Ante la violencia de Israel, el gobierno español debe poner fin a la complicidad con el apartheid israelí

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Estos días estamos viendo cómo las fuerzas de ocupación israelíes están atacando a miles de palestinas en Jerusalén y por toda Palestina. Los bombardeos vuelven a intensificarse sobre la sitiada Franja de Gaza y tan sólo en las últimas 24 horas ya han sido asesinadas 24 personas, 9 de ellas niñas.

Ocho familias palestinas refugiadas están en riesgo inminente de ser expulsadas una vez más de sus hogares en el barrio palestino de Sheikh Jarrah en Jerusalén.

Este hecho, lejos de ser un incidente aislado forma parte de un proceso del ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina y es otro acto más constitutivo de los crímenes contra la humanidad de deportación o traslado forzoso, persecución, apartheid y otros actos inhumanos que causan grandes sufrimientos o graves daños.

Además la ciudadana española Juana Ruiz lleva desde el 13 de abril encarcelada por el ejército israelí por su trabajo en la organización palestina Health Work Committees. Juana está sufriendo el intento de Israel de criminalizar la solidaridad y la cooperación con el pueblo palestino. Todo esto en plena pandemia y mientras crecen las personas heridas en las protestas incluidas aquellas que trabajan en organizaciones sanitarias y humanitarias.

Como castigo colectivo, Israel ayer bombardeó Gaza matando a 24 palestinas, incluyendo a nueve niñas.

Sobran motivos para que el Gobierno español condicione sus relaciones con el apartheid israelí, tal y como nos lo pide el pueblo palestino, hasta que Israel respete el derecho internacional.

¡Envía esta carta al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Asuntos Exteriores y a la Ministra de Defensa.

Firma la petición y enviaremos esta carta en tu nombre: Enlace

A la atención de D. Pedro Sánchez Castejón, Presidente del Gobierno; Arancha González Laya, Ministra de Asuntos Exteriores y Margarita Robles Fernández, Ministra de Defensa

Ocho familias palestinas refugiadas están en riesgo inminente de ser expulsadas una vez más de sus hogares en el barrio palestino de Sheikh Jarrah en Jerusalén.

Este hecho, lejos de ser un incidente aislado forma parte de un proceso del ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina y es otro acto más constitutivo de los crímenes contra la humanidad, de deportación o traslado forzoso, persecución, apartheid y otros actos inhumanos que causan grandes sufrimientos o graves daños.

El ejército y la policía israelí han reprimido severamente a residentes y activistas que trataban de impedir unos desahucios que suponen una flagrante vulneración del derecho internacional.

Esta persecución de las voces críticas también forma parte de las políticas racistas y discriminatorias impuestas por Israel, y es un acto constitutivo del crimen de apartheid, tal como lo estipulan el Estatuto de Roma y la Convención para la Internacional sobre la Represión y
el Castigo del Crimen de Apartheid.

Sin ir más lejos, la ciudadana española Juana Ruiz lleva desde 13 de abril encarcelada por el ejército israelí por su trabajo en la organización palestina Health Work Committees. Lamentablemente, esta es también una práctica habitual. Cientos de personas palestinas son juzgadas anualmente en cortes militares israelíes y condenadas en más del 97% de los casos. La detención de esta trabajadora humanitaria forma parte de una política de persecución y hostigamiento sistemáticos a las organizaciones palestinas de la sociedad civil.

Como castigo colectivo, Israel ayer bombardeó Gaza matando a 24 palestinas, incluyendo a nueve niñas.

Hace tan sólo unos días, la prestigiosa organización de derechos humanos Human Rights Watch publicaba un informe en el que concluía que

“Human Rights Watch ha constatado que el gobierno israelí muestra una clara intención de mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos en todo el territorio que controla. En el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental, esa intención ha ido acompañada de una opresión sistemática de los palestinos y de actos inhumanos cometidos contra ellos. Cuando estos tres elementos se dan juntos, equivalen al crimen de apartheid.”

Desde la sociedad civil, exigimos al Gobierno de España que cumpla con las recomendaciones recogidas en el informe de HRW de manera inmediata y ponga fin a su apoyo a un régimen de ocupación ilegal, colonialismo y apartheid.

Por eso, pido al Gobierno del Estado español que tome puesta en marcha de las siguientes medidas:

1. Poner fin a cualquier tipo de intercambio militar o de seguridad con Israel, imponiendo un embargo bidireccional de armas a la mayor brevedad posible.

2. Someter los acuerdos, los planes de cooperación y todas las formas de comercio y trato con Israel a una mayor diligencia debida para señalar a quienes contribuyen directamente a la comisión de crímenes de apartheid y persecución contra el pueblo palestino y poner fin a las actividades y a la financiación que contribuyan directamente a facilitar estos graves crímenes.

3. Apoyar la creación de una Comisión de Investigación por parte de la ONU para investigar la comisión de un crimen de apartheid contra el pueblo palestino.

4. Asegurar que ninguna empresa española ayude a mantener o se lucre a costa de las vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino, el caso más notorio ahora mismo siendo la empresa ferroviaria CAF que está construyendo y ampliando líneas de tranvía entre la ciudad ocupada de Jerusalén y colonias ilegales israelíes.