Empresas españolas al servicio de la ocupación israelí
- SANTIAGO GONZÁLEZ VALLEJO, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
El 12 de febrero de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo pública la Base de Datos de aquellas empresas que actúan y se benefician económicamente de los asentamientos de los Territorios Ocupados palestinos, A/HRC/43/71.
El estudio finalizó en julio de 2019. Había comenzado años antes, recopilando información y poniéndose en contacto con las empresas implicadas. Algunas se negaron a reconocer su participación; hubo otras que la admitieron, pero alegaron que había sido puntual su actividad y que no reiterarían sus actividades de negocios en los asentamientos. Por último, hubo 112 empresas, las cuales, a pesar de las advertencias de que sus operaciones violaban el Derecho internacional, la IV Convención de Ginebra y diferentes resoluciones de las Naciones Unidas, como la 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, persistieron en su actividad, pensando que les ampara la misma impunidad con la que actúa el régimen de apartheid israelí.
Entre esas empresas se encuentra la española eDreams, una compañía que opera como agencia de viajes en línea para reservas de alojamiento y otros productos de viaje.
Mediante las marcas de la compañía, eDreams, Opodo y Travellink, la empresa promueve y facilita el lucro derivado de propiedades ubicadas en asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, en Jerusalén Este y el Golán sirio. Esos destinos pueden encontrarse en su web, sin que se informe a los consumidores sobre la situación ilegal de los asentamientos según el Derecho internacional y su ubicación en tierras ocupadas, expropiadas y de las que, en muchos casos, se ha expulsado a los habitantes originarios, palestinos o sirios.
No se trata sólo de una cuestión de información, es que se promueve la usurpación y se recompensa la ocupación y la ilegalidad. Pues bien, ni siquiera eso lo señala su auditor, Ernst & Young, el mismo que ha auditado a la empresa CAF, la cual construye líneas de tranvía entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias ilegales próximas en los Territorios Ocupados palestinos. Por cierto, CAF y eDreams tienen ambas como consejera a la señora Carmen Alló, que se ocupa (?) de cuestiones de auditoria y sostenibilidad.
¿Y cómo se puede revertir la situación? ¿Qué actuaciones pueden llevar a cabo los poderes públicos para hacer sentir su peso ante las violaciones del Derecho internacional de ciertas empresas delincuenciales?
El Derecho internacional ha actuado contra empresas y directivos empresariales desde los juicios de Nuremberg. También, en casos concretos, tras las dictaduras argentinas y brasileñas, cuando se demostró la participación de empresas y directivos de Ford y Volskwagen en crímenes de lesa humanidad y en el trabajo esclavo de presos políticos. Hubo sanciones económicas para el régimen del apartheid sudafricano. En otros planos, como el ambiental, hay avances, aunque haya empresas como la sueca Bolingen o Chevron, responsable del vertido de petróleo, que pretenden desligarse de sus errores. También los sindicatos han dado a su vez pequeños pasos mediante el diálogo social, logrando acuerdos con determinadas empresas relativos a la seguridad en el trabajo. Pero nos queda por saber si hay voluntad política para enfrentarse a las empresas que actúan en contra del Derecho internacional y, más en concreto, de la IV Convención de Ginebra.
Se comprueba que es necesario un tratado internacional vinculante. La diligencia debida podría ser relevante si existiera una legislación obligatoria y superase lo que se conoce actualmente como un mecanismo administrativo de estudio de riesgos por la actuación de las empresas, y asumiese una capacidad de enjuiciamiento y sanción.
Ahora mismo, el gobierno sólo tiene buenas palabras, planes de derechos humanos, y recomendaciones de ciertos organismos. No ha desarrollado la ley de contratos públicos para evitar que esas empresas liciten o para que tengan penalizaciones disuasorias. Y, además, esas empresas, como eDreams, no así CAF, pueden operar en sectores sin relación con el sector público.
Pero sí que se pueden hacer otras cosas. Así, por ejemplo, ese proyecto de ley o directiva europea sobre la diligencia debida, con los requisitos antes enunciados, debe de acordarse lo antes posible. El tratado de empresas y derechos humanos que se discute en las Naciones Unidas, en el que la UE arrastra los pies, frente a lo vertiginoso de las sanciones a empresas rusas, ha de aprobarse y ratificarse. Y, en todo caso, se debe sancionar ya con los instrumentos existentes, la norma europea Torricelli, a las empresas que se benefician de la ocupación israelí, para evitar el doble rasero.
Las empresas españolas conocidas que actúan en los Territorios Ocupados son CAF, Edreams, GMV, INECO, OSSA, SEMI y TYPSA.
La cuestión es: ¿el gobierno español tampoco oye, no ve, sólo habla y práctica la doble medida en lo que se refiere al Derecho internacional en el caso palestino?
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