Israel pedirá al Congreso de EE UU que interrumpa la ayuda financiera a los palestinos en caso de que estos acudan a la Corte Penal Internacional (CPI) para demandar a militares o gobernantes israelíes, según una destacada fuente gubernamental citada hoy por el diario Haaretz.
La fuente, que habló en condiciones de anonimato, aseguró que el Gobierno de Benjamín Netanyahu contactará próximamente con congresistas proisraelíes para instarles a que se cumpla una normativa ya aprobada en EE UU que establece el bloqueo de la ayuda a la Autoridad Palestina (AP) en esa precisa circunstancia. EE UU, que concede una ayuda oficial a los palestinos de alrededor de 400 millones de dólares al año (unos 330 millones de euros), aprobó la legislación el mes pasado, según Haaretz.
El viernes, un funcionario del Departamento de Estado de EE UU advirtió sobre posibles consecuencias si los palestinos continúan el proceso para ingresar en la CPI, que el presidente palestino, Mahmud Abbas, inició la semana pasada con la firma de los documentos para pedir la adhesión al respectivo tratado. Ello puede abrir el camino a la presentación por los palestinos de incontables denuncias contra gobernantes y altos mandos israelíes por violación de los derechos humanos y crímenes de guerra en los territorios ocupados.
En respuesta a esa petición, Israel anunció el domingo la congelación de las transferencias mensuales del dinero que este país recauda para la AP en impuestos y tasas de aduanas, en este momento de unos 500 millones de shekels (alrededor de 106 millones de euros).
El diario israelí indica que Netanyahu espera obtener el respaldo de la nueva mayoría republicana -salida de los últimos comicios de noviembre- tanto en el Congreso como en el Senado de EEUU para que la ayuda de Washington quede bloqueada. Según el diario, tras el reajuste en ambas cámaras numerosos puestos claves han quedado en manos de políticos proisraelíes y la legislación pertinente está redactada de forma muy rígida para impedir cualquier tipo de intervención por parte del presidente de EEUU, Barack Obama.
La Casa Blanca ve la suspensión de la ayuda con preocupación porque pondría en dificultades a la ANP a la hora de pagar los salarios de decenas de miles de funcionarios.
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