El agua como arma de guerra en la estrategia genocida de Israel en Gaza .Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

 Palestinos en una comunidad de la Zona C de Cisjordania sin conexión a la red de agua. Imagen de archivo de OCHA.

Ponencia presentada en el Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español

El agua como arma de guerra en la estrategia genocida de Israel en Gaza

Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

La única fuente natural de agua dulce que tiene la Franja de Gaza es el acuífero costero, compartido con Israel. Es importante entender que de los 2,4 millones de palestinos que allí habitan, 1,7 millones son refugiados obligados por Israel a vivir en campos de refugiados. Durante el bloqueo de 17 años que Gaza ha sufrido, esta enorme población se ha visto obligada a bombear tres veces más agua de la que el acuífero recibía a través de la recarga natural, lo que ha provocado una intensa intrusión marina y salinización. Además, en todo este periodo, Israel ha bloqueado el 70 % de los materiales necesarios para construir y operar plantas de tratamiento de aguas residuales, por considerarlos de «doble uso», lo que ha impedido el saneamiento adecuado y ha provocado una contaminación fecal progresiva de las aguas subterráneas.

 Desde el lago Tiberiades, Israel se apropia del 100 % del río Jordán en su nacimiento, trasvasando esos caudales por el National Water Carrier a ciudades y territorios de Israel hasta el desierto del Negev, donde riegan cultivos de algodón para la exportación. A lo largo del curso del Jordán, que acaba recibiendo aguas procedentes de Siria a través del río Yarmuk, los palestinos tienen prohibido siquiera acercarse a las orillas. Por otro lado, Israel también se ha apropiado el 89 % del agua del acuífero Montaña en Cisjordania, a pesar de que solo el 20 % de sus aguas proviene de territorios israelíes.

 Hasta el estallido de la guerra, la mayor parte del agua potable disponible procedía de las plantas desaladoras que financiaron la Unión Europea y UNICEF; y un limitado caudal era vendido a los palestinos por la empresa MEKOROD, propiedad del estado de Israel. Aún así, el agua potable disponible tan sólo cubría las necesidades del 40 % de la población.

 Tras el 7 de octubre de 2023, Israel cortó radicalmente el suministro de agua que vendía a la Franja, así como el suministro eléctrico, lo que provocó el colapso de las plantas desaladoras. También dejaron de funcionar las plantas de saneamiento que se utilizaban hasta entonces, por lo que el 100 % de las aguas residuales se han estado infiltrando sin tratar y contaminando con residuos fecales las aguas subterráneas.

En los bombardeos de Gaza de 2008 y 2009, Israel destruyó casi 1000 pozos y 243 instalaciones de bombeo de agua. En esta ocasión, las instalaciones de agua y saneamiento han sido también objetivos militares, estimándose que el 90% han resultado destruidas, dañadas gravemente, o no son accesibles, al quedar en zonas bloqueadas por el ejército israelí. Al tiempo, se han documentado numerosos ataques contra los trabajadores, adecuadamente identificados, que intentaban reparar estas instalaciones.

 En estas condiciones, la población ha venido disponiendo de apenas 5 litros de agua por persona y día, de media. Cualquiera de nosotros utiliza no menos de 100 litros para nuestras necesidades diarias, sin ningún lujo; y la Organización Mundial de la Salud establece el mínimo necesario en situaciones de emergencia en 15 litros. Pero lo más grave es que la escasa agua disponible suele estar contaminada y salinizada, lo que provoca graves problemas de salud, especialmente en niñas, niños y bebés.

 Según UNICEF, en diciembre pasado, los casos de diarrea en niños menores de cinco años se elevaban a 71 000 por semana, multiplicándose los casos de insuficiencia renal, disentería, diarrea sanguinolenta, hepatitis, e incluso viruela y polio. Todo ello, sumado a la falta de atención médica y a la desnutrición en el contexto de hambruna impuesto por Israel, provoca muertes silenciosas, especialmente en bebés, niñas y niños. Cortar el agua y la alimentación, acaba siendo una bomba silenciosa; silenciosa, pero letal.

La violación por parte de Israel del derecho internacional vigente, tal y como ya ha dictaminado la Corte Penal Internacional, es sistemática. Tanto el Cuarto Convenio de Ginebra como el Estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario consuetudinario, se violan a diario. El Estatuto de Roma clasifica el corte del suministro de medicamentos y alimentos como un crimen de lesa humanidad, tipificado como crimen de EXTERMINIO, y no olvidemos que el agua es el alimento irremplazable que necesitamos.

Tras décadas de ocupación ilegal, desplazamiento forzado de millones de palestinos y sistemático régimen de apartheid contra ellos, con el agua como clave en esas estrategias, a raíz de la guerra de Gaza, el Gobierno de Israel ya no oculta su intención de ejecutar un programa de limpieza étnica y asesinatos masivos indiscriminados, que perfilan una clara estrategia genocida. Desde un principio, portavoces del Gobierno y del ejército al más alto nivel, proclamaron públicamente que cortarían el suministro de agua, alimentos y energía a la población civil, y eso es lo que han hecho. Resulta evidente que, para derrotar a Hamás, el poderoso ejército de Israel no necesitaba matar a más de 33.000 niños, mujeres y ancianos, con nombres y apellidos, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad de Gaza que sitúan en más de 60.000 el número de personas asesinadas. Un reciente estudio de la Universidad de Londres eleva el número total de víctimas por encima de las 80.000…

 No estamos ante una guerra más, sino ante una estrategia genocida dirigida de forma indiscriminada contra la población palestina, tal y como estableció recientemente, con las pruebas correspondientes, el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, presentado ante la Asamblea General de la ONU en octubre de 2025. Permanecer impasibles equivale a ser cómplices, como les ocurrió a tantas personas que miraron hacia otro lado mientras los nazis exterminaban a los judíos.

La Asamblea General debe seguir reflejando con contundencia la indignación mundial, promover la descolonización de los territorios ocupados ilegalmente por Israel y consolidar el reconocimiento del estado palestino sobre la base del derecho de autodeterminación del pueblo palestino; la UE debe suspender los acuerdos preferenciales con Israel y activar sanciones económicas efectivas, mientras Israel no garantice el cumplimiento de los derechos humanos y de la legalidad internacional; la sociedad civil debe perseverar en la presión a los gobiernos de todo el mundo; los tribunales internacionales deben dictar sentencias ejemplares, superando las tremendas presiones que sufren, y esas sentencias deben cumplirse, de forma que no queden impunes los crímenes cometidos. Sólo así podrán desarrollarse negociaciones efectivas para una paz justa, en la que los palestinos, y particularmente las mujeres palestinas, deben participar, abriendo el camino a un futuro en paz entre ambos pueblos.