Autoridades israelíes en las pruebas de conducción de la Línea Verde, entre ellas, la ministra de Transporte
Distracción ante la ocupación y el genocidio que comete Israel
- Doce países occidentales manifestaron su voluntad de prohibir o restringir importaciones procedentes de Israel
Recientemente, una docena de países occidentales han formulado una declaración en la que manifiestan su voluntad de prohibir o restringir la importación de bienes provenientes de los asentamientos sionistas (en Cisjordania y los Altos del Golán sirios): España, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia.
En algunos casos, esa declaración ya se ha traducido en leyes, como en España, desde septiembre de 2025 y, en otros, como el Reino Unido, se promete su encaje legal para el año que viene.
La declaración se ha hecho contemporáneamente a un incremento y ampliación de asentamientos, de licitación de viviendas para colonos en la zona E1, que dividiría en dos el archipiélago de reservas de nativos palestinos o bantustanes donde mal ejerce una capitidisminuida Autoridad Palestina; y el asalto y destrucción de las instalaciones internacionales de la UNRWA en Jerusalén y Qalquilia, así como el goteo de asesinatos de palestinos, ya sea en Gaza o Cisjordania, por parte israelí.
En la declaración diplomática se enfatiza la violencia de los colonos, amparada por el ejército de ocupación israelí. Pero, nuevamente, se pretende separar dialécticamente el fenómeno de los colonos (violentos) de la política constante y permanente, amén de pluripartidista, de la violencia planificada y sistemática del gobierno y el Estado de Israel. Como si las acciones de unos y otro estuvieran separadas y no tuvieran la misma planificación, contenido y resultado. Sólo diferenciados por ritmos o tácticas comunicativas cara al exterior.
Israel es un Estado ocupante, colonizador, que practica la violencia y la limpieza étnica y, para más inri, lleva a cabo unas matanzas y una destrucción que cabe calificar de genocidio del pueblo palestino.
Pero profundicemos en el contenido de la prohibición de importaciones de los productos procedentes de las colonias por parte de varios países miembros de la Unión Europea, aparte de Noruega e Islandia.
Israel y la Unión Europea mantienen un Acuerdo de Asociación, por el que se regula el libre acceso de mercancías en ambas direcciones, desde el año 2000. Y en el que se hace explícito el propósito de respetar el Derecho internacional.
Ante la deliberada política del Estado de Israel de fomentar la colonización y los asentamientos (todo esto mucho antes del 7 de octubre de 2023), incluyendo todo el Valle del Jordán, que representa un tercio de Cisjordania, desplazando a toda su población nativa palestina, etc., en 2004 se especificó la necesidad de fijar el origen de los productos de las colonias para que no tuvieran exenciones, y tuvieran que pagar aranceles ya de por sí bajos, aunque fue laxo su cumplimiento. Ya, en 2010 –tras una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia—, se estableció la obligación formal de discernir el origen de los productos de los asentamientos, pero sin interés por parte israelí (de los colonos y el Estado) de aplicarlo y con una falta de control aduanero eficaz del origen, sin fijar en el vademécum aduanero epígrafes específicos, dificultando su labor, sin estadísticas…Y donde no hay datos, no hay garantías de cumplimiento.
Tal como han resaltado en múltiples ocasiones los servicios aduaneros, hay una práctica israelí (institucional y de los colonizadores) de ocultar el verdadero origen de sus exportaciones, producidas en Israel o en los asentamientos, y, por su parte, la Unión Europea sólo recientemente ha procurado una mayor concreción administrativa, pero sin sanciones a la administración israelí o a las empresas coloniales que mienten sobre la procedencia de su producción.
El Comisario Šefčovič, en nombre de la Comisión, ha declarado que la UE cumple con el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia de no favorecer la colonización (ilegal) israelí, dado que dispone de normas (que el exportador colono israelí comunique que su producto proviene de un distrito postal determinado) para diferenciar el origen de los productos exportados, y mantiene que es legal el comercio con los asentamientos. La UE, a pesar de la ilegalidad de los asentamientos, de la receptación de los mismos y de los bienes producidos en ellos, ha descartado siempre y en todo momento la prohibición del comercio con los mismos o las sanciones al Estado que los ampara.
Ya en su día, y a regañadientes, la Comisión tuvo ya que aceptar en 2022, ante la insistencia de la entonces eurodiputada Clare Daly, que el comercio con los asentamientos podría verse suspendido por los Estados miembros por razones morales.
Ante el bloqueo declarado de Alemania, Chequia, Austria y Hungría, en el seno del Consejo Europeo, a cualquier decisión destinada a suspender el comercio de la UE con los asentamientos, otro conjunto de países —véase la declaración— han empezado a restringir formalmente el comercio con dichos asentamientos.
Pero, de momento, esos países ‘avanzados’ siguen sin elevar la voz, siguiendo la lógica economicista liberal, a la hora de reclamar la suspensión del comercio con todo Israel de productos agroganaderos, por suponer competencia desleal a los palestinos, puesto que bien podría argumentarse que el sector primario del Gran Israel roba el agua de sus vecinos, hasta la lluvia y las aguas residuales de palestinos y sirios, dopando a ese sector a costa de los perjudicados palestinos y ....de los agricultores de sus propios países ante ese perjuicio. Otra receptación sin sanción y, por lo tanto, premiada con la complicidad europea.
Complicidad que se suma al control y coste del tránsito de productos palestinos y de sus insumos, incluyendo el financiero, al ser el Gran Israel el gendarme que cobra y se lucra por su función represiva.
Un gran Israel que sigue sin pagar indemnizaciones por la destrucción o deterioro de bienes entregados por la propia Unión Europea o por entidades de apoyo a la población palestina, como los barcos de las flotillas.
Por último, la ‘avanzada’ ley española de prevención del genocidio, en la cual se suspende el comercio de armas, si bien con notables agujeros legales, y la importación de bienes de las colonias, está redactada sin prohibir las exportaciones a las colonias. ¿Por qué? Toda excepción a una norma legal suele beneficiar a alguien. En este caso, hay empresas españolas implicadas, con apoyos del tándem PNV-PSOE, como la empresa CAF, que exporta sus trenes para expandir las infraestructuras de transporte a las colonias próximas a Jerusalén, y sus autobuses SOLARIS para el transporte al conjunto de las colonias. La redacción de esta ley facilita teóricamente que no sea, por esta vía, perseguida por la justicia, aunque se estudian otras posibilidades legales.
En resumen, la suspensión o la prohibición de importación de bienes o de algún servicio de los asentamientos ilegales israelíes por parte de algunos Estados tendrá en la práctica muy limitados sus efectos, dado que si es el mismo Israel quien promueve las colonias no tiene ningún interés en que se vean afectadas por el cumplimiento de normas extraterritoriales. En segundo lugar, hay Estados europeos que, a pesar del genocidio y la colonización televisadas, no quieren cumplir, en el caso de Israel, las propias normas que se han dado, incluyendo las de la economía liberal; y hay otros Estados que pretenden que con placebos se eliminen graves crímenes contra la humanidad sin sancionar a los responsables.
En definitiva, por medios pacíficos, sólo las sanciones contra un Estado colonial, supremacista, tal como se hizo con la Sudáfrica del apartheid, podrán surtir efecto y ayudar a los habitantes de esos territorios a lograr una convivencia con iguales derechos. Fue la sociedad civil la que hubo de seguir empujando con sus campañas de boicot, sanciones y desinversiones para castigar los crímenes contra la humanidad.
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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
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