El gobierno de los Países Bajos llevado a los tribunales por defender sus políticas de apoyo a la ocupación israelí

El gobierno de los Países Bajos llevado a los tribunales por defender sus políticas de apoyo a la ocupación israelí

AlHaq, 22 de noviembre de 2024

Hoy, el Estado holandés compareció ante el Tribunal de Distrito de La Haya para responder por sus políticas en relación con el genocidio en curso por parte de Israel en Gaza y su ocupación ilegal del Territorio Palestino Ocupado (TPO). Una coalición de organizaciones de la sociedad civil palestinas y holandesas demandó a los Países Bajos por no cumplir con sus obligaciones legales internacionales y ha pedido al tribunal que aplique medidas correctivas. 

De la audiencia judicial de ayer en La Haya para el caso de ‎Al-Haq Organisation | مؤسسة الحق‎, SOMO, Al Mezan Center for Human Rights, Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), European Legal Support Center y otros contra el gobierno de los Países Bajos.

"El sistema judicial neerlandés tiene la tarea de revisar la legalidad de la política holandesa de acuerdo con las disposiciones de los tratados internacionales que los Países Bajos han firmado. Para cumplir con estas obligaciones, la coalición ha pedido al tribunal que ordene al gobierno holandés que:

• Prohibir la exportación y el tránsito de armas, componentes de armas y artículos de doble uso a Israel.
• Prohibir todas las relaciones comerciales y de inversión que sustenten la ocupación ilegal, la discriminación racial, la segregación y los asentamientos de Israel".

En el tribunal quedó claro que el Estado holandés considera que su diálogo permanente con sus homólogos israelíes es suficiente para impedir el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Además, el Estado argumentó que es legal que las empresas holandesas hagan negocios en los asentamientos ilegales israelíes. Sin embargo, los Países Bajos tienen la obligación de tomar todas las medidas razonables a su alcance para impedir el genocidio en Gaza y garantizar que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario en los Territorios Palestinos Ocupados. El sistema judicial holandés tiene la tarea de revisar la legalidad de la política holandesa de acuerdo con las disposiciones de los tratados internacionales que los Países Bajos han firmado. Para cumplir con estas obligaciones, la coalición ha pedido al tribunal que ordene al gobierno holandés:

• Prohibir la exportación y el tránsito de armas, componentes de armas y artículos de doble uso a Israel.
• Prohibir todas las relaciones comerciales y de inversión que sustenten la ocupación ilegal, la discriminación racial, la segregación y los asentamientos de Israel.

“Estas medidas son el mínimo necesario para adecuar la política holandesa al derecho internacional”, afirmó la investigadora de SOMO Lydia de Leeuw.

El director general de Al-Haq, Shawan Jabarin, destacó que “los Estados como los Países Bajos deben cumplir con el derecho internacional para prevenir el genocidio contra el pueblo palestino. Durante décadas, Israel ha sometido a nuestro pueblo a una cruel ocupación ilegal y a un régimen de apartheid colonial, cometiendo crímenes internacionales con impunidad. La obligación de prevenir el genocidio y el apartheid, y de poner fin a la ocupación ilegal que niega el derecho a la libre determinación son obligaciones erga omnes, aplicables a todos los Estados, y exigen acciones inmediatas y concretas por parte de los Países Bajos para poner fin a los actos ilegales”.

Los Países Bajos gozan de prestigio internacional como sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, la autoproclamada "Ciudad de la Paz y la Justicia". Sin embargo, su política hacia los crímenes de Israel en Gaza y en el resto de los Territorios Palestinos Ocupados, marcada por la inacción y la impunidad, socava su credibilidad y su compromiso con la justicia.

Desde abril de 2024, la Coalición Palestino-Neerlandesa ha solicitado reiteradamente al Estado que facilite información sobre sus políticas de exportación de armas y que aclare los hechos relativos a las exportaciones en sí. La Coalición hizo hincapié en los riesgos asociados y no recibió ninguna información. El Estado respondió que su política se ajusta al derecho internacional y que no cambiará.

Durante la audiencia, el Estado afirmó que no exportará ningún arma que pueda ser utilizada en el ataque de Israel a Gaza y que no está permitiendo licencias de exportación de bienes que puedan utilizarse para contribuir a actividades militares en Gaza y Cisjordania, incluso por parte de los colonos.

En cuanto a su política de comercio con los asentamientos, el Estado ha presentado una postura contradictoria. Por un lado, afirma haber mantenido un centenar de reuniones con empresas holandesas en las que explican su llamada política de disuasión. También hace referencia a la Ley de Crímenes Internacionales, que puede obligar a los actores a rendir cuentas por su participación en los asentamientos. Sin embargo, el punto central de la política sigue siendo que corresponde a las empresas decidir si hacen negocios en los asentamientos. “¿Cómo puede ser este el mensaje del Estado a las empresas?”, argumenta Daan de Grefte, asesor jurídico de ELSC. “La CIJ ha dejado meridianamente claro que esto no es suficiente”.

Además, el Estado no proporcionó información sobre nada más que las conversaciones mantenidas con Israel y con empresas holandesas. Considera que basta con mantener estas conversaciones. El Estado holandés, aparentemente haciendo caso omiso de su propia Ley de Delitos Internacionales, argumenta que no existe legislación internacional ni nacional que prohíba a las empresas holandesas hacer negocios en los asentamientos israelíes.

El abogado de la coalición, Wout Albers, afirma: “Los Países Bajos tienen discreción para decidir cómo cumplir con sus obligaciones legales. Sin embargo, el derecho internacional prescribe que no pueden permanecer pasivos y que sus acciones no pueden contradecir la Convención sobre el Genocidio y las Convenciones de Ginebra. El sistema judicial holandés tiene la tarea de revisar la legalidad de la política holandesa”.

Seguir la decisión final
Lo que está en juego en este caso es mucho. Hace casi un año, la CIJ indicó que las acciones de Israel en Gaza pueden constituir genocidio, imponiendo a los Estados la obligación de actuar para prevenirlo. Además, la CIJ también ha dictaminado que las políticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados violan principios fundamentales del derecho internacional. La inacción de los Países Bajos pone en peligro las vidas de los palestinos, exacerba su sufrimiento y socava el derecho internacional. Sin la aplicación interna de las sentencias internacionales, corren peligro los cimientos y la credibilidad del sistema jurídico internacional.

Ahmed Abofoul, asesor jurídico de Al-Haq, dijo durante la audiencia: “Se están utilizando armas holandesas para asesinar a palestinos. He perdido a más de 80 miembros de mi familia hasta ahora. Al final de esta audiencia, no puedo estar seguro de que mi familia seguirá siendo la misma que cuando empezamos. El gobierno holandés está utilizando el dinero de mis impuestos para enviar armas a Israel para asesinar a mi propia familia”.

La sentencia del tribunal está prevista para el viernes 13 de diciembre.