Informe conjunto Al Haq - CAC al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU antes del Estudio del Estado de Israel

 ​Foto: AP/Mohammed Ballas​​​

Informe conjunto Al Haq - CAC al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU antes del Estudio del Estado de Israel

30 de agosto 2022

El 29 de agosto de 2022, Al-Haq y el Al-Quds Community Action Centre [Centro de Acción Comunitaria] (CAC) de Al-Quds presentaron un informe paralelo conjunto en el 72º periodo de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR en inglés, CDESC en castellano) de la ONU. El informe, que proporciona información complementaria sobre el informe estatal de Israel al CDESC, expone las violaciones de Israel a los derechos humanos de los palestinos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que está obligado a proteger como Potencia ocupante en virtud del derecho internacional humanitario.

El informe examina cómo el régimen de colonos y apartheid de Israel representa una amenaza categórica para la realización de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).  En particular, la redada y el cierre por parte de Israel de siete organizaciones de la sociedad civil palestina el 18 de agosto de 2022, va expresamente en contra del derecho de los defensores de los derechos humanos palestinos a trabajar de la forma que han elegido libremente. Esto supone un desprecio flagrante del objetivo de las organizaciones de pedir cuentas a Israel por su violación de los derechos del Pacto, incluida la privación de derechos de las mujeres palestinas, el impedimento de los derechos de los niños palestinos y la restricción del desarrollo socioeconómico y cultural palestino. Además, la citación del comandante militar de Israel a los directores generales de Al-Haq y DCI-Palestina amenazando con detenciones y encarcelamientos por realizar trabajos de derechos humanos, viola el artículo 6 del PIDESC.

Haciendo hincapié en el papel del sector privado en la promoción y el beneficio activo de la empresa colonial de colonos de Israel, el informe examina cómo el arraigado marco de leyes, políticas y prácticas discriminatorias de Israel ha institucionalizado un régimen de dominación y opresión racial sobre el pueblo palestino, que equivale al crimen de apartheid. El informe subraya cómo la ocupación y la colonización en curso de los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) por parte de Israel infringe los derechos de los palestinos a la educación, la seguridad social, la protección de la familia, los derechos culturales y el derecho a la autodeterminación. En particular, se llama la atención del Comité sobre las medidas represivas sistemáticas de las fuerzas israelíes que utilizan la fuerza innecesaria y desproporcionada, la intimidación, los castigos colectivos y las detenciones arbitrarias para negar el derecho de los palestinos a la autodeterminación y amenazar su existencia como pueblo.

Si no se reconocen y abordan los regímenes estructurales existentes de discriminación racial y dominación colonial que el régimen de apartheid de Israel mantiene sobre el pueblo palestino, será imposible lograr la realización de los derechos del Pacto. Por ello, es imperativo que el Comité adopte medidas concretas para poner fin a las flagrantes violaciones del derecho internacional de los derechos humanos por parte de Israel, que ponen en grave peligro la vida y las libertades fundamentales de los palestinos.

En consecuencia, se formulan las siguientes recomendaciones al Comité:

• Pedir a Israel que anule las designaciones de las organizaciones de la sociedad civil palestina como "organizaciones terroristas" en virtud de su Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2016, y como "asociaciones ilícitas" en virtud de sus órdenes militares; (Artículo 6, derecho al trabajo)
  

• Pedir a Israel que cese inmediatamente la aplicación del acuerdo sobre los títulos de propiedad de la tierra en Jerusalén y que derogue todas las leyes que ha promulgado para promover su política de transferencia de población palestina y mantener una mayoría judía en Jerusalén en violación de los derechos fundamentales de los palestinos, incluido su derecho a la educación. (Artículo 13, educación)
  

• Pedir a Israel que cumpla con la base de datos del Consejo de Derechos Humanos sobre las empresas activas en los asentamientos ilegales; (Artículo 1, autodeterminación)
  

• Pedir a este Comité que utilice todos los mecanismos de justicia y responsabilidad internacionales para poner fin a las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos por parte de Israel, incluidos los ataques contra los derechos culturales de los palestinos, y que ponga fin al uso excesivo, indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas de Ocupación israelíes y la policía israelí contra el pueblo palestino (Artículo 3, igualdad de derecho a la cultura, Artículo 1, desarrollo cultural)
  

• Pedir a Israel, la potencia ocupante, que ponga fin a sus políticas y prácticas discriminatorias en la provisión de educación en Jerusalén Este, como actos segregacionistas y discriminatorios de apartheid; (Artículo 13, educación, Artículo 2(3) no discriminación)
  

• Pedir a Israel que ponga fin a la ocupación ilegal y derogue el sistema de leyes, políticas y prácticas discriminatorias que mantienen el régimen de apartheid, que niega sistemáticamente a los palestinos su derecho a la autodeterminación y a la soberanía sobre sus recursos naturales; (Artículo 1, autodeterminación, Artículo 2(3) no discriminación)

• Exigir a Israel que derogue inmediatamente su Ley de Entrada en Israel (1952), que se ha utilizado para promover la política israelí de transferencia de población y lograr objetivos demográficos en Jerusalén en violación de los derechos fundamentales de los palestinos, incluido su derecho a la libertad de circulación y residencia, y el derecho a salir de su país y a regresar; y su derecho a la seguridad social; (artículo 9, seguridad social, artículo 5, no restricción)
  
  
• Pedir a Israel que ponga fin al cierre y al bloqueo de Gaza, que equivalen a actos de castigo colectivo, y que afectan a los derechos al trabajo y a la salud (artículo 1, autodeterminación, artículo 12, salud)

• Pedir sanciones económicas y un embargo de armas en ambos sentidos sobre el comercio de armas con Israel hasta que se adhiera a sus obligaciones en virtud del derecho internacional, así como pedir a Israel que garantice la protección de la población civil palestina y del patrimonio cultural en la Franja de Gaza ocupada. (Artículo 1, desarrollo cultural, artículo 15, vida cultural)
  
  
• Apoyar al Consejo de Derechos Humanos en la realización de actualizaciones anuales y exhaustivas de la base de datos de la ONU, adoptar medidas concretas para poner fin a todos los negocios con los asentamientos ilegales de Israel y sus empresas, y orientar al sector privado para que sus operaciones comerciales dentro del territorio palestino ocupado cumplan con sus obligaciones reforzadas de diligencia debida, tal y como establecen los Principios Rectores de la ONU.  (Artículo 1, autodeterminación, Artículo 12, salud, Artículo 6, trabajo, Artículo 11, medios de vida)
  

La presentación conjunta de Al-Haq y el Centro de Acción Comunitaria al CESCR puede encontrarse aquí.

En el párrafo 36 de este Informe se puede leer: 

36. Las empresas y corporaciones internacionales y nacionales, así como sus filiales se benefician activamente de la empresa de asentamientos ilegales de Israel. La coalición Don't Buy into Occupation (DBIO), una iniciativa conjunta de 25 organizaciones palestinas y europeas

descubrió que, entre 2018 y mayo de 2021, 672 instituciones financieras europeas, incluyendo

bancos, gestores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones, tenían relaciones financieras con 50 empresas que participan activamente en el asentamiento ilegal israelí (58).

El Tren Ligero de Jerusalén (JLR), por ejemplo, genera millones de dólares para las empresas que financian su funcionamiento y expansión, como WSP [una empresa canadiense de ingeniería que ha sido contratada por CAF y Shapir], financiada por la Canadian Public Pension Investment Board (59). WSP facilita la práctica de traslado forzoso de colonos al territorio palestino ocupado, mediante la construcción y el mantenimiento de la JLR, una grave violación y un crimen de guerra, al tiempo que profundiza la integración física, social y económica de los asentamientos (60).

58 Don’t Buy Into Occupation, ‘Exposing the Financial Flows into Illegal Israeli Settlements’ (Oct. 1, 2021) https://dontbuyintooccupation.org/. 

59 CPP Investments, ‘Active Equities Investments’ (Canadian Public Pension Investments). 

60 UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July 1998, ISBN No. 92-9227-227-6, Articles 8(2)(a)(vii) and 8(2)(b)(viii).

• Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados
  

https://stopsettlements.org/spanish/