La búsqueda de soluciones frente a la empresa colonizadora CAF
Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
Naiz.eus, 15 de abril de 2026
Es este un momento de no retorno.
El consejo de administración de CAF y sus accionistas de cabecera (Fundación BBK, Kutxabank, Cartera Social, Indumenta Pueri /Mayoral vestidos infantiles, Fundación Daniel Bravo Andreu e Instituto Vasco de Finanzas) persisten en seguir siendo una empresa colonizadora al servicio de la potencia ocupante israelí.
Los trabajadores de CAF, antiguos accionistas, como Norges Bank, la Autoridad Palestina, organizaciones palestinas –que intervinieron en su Junta de Accionistas por delegación–, movimientos sociales como BDZ, Amnistía Internacional y hasta la Administración española –que no la vasca– han insistido hasta la saciedad que CAF no debiera haber concursado, junto con la empresa israelí Shapir, en un proyecto de ampliación y gestión de una línea, y la construcción de otra de tren ligero, que abarcan territorio ocupado palestino. Esas líneas de tranvía (y otra en la que concursó, la Azul, pero sin lograr la adjudicación), planificadas por la potencia ocupante, Israel, sirven para ampliar la colonización israelí en territorio ocupado, consolidar las expropiaciones a los palestinos, la pérdida de sus hogares y propiedades, y los traslados de población de la potencia ocupante a territorio ocupado.
Antes del proyecto, la dirección de CAF sabía que sus acciones eran contrarias a la IV Convención de Ginebra y a resoluciones de las Naciones Unidas, incluyendo las emitidas por el Consejo de Seguridad, más los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. Se amparaban en la falta de sanciones a las empresas colonizadoras y argumentaban que todas las normas enunciadas afectaban a los Estados y no a los agentes que hacen posible la colonización y el apartheid israelí.
Vestían su hipocresía, cinismo y falsedad, mintiendo primero sobre dónde se realizaba su proyecto, «en la ciudad israelí de Jerusalén», consentido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, obviando que, además de por Jerusalén Este, las líneas transcurrirían por los cerca de 70 km² de Cisjordania anexionados por Israel al Gran Jerusalén.
Esas falsedades han ido arropadas por informes ad hoc de «expertos», auditores y empresas especializadas en lavar atropellos empresariales. Ni siquiera ha sabido CAF explicar la elección de su socio, Shapir, que cuenta con canteras y participa en la construcción de asentamientos (ilegales) e infraestructuras militares en territorio ocupado. Empresa que ya entró en la Base de Datos de las Naciones Unidas como colonizadora, ¡antes de tender el primer raíl o proceder a la exportación de tranvías!
CAF ya forma parte de la Base de Datos de las Naciones Unidas por su actividad colonial. Algo que sus «expertos» y sus lobbies creían que no iba a pasar, con su reconstrucción de una «diligencia debida reforzada». En sus informes ya han pasado de decir «ciudad israelí» a declarar que su actividad (líneas, depósitos, gestión) transcurre «parcialmente en territorios objeto de controversia política», utilizando la terminología de la potencia ocupante. Se trata de una empresa que se autocalifica de «neutral y técnica», cuando sabe que Israel no reconoce la ocupación (todo es Israel, no existe, ni se reconoce Palestina) y que margina a cualquier operador privado que exprese la existencia de ocupación.
El consejo de administración de CAF, Arizkorreta, Marínez Ojinaga, Carmen Alló, etc., rechaza las implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto de colonización que realiza y se lucra a las órdenes de las autoridades israelíes que son las que planifican, ordenan, apresan y matan a quién se oponga. Desde los juicios de Núremberg se rechaza la excusa de obediencia debida (a los contratos firmados). Desde los movimientos sociales hemos manifestado en público que, si CAF abandonase el proyecto e Israel, potencia ocupante y autoridad de la colonización, la demandara ante un tribunal de inversiones, estaríamos dispuestos a apoyarles, dado que la ampliación de la colonización choca con la legalidad internacional.
Mientras tanto, continúan la ampliación de las colonias israelíes y la expulsión de palestinos. El penúltimo ejemplo es la destrucción de los cuarteles de la Unrwa en Zalman Sharagi Street 21, Sheikh Jarrah, Jerusalén Este ampliado, para construir 1.440 viviendas, eliminando servicios y a funcionarios a la población palestina, ante la mirada «equilibrada» de los rectores de CAF en su «protección de los derechos humanos y la necesidad de ofrecer a la población [¿israelí?] una infraestructura para todas las comunidades [¿que Israel permita?] sin discriminación».
En la Guía de las Naciones Unidas de Diligencia Debida en Contextos Afectados por Conflictos se explicitan aspectos de sentido común: el ‘conflicto siempre generará consecuencias negativas para los derechos humanos; las actividades comerciales en un área afectada por un conflicto nunca serán "neutrales" y sin impacto. Incluso si una empresa no toma partido en el conflicto y se esfuerza por ser imparcial, sus actividades necesariamente influirán en la dinámica del conflicto [aumentando y profundizando la ocupación y la colonización]; una simple adquisición de tierras puede alimentar el conflicto cuando se basa en el despojo previo o el desalojo forzoso de las comunidades; las empresas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario además de los derechos humanos acordados internacionalmente; las empresas deben identificar y evaluar no solo las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos, sino también las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los conflictos que la empresa puede causar o contribuir a través de sus propias… Y ofreciendo siempre como posibilidad el abandonar las actividades.
La permisividad social y política ante los atropellos israelíes, ya calificados de genocidio, ha ido cambiando por la acumulación de crímenes derivados de la propia soberbia sionista.
En España y otros países ya hay procedimientos judiciales contra empresas colonizadoras o que facilitan el genocidio, contra la entidad rectora del fútbol internacional, la FIFA, por ejemplo, por consentir (y apoyar) a equipos de colonos que legitiman la ocupación israelí. Por el contrario, hay gobiernos locales como el Ayuntamiento de Barcelona que disponen de mecanismos para excluir a empresas colonizadoras como CAF, algo pendiente en el resto de las administraciones, incluyendo a los gobiernos autonómicos y al gobierno español. Los movimientos sociales y algunos gobiernos coherentes, como sucedió durante los años de la Sudáfrica del apartheid, en muchas partes del mundo, vamos a seguir construyendo mecanismos, campañas y normas para señalar y sancionar a las empresas que incurren en actividades criminales.
El consejo de administración de CAF y sus accionistas de cabecera (Fundación BBK, Kutxabank, Cartera Social, Indumenta Pueri /Mayoral vestidos infantiles, Fundación Daniel Bravo Andreu e Instituto Vasco de Finanzas) persisten en seguir siendo una empresa colonizadora al servicio de la potencia ocupante israelí.
Los trabajadores de CAF, antiguos accionistas, como Norges Bank, la Autoridad Palestina, organizaciones palestinas –que intervinieron en su Junta de Accionistas por delegación–, movimientos sociales como BDZ, Amnistía Internacional y hasta la Administración española –que no la vasca– han insistido hasta la saciedad que CAF no debiera haber concursado, junto con la empresa israelí Shapir, en un proyecto de ampliación y gestión de una línea, y la construcción de otra de tren ligero, que abarcan territorio ocupado palestino. Esas líneas de tranvía (y otra en la que concursó, la Azul, pero sin lograr la adjudicación), planificadas por la potencia ocupante, Israel, sirven para ampliar la colonización israelí en territorio ocupado, consolidar las expropiaciones a los palestinos, la pérdida de sus hogares y propiedades, y los traslados de población de la potencia ocupante a territorio ocupado.
Antes del proyecto, la dirección de CAF sabía que sus acciones eran contrarias a la IV Convención de Ginebra y a resoluciones de las Naciones Unidas, incluyendo las emitidas por el Consejo de Seguridad, más los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. Se amparaban en la falta de sanciones a las empresas colonizadoras y argumentaban que todas las normas enunciadas afectaban a los Estados y no a los agentes que hacen posible la colonización y el apartheid israelí.
Vestían su hipocresía, cinismo y falsedad, mintiendo primero sobre dónde se realizaba su proyecto, «en la ciudad israelí de Jerusalén», consentido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, obviando que, además de por Jerusalén Este, las líneas transcurrirían por los cerca de 70 km² de Cisjordania anexionados por Israel al Gran Jerusalén.
Esas falsedades han ido arropadas por informes ad hoc de «expertos», auditores y empresas especializadas en lavar atropellos empresariales. Ni siquiera ha sabido CAF explicar la elección de su socio, Shapir, que cuenta con canteras y participa en la construcción de asentamientos (ilegales) e infraestructuras militares en territorio ocupado. Empresa que ya entró en la Base de Datos de las Naciones Unidas como colonizadora, ¡antes de tender el primer raíl o proceder a la exportación de tranvías!
CAF ya forma parte de la Base de Datos de las Naciones Unidas por su actividad colonial. Algo que sus «expertos» y sus lobbies creían que no iba a pasar, con su reconstrucción de una «diligencia debida reforzada». En sus informes ya han pasado de decir «ciudad israelí» a declarar que su actividad (líneas, depósitos, gestión) transcurre «parcialmente en territorios objeto de controversia política», utilizando la terminología de la potencia ocupante. Se trata de una empresa que se autocalifica de «neutral y técnica», cuando sabe que Israel no reconoce la ocupación (todo es Israel, no existe, ni se reconoce Palestina) y que margina a cualquier operador privado que exprese la existencia de ocupación.
El consejo de administración de CAF, Arizkorreta, Marínez Ojinaga, Carmen Alló, etc., rechaza las implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto de colonización que realiza y se lucra a las órdenes de las autoridades israelíes que son las que planifican, ordenan, apresan y matan a quién se oponga. Desde los juicios de Núremberg se rechaza la excusa de obediencia debida (a los contratos firmados). Desde los movimientos sociales hemos manifestado en público que, si CAF abandonase el proyecto e Israel, potencia ocupante y autoridad de la colonización, la demandara ante un tribunal de inversiones, estaríamos dispuestos a apoyarles, dado que la ampliación de la colonización choca con la legalidad internacional.
Mientras tanto, continúan la ampliación de las colonias israelíes y la expulsión de palestinos. El penúltimo ejemplo es la destrucción de los cuarteles de la Unrwa en Zalman Sharagi Street 21, Sheikh Jarrah, Jerusalén Este ampliado, para construir 1.440 viviendas, eliminando servicios y a funcionarios a la población palestina, ante la mirada «equilibrada» de los rectores de CAF en su «protección de los derechos humanos y la necesidad de ofrecer a la población [¿israelí?] una infraestructura para todas las comunidades [¿que Israel permita?] sin discriminación».
En la Guía de las Naciones Unidas de Diligencia Debida en Contextos Afectados por Conflictos se explicitan aspectos de sentido común: el ‘conflicto siempre generará consecuencias negativas para los derechos humanos; las actividades comerciales en un área afectada por un conflicto nunca serán "neutrales" y sin impacto. Incluso si una empresa no toma partido en el conflicto y se esfuerza por ser imparcial, sus actividades necesariamente influirán en la dinámica del conflicto [aumentando y profundizando la ocupación y la colonización]; una simple adquisición de tierras puede alimentar el conflicto cuando se basa en el despojo previo o el desalojo forzoso de las comunidades; las empresas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario además de los derechos humanos acordados internacionalmente; las empresas deben identificar y evaluar no solo las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos, sino también las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los conflictos que la empresa puede causar o contribuir a través de sus propias… Y ofreciendo siempre como posibilidad el abandonar las actividades.
La permisividad social y política ante los atropellos israelíes, ya calificados de genocidio, ha ido cambiando por la acumulación de crímenes derivados de la propia soberbia sionista.
En España y otros países ya hay procedimientos judiciales contra empresas colonizadoras o que facilitan el genocidio, contra la entidad rectora del fútbol internacional, la FIFA, por ejemplo, por consentir (y apoyar) a equipos de colonos que legitiman la ocupación israelí. Por el contrario, hay gobiernos locales como el Ayuntamiento de Barcelona que disponen de mecanismos para excluir a empresas colonizadoras como CAF, algo pendiente en el resto de las administraciones, incluyendo a los gobiernos autonómicos y al gobierno español. Los movimientos sociales y algunos gobiernos coherentes, como sucedió durante los años de la Sudáfrica del apartheid, en muchas partes del mundo, vamos a seguir construyendo mecanismos, campañas y normas para señalar y sancionar a las empresas que incurren en actividades criminales.
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