzando armas químicas indiscriminadas sobre el pueblo etíope, la Cruz Roja denunció a los etíopes por ser demasiado salvajes para seguir las leyes de la guerra. Los medios de comunicación publicaban en sus titulares que los etíopes se escondían y refugiaban en hospitales, utilizándolos como escudos humanos. Y las potencias mundiales no impusieron sanciones suficientes a Italia en ese momento. Y esto demostró los límites de estas instituciones internacionales y condujo al fracaso de la Sociedad de Naciones.
Estamos en un momento similar. Estas instituciones internacionales tienen que actuar. Y en lugar de eso estamos viendo un estancamiento, y estamos viendo líderes internacionales, como los liderados por Estados Unidos, así como el Reino Unido, así como Francia, que básicamente están dando luz verde a Israel para cometer genocidio, para cometer estas atrocidades.
Esto no sale de la nada. Todo empezó antes del 7 de octubre. E Israel... este es un momento en el que Israel no ha rendido cuentas. Se trata de un fracaso sistemático a la hora de pedir cuentas a Israel durante décadas. Las organizaciones internacionales han dicho que Israel practica el crimen contra la humanidad del apartheid. Hubo casi un consenso entre 2020 y 2021. Y, sin embargo, en lugar de imponer sanciones en ese momento, en lugar de movilizar mecanismos e instituciones internacionales para desmantelar el apartheid, vimos cómo Estados Unidos celebraba y normalizaba el apartheid israelí, y cómo seguían normalizando las relaciones con otros regímenes árabes. Ha sido este fracaso fundamental el que nos ha llevado a este momento y a una crisis continua de falta de rendición de cuentas, de imposición de dos tipos de leyes: una para el Norte Global y otra para el Sur Global. Esto es una hipocresía por parte de los gobiernos occidentales y demuestra que no existe el universalismo occidental, sino que sigue habiendo dos conjuntos de leyes sobre dos conjuntos de personas.
Y lo maravilloso, lo único que nos da esperanza, es que un movimiento masivo, masivo de individuos, pueblos, comunidades se han levantado contra sus gobiernos también para demostrar la hipocresía de la democracia occidental. Incluso en Estados Unidos, consideremos que el 66% de los estadounidenses han exigido un alto el fuego. El 80% de los demócratas registrados han exigido un alto el fuego. Y, sin embargo, sólo 19 de los 535 miembros del Congreso lo han apoyado. Considérese que ese mismo Congreso censuró a la única representante palestina estadounidense, en el mismo momento en que representa a la mayoría. Así que no se trata sólo de una crisis de las instituciones jurídicas internacionales, sino también de una crisis de las instituciones democráticas -o supuestamente democráticas- de los países en los que vivimos.
AMY GOODMAN: ¿Y cómo encajan en sus acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad las decenas de miles de palestinos que se ven obligados a desplazarse al sur en estos momentos -sólo tenemos 20 segundos-?
NOURA ERAKAT: Lo que estamos viendo es una Nakba continua de los palestinos, que están con las manos en alto y de pie con pañuelos blancos para no ser asesinados. Se trata de una limpieza étnica del norte de Gaza. Es una continuación de la Nakba para tomar tierra palestina sin pueblo palestino. Es un crimen contra la humanidad y encaja en un marco más amplio de guerra genocida.
AMY GOODMAN: Abogada palestina de derechos humanos Noura Erakat, profesora asociada de la Universidad de Rutgers, muchas gracias. Esto es ¡Democracia Ahora! Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.
La entrevista integra, en inglés, puedes verla aquí.
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B) Denuncia colectiva contra Israel por genocidio presentada en la Corte Penal Internacional
“Nos basamos en el criterio del delito de genocidio tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Somos consciente de que se trata de un esfuerzo a largo…”
Alrededor de Gilles Devers, abogado del Colegio de Abogados de Lyon (conocido por haber conseguido que los tribunales europeos anulen el acuerdo de pesca entre Marruecos y la UE por la ocupación del Sáhara Occidental), se han formado un grupo de 300 abogados franceses e internacionales para presentar una denuncia por el delito de genocidio y traslados de población, con respecto a los acontecimientos en curso en el territorio palestino de Gaza, ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos), en nombre de más de 200 asociaciones de todo el mundo.
La CPI se declaró competente hace dos años para investigar los crímenes de guerra cometidos en los Territorios Ocupados palestinos y en Israel desde la guerra contra Gaza de 2014.
Según declaró Gilles Devers, en rueda de prensa, investigar lo que denunciaron el pasado jueves en La Haya resultará fácil para la Fiscalía. “La Franja está plagada de trabajadores de agencias de Naciones Unidas y de diversas ONG que pueden brindar sus testimonios”, afirma. “Ellos han tenido que pagar un alto precio en vidas humanas” al permanecer allí. Otros sólidos indicios son las declaraciones del primer ministro Israel, Benjamin Netanyahu, o de su ministro de Defensa, Yoav Gallant, proclamando que aplastarían Gaza o describiendo a los palestinos como “animales humanos”.
C) Reporteros Sin Fronteras presenta una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra periodistas en Palestina e Israel
Fuente RSF, 1 noviembre 2023 Reporteros sin Fronteras (RSF) presenta una denuncia por crímenes de guerra sobre periodistas palestinos en Gaza, la tercera denuncia desde 2018, y sobre un periodista israelí, asesinados y heridos en el ejercicio de su profesión. Estos reporteros fueron víctimas de ataques que, como mínimo, equivalen a crímenes de guerra que justifican una investigación por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
RSF presentó una denuncia por crímenes de guerra ante la fiscalía de la CPI el 31 de octubre de 2023. En la denuncia se detallan los casos de 9 periodistas asesinados desde el 7 de octubre y dos heridos en acto de servicio. También menciona la destrucción intencionada, total o parcial, de los locales de más de 50 medios de comunicación en Gaza. Según el recuento de la organización, desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamás han matado a 34 periodistas, al menos 12 de ellos en el ejercicio de su profesión: 10 en Gaza, uno en Israel y otro en Líbano.
"La escala, la gravedad y la recurrencia de los crímenes internacionales contra periodistas, particularmente en Gaza, exigen una investigación prioritaria por parte del fiscal de la CPI. Llevamos reclamándolo desde 2018. Los trágicos acontecimientos actuales demuestran la extrema urgencia de su movilización."
Christophe Deloire
Secretario General de RSF
Denuncia por crímenes de guerra
La denuncia de RSF ante la CPI se refiere a 8 periodistas palestinos, muertos en bombardeos israelíes contra zonas civiles en Gaza, y a un periodista israelí, asesinado el 7 de octubre mientras cubría el ataque de Hamás contra su kibutz.
Los ataques contra periodistas palestinos en Gaza corresponden a la definición que da el derecho internacional humanitario de un ataque indiscriminado, y por lo tanto constituyen crímenes de guerra en el sentido del artículo 8.2.b. del Estatuto de Roma. Incluso si consideramos que estos periodistas fueron víctimas de ataques contra objetivos militares legítimos, como afirman las autoridades israelíes, estos ataques causaron, no obstante, daños manifiestamente excesivos y desproporcionados a civiles, y siguen constituyendo un crimen de guerra en el sentido del mismo artículo.
La muerte del periodista israelí constituye el asesinato intencionado de una persona protegida por los Convenios de Ginebra, un crimen de guerra en el sentido del artículo 8.2.a. del Estatuto de Roma de la CPI.
Corresponderá al Fiscal de la CPI calificar estos crímenes y, al final de su investigación, seleccionar cualquier otra calificación aplicable.
En su queja, RSF pedía también al fiscal que investigara a todos los periodistas asesinados desde el 7 de octubre - 34 según nuestras últimas informaciones. En su denuncia, la organización detalla los casos de periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión. Otros casos están siendo investigados antes de ser remitidos a la CPI. También han matado o herido a varios reporteros en el Líbano, que a diferencia de Palestina no es Estado Parte en la CPI. RSF está estudiando la posibilidad de llevar estos casos ante otras jurisdicciones competentes.
Tercera denuncia de RSF por crímenes de guerra contra periodistas palestinos en Gaza
Esta es la tercera denuncia de RSF ante el fiscal de la CPI por crímenes de guerra cometidos contra periodistas palestinos desde 2018 en Gaza. Una primera denuncia fue presentada en mayo de 2018 por periodistas muertos o heridos durante la "Gran Marcha del Retorno" en Gaza. La segunda denuncia se presentó en mayo de 2021 tras el bombardeo de una veintena de medios de comunicación en la Franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes. RSF también apoyó la denuncia presentada por Al Jazeera por el asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Akleh en Cisjordania el 11 de mayo de 2022.
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D) Nueve familias de víctimas israelíes del ataque de Hamás del 7 de octubre también presentaron una denuncia el 2 de noviembre ante la CPI por “crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio”. Su abogado, François Zimeray, pide a la CPI que "considere la conveniencia de emitir una orden de arresto internacional contra los líderes de Hamás".
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Se solicita a la CIJ opinión consultiva sobre “las políticas y prácticas de Israel”
Fuente: https://unric.org/fr/israel-palestine-ce-que-fait-la-justice-internationale/
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia [diferente a la Corte Penal de Justicia], competente para abordar los conflictos entre Estados, publicó un comunicado de prensa el 23 de octubre sobre una solicitud de opinión consultiva formulada el 30 de diciembre de 2022 por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas , antes hasta Estalla el conflicto actual.
Esta resolución, adoptada por 87 Estados, con 53 abstenciones [entre ellos España] y 26 votos en contra, se refiere a las “consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental”.
La CIJ ha fijado audiencias públicas para el 19 de febrero de 2024 en La Haya , tras recibir informes escritos de numerosos Estados. Las dos preguntas específicas planteadas por la Asamblea General de la ONU a la CIJ son las siguientes:
- "¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la continua violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, su ocupación, colonización y anexión prolongada del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a cambiar la composición demográfica, el carácter y el estatus del ciudad santa de Jerusalén y la adopción por parte de Israel de leyes y medidas discriminatorias relacionadas? »
- “¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel al estatus legal de la ocupación y cuáles son las consecuencias legales para todos los Estados y las Naciones Unidas? »
Israel cuestiona la jurisdicción de la CIJ sobre este tema. La solicitud de opinión consultiva surge del informe, publicado en octubre de 2022, de una comisión de investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y encabezada por la jueza sudafricana Navanethem Pillay. El informe dictaminó que "hay motivos razonables para concluir que la ocupación israelí del territorio palestino es ahora ilegal según el derecho internacional, debido a su permanencia y a las políticas de anexión de facto del gobierno israelí". El documento fue calificado de “unilateral y parcial, descalificado por su odio al Estado de Israel” por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.
La CIJ, con sede en La Haya, representa el principal órgano judicial de la ONU y tiene competencia para resolver disputas legales que le presenten los Estados, así como para emitir opiniones consultivas. También ubicada en La Haya, la Corte Penal Internacional (ICC en sus siglas en inglés) es un órgano judicial independiente con jurisdicción para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Se rige por el Estatuto de Roma, uno de los tratados de las Naciones Unidas, que entró en vigor en 2002. El Consejo de Seguridad de la ONU puede remitir determinadas situaciones al fiscal de la CPI, y la relación entre la CPI y la ONU se rige por un mandato específico.
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