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La política de ocupacióno, colonización y apartheid para aislar a los palestinos
Cisjordania: Las nuevas normas de entrada aíslan aún más a los palestinos
Las directrices de Israel impiden visitar, estudiar y trabajar
Human Rights Watch, 23 de enero de 2023
(Jerusalén) - Las nuevas directrices israelíes sobre el acceso de extranjeros a Cisjordania amenazan con aislar aún más a los palestinos de sus seres queridos y de la sociedad civil mundial, señaló hoy Human Rights Watch. Las directrices, que entraron en vigor en octubre de 2022 y fueron modificadas en diciembre del mismo año, establecen procedimientos detallados para la entrada y residencia en Cisjordania de extranjeros, un proceso distinto del procedimiento de entrada a Israel.
Las autoridades israelíes llevan mucho tiempo dificultando a los extranjeros la enseñanza, el estudio, el voluntariado, el trabajo o la residencia en Cisjordania. Las nuevas directrices codifican y endurecen las restricciones impuestas desde hace tiempo, amenazando con dificultar aún más a los palestinos de Cisjordania, que ya se enfrentan a severas restricciones de movimiento impuestas por Israel, estar con familiares que carecen de documento de identidad cisjordano y relacionarse con estudiantes, académicos, expertos y otros extranjeros.
"Al dificultar que la gente pase tiempo en Cisjordania, Israel está dando un paso más para convertir Cisjordania en otra Gaza, donde dos millones de palestinos han vivido prácticamente aislados del mundo exterior durante más de 15 años", señaló Eric Goldstein, director adjunto para Oriente Medio de Human Rights Watch. "Esta política está diseñada para debilitar los lazos sociales, culturales e intelectuales que los palestinos han intentado mantener con el mundo exterior".
Entre julio y diciembre de 2022, Human Rights Watch entrevistó a 13 personas que detallaron las dificultades a las que se han enfrentado durante años para entrar o permanecer en Cisjordania y sus preocupaciones sobre cómo les afectarán las nuevas directrices. Human Rights Watch también entrevistó a abogados israelíes que han representado a quienes impugnan las restricciones. Entre los entrevistados se encuentran un psicólogo estadounidense que enseña en una universidad palestina, una madre británica de dos hijos que intenta permanecer con su marido palestino y su familia, y un palestino que ha vivido la mayor parte de su vida en Cisjordania, pero no tiene documento de identidad.
Además, en julio de 2022 las autoridades israelíes denegaron a Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, un permiso para entrar en Cisjordania durante una semana con el fin de llevar a cabo actividades de investigación y promoción, alegando la amplia autoridad del ejército sobre la entrada. El Tribunal de Distrito de Jerusalén confirmó la denegación en noviembre, tras una impugnación presentada por Shakir y Human Rights Watch.
El "Procedimiento para la entrada y residencia de extranjeros en la zona de Judea y Samaria [referencia a Cisjordania]", de 61 páginas, sustituyó a un documento de tres páginas sobre procedimientos aplicado por primera vez en diciembre de 2006. Establece la política y los procedimientos del ejército israelí con respecto a los extranjeros que pretendan entrar únicamente en Cisjordania, excluida Jerusalén Este, o prolongar su estancia para una visita o con un "propósito específico", por ejemplo, estudiar, enseñar, ser voluntario o trabajar allí. Las directrices son distintas de las de entrada en Israel, que normalmente se aplican en el aeropuerto Ben Gurion y otros puertos de entrada. El titular de un permiso de Cisjordania, sin visado de entrada israelí, no tiene autorización legal para entrar en Israel, ni en la Jerusalén Oriental ocupada.
Aunque la gente suele visitar Cisjordania con visados de turista israelíes normales, los extranjeros con estos visados no están autorizados a enseñar, estudiar, ser voluntarios, trabajar o vivir en Cisjordania. Las autoridades israelíes suelen denegar los visados normales de entrada a Israel por estos motivos, así como a otras personas de las que se sabe o se sospecha que participan en actividades de apoyo propalestino. El permiso es la única opción para muchos que desean pasar un tiempo en Cisjordania.
Las directrices de Cisjordania sólo permiten conceder permisos a categorías limitadas de visitantes. Algunos de ellos, como los familiares directos de palestinos, pueden obtener un permiso de hasta tres meses a su llegada al paso fronterizo de Allenby/King Hussein, entre Jordania y Cisjordania, a la espera de la aprobación de las autoridades israelíes de allí. Otros, como académicos, estudiantes, voluntarios y expertos, deben solicitar un permiso para Cisjordania, válido hasta un año, desde el extranjero y obtener la aprobación antes de viajar. Las directrices anteriores recomendaban, pero no exigían, la coordinación previa, aunque en la práctica las autoridades israelíes a menudo exigían la aprobación por adelantado. Otros visitantes, como los turistas o quienes deseen visitar a familiares o amigos o asistir a una conferencia, no pueden obtener un permiso para Cisjordania.
Citando "el riesgo" de que los extranjeros "se atrincheren", las directrices también excluyen todas las vías para permanecer a largo plazo en Cisjordania para todos los extranjeros excepto los cónyuges de palestinos.
El ejército israelí dijo a The Jerusalem Post en mayo de 2022 que las directrices harán que la entrada a Cisjordania sea "más fluida", presumiblemente explicando el procedimiento en detalle, y por lo tanto "beneficiará a todos los residentes de la zona."
El procedimiento para obtener un permiso exige facilitar importantes datos personales a las autoridades israelíes. Varias personas que pasaron un tiempo en Cisjordania afirmaron que este proceso podría disuadir a la gente de solicitarlo, dado el historial de las autoridades israelíes de denegar la entrada a quienes realizan actividades de defensa pro Palestina. Por ello, y a la luz de la dificultad de obtener permisos para Cisjordania, algunos programas en Cisjordania han aconsejado durante mucho tiempo a los participantes internacionales que soliciten un visado de turista israelí, en lugar de un permiso para Cisjordania, y que se abstengan de revelar el propósito principal de su visita para maximizar sus posibilidades.
Sin embargo, todas las personas entrevistadas por Human Rights Watch describieron grandes obstáculos burocráticos para permanecer legalmente en Cisjordania y el impacto de las restricciones en sus vidas. Una empresaria estadounidense casada con un palestino, que ha vivido en Cisjordania durante más de una década y pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, dijo que tuvo que dejar atrás a sus hijos pequeños y permanecer en el extranjero durante varias semanas en 2019 después de que le denegaran el visado. Dijo que el estrés y las dificultades la llevaron a "romper en sollozos frente a la escuela de mi hijo cuando lo dejé sin saber si lo volvería a ver." Su visado sólo se restableció tras la intervención de diplomáticos.
Aunque los países tienen amplia discreción sobre la entrada en su territorio soberano, el derecho internacional humanitario exige que las potencias ocupantes actúen en interés de la población ocupada o para mantener la seguridad o el orden público. No existen justificaciones aparentes basadas en la seguridad, el orden público o el interés superior de los palestinos para justificar el grado en que las autoridades israelíes restringen la entrada de voluntarios, académicos o estudiantes en Cisjordania o la permanencia a largo plazo de los seres queridos de los palestinos, señaló Human Rights Watch.
Al restringir excesivamente la capacidad de las familias palestinas para pasar tiempo juntas y bloquear la entrada de académicos, estudiantes y trabajadores no gubernamentales que contribuirían a la vida social, cultural, política e intelectual en Cisjordania, las restricciones de Israel incumplen su deber, que aumenta en una ocupación prolongada, de facilitar una vida civil normal para la población ocupada.
Esto implica necesariamente vivir con la propia familia. Tanto el derecho internacional humanitario como el de derechos humanos subrayan la importancia del derecho a la vida familiar y a la unidad, incluido el derecho a vivir juntos. También significa facilitar el trabajo y las actividades de las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas palestinas, y mantener una interacción regular con el resto del mundo.
Las obligaciones de Israel como potencia ocupante le obligan a facilitar la entrada de extranjeros en Cisjordania de forma ordenada. Con sujeción a una evaluación individualizada de la seguridad y en ausencia de razones imperiosas de derecho, las autoridades israelíes deben conceder como mínimo permisos de duración razonable a los extranjeros que contribuyan a la vida de Cisjordania, incluidos los familiares de palestinos y quienes trabajen con la sociedad civil palestina, y la residencia a los familiares directos.
Las restricciones de Israel agravan las penurias ya impuestas a los palestinos de Cisjordania por la denegación generalizada de los derechos de residencia, las amplias restricciones de circulación y los ataques a la sociedad civil palestina. Esta política agrava la fragmentación de los palestinos en distintas zonas y fomenta el control israelí sobre la vida de los palestinos. La severa represión de las autoridades israelíes contra los palestinos, cometida en aplicación de una política para mantener la dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos, equivale a los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución, como han constatado Human Rights Watch y los principales grupos de derechos humanos israelíes, palestinos e internacionales.
"Un ejército de ocupación no tiene por qué determinar qué profesores están cualificados para enseñar en las universidades palestinas, impedir que los defensores de los derechos humanos interactúen con la población ocupada o separar cruelmente a las familias", afirmó Goldstein. "Estados Unidos y los Estados europeos deberían presionar a las autoridades israelíes para que faciliten, y no dificulten, que las personas, incluidos sus propios ciudadanos, establezcan conexiones significativas con las comunidades de Cisjordania."
Solicitud de permisos y prórrogas en Cisjordania
Las directrices de entrada en Cisjordania se publicaron originalmente en febrero de 2022 y se modificaron en septiembre de 2022 y de nuevo en diciembre de 2022. En ellas se identifican varias categorías de personas, incluidos académicos, estudiantes, voluntarios y "expertos y consultores en disciplinas singulares y empleados de alto nivel", todos los cuales deben solicitar a Israel con antelación, directamente al ejército, en una embajada israelí en el extranjero o a través de la Autoridad Palestina, "permisos [para entrar en Cisjordania] con fines específicos."
Entre los extranjeros que pueden obtener un permiso de visitante a Cisjordania a su llegada figuran el cónyuge, hijo o familiar de primer grado de un palestino en Cisjordania, un empresario o inversor, un periodista acreditado por las autoridades israelíes o quienes presenten "circunstancias excepcionales" y con "circunstancias humanitarias especiales" que no hayan tenido complicaciones previas relacionadas con el visado.
Nacido en Europa a mediados de la década de 1990, de padre palestino de Cisjordania y madre europea, "Ayman" ha vivido en Cisjordania la mayor parte de su vida. Pidió que no se revelara su nombre real por temor a represalias. Su padre abandonó Cisjordania en la década de 1970 para evitar ser detenido por sus actividades políticas, y se vio obligado a dejar atrás sus documentos de identidad. Regresó en 1997, cuando Ayman era un niño pequeño, junto con otras personas a las que se permitió regresar tras los Acuerdos de Oslo, pero las autoridades israelíes no le devolvieron inmediatamente su documento de identidad. Todos los miembros de la familia de Ayman solicitaron documentos de identidad palestinos, pero sólo su padre recibió uno a principios de 2022, tras una solicitud de reunificación familiar presentada por el abuelo de Ayman en 2009.
Susan Power, irlandesa de 43 años, dirige la investigación y defensa jurídicas de al-Haq, una destacada organización palestina de derechos humanos. Power se incorporó a al-Haq, cuya sede está en Ramala (Cisjordania), en 2013. Con un doctorado centrado en el derecho de la ocupación, Power tiene una experiencia única muy adecuada para el trabajo de al-Haq, que durante más de 40 años se ha centrado en documentar los abusos contra los derechos humanos derivados de la prolongada ocupación israelí.
Las directrices limitan a tres meses los permisos de corta duración para visitantes obtenidos en el paso fronterizo de Allenby. Los permisos pueden renovarse "por razones excepcionales, por un máximo de 3 meses más". Cualquier prórroga adicional "requiere la aprobación del funcionario autorizado del COGAT por motivos especiales, que deben documentarse."
Los "permisos para fines específicos" obtenidos con antelación a la llegada duran hasta un año y las prórrogas tienen un límite de 27 meses, por lo que quien desee permanecer más tiempo deberá abandonar Cisjordania y volver a solicitarlo desde el extranjero. Las directrices limitan a los académicos y expertos extranjeros a un máximo de cinco años acumulativos en Cisjordania, restricción que no figuraba en las directrices anteriores. Quienes deseen permanecer más tiempo pueden solicitar entrar de nuevo tras nueve meses de ausencia, pero las directrices autorizan prórrogas adicionales de hasta cinco años más sólo "en casos excepcionales y por razones especiales".
Los palestinos de Cisjordania pueden solicitar a Israel, a través de un proceso separado de reunificación familiar a través de la Autoridad Palestina, que se expidan documentos de identidad palestinos para sus cónyuges y otros familiares en "circunstancias excepcionales", lo que les permitiría quedarse a largo plazo. Las autoridades israelíes tramitaron 35.000 solicitudes a finales de la década de 2000 y varios miles en 2021 y 2022 como gesto hacia la Autoridad Palestina, pero por lo demás han congelado el proceso.
Las directrices establecen un proceso para expedir permisos renovables de un año a los cónyuges extranjeros de palestinos que tengan pendiente una solicitud de reagrupación familiar que la Autoridad Palestina haya enviado a Israel. Sin embargo, las directrices establecen que no se aprobarán las solicitudes que sean incompatibles con la "política general del escalón político".
Las directrices facultan a las autoridades para revisar las cualificaciones académicas de los profesores o investigadores de las universidades palestinas, incluyendo si los que no tienen un doctorado tienen "conocimientos especiales", y qué profesiones son suficientemente "requeridas o necesarias" para justificar que se permita a los extranjeros trabajar en ellas.
Un administrador de la Universidad de Belén dijo que el 70% del profesorado de uno de los programas de la escuela procede del extranjero y a la administración le preocupa que la normativa dificulte aún más la contratación y el mantenimiento de los profesores. Un portavoz de la Universidad de Birzeit dijo que perdieron ocho miembros de la facultad entre 2017 y 2022 debido a las restricciones de entrada a Cisjordania, lo que, según ellos, les hizo perder una experiencia única y afectó la calidad de la educación que ofrece la escuela.
Un profesor, Roger Heacock, abandonó Cisjordania con su familia en 2018 después de 35 años, 33 de ellos enseñando historia europea en Birzeit cuando las autoridades israelíes no respondieron a tiempo a su solicitud de renovación de permiso, dejando atrás a los estudiantes graduados que supervisaba. Dijo que la experiencia "nos rompió el corazón. Aún no lo he superado".
Las directrices no se aplican a los extranjeros que deseen visitar el Jerusalén Este ocupado por Israel o los asentamientos israelíes en Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional humanitario. Para entrar en estas zonas deben obtener un visado de entrada israelí.
Las directrices tampoco se aplican a los nacionales, nacidos o "titulares de documentos" de Jordania, Egipto, Marruecos, Bahréin y Sudán del Sur, ni a los nacionales de países que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel. Estas personas deben solicitar la entrada en Israel a través de la Autoridad Palestina con arreglo a un "Procedimiento de expedición de permisos para visitas extranjeras a la Autoridad Palestina" independiente, que establece que los permisos sólo se expedirán en "casos excepcionales y humanitarios". Una abogada israelí, Leora Bechor, describió estos permisos como "casi imposibles" de obtener. No existe justificación aparente para dificultar especialmente la entrada en Cisjordania a los nacionales de Jordania, la mayoría de los cuales son palestinos, en comparación con los nacionales de otros países, señaló Human Rights Watch.
Casos individuales
"Ayman"
Sin un documento de identidad palestino, Ayman depende de los visados emitidos en su pasaporte europeo para tener estatus legal en Cisjordania, a pesar de que su familia ha vivido allí durante generaciones y él ha vivido allí la mayor parte de su vida. Afirmó que "Palestina para mí es mi hogar", ya que "mi infancia, escuelas, compañeros de clase, amigos, familia extensa, parientes y todos los recuerdos que tengo están todos aquí" y, sin embargo, "estoy en Palestina como turista, como ciudadano europeo".
De niño, dijo Ayman, recibió visados gracias al trabajo de su madre en un programa afiliado a una embajada extranjera. En 2015, sin embargo, dijo que las autoridades israelíes se negaron a renovar su visado, con el argumento de que él, como un joven de 20 años, ya no podía reclamar la dependencia de su madre. Poco después, se marchó a estudiar al extranjero durante un semestre. Regresó en diciembre de 2015 y dijo que logró obtener varios visados de corta duración que le permitieron permanecer en Cisjordania en 2016 y gran parte de 2017 para completar sus estudios universitarios.
Desde septiembre de 2017, cursa estudios de posgrado en Europa y ha visitado Cisjordania tres veces como turista. Dijo que, principalmente como resultado de una política israelí para restringir la entrada a Cisjordania de extranjeros entre marzo de 2020 y febrero de 2022, a la luz de la pandemia de Covid-19, no pudo visitar a su familia durante dos años.
Ayman expresó su preocupación por el hecho de que las nuevas directrices de entrada le hacen efectivamente imposible vivir en Cisjordania e incluso complican su capacidad para visitarla, entre otras cosas al limitarle a visitas de tres meses salvo circunstancias excepcionales e imponerle periodos obligatorios durante los cuales debe salir y permanecer fuera de Cisjordania. Aunque las directrices permiten la entrada a quienes, como Ayman, visitan a familiares de primer grado, le preocupa lo que pueda ocurrir cuando fallezca su padre, el único miembro de su familia inmediata con documento de identidad palestino. "Es posible que pierda el derecho a visitarlo, puesto que ya no tendré un familiar de primer grado, y tampoco podré visitarlo como turista según estas normas", dijo Ayman.
"Margaret"
"Margaret", británica de 46 años que pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, vive en Ramala con su marido palestino, que tiene un documento de identidad cisjordano, y sus dos hijos, de 9 y 6 años. Dijo que vive en Cisjordania desde 1998 y que se casó con su marido en 2005. Poco después, según Margaret, las autoridades israelíes le denegaron la entrada, como parte de una política general de la época que, según el periódico israelí Haaretz, afectaba a miles de cónyuges extranjeros.
Margaret consiguió regresar nueve meses después y desde entonces ha permanecido casi siempre en Cisjordania. Dice que en 2006 solicitó un documento de identidad palestino en el marco del proceso de reagrupación familiar, pero no lo ha recibido. En su lugar, ha permanecido con visados de corta duración, originalmente de un año, pero más recientemente de seis meses, teniendo que salir periódicamente de Cisjordania para mantener su estatus. El trabajo no está permitido con estos visados, pero Margaret trabajó a pesar de ello, sin revelarlo nunca a las autoridades israelíes.
Cuando las autoridades israelíes informaron a Margaret en agosto de 2021 de que tenía que salir antes de enero de 2022 y volver a Cisjordania para mantener su estatus, le preocupó que los procedimientos adicionales impuestos por las autoridades israelíes en medio de la pandemia del Covid-19 pudieran bloquear su capacidad de regresar con su familia. En concreto, las autoridades israelíes exigían a los extranjeros que entraban en Cisjordania que coordinaran sus planes con ellas, un proceso que, según oyó Margaret, a otros les llevaba tres o cuatro meses. Margaret dijo que no podía permitirse estar tanto tiempo lejos de sus hijos durante el curso escolar.
A finales de 2021, la Autoridad Palestina anunció que las autoridades israelíes habían dado luz verde a la expedición de miles de documentos de identidad para personas atrapadas en situaciones como la suya. Con la esperanza de estar entre los que recibieran un documento de identidad o de poder resolver su situación con la ayuda de un abogado, tomó la difícil decisión de prolongar su visado.
Margaret nunca recibió un documento de identidad y, por tanto, carece de estatus legal. Como consecuencia, afirma que, desde enero de 2022, no "sale de Ramala. No puedo correr ningún riesgo".
"Susan Power"
Power dijo que ha dependido de visados de visitante para entrar en Cisjordania, que ha podido prorrogar. Dijo que tuvo que mostrar un contrato de trabajo para obtener el visado, a pesar de que éste no le permite trabajar. Describió el oneroso proceso por el que tiene que pasar regularmente para entrar, que incluye a veces tener que depositar fianzas de hasta 30.000 NIS (8.467 dólares estadounidenses) para garantizar que saldrá cuando expire el visado. Dice que cada vez le preocupa que no se le permita la entrada y, cuando está en Cisjordania con un visado activo, por lo general se niega a viajar para visitar a familiares, asistir a reuniones o para cualquier otro fin que no sea una emergencia.
Omar Shakir
Según Power, las nuevas directrices dificultarán aún más las cosas, ya que le exigirán coordinar sus planes y obtener un visado con antelación en la embajada israelí de su país de origen. Le preocupa que no se le conceda el visado en este proceso, dada la falta de disposiciones explícitas sobre el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en las directrices y el límite de cinco años para los extranjeros que viven en Cisjordania. Las autoridades israelíes también han ilegalizado Al Haq, declarándola en 2021 "asociación ilícita" en virtud de la legislación militar aplicable en Cisjordania y "organización terrorista" en virtud de la legislación israelí.
Estas restricciones dificultan a las organizaciones palestinas de la sociedad civil atraer y contratar a expertos extranjeros como Power. Incluso si los expertos pueden entrar en Cisjordania, "una organización no puede funcionar u operar sin saber si sus trabajadores podrán volver" cada vez que se marchan, dijo Power.
Power abandonó Cisjordania en diciembre, antes de que expirara su visado a finales de año. Dice que teme que no se le permita regresar.
"Laura"
"Laura", una ciudadana estadounidense de 57 años que pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, visitó Cisjordania por primera vez en 2012. Es psicóloga clínica y dijo que durante dos años la visitaba periódicamente para asistir a conferencias y trabajar como consultora a corto plazo, obteniendo visados de visitante a su llegada al aeropuerto Ben Gurion. En el verano de 2014, decidió trasladarse con su hijo de 10 años a Cisjordania para trabajar a tiempo completo con niños en situación de riesgo y dar clases en una universidad. Obtuvo un visado, basado en su contrato con la universidad, aunque el visado le prohíbe formalmente trabajar, y vivió en Cisjordania, renovando el visado anualmente, durante los cuatro años siguientes.
Afirmó que mantener su estatus le había resultado estresante, incluso tener que esperar durante meses por sus documentos o los de su hijo. "La incertidumbre, nada está claro, la burocracia y la sensación de que no estás seguro durante el tiempo de espera, después de hacer todo el papeleo, pasar por todo", dijo.
En otoño de 2017, Laura solicitó prorrogar su visado, pero las autoridades israelíes no respondieron durante meses y, en abril de 2018, le devolvieron el pasaporte sin una decisión ni un nuevo visado. Sin estatus legal, en mayo de 2018, cuando terminó el curso escolar de su hijo, decidió abandonar Cisjordania. Asegura que las fuerzas israelíes en el paso fronterizo de Allenby le dijeron que no podía regresar y la reprendieron públicamente por haber sobrepasado el plazo de su visado. "Me dijeron que había arruinado las posibilidades de mi hijo de volver aquí y arruinado su vida", declaró.
Regresó a Estados Unidos y contrató a un abogado israelí para que la ayudara a obtener permiso para volver a vivir en Cisjordania. Afirmó que "decidí luchar por mi visado porque Cisjordania es nuestro hogar y nuestra vida. Es donde hemos vivido durante años, donde mi hijo creció e hizo amigos. Estuvo llorando todo el tiempo cuando nos dijeron que no podríamos volver. Estuvo allí desde que tenía 10 años. Dejé atrás mi carrera y todas nuestras pertenencias allí en nuestra casa, su PlayStation, su bicicleta y nuestra ropa".
Gracias a las gestiones de la abogada, Laura y su hijo consiguieron regresar a finales de 2018, tras pagar una fianza que solo se devolvía cuando ella abandonaba Cisjordania, y dar clases durante unos meses. Pero, ante la continua imposibilidad de prorrogar sus visados y los crecientes costes, incluidos los de los abogados, Laura sintió que no tenía más remedio que venderlo todo y volver a Estados Unidos en diciembre de 2019. Desde entonces solo ha estado de visita una vez, con un visado de 30 días que las autoridades israelíes le concedieron con la condición de que depositara una fianza de 30.000 NIS (8.467 dólares) que también se devolvería solo cuando abandonara Cisjordania.
Dado que las nuevas directrices prohíben a los extranjeros permanecer en Cisjordania más de cinco años salvo en circunstancias excepcionales, la periodista afirma que las directrices le impiden permanecer más tiempo en Cisjordania. Sigue enseñando virtualmente en la universidad, ya que, según ella, nadie más tiene la formación necesaria para impartir sus clases.
En julio de 2021, Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, solicitó al ejército israelí un permiso para entrar en Cisjordania durante una semana con el fin de reunirse allí con el personal de Human Rights Watch, informar a diplomáticos de la Unión Europea en respuesta a su invitación y llevar a cabo investigaciones, entre otras cosas sobre los abusos de la Autoridad Palestina. Shakir pretendía llevar a cabo un trabajo en persona que no había podido realizar desde que las autoridades israelíes lo deportaron de Israel en noviembre de 2019, afirmando que su defensa violaba una ley de 2017 que prohíbe la entrada a Israel a las personas que defienden el boicot a Israel o a sus asentamientos en la Cisjordania ocupada. Ni Human Rights Watch ni Shakir como su representante han pedido nunca el boicot a Israel.
Aunque la negativa de Israel a permitir la visita de Shakir no causó tantas dificultades como la denegación de permisos ampliados a un familiar palestino o a un profesor extranjero de larga duración, ilustra cómo Israel abusa de su autoridad para controlar la entrada de extranjeros a un territorio en el que no es soberano.
Tras meses sin recibir una respuesta afirmativa o negativa, Shakir y Human Rights Watch presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén contra las Fuerzas de Defensa de Israel en abril de 2022. En julio de 2022, el ejército denegó la solicitud, citando la "amplia discreción" de la Unidad de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios con respecto a la entrada en Cisjordania de ciudadanos extranjeros y una estipulación en las directrices de entrada en Cisjordania de que "todas las disposiciones de las mismas están sujetas a la política del gobierno."
La carta del ejército a Shakir señala que "la política del gobierno en este asunto (que se ha afianzado en la legislación primaria de Israel) es prohibir la concesión de cualquier tipo de visado o permiso de estancia a las personas que, a sabiendas, hagan un llamamiento público a boicotear el Estado de Israel o cualquiera de sus instituciones o cualquier zona bajo su control" y cita la preocupación de que Shakir utilice su visita "para promover el boicot a Israel y a las entidades que operan en Israel y en la zona de Judea y Samaria". La decisión, en efecto, amplía la prohibición de entrada a Israel por presunto apoyo a boicots a la entrada a Cisjordania ocupada.
En agosto, Shakir y Human Rights Watch presentaron una petición modificada en la que alegaban que el ejército israelí se había extralimitado en el ejercicio de su autoridad en virtud del derecho internacional humanitario, que limita las acciones de los ocupantes al mantenimiento de la seguridad, el orden público o el interés superior de la población ocupada. Citando la menor discrecionalidad que tiene un ejército de ocupación sobre la entrada en territorio ocupado que la que tiene un país sobre su territorio soberano, la petición afirmaba que el derecho internacional humanitario no permite al ejército israelí denegar la entrada en Cisjordania por un supuesto apoyo a los boicots. Afirmaba que negar la entrada a los defensores de los derechos humanos menoscaba el interés público de los residentes en Cisjordania, que deben tener derecho a contratar a representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos.
En noviembre, el Tribunal de Distrito de Jerusalén confirmó la denegación del gobierno, dictaminando que la denegación de entrada basada en el supuesto apoyo al boicot entra dentro de la amplia autoridad que tiene el ejército para mantener "el orden público y la seguridad" de los residentes en el territorio ocupado. La sentencia cita el supuesto perjuicio que las actividades de boicot suponen para los colonos israelíes, a los que considera parte de la población local a pesar de la prohibición del derecho internacional humanitario de trasladar a la propia población del ocupante a territorio ocupado, y para los jornaleros palestinos que trabajan en los asentamientos. Señala además las disposiciones de las directrices de entrada en Cisjordania que permiten al ejército tomar decisiones basadas en consideraciones políticas y de otro tipo y que niegan cualquier "derecho adquirido" a los extranjeros a entrar en Cisjordania, que el ejército ha declarado zona militar cerrada en su totalidad.
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La política de ocupacióno, colonización y apartheid para aislar a los palestinos
Cisjordania: Las nuevas normas de entrada aíslan aún más a los palestinos
Las directrices de Israel impiden visitar, estudiar y trabajar
Human Rights Watch, 23 de enero de 2023
(Jerusalén) - Las nuevas directrices israelíes sobre el acceso de extranjeros a Cisjordania amenazan con aislar aún más a los palestinos de sus seres queridos y de la sociedad civil mundial, señaló hoy Human Rights Watch. Las directrices, que entraron en vigor en octubre de 2022 y fueron modificadas en diciembre del mismo año, establecen procedimientos detallados para la entrada y residencia en Cisjordania de extranjeros, un proceso distinto del procedimiento de entrada a Israel.
Las autoridades israelíes llevan mucho tiempo dificultando a los extranjeros la enseñanza, el estudio, el voluntariado, el trabajo o la residencia en Cisjordania. Las nuevas directrices codifican y endurecen las restricciones impuestas desde hace tiempo, amenazando con dificultar aún más a los palestinos de Cisjordania, que ya se enfrentan a severas restricciones de movimiento impuestas por Israel, estar con familiares que carecen de documento de identidad cisjordano y relacionarse con estudiantes, académicos, expertos y otros extranjeros.
"Al dificultar que la gente pase tiempo en Cisjordania, Israel está dando un paso más para convertir Cisjordania en otra Gaza, donde dos millones de palestinos han vivido prácticamente aislados del mundo exterior durante más de 15 años", señaló Eric Goldstein, director adjunto para Oriente Medio de Human Rights Watch. "Esta política está diseñada para debilitar los lazos sociales, culturales e intelectuales que los palestinos han intentado mantener con el mundo exterior".
Entre julio y diciembre de 2022, Human Rights Watch entrevistó a 13 personas que detallaron las dificultades a las que se han enfrentado durante años para entrar o permanecer en Cisjordania y sus preocupaciones sobre cómo les afectarán las nuevas directrices. Human Rights Watch también entrevistó a abogados israelíes que han representado a quienes impugnan las restricciones. Entre los entrevistados se encuentran un psicólogo estadounidense que enseña en una universidad palestina, una madre británica de dos hijos que intenta permanecer con su marido palestino y su familia, y un palestino que ha vivido la mayor parte de su vida en Cisjordania, pero no tiene documento de identidad.
Además, en julio de 2022 las autoridades israelíes denegaron a Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, un permiso para entrar en Cisjordania durante una semana con el fin de llevar a cabo actividades de investigación y promoción, alegando la amplia autoridad del ejército sobre la entrada. El Tribunal de Distrito de Jerusalén confirmó la denegación en noviembre, tras una impugnación presentada por Shakir y Human Rights Watch.
El "Procedimiento para la entrada y residencia de extranjeros en la zona de Judea y Samaria [referencia a Cisjordania]", de 61 páginas, sustituyó a un documento de tres páginas sobre procedimientos aplicado por primera vez en diciembre de 2006. Establece la política y los procedimientos del ejército israelí con respecto a los extranjeros que pretendan entrar únicamente en Cisjordania, excluida Jerusalén Este, o prolongar su estancia para una visita o con un "propósito específico", por ejemplo, estudiar, enseñar, ser voluntario o trabajar allí. Las directrices son distintas de las de entrada en Israel, que normalmente se aplican en el aeropuerto Ben Gurion y otros puertos de entrada. El titular de un permiso de Cisjordania, sin visado de entrada israelí, no tiene autorización legal para entrar en Israel, ni en la Jerusalén Oriental ocupada.
Aunque la gente suele visitar Cisjordania con visados de turista israelíes normales, los extranjeros con estos visados no están autorizados a enseñar, estudiar, ser voluntarios, trabajar o vivir en Cisjordania. Las autoridades israelíes suelen denegar los visados normales de entrada a Israel por estos motivos, así como a otras personas de las que se sabe o se sospecha que participan en actividades de apoyo propalestino. El permiso es la única opción para muchos que desean pasar un tiempo en Cisjordania.
Las directrices de Cisjordania sólo permiten conceder permisos a categorías limitadas de visitantes. Algunos de ellos, como los familiares directos de palestinos, pueden obtener un permiso de hasta tres meses a su llegada al paso fronterizo de Allenby/King Hussein, entre Jordania y Cisjordania, a la espera de la aprobación de las autoridades israelíes de allí. Otros, como académicos, estudiantes, voluntarios y expertos, deben solicitar un permiso para Cisjordania, válido hasta un año, desde el extranjero y obtener la aprobación antes de viajar. Las directrices anteriores recomendaban, pero no exigían, la coordinación previa, aunque en la práctica las autoridades israelíes a menudo exigían la aprobación por adelantado. Otros visitantes, como los turistas o quienes deseen visitar a familiares o amigos o asistir a una conferencia, no pueden obtener un permiso para Cisjordania.
Citando "el riesgo" de que los extranjeros "se atrincheren", las directrices también excluyen todas las vías para permanecer a largo plazo en Cisjordania para todos los extranjeros excepto los cónyuges de palestinos.
El ejército israelí dijo a The Jerusalem Post en mayo de 2022 que las directrices harán que la entrada a Cisjordania sea "más fluida", presumiblemente explicando el procedimiento en detalle, y por lo tanto "beneficiará a todos los residentes de la zona."
El procedimiento para obtener un permiso exige facilitar importantes datos personales a las autoridades israelíes. Varias personas que pasaron un tiempo en Cisjordania afirmaron que este proceso podría disuadir a la gente de solicitarlo, dado el historial de las autoridades israelíes de denegar la entrada a quienes realizan actividades de defensa pro Palestina. Por ello, y a la luz de la dificultad de obtener permisos para Cisjordania, algunos programas en Cisjordania han aconsejado durante mucho tiempo a los participantes internacionales que soliciten un visado de turista israelí, en lugar de un permiso para Cisjordania, y que se abstengan de revelar el propósito principal de su visita para maximizar sus posibilidades.
Sin embargo, todas las personas entrevistadas por Human Rights Watch describieron grandes obstáculos burocráticos para permanecer legalmente en Cisjordania y el impacto de las restricciones en sus vidas. Una empresaria estadounidense casada con un palestino, que ha vivido en Cisjordania durante más de una década y pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, dijo que tuvo que dejar atrás a sus hijos pequeños y permanecer en el extranjero durante varias semanas en 2019 después de que le denegaran el visado. Dijo que el estrés y las dificultades la llevaron a "romper en sollozos frente a la escuela de mi hijo cuando lo dejé sin saber si lo volvería a ver." Su visado sólo se restableció tras la intervención de diplomáticos.
Aunque los países tienen amplia discreción sobre la entrada en su territorio soberano, el derecho internacional humanitario exige que las potencias ocupantes actúen en interés de la población ocupada o para mantener la seguridad o el orden público. No existen justificaciones aparentes basadas en la seguridad, el orden público o el interés superior de los palestinos para justificar el grado en que las autoridades israelíes restringen la entrada de voluntarios, académicos o estudiantes en Cisjordania o la permanencia a largo plazo de los seres queridos de los palestinos, señaló Human Rights Watch.
Al restringir excesivamente la capacidad de las familias palestinas para pasar tiempo juntas y bloquear la entrada de académicos, estudiantes y trabajadores no gubernamentales que contribuirían a la vida social, cultural, política e intelectual en Cisjordania, las restricciones de Israel incumplen su deber, que aumenta en una ocupación prolongada, de facilitar una vida civil normal para la población ocupada.
Esto implica necesariamente vivir con la propia familia. Tanto el derecho internacional humanitario como el de derechos humanos subrayan la importancia del derecho a la vida familiar y a la unidad, incluido el derecho a vivir juntos. También significa facilitar el trabajo y las actividades de las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas palestinas, y mantener una interacción regular con el resto del mundo.
Las obligaciones de Israel como potencia ocupante le obligan a facilitar la entrada de extranjeros en Cisjordania de forma ordenada. Con sujeción a una evaluación individualizada de la seguridad y en ausencia de razones imperiosas de derecho, las autoridades israelíes deben conceder como mínimo permisos de duración razonable a los extranjeros que contribuyan a la vida de Cisjordania, incluidos los familiares de palestinos y quienes trabajen con la sociedad civil palestina, y la residencia a los familiares directos.
Las restricciones de Israel agravan las penurias ya impuestas a los palestinos de Cisjordania por la denegación generalizada de los derechos de residencia, las amplias restricciones de circulación y los ataques a la sociedad civil palestina. Esta política agrava la fragmentación de los palestinos en distintas zonas y fomenta el control israelí sobre la vida de los palestinos. La severa represión de las autoridades israelíes contra los palestinos, cometida en aplicación de una política para mantener la dominación de los judíos israelíes sobre los palestinos, equivale a los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución, como han constatado Human Rights Watch y los principales grupos de derechos humanos israelíes, palestinos e internacionales.
"Un ejército de ocupación no tiene por qué determinar qué profesores están cualificados para enseñar en las universidades palestinas, impedir que los defensores de los derechos humanos interactúen con la población ocupada o separar cruelmente a las familias", afirmó Goldstein. "Estados Unidos y los Estados europeos deberían presionar a las autoridades israelíes para que faciliten, y no dificulten, que las personas, incluidos sus propios ciudadanos, establezcan conexiones significativas con las comunidades de Cisjordania."
Solicitud de permisos y prórrogas en Cisjordania
Las directrices de entrada en Cisjordania se publicaron originalmente en febrero de 2022 y se modificaron en septiembre de 2022 y de nuevo en diciembre de 2022. En ellas se identifican varias categorías de personas, incluidos académicos, estudiantes, voluntarios y "expertos y consultores en disciplinas singulares y empleados de alto nivel", todos los cuales deben solicitar a Israel con antelación, directamente al ejército, en una embajada israelí en el extranjero o a través de la Autoridad Palestina, "permisos [para entrar en Cisjordania] con fines específicos."
Entre los extranjeros que pueden obtener un permiso de visitante a Cisjordania a su llegada figuran el cónyuge, hijo o familiar de primer grado de un palestino en Cisjordania, un empresario o inversor, un periodista acreditado por las autoridades israelíes o quienes presenten "circunstancias excepcionales" y con "circunstancias humanitarias especiales" que no hayan tenido complicaciones previas relacionadas con el visado.
Nacido en Europa a mediados de la década de 1990, de padre palestino de Cisjordania y madre europea, "Ayman" ha vivido en Cisjordania la mayor parte de su vida. Pidió que no se revelara su nombre real por temor a represalias. Su padre abandonó Cisjordania en la década de 1970 para evitar ser detenido por sus actividades políticas, y se vio obligado a dejar atrás sus documentos de identidad. Regresó en 1997, cuando Ayman era un niño pequeño, junto con otras personas a las que se permitió regresar tras los Acuerdos de Oslo, pero las autoridades israelíes no le devolvieron inmediatamente su documento de identidad. Todos los miembros de la familia de Ayman solicitaron documentos de identidad palestinos, pero sólo su padre recibió uno a principios de 2022, tras una solicitud de reunificación familiar presentada por el abuelo de Ayman en 2009.
Susan Power, irlandesa de 43 años, dirige la investigación y defensa jurídicas de al-Haq, una destacada organización palestina de derechos humanos. Power se incorporó a al-Haq, cuya sede está en Ramala (Cisjordania), en 2013. Con un doctorado centrado en el derecho de la ocupación, Power tiene una experiencia única muy adecuada para el trabajo de al-Haq, que durante más de 40 años se ha centrado en documentar los abusos contra los derechos humanos derivados de la prolongada ocupación israelí.
Las directrices limitan a tres meses los permisos de corta duración para visitantes obtenidos en el paso fronterizo de Allenby. Los permisos pueden renovarse "por razones excepcionales, por un máximo de 3 meses más". Cualquier prórroga adicional "requiere la aprobación del funcionario autorizado del COGAT por motivos especiales, que deben documentarse."
Los "permisos para fines específicos" obtenidos con antelación a la llegada duran hasta un año y las prórrogas tienen un límite de 27 meses, por lo que quien desee permanecer más tiempo deberá abandonar Cisjordania y volver a solicitarlo desde el extranjero. Las directrices limitan a los académicos y expertos extranjeros a un máximo de cinco años acumulativos en Cisjordania, restricción que no figuraba en las directrices anteriores. Quienes deseen permanecer más tiempo pueden solicitar entrar de nuevo tras nueve meses de ausencia, pero las directrices autorizan prórrogas adicionales de hasta cinco años más sólo "en casos excepcionales y por razones especiales".
Los palestinos de Cisjordania pueden solicitar a Israel, a través de un proceso separado de reunificación familiar a través de la Autoridad Palestina, que se expidan documentos de identidad palestinos para sus cónyuges y otros familiares en "circunstancias excepcionales", lo que les permitiría quedarse a largo plazo. Las autoridades israelíes tramitaron 35.000 solicitudes a finales de la década de 2000 y varios miles en 2021 y 2022 como gesto hacia la Autoridad Palestina, pero por lo demás han congelado el proceso.
Las directrices establecen un proceso para expedir permisos renovables de un año a los cónyuges extranjeros de palestinos que tengan pendiente una solicitud de reagrupación familiar que la Autoridad Palestina haya enviado a Israel. Sin embargo, las directrices establecen que no se aprobarán las solicitudes que sean incompatibles con la "política general del escalón político".
Las directrices facultan a las autoridades para revisar las cualificaciones académicas de los profesores o investigadores de las universidades palestinas, incluyendo si los que no tienen un doctorado tienen "conocimientos especiales", y qué profesiones son suficientemente "requeridas o necesarias" para justificar que se permita a los extranjeros trabajar en ellas.
Un administrador de la Universidad de Belén dijo que el 70% del profesorado de uno de los programas de la escuela procede del extranjero y a la administración le preocupa que la normativa dificulte aún más la contratación y el mantenimiento de los profesores. Un portavoz de la Universidad de Birzeit dijo que perdieron ocho miembros de la facultad entre 2017 y 2022 debido a las restricciones de entrada a Cisjordania, lo que, según ellos, les hizo perder una experiencia única y afectó la calidad de la educación que ofrece la escuela.
Un profesor, Roger Heacock, abandonó Cisjordania con su familia en 2018 después de 35 años, 33 de ellos enseñando historia europea en Birzeit cuando las autoridades israelíes no respondieron a tiempo a su solicitud de renovación de permiso, dejando atrás a los estudiantes graduados que supervisaba. Dijo que la experiencia "nos rompió el corazón. Aún no lo he superado".
Las directrices no se aplican a los extranjeros que deseen visitar el Jerusalén Este ocupado por Israel o los asentamientos israelíes en Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional humanitario. Para entrar en estas zonas deben obtener un visado de entrada israelí.
Las directrices tampoco se aplican a los nacionales, nacidos o "titulares de documentos" de Jordania, Egipto, Marruecos, Bahréin y Sudán del Sur, ni a los nacionales de países que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel. Estas personas deben solicitar la entrada en Israel a través de la Autoridad Palestina con arreglo a un "Procedimiento de expedición de permisos para visitas extranjeras a la Autoridad Palestina" independiente, que establece que los permisos sólo se expedirán en "casos excepcionales y humanitarios". Una abogada israelí, Leora Bechor, describió estos permisos como "casi imposibles" de obtener. No existe justificación aparente para dificultar especialmente la entrada en Cisjordania a los nacionales de Jordania, la mayoría de los cuales son palestinos, en comparación con los nacionales de otros países, señaló Human Rights Watch.
Casos individuales
"Ayman"
Sin un documento de identidad palestino, Ayman depende de los visados emitidos en su pasaporte europeo para tener estatus legal en Cisjordania, a pesar de que su familia ha vivido allí durante generaciones y él ha vivido allí la mayor parte de su vida. Afirmó que "Palestina para mí es mi hogar", ya que "mi infancia, escuelas, compañeros de clase, amigos, familia extensa, parientes y todos los recuerdos que tengo están todos aquí" y, sin embargo, "estoy en Palestina como turista, como ciudadano europeo".
De niño, dijo Ayman, recibió visados gracias al trabajo de su madre en un programa afiliado a una embajada extranjera. En 2015, sin embargo, dijo que las autoridades israelíes se negaron a renovar su visado, con el argumento de que él, como un joven de 20 años, ya no podía reclamar la dependencia de su madre. Poco después, se marchó a estudiar al extranjero durante un semestre. Regresó en diciembre de 2015 y dijo que logró obtener varios visados de corta duración que le permitieron permanecer en Cisjordania en 2016 y gran parte de 2017 para completar sus estudios universitarios.
Desde septiembre de 2017, cursa estudios de posgrado en Europa y ha visitado Cisjordania tres veces como turista. Dijo que, principalmente como resultado de una política israelí para restringir la entrada a Cisjordania de extranjeros entre marzo de 2020 y febrero de 2022, a la luz de la pandemia de Covid-19, no pudo visitar a su familia durante dos años.
Ayman expresó su preocupación por el hecho de que las nuevas directrices de entrada le hacen efectivamente imposible vivir en Cisjordania e incluso complican su capacidad para visitarla, entre otras cosas al limitarle a visitas de tres meses salvo circunstancias excepcionales e imponerle periodos obligatorios durante los cuales debe salir y permanecer fuera de Cisjordania. Aunque las directrices permiten la entrada a quienes, como Ayman, visitan a familiares de primer grado, le preocupa lo que pueda ocurrir cuando fallezca su padre, el único miembro de su familia inmediata con documento de identidad palestino. "Es posible que pierda el derecho a visitarlo, puesto que ya no tendré un familiar de primer grado, y tampoco podré visitarlo como turista según estas normas", dijo Ayman.
"Margaret"
"Margaret", británica de 46 años que pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, vive en Ramala con su marido palestino, que tiene un documento de identidad cisjordano, y sus dos hijos, de 9 y 6 años. Dijo que vive en Cisjordania desde 1998 y que se casó con su marido en 2005. Poco después, según Margaret, las autoridades israelíes le denegaron la entrada, como parte de una política general de la época que, según el periódico israelí Haaretz, afectaba a miles de cónyuges extranjeros.
Margaret consiguió regresar nueve meses después y desde entonces ha permanecido casi siempre en Cisjordania. Dice que en 2006 solicitó un documento de identidad palestino en el marco del proceso de reagrupación familiar, pero no lo ha recibido. En su lugar, ha permanecido con visados de corta duración, originalmente de un año, pero más recientemente de seis meses, teniendo que salir periódicamente de Cisjordania para mantener su estatus. El trabajo no está permitido con estos visados, pero Margaret trabajó a pesar de ello, sin revelarlo nunca a las autoridades israelíes.
Cuando las autoridades israelíes informaron a Margaret en agosto de 2021 de que tenía que salir antes de enero de 2022 y volver a Cisjordania para mantener su estatus, le preocupó que los procedimientos adicionales impuestos por las autoridades israelíes en medio de la pandemia del Covid-19 pudieran bloquear su capacidad de regresar con su familia. En concreto, las autoridades israelíes exigían a los extranjeros que entraban en Cisjordania que coordinaran sus planes con ellas, un proceso que, según oyó Margaret, a otros les llevaba tres o cuatro meses. Margaret dijo que no podía permitirse estar tanto tiempo lejos de sus hijos durante el curso escolar.
A finales de 2021, la Autoridad Palestina anunció que las autoridades israelíes habían dado luz verde a la expedición de miles de documentos de identidad para personas atrapadas en situaciones como la suya. Con la esperanza de estar entre los que recibieran un documento de identidad o de poder resolver su situación con la ayuda de un abogado, tomó la difícil decisión de prolongar su visado.
Margaret nunca recibió un documento de identidad y, por tanto, carece de estatus legal. Como consecuencia, afirma que, desde enero de 2022, no "sale de Ramala. No puedo correr ningún riesgo".
"Susan Power"
Power dijo que ha dependido de visados de visitante para entrar en Cisjordania, que ha podido prorrogar. Dijo que tuvo que mostrar un contrato de trabajo para obtener el visado, a pesar de que éste no le permite trabajar. Describió el oneroso proceso por el que tiene que pasar regularmente para entrar, que incluye a veces tener que depositar fianzas de hasta 30.000 NIS (8.467 dólares estadounidenses) para garantizar que saldrá cuando expire el visado. Dice que cada vez le preocupa que no se le permita la entrada y, cuando está en Cisjordania con un visado activo, por lo general se niega a viajar para visitar a familiares, asistir a reuniones o para cualquier otro fin que no sea una emergencia.
Omar Shakir
Según Power, las nuevas directrices dificultarán aún más las cosas, ya que le exigirán coordinar sus planes y obtener un visado con antelación en la embajada israelí de su país de origen. Le preocupa que no se le conceda el visado en este proceso, dada la falta de disposiciones explícitas sobre el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en las directrices y el límite de cinco años para los extranjeros que viven en Cisjordania. Las autoridades israelíes también han ilegalizado Al Haq, declarándola en 2021 "asociación ilícita" en virtud de la legislación militar aplicable en Cisjordania y "organización terrorista" en virtud de la legislación israelí.
Estas restricciones dificultan a las organizaciones palestinas de la sociedad civil atraer y contratar a expertos extranjeros como Power. Incluso si los expertos pueden entrar en Cisjordania, "una organización no puede funcionar u operar sin saber si sus trabajadores podrán volver" cada vez que se marchan, dijo Power.
Power abandonó Cisjordania en diciembre, antes de que expirara su visado a finales de año. Dice que teme que no se le permita regresar.
"Laura"
"Laura", una ciudadana estadounidense de 57 años que pidió que no se revelara su nombre por temor a represalias, visitó Cisjordania por primera vez en 2012. Es psicóloga clínica y dijo que durante dos años la visitaba periódicamente para asistir a conferencias y trabajar como consultora a corto plazo, obteniendo visados de visitante a su llegada al aeropuerto Ben Gurion. En el verano de 2014, decidió trasladarse con su hijo de 10 años a Cisjordania para trabajar a tiempo completo con niños en situación de riesgo y dar clases en una universidad. Obtuvo un visado, basado en su contrato con la universidad, aunque el visado le prohíbe formalmente trabajar, y vivió en Cisjordania, renovando el visado anualmente, durante los cuatro años siguientes.
Afirmó que mantener su estatus le había resultado estresante, incluso tener que esperar durante meses por sus documentos o los de su hijo. "La incertidumbre, nada está claro, la burocracia y la sensación de que no estás seguro durante el tiempo de espera, después de hacer todo el papeleo, pasar por todo", dijo.
En otoño de 2017, Laura solicitó prorrogar su visado, pero las autoridades israelíes no respondieron durante meses y, en abril de 2018, le devolvieron el pasaporte sin una decisión ni un nuevo visado. Sin estatus legal, en mayo de 2018, cuando terminó el curso escolar de su hijo, decidió abandonar Cisjordania. Asegura que las fuerzas israelíes en el paso fronterizo de Allenby le dijeron que no podía regresar y la reprendieron públicamente por haber sobrepasado el plazo de su visado. "Me dijeron que había arruinado las posibilidades de mi hijo de volver aquí y arruinado su vida", declaró.
Regresó a Estados Unidos y contrató a un abogado israelí para que la ayudara a obtener permiso para volver a vivir en Cisjordania. Afirmó que "decidí luchar por mi visado porque Cisjordania es nuestro hogar y nuestra vida. Es donde hemos vivido durante años, donde mi hijo creció e hizo amigos. Estuvo llorando todo el tiempo cuando nos dijeron que no podríamos volver. Estuvo allí desde que tenía 10 años. Dejé atrás mi carrera y todas nuestras pertenencias allí en nuestra casa, su PlayStation, su bicicleta y nuestra ropa".
Gracias a las gestiones de la abogada, Laura y su hijo consiguieron regresar a finales de 2018, tras pagar una fianza que solo se devolvía cuando ella abandonaba Cisjordania, y dar clases durante unos meses. Pero, ante la continua imposibilidad de prorrogar sus visados y los crecientes costes, incluidos los de los abogados, Laura sintió que no tenía más remedio que venderlo todo y volver a Estados Unidos en diciembre de 2019. Desde entonces solo ha estado de visita una vez, con un visado de 30 días que las autoridades israelíes le concedieron con la condición de que depositara una fianza de 30.000 NIS (8.467 dólares) que también se devolvería solo cuando abandonara Cisjordania.
Dado que las nuevas directrices prohíben a los extranjeros permanecer en Cisjordania más de cinco años salvo en circunstancias excepcionales, la periodista afirma que las directrices le impiden permanecer más tiempo en Cisjordania. Sigue enseñando virtualmente en la universidad, ya que, según ella, nadie más tiene la formación necesaria para impartir sus clases.
En julio de 2021, Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, solicitó al ejército israelí un permiso para entrar en Cisjordania durante una semana con el fin de reunirse allí con el personal de Human Rights Watch, informar a diplomáticos de la Unión Europea en respuesta a su invitación y llevar a cabo investigaciones, entre otras cosas sobre los abusos de la Autoridad Palestina. Shakir pretendía llevar a cabo un trabajo en persona que no había podido realizar desde que las autoridades israelíes lo deportaron de Israel en noviembre de 2019, afirmando que su defensa violaba una ley de 2017 que prohíbe la entrada a Israel a las personas que defienden el boicot a Israel o a sus asentamientos en la Cisjordania ocupada. Ni Human Rights Watch ni Shakir como su representante han pedido nunca el boicot a Israel.
Aunque la negativa de Israel a permitir la visita de Shakir no causó tantas dificultades como la denegación de permisos ampliados a un familiar palestino o a un profesor extranjero de larga duración, ilustra cómo Israel abusa de su autoridad para controlar la entrada de extranjeros a un territorio en el que no es soberano.
Tras meses sin recibir una respuesta afirmativa o negativa, Shakir y Human Rights Watch presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén contra las Fuerzas de Defensa de Israel en abril de 2022. En julio de 2022, el ejército denegó la solicitud, citando la "amplia discreción" de la Unidad de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios con respecto a la entrada en Cisjordania de ciudadanos extranjeros y una estipulación en las directrices de entrada en Cisjordania de que "todas las disposiciones de las mismas están sujetas a la política del gobierno."
La carta del ejército a Shakir señala que "la política del gobierno en este asunto (que se ha afianzado en la legislación primaria de Israel) es prohibir la concesión de cualquier tipo de visado o permiso de estancia a las personas que, a sabiendas, hagan un llamamiento público a boicotear el Estado de Israel o cualquiera de sus instituciones o cualquier zona bajo su control" y cita la preocupación de que Shakir utilice su visita "para promover el boicot a Israel y a las entidades que operan en Israel y en la zona de Judea y Samaria". La decisión, en efecto, amplía la prohibición de entrada a Israel por presunto apoyo a boicots a la entrada a Cisjordania ocupada.
En agosto, Shakir y Human Rights Watch presentaron una petición modificada en la que alegaban que el ejército israelí se había extralimitado en el ejercicio de su autoridad en virtud del derecho internacional humanitario, que limita las acciones de los ocupantes al mantenimiento de la seguridad, el orden público o el interés superior de la población ocupada. Citando la menor discrecionalidad que tiene un ejército de ocupación sobre la entrada en territorio ocupado que la que tiene un país sobre su territorio soberano, la petición afirmaba que el derecho internacional humanitario no permite al ejército israelí denegar la entrada en Cisjordania por un supuesto apoyo a los boicots. Afirmaba que negar la entrada a los defensores de los derechos humanos menoscaba el interés público de los residentes en Cisjordania, que deben tener derecho a contratar a representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos.
En noviembre, el Tribunal de Distrito de Jerusalén confirmó la denegación del gobierno, dictaminando que la denegación de entrada basada en el supuesto apoyo al boicot entra dentro de la amplia autoridad que tiene el ejército para mantener "el orden público y la seguridad" de los residentes en el territorio ocupado. La sentencia cita el supuesto perjuicio que las actividades de boicot suponen para los colonos israelíes, a los que considera parte de la población local a pesar de la prohibición del derecho internacional humanitario de trasladar a la propia población del ocupante a territorio ocupado, y para los jornaleros palestinos que trabajan en los asentamientos. Señala además las disposiciones de las directrices de entrada en Cisjordania que permiten al ejército tomar decisiones basadas en consideraciones políticas y de otro tipo y que niegan cualquier "derecho adquirido" a los extranjeros a entrar en Cisjordania, que el ejército ha declarado zona militar cerrada en su totalidad.
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La Sra. Ula Baqa con su marido y sus hijos. Foto de Mohammed Zaanoun
"Quiero volver a Cisjordania", continuó Baqa en nuestra conversación, "pero quiero ir con mis hijos, de forma ordenada. Cuando fui a las oficinas de la Comisión Civil en Gaza, para poder presentar a las autoridades israelíes mi solicitud para visitar a mi hermano en Cisjordania, cuando aún estaba muy enfermo, me dijeron que después de mi visita debía volver a la oficina y luego presentar mi solicitud para regresar a Cisjordania. Eso hice, pero ahora, como firmé ese formulario, me dicen que Israel denegó mi solicitud".
Le dije que Gisha intentaría ayudarla. Me resultó difícil explicarle que, si lo conseguíamos, las políticas de Israel implicarían que su marido, que figura en el registro de población como residente en Gaza, sólo podría visitarla a ella y a sus hijos en circunstancias que se ajustaran a los estrictos criterios: si uno de ellos falleciera, estuviera muy enfermo o se casara. Incluso en casos así, es probable que Israel denegara su petición de abandonar la Franja, porque desde la perspectiva israelí está marcado como alguien que puede "asentarse" en Cisjordania, y por tanto es peligroso.
A principios de noviembre solicitamos que se permitiera a Baqa trasladarse con sus hijos a Cisjordania. La decisión de las autoridades israelíes llegará en marzo. Todo lo que Baqa puede hacer ahora es esperar y tener esperanza.
Suspiró en voz baja. "Lo comprendo. Es una decisión muy difícil. Nuestro hijo se encuentra en una situación especial que no puede satisfacer todas sus necesidades. Su sistema inmunitario es débil, tiene problemas de salud y problemas sociales que empeoran su salud mental, y su sufrimiento afecta a toda la familia. En Cisjordania hay una infraestructura que le irá mejor. Quiero que aprenda una profesión allí. Nuestra situación económica no es buena, la vida es muy cara aquí, no podemos pagar los préstamos de los que vivimos".
Sereen Ali es coordinadora de admisión en el Departamento Legal de Gisha. Este artículo se publicó originalmente en hebreo en Local Call (11 de enero de 2023) y en inglés en +972 (19 de enero de 2023). Ampliación de este artículo en https://gisha.org/en/one-
Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados, https://
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