miércoles, 29 de marzo de 2023
Israel y Territorios Palestinos Ocupados: Hyundai CE debe cortar los vínculos con los crímenes de guerra en Masafer Yatta.Amnistía Internacional
Israel y Territorios Palestinos Ocupados: Hyundai CE debe cortar los vínculos con los crímenes de guerra en Masafer Yatta
Hyundai Construction Equipment (Hyundai CE) debe tomar medidas inmediatas para impedir que sus productos sigan implicados en las demoliciones de Masafer Yatta, han manifestado hoy Amnistía Internacional yDemocracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN). Estas organizaciones han documentado cinco casos en los que las fuerzas israelíes han utilizado excavadoras fabricadas por Hyundai CE para arrasar propiedades palestinas en Masafer Yatta, una zona de la Cisjordania ocupada donde unas 1.150 personas palestinas se hallan en riesgo inminente de traslado forzoso. Las demoliciones en cuestión desplazaron al menos a 15 personas palestinas, entre ellas 6 menores de edad, y constituyen crímenes de guerra según el Cuart Convenio de Ginebra.
Amnistía Internacional presentó sus conclusiones por escrito a Hyundai CE y le solicitó que explicara los procedimientos de diligencia debida aplicados en materia de derechos humanos con la intención de impedir que las fuerzas israelíes utilizaran sus productos para cometer violaciones de derechos humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Hyundai CE respondió declarando carecer de “implicación en actividades de asentamiento israelí”, pero no proporcionaba detalles sobre la diligencia debida. Tampoco abordaba los motivos de preocupación de Amnistía Internacional acerca del uso de productos de Hyundai CE por parte de las fuerzas armadas israelíes para llevar a cabo demoliciones en Masafer Yatta. Amnistía Internacional escribió también a EFCO Ltd (EFCO), distribuidor exclusivo de Hyundai CE en Israel, si bien al redactarse estas líneas no había recibido respuesta.
“La población palestina de Masafer Yatta vive en un estado de temor constante, oteando el horizonte por si llegan las fuerzas israelíes y las excavadoras, lo que significaría el fin de la vida tal y como la conocen. Algunas de las personas residentes ya han visto a las fuerzas armadas israelíes derribar con excavadoras las viviendas de sus vecinos y destruir infraestructuras esenciales para la localidad, y estas excavadoras llevaban el logotipo de Hyundai”, ha declarado Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
“Hyundai CE debe tomar medidas urgentes para evitar que sus productos faciliten traslados forzosos y demoliciones ilegítimas de viviendas. Estas violaciones contribuyen a mantener el sistema de apartheid de Israel y son crímenes previstos por el derecho internacional, por lo que ninguna empresa debe estar vinculada a estos actos ni beneficiarse de ellos. Pedimos a Hyundai CE que corte sus vínculos con su distribuidor israelí EFCO hasta que éste tome medidas concretas para garantizar que los productos de Hyundai CE no se utilizan para cometer violaciones de derechos humanos.”
Amnistía Internacional considera que Hyundai CE no ha obrado con la diligencia debida en materia de derechos humanos en lo que respecta a sus operaciones empresariales en Israel. En una evaluación de riesgos adecuada debería haberse señalado la probabilidad de que las fuerzas israelíes terminaran utilizando los productos de Hyundai CE para cometer violaciones en Israel y los TPO. Hyundai CE tiene ahora la responsabilidad de mitigar los daños asociados. Para ello, debe adoptar medidas tales como revisar sus directrices de derechos humanos y publicar un plan en el que se expongan los pasos que dará para evitar que sus productos estén implicados en violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional y DAWN piden a Hyundai CE que suspenda la distribución de sus productos en Israel a través de EFCO hasta que éste se comprometa a obrar con la diligencia debida en materia de derechos humanos y garantice que los usuarios finales no utilizan maquinaria de Hyundai CE para actividades ilegítimas.
Las fuerzas israelíes derriban viviendas con excavadoras de Hyundai CE
En mayo de 2022, el Tribunal Superior de Israel rechazó una petición de las personas residentes en Masafer Yatta y resolvió que la demolición de nueve pueblos y aldeas podía seguir adelante, lo que dio luz verde a uno de los mayores actos de traslado forzoso en los TPO desde 1967. Hasta la fecha se han llevado a cabo decenas de demoliciones. En enero de 2023, las autoridades israelíes comunicaron a las personas residentes la inminencia de su traslado forzoso.
Amnistía Internacional y DAWN comprobaron que se habían utilizado excavadoras de Hyundai CE en cinco de las demoliciones efectuadas en Masafer Yatta en 2022. Por ejemplo, el 15 de febrero de 2022, las fuerzas israelíes utilizaron una excavadora de cadenas Hyundai HX330AL para derribar una casa y un depósito de agua en la localidad de Jallet al Mayah, lo que obligó a desplazarse a una familia de seis personas. En julio de 2022, las fuerzas israelíes utilizaron una excavadora de ruedas Hyundai HW210 y una excavadora de cadenas Hyundai HX330AL en distintas ocasiones para demoler dos viviendas de la localidad de Umm Qussa, con lo que desplazaron por la fuerza al menos a nueve personas. En todos estos casos, podía verse el logotipo de Hyundai en las excavadoras, junto al adhesivo de la marca EFCO.
“Éste es un momento crucial para las personas palestinas que residen en Masafer Yatta, pues se enfrentan a un aumento de las demoliciones de viviendas y destrucción de su comunidad por parte del gobierno israelí, con la intención de expulsar de esta zona a la población autóctona”, ha declarado Adam Shapiro, director de Incidencia, Israel/Palestina, de DAWN.
“Las empresas como Hyundai deben tomar medidas inmediatas para asegurarse de que no son cómplices de crímenes de guerra y enviar el mensaje inequívoco al gobierno israelí y a las empresas de que las normas de derechos humanos no son meras palabras sobre el papel, sino que tienen consecuencias prácticas. Se está advirtiendo a Hyundai CE de un delito: la empresa puede tomar medidas decisivas que tengan un impacto amplio”.
Responsabilidades de las empresas
Los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos establecen que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en su lugar de operaciones, lo cual significa que deben tomar medidas para prevenir, abordar, mitigar y remediar cualquier daño a los derechos humanos vinculado a sus operaciones, productos o servicios, aunque no estén implicadas directamente en la comisión de violaciones. Las empresas tienen también el deber de garantizar que sus distribuidores operen solamente con clientes que respetan los derechos humanos. En este caso, este deber se aplica con independencia de los contratos específicos que vinculan a Hyundai CE, EFCO y las fuerzas armadas israelíes.
En situaciones de conflicto armado, incluida la ocupación militar, las empresas deben también respetar el derecho internacional humanitario. Según el Cuarto Convenio de Ginebra, el traslado forzoso es un crimen de guerra, al igual que la destrucción ilegítima de bienes sin necesidad militar. En virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los traslados forzosos que forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil son crímenes de lesa humanidad. Las empresas que proporcionen a sabiendas asistencia práctica que contribuya sustancialmente a la comisión de crímenes de lesa humanidad pueden ser declaradas penalmente culpables de facilitar e instigar dichos crímenes.
Las demoliciones en Masafer Yatta son también violaciones del derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a la vivienda. Como potencia ocupante de los TPO que es, Israel está obligado a respetar y proteger estos derechos.
Preguntas sin respuesta
El 20 de julio de 2022, Hyundai CE publicó un conjunto de principios rectores para la gestión de los derechos humanos. En este documento, Hyundai CE afirma que rechaza cualquier forma de violación vinculada a sus operaciones comerciales, y también se compromete a “[prestar] atención a la violación de los derechos de la población local residente” [Traducción de Amnistía Internacional].
Amnistía Internacional envió un escrito a Hyundai CE el 27 de enero de 2023, en el que expresaba su preocupación ante el hecho de que la empresa estuviera incumpliendo sus obligaciones internacionales y sus propias directrices. En su respuesta del 2 de febrero, Hyundai CE hacía hincapié en que la empresa mantenía su responsabilidad de respetar los derechos humanos y subrayaba su compromiso con la “promoción” de los Principios rectores de la ONU, además de afirmar que no estaba implicada en los asentamientos israelíes. Sin embargo, no hacía mención alguna de los hallazgos de Amnistía Internacional relativos al uso de su maquinaria en las demoliciones de Masafer Yatta.
En la carta de seguimiento enviada el 6 de febrero, Amnistía Internacional reiteraba las conclusiones de su investigación y sus preguntas. Al escribir estas líneas, no se había recibido respuesta.
El 21 de febrero, Amnistía Internacional escribió a EFCO para comunicarle sus hallazgos y solicitar información sobre sus procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos. Al escribir estas líneas, EFCO no había respondido.
“Hyundai CE debe transformar sus promesas sobre derechos humanos en medidas eficaces. Nuestra investigación demuestra que, hasta la fecha, sus procesos de diligencia debida no han impedido que sus productos se usen para violar derechos humanos. Hyundai CE debe mejorar sus procesos en materia de derechos humanos y suspender las relaciones con su distribuidor israelí en tanto no se garantice el cumplimiento de las normas internacionales”, ha declarado Mark Dummett.
“Si sigue adelante, la expulsión masiva de la población palestina de Masafer Yatta constituirá uno de los mayores actos de traslado forzoso en los TPO desde 1967. Hyundai CE no debe participar en este crimen atroz. Reiteramos nuestro llamamiento a los Estados, empresas y otros agentes con influencia sobre la política israelí para que utilicen todas las herramientas políticas y diplomáticas a su disposición a fin de detener las demoliciones en Masafer Yatta y poner fin al traslado forzoso de personas palestinas.”
Información complementaria
En la década de 1980, las autoridades israelíes declararon “zona militar cerrada” una extensa área de Masafer Yatta, alegando que necesitaban el territorio para llevar a cabo ejercicios de entrenamiento. Desde entonces, las familias palestinas que viven en la zona desde hace generaciones se enfrentan a la amenaza constante de la demolición y el desplazamiento, así como a ataques de los grupos de colonos y al hostigamiento de las fuerzas armadas israelíes.
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martes, 28 de marzo de 2023
lunes, 27 de marzo de 2023
EL TREN DE C.A.F. EN LA OCUPACIÓN ISRAELÍ . LA EMPRESA DEBE ABANDONAR EL PROYECTO DE TREN LIGERO
EL TREN DE C.A.F. EN LA OCUPACIÓN ISRAELÍ
LA EMPRESA DEBE ABANDONAR EL PROYECTO DE TREN LIGERO
La empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (C.A.F.) es una sociedad española que cotiza en bolsa y opera en la industria ferroviaria. Construye trenes y material ferroviario para las redes de tranvía, ferrocarril metropolitano, metro de neumáticos, de cercanías, de largo recorrido y de alta velocidad. En España, fabrica y vende material a R.E.N.F.E. y diversas Comunidades Autónomas y ayuntamientos para proyectos de Alta Velocidad, Regionales y Cercanías.
El 7 de agosto de 2019 se adjudicó un contrato de 1.800 millones de euros para la expansión del tren ligero de Jerusalén (J.L.R.) de Israel en el marco del consorcio TransJerusalem J-Net Ltd. Su socia en el citado consorcio, la empresa constructora israelí Saphir, está incluida en la lista elaborada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la que figuran empresas que se benefician de las violaciones sistemáticas de derechos de la población palestina en los Territorios Ocupados, hecho que Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente.
C.A.F. DEBE ABANDONAR EL PROYECTO DE TREN LIGERO EN JERUSALÉN. SOLO ASÍ ESTARÁ LIBRE DE CONTRIBUIR A LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN PALESTINA EN LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS
Este contrato incluye la ampliación de la "Línea Roja", actualmente en funcionamiento, y la construcción de la "Linea Verde", así como el suministro de vehículos y servicios técnicos. Estas extensiones conectan Israel con los asentamientos ilegales de la ciudad de Jerusalén Oriental ocupada y con Jerusalén Occidental. En febrero de 2022, el Comité de Planificación Regional de Transportes de Jerusalén aprobó nuevas ampliaciones, que también atravesarían Territorios Palestinos Ocupados. C.A.F. se ha presentado a las nuevas licitaciones. Posteriormente al contrato citado, optando así al concurso para construir, financiar, operar y mantener las líneas azul y púrpura del tren ligero de Jerusalén, que también transcurrirán por Territorios Palestinos Ocupados. Esta licitación está pendiente de asignación.
Asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados.
Desde 1967, Israel ha derribado decenas de miles de propiedades palestinas en Cisjordania y Jerusalén Oriental y ha sometido a desplazamiento forzado a comunidades enteras.
Se han desviado recursos naturales, como por ejemplo, el agua, para destinarlos a unos asentamientos que prosperan al mismo tiempo que las comunidades palestinas sufren violaciones sistemáticas e institucionalizadas de derechos humanos. En los últimos años, Israel ha venido ampliando estos asentamientos y las infraestructuras conexas.
LOS ASENTAMIENTOS ISRAELÍES EN CISJORDANIA Y JERUSALÉN ORIENTAL, DONDE RESIDEN MÁS DE 600.000 ISRAELÍES, CARECEN DE LEGITIMIDAD INTERNACIONAL. Y CONSTITUYEN EL CRIMEN DE APARTHEID.
Según el derechos internacional, cuando una potencia ocupante establece o construye asentamientos en territorios ocupados y permite que su población civil viva en ellos, está cometiendo crímenes de guerra.
Los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados se construyen en terrenos que Israel se ha apropiado ilegalmente, son causa de todo un abanico de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de la población palestina y han sido condenados y declarados ilegales por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por la Unión Europa.
Apartheid israelí contra la población palestina.
El crimen de lesa humanidad de apartheid, según la Convención contra el Apartheid, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el derecho internacional consuetudinario, se comete cuando se perpetra cualquier acto cruel o inhumano (en esencia, una violación grave de derechos humanos) en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro con la intención de mantener dicho sistema.
Desde su creación en 1948, los sucesivos gobiernos de Israel han creado y mantenido un sistema de leyes, políticas y prácticas concebidas para oprimir y dominar a la población palestina, sistema que se manifiesta de diferentes formas en las diferentes zonas en las que ejerce su control. Una de estas formas es la confiscación discriminatoria de tierras, propiedades, demoliciones de viviendas y desalojos forzosos.
La repetición de este tipo de actos forma parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población palestina. Por ello, Amnistía Internacional denuncia que Israel comete el crimen de apartheid contra la población palestina en todos los lugares donde ejerce el control de sus derechos: tanto en Israel y Territorios Palestinos Ocupados, como en relaciona a la población refugiada palestina.
El papel de las empresas en los Territorios Palestinos Ocupados
En febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un informe con una base de datos de empresas que tienen vínculos específicos con asentamientos israelíes en Cisjordania cuya elaboración le había sido encomendada por el Consejo de Derechos Humanos en 2016.
La lista incluye más de 100 compañías israelíes y multinacionales diversas, desde empresas de turismo digital o
telecomunicaciones, hasta constructoras como Shapir, socia israelí de C.A.F. en el proyecto de tren ligero en Jerusalén. En 2016 y 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró ilegal el proyecto del tren ligero, afirmando que “viola claramente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”. La participación de C.A.F. en este proyecto contribuye a los impactos negativos sobre los derechos humanos, y sitúa a la empresa entre aquellas que contribuyen al establecimiento, mantenimiento y crecimiento de los asentamientos.
LA EMPRESA ESPAÑOLA C.A.F. FACILITA EL CRIMEN DE APARTHEID AL CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS
En diciembre de 2020, Amnistía Internacional, junto a más de 30 organizaciones de derechos humanos y sindicatos, apoyó la petición de inclusión de C.A.F. en la base de datos de Naciones Unidas, que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debe actualizar regularmente en cumplimiento de la resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos.
Recientemente el Fondo Noruego de Inversiones, gestionado por Norges Bank ha comunicado su decisión de abandonar su participación en el accionariado en Saphir (empresa israelí socia de C.A.F. en este proyecto) por el alto riesgo de que sus operaciones contribuyan a sistemáticas violaciones de derechos. Simultáneamente Norges Bank ha reducido su participación accionarial en C.A.F.
Sin embargo, a finales de 2022, el organismo público Finkatuz, a través del cual gestiona el Gobierno Vasco sus participaciones empresariales, ha aumentado su porcentaje de participación en la empresa C.A.F. hasta, por lo menos, el 3% de su capital desde el 1,24% que tenía anteriormente. El Gobierno Vasco entra así a formar parte de los accionistas de referencia de la empresa. A causa de este proyecto, la participación del Gobierno Vasco ha sido en repetidas ocasiones objeto de preguntas y críticas en el Parlamento Vasco.
El Punto Nacional de Contacto de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales en España (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), tras petición de mediación del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ha dictaminado que “el tipo de actividades que la empresa objeto de la queja lleva a cabo en estos territorios se enmarca dentro de las actividades
que las mencionadas resoluciones condenan”. Además, recomienda a C.A.F. “mayor diligencia en la valoración de los daños o vulneraciones a los derechos humanos”, “revisar su política de divulgación de información, incluyendo los factores de riesgo que puedan existir en sus actividades” y “la elaboración de un informe por un tercero independiente que examine el impacto social de dicho proyecto en los TPO”. El papel del Estado
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece la obligación extraterritorial para los Estados de proteger los derechos humanos en otros países, tal y como lo interpreta el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Así, el Comité especifica que “sería contradictorio que esa referencia [el artículo 2.1 del PIDESC] permitiera que un Estado adoptara una actitud pasiva cuando un agente domiciliado en su territorio y/o bajo su jurisdicción y, por tanto, bajo su control o autoridad, perjudicara a los derechos de otras personas en otros Estados, o cuando la conducta de ese agente pudiera provocar que se causara un daño previsible”. Por lo tanto, el fracaso de un Estado a la hora de impedir que una empresa bajo su jurisdicción cometa abusos de derechos humanos en otro Estado va en contra del artículo 2.1 del PIDESC.
Esta obligación extraterritorial de proteger requiere que el Estado tome medidas para prevenir que entidades bajo su jurisdicción vulneren los derechos del Pacto. Así lo establece el Comité, que especifica que el Estado parte del PIDESC debe adoptar medidas para “prevenir y corregir las vulneraciones de los derechos reconocidos en el Pacto que se producen fuera de su territorio, debido a las actividades de entidades empresariales sobre las que pueden ejercer un control, en especial en los casos en que los recursos de que disponen las víctimas ante los tribunales nacionales del Estado en que se ha producido el daño son nulos o ineficaces”.
Peticiones de Amnistía Internacional:
La empresa española C.A.F. debe abandonar inmediatamente el proyecto de tren ligero en Jerusalén.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas debe incluir a C.A.F. en la base de datos de Naciones Unidas sobre empresas que operan en los asentamientos ilegales israelíes, hasta que abandone el proyecto de Tren ligero en Jerusalén.
El Gobierno de España y la Unión Europea deben regular las actividades de empresas domiciliadas en su jurisdicción para prohibir que operen en asentamientos o comercien con ellos. En consecuencia, el Gobierno de España debe pedir a C.A.F. que ponga fin a sus actividades en los Territorios Palestinos Ocupados y que abandone el proyecto de tren ligero en Jerusalén.
El Gobierno Vasco, como accionista de referencia de la empresa, debe solicitar el abandono del proyecto y la retirada de las licitaciones en curso por las que C.A.F. ha optado a nuevos proyectos en los Territorios Palestinos Ocupados.jueves, 23 de marzo de 2023
ESTUDIO DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ARGENTINA: CASO PALESTINO
ESTUDIO DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ARGENTINA: CASO PALESTINO
Con
motivo del III Foro Mundial de DDHH, en
Buenos Aires, Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos
Humanos (PCHR) y Santiago González, del Comité de Solidaridad con la Causa
Árabe y antiguo miembro de la Secretaría Internacional de USO, han participado
en diversos encuentros y reuniones con organizaciones sociales y de derechos
humanos.
Además,
de intercambio de experiencias e informaciones sobre asuntos jurídicos e
incidencia sobre empresas que intervienen en la ocupación israelí en los
Territorios Ocupados, como CAF y Mekorot, el principal objetivo ha sido
explorar las posibilidades del sistema judicial argentino y la jurisdicción
universal. Esto se hace tras comprobar que el sistema judicial israelí forma
parte de la ocupación, dando cobertura legal'; el estudio de otros países que
han cambiado sus normas de jurisdicción universal, como España; y la lentitud
interesada de la Corte Penal Internacional en el caso palestino.
Para
ello se han tenido encuentros con abogados y activistas en derechos humanos.
También con los sindicatos argentinos, comunidad Palestina en Argentina y otras
personalidades y altos funcionarios.…
Un
encuentro emotivo ha sido con las madres de mayo y su testimonio de apoyo a la
Causa Palestina y saber su compromiso con la lucha para que se haga justicia.
Entre
las personas con las que se han tenido encuentros se pueden destacar a Horacio
Pietragalla Corti, secretario de Estado sobre Derechos Humanos de Argentina;
Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma; Roberto Baradel, secretario Internacional de
la CTA de los Trabajadores; Rafael Araya, presidente de la Confederación
Palestina Latinoamericanas y del Caribe; Riyad Alhalabi, embajador palestino en
Argentina y diversos representantes de organizaciones españolas, portuguesas,
italianas marroquíes, argentinas y latinoamericanas y personalidades presentes
en los diversos actos del Foro de Derechos Humanos, como Baltasar Garzón,
Enrique Santiago, Juan Carlos Monedero o Hana Jalloul.
miércoles, 22 de marzo de 2023
Presentación del libro: "Palestina: cien años de colonialismo y resistencia"de Rashid Khalidi.
Presentación del libro: "Palestina: cien años de colonialismo y resistencia"
Presentación del libro: "Palestina: cien años de colonialismo y resistencia"
de Rashid Khalidi.
sábado, 18 de marzo de 2023
No puede haber democracia sin derechos humanos para todos
No puede haber democracia sin derechos humanos para todos
9 de marzo de 2023
La lucha por la democracia debe basarse en la lucha contra la ocupación y el apartheid.
Las protestas contra la reforma judicial del gobierno israelí son cada vez más numerosas. La objeción a los planes del gobierno israelí de debilitar el poder judicial, socavar el principio de separación de poderes y acabar con otras señas de identidad del régimen democrático es, sin duda, urgente e importante, dadas las repercusiones sobre el futuro de millones de personas que viven entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.
Pero Israel nunca ha sido una democracia: Durante décadas, millones de palestinos han vivido bajo la ocupación israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza, despojados de derechos fundamentales y privados de libertades básicas. No están representados en el parlamento israelí y no pueden votar ni influir de ningún otro modo en los procesos de toma de decisiones que conforman y dictan cada detalle de sus vidas. Los palestinos y otros ciudadanos y residentes de Israel, especialmente los no judíos, también han sido objeto de discriminación sistémica y, en ocasiones, de algo mucho peor.
Mientras la atención se centra, con razón, en Cisjordania tras los recientes y violentos acontecimientos, incluido el pogromo llevado a cabo por colonos israelíes en Huwara, Gaza debe mantenerse en la conversación. Las medidas adoptadas por el gobierno israelí para reforzar su control sobre Cisjordania están inextricablemente vinculadas al aislamiento y la fragmentación de Gaza como parte de su política de separación, que pretende dividir a los palestinos que viven en Gaza de los palestinos de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y de Israel. Los crímenes perpetrados en Huwara, con el respaldo del ejército, son producto de la misma política israelí que niega a dos millones de residentes de Gaza el acceso a familiares, atención médica, medios de subsistencia y una vida digna.
El actual bombardeo legislativo refleja la intención del gobierno de afianzar un régimen de supremacía judía, intensificar la anexión de jure en Cisjordania y profundizar el aislamiento de Gaza. El gobierno también está trabajando incansablemente para erosionar aún más las pocas vías disponibles para proteger los derechos de los grupos minoritarios en Israel, incluidos sus ciudadanos palestinos, y de los 5,4 millones de palestinos que viven bajo la ocupación israelí en Gaza y Cisjordania.
Décadas de ocupación, desposesión y opresión, incluidos 16 años de asfixiante e ilegal cierre de Gaza, han demostrado sin lugar a dudas que Israel elude sus obligaciones para con los palestinos y se niega a reconocer su responsabilidad de proteger sus derechos básicos. Gisha sigue trabajando para proteger la libertad de circulación de los palestinos y los numerosos derechos que dependen de ella. Nos unimos a las protestas como parte del Bloque Antiocupación para hacer sonar este mensaje: No puede haber democracia sin derechos humanos para todos, incluido el derecho a la libertad de circulación. La lucha por la democracia debe estar enraizada en la lucha contra la ocupación y el apartheid.
Más información sobre el Tribunal Supremo Israelí: https://
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