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Negocios y principios en Israel
Editorial de El Periódico de España,
Las multinacionales tienen la responsabilidad social de respetar las resoluciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos
El Punto Nacional de Contacto (PNC), un organismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas de la OCDE sobre responsabilidad social de las multinacionales, ha llamado la atención a dos grandes empresas españolas que están construyendo un tranvía en Israel. La infraestructura conectará territorio israelí con colonias ilegales asentadas en territorio palestino y cuyo presupuesto es de unos 1.800 millones de euros. En su advertencia, el PNC ha dado un año de plazo a las compañías GMV y CAF para que presenten el informe de un "tercero independiente" sobre el impacto de esta construcción en la minoría árabe y sus implicaciones en materia de derechos humanos.
Tal actuación ha sido impulsada por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, una asociación creada en 1986 que ha recordado que este proyecto violenta la resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que la normalización de la ocupación para facilitar la colonización "está prohibida por la IV Convención de Ginebra y diversas resoluciones de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad como la 2334 (2016)".
El PNC reprende con dureza a las compañías españolas, cuyo socio local israelí, Shapir, ha sido excluido por el Fondo Noruego de Inversiones por su participación en la ocupación, motivo por el que ha sido incluido en la base de datos correspondiente de Naciones Unidas. El asunto tiene precedentes, ya que en 2014 el Ministerio de Industria español informaba a nuestras empresas de la inconveniencia de operar o prestar servicios en los territorios ocupados porque se violentaba la posición de la Unión Europea que han acatado países como Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia.
Como es conocido, la comunidad internacional, y particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, no reconocen ningún cambio en las fronteras anteriores a 1967, pese a que Israel sigue siendo considerado como una democracia avanzada, si bien tiene pendiente conseguir una fórmula de paz con el pueblo palestino. La OCDE y la ONU han intentado históricamente impregnar de criterios éticos los intercambios comerciales y las cooperaciones políticas interestatales.
Sin embargo, es muy difícil, en un mundo complejo e hiperconectado, frenar los tráficos inmorales -de armas, de personas, de estupefacientes- o procedentes del dumping social. Aunque abunden las posiciones hipócritas, las grandes democracias deben utilizar las herramientas económicas y comerciales de que disponen para fomentar la vigencia de los grandes valores y principios que rigen las democracias.
En el caso de Israel y el conflicto enquistado desde hace más de medio siglo en región de Oriente Próximo, los países democráticos tienen la obligación de encauzar el destino de aquella tierra milenaria y singular recordando en todo momento que los derechos humanos no pueden estar ausentes de un proyecto de futuro que debe cobijar a los dos pueblos -el israelí y el palestino- con culturas distintas, que con parecidas razones pueden alardear de ser oriundos de aquella ribera del Mediterráneo.
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Mediación por un contrato de CAF-GMV en territorios palestinos ocupados
París, 15 feb (EFE).- Un contrato conseguido en 2019 en Israel por CAF, que lidera un consorcio que incluye a otra empresa española, GMV, es objeto de un "proceso de mediación" establecido por la OCDE debido a que el proyecto de tren ligero en las cercanías de Jerusalén pasa por colonias ocupadas en la Cisjordania palestina.
Fuentes oficiales españolas en París confirmaron este miércoles a EFE que el llamado Punto Nacional de Contacto (PNC) tiene abierto un procedimiento que "está en una fase de seguimiento", una vez que El Periódico de España ha revelado los nombres de CAF y de GMV.
El PNC, que es un organismo público establecido para el cumplimiento de los principios directores de la OCDE para las multinacionales, en el que están implicados diferentes Ministerios, no ha querido dar los nombres de esas empresas porque había decidido llevar a cabo el procedimiento con confidencialidad, a petición de las compañías.
Fuentes oficiales españolas en París confirmaron este miércoles a EFE que el llamado Punto Nacional de Contacto (PNC) tiene abierto un procedimiento que "está en una fase de seguimiento", una vez que El Periódico de España ha revelado los nombres de CAF y de GMV.
El PNC, que es un organismo público establecido para el cumplimiento de los principios directores de la OCDE para las multinacionales, en el que están implicados diferentes Ministerios, no ha querido dar los nombres de esas empresas porque había decidido llevar a cabo el procedimiento con confidencialidad, a petición de las compañías.
Las fuentes señalaron que se establecieron unas recomendaciones en forma de una "diligencia debida" para que las empresas prevean en su actuación cuáles son los riesgos potenciales que afrontan.
Aunque no dieron más precisiones sobre esos riesgos potenciales, por la naturaleza del contrato se entiende que se refieren en particular al hecho de que el contrato contempla la construcción de estaciones para el tren ligero en colonias establecidas en territorios palestinos ocupados por Israel.
La acción del PNC no prevé ninguna evaluación de las medidas que les tienen que comunicar las compañías (CAF tiene de plazo hasta mayo para enviar su informe y GMV hasta enero de 2024) y tampoco ningún tipo de sanción porque por definición su estatuto no lo contempla.
El fabricante de trenes CAF había anunciado en agosto de 2019 que, en asociación con la constructora israelí Saphir, se había adjudicado el proyecto para la construcción de 27 nuevos kilómetros de vía, 53 estaciones y varios depósitos para la extensión de la llamada Línea Roja y el desarrollo de una nueva Línea Verde.
El contrato incluye el diseño y suministro de 114 tranvías de tipo Urbo para la Línea Verde y la rehabilitación de 46 en la Línea Roja, y representaba para CAF más de 500 millones de euros. La nueva red debía estar completamente operativa en el año 2025.
Según El Periódico de España, el PNC se activó en este caso a instancias del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, una ONG que consideraba que al atravesar esas líneas colonias establecidas en infracción con la legalidad internacional, a través de la nueva infraestructura se está normalizando y facilitando la ocupación. EFE
La acción del PNC no prevé ninguna evaluación de las medidas que les tienen que comunicar las compañías (CAF tiene de plazo hasta mayo para enviar su informe y GMV hasta enero de 2024) y tampoco ningún tipo de sanción porque por definición su estatuto no lo contempla.
El fabricante de trenes CAF había anunciado en agosto de 2019 que, en asociación con la constructora israelí Saphir, se había adjudicado el proyecto para la construcción de 27 nuevos kilómetros de vía, 53 estaciones y varios depósitos para la extensión de la llamada Línea Roja y el desarrollo de una nueva Línea Verde.
El contrato incluye el diseño y suministro de 114 tranvías de tipo Urbo para la Línea Verde y la rehabilitación de 46 en la Línea Roja, y representaba para CAF más de 500 millones de euros. La nueva red debía estar completamente operativa en el año 2025.
Según El Periódico de España, el PNC se activó en este caso a instancias del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, una ONG que consideraba que al atravesar esas líneas colonias establecidas en infracción con la legalidad internacional, a través de la nueva infraestructura se está normalizando y facilitando la ocupación. EFE
Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados
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