Algunas aclaraciones al consejero Pérez sobre Israel y CAF
Josu Oskoz y Juan Ibarrondo, Activistas pro derechos humanos
naiz.eus/es, 29 de octubre de 2026
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, señor Antonio Pérez Iglesias, al hilo de la decisión de la EHU de no seguir colaborando con la empresa CAF, nos ha sorprendido con unas declaraciones absolutamente inadmisibles desde una perspectiva de la defensa de los derechos humanos.
Alude el consejero a la necesidad de poner límites a la negativa a colaborar y hacer negocios precisamente con quien ha sobrepasado todos los límites de inhumanidad, el Estado de Israel.
Alega el consejero, para nuestro asombro, que existen otras muchas empresas vascas que hacen negocios con Israel, incluso en el campo militar, algo, esto último, que hasta podría ser ilegal según la legislación española y el derecho internacional de derechos humanos.
¿Da por buenas, el consejero, las actuaciones ilegales? No olvidemos que ya ha habido empresas acusadas judicialmente por este motivo, y el hecho de que no haya más es solo un signo de la impunidad con la que actúan.
El consejero, con estas declaraciones, parece más bien el portavoz de la patronal que un cargo público que debe velar por el respeto a la legalidad y los derechos humanos.
Pero, sobre todo, como bien dice el rector de la EHU, no parece entender que nunca se pueden poner los intereses económicos de algunos por encima de los principios morales básicos que deben regir cualquier sociedad civilizada frente a la barbarie.
Hacer negocios con genocidas es un acto a todas luces inmoral desde cualquier ética humanista.
No olvidemos, además, que el Gobierno al que pertenece el consejero ha otorgado su galardón más importante en la defensa de los derechos humanos −el René Cassin− a Francesca Albanese, que es precisamente quien ha denunciado la actuación de la empresa ferroviaria CAF por colaborar con la ocupación ilegal de territorios en Palestina.
Israel está cometiendo un genocidio. En palabras de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado (agosto 2025): «La Comisión determinó que las fuerzas israelíes habían cometido los siguientes actos constitutivos de genocidio en virtud del artículo II de la Convención contra el Genocidio: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; y d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo» (párrafo 66).
La empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (CAF) aparece expresamente citada en la base de datos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que enumera las empresas que participan en actividades relacionadas con los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado. La base de datos no se refiere a toda actividad económica en Israel, sino específicamente a actividades vinculadas a los asentamientos ilegales (septiembre de 2026).
El Informe de la relatora Albanese “De la economía de ocupación a la economía de genocidio” cita expresamente a CAF entre las «empresas que contribuyeron a desarrollar carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentales para establecer y ampliar las colonias, y conectarlas con Israel, al tiempo que excluían y segregaban a los palestinos» (párrafo 51).
Debería tener en cuenta, además, el señor Pérez, que la EHU no es ni mucho menos la única institución que ha decidido no colaborar con empresas que hacen negocios ilícitos con la legalidad internacional.
A modo de ejemplo, el 30 de mayo de 2025, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó medidas para excluir de la contratación pública a las empresas incluidas en la base de datos relativa a actividades económicas vinculadas a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, lista que, como hemos visto, incluye a CAF.
Posteriormente, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa pública que gestiona la mayor parte del transporte urbano de Barcelona y su área metropolitana, incorporó en los pliegos de una licitación para la fabricación de trenes una cláusula que impedía contratar con empresas incluidas en esta base de datos de la ONU.
En cuanto a las alusiones en el sentido de por qué solo a Israel. Son tan burdas que no merecen siquiera ser contestadas.
Por todo ello, como activistas en defensa de los derechos humanos, nos congratulamos con la decisión tomada por la EHU y no podemos sino rechazar las declaraciones del consejero como contrarias al derecho internacional de derechos humanos.
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