CAF, Shapir y el Banco de Santander entre las empresas mencionadas
Informe: Las instituciones financieras europeas invierten fuertemente en empresas implicadas en los asentamientos ilegales israelíes
BRUSELAS, miércoles 7 de diciembre de 2022 (WAFA) - Más de 700 bancos, gestores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones europeos poseen acciones y bonos por valor de 115.000 millones de dólares en 50 empresas implicadas en actividades que, según la ONU, suscitan especial preocupación en materia de derechos humanos. Las actividades de las empresas incluyen la construcción de asentamientos, la prestación de servicios, la demolición de viviendas palestinas y la vigilancia de palestinos. Las instituciones financieras europeas también conceden préstamos y suscripciones por valor de 171.000 millones de dólares a dichas empresas.
Un nuevo informe de “Don’t Buy into Occupation” (DBIO) -una coalición de 24 organizaciones europeas y palestinas de siete países europeos- revela, por segundo año consecutivo, que cientos de instituciones financieras europeas son fuertemente inversoras en empresas que apuntalan asentamientos residenciales, agrícolas e industriales ilegales israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados.
"Estas empresas desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento, la sostenibilidad y la expansión de los asentamientos ilegales. Al prestar o invertir en estas empresas, las instituciones financieras se están vinculando a actividades que violan el derecho internacional", afirmó Willem Staes, coordinador de DBIO.
Los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional y constituyen un crimen de guerra y crímenes contra la humanidad. La construcción de asentamientos se basa en la apropiación extensiva de tierras palestinas y en traslados ilegales de población dentro y fuera del territorio ocupado. Junto con el régimen militar que los protege, los asentamientos se cobran un alto precio en derechos palestinos, como la libertad de circulación, la libertad y la seguridad, y un nivel de vida adecuado. La violencia de los colonos contra las comunidades palestinas, que incluye violencia física e intimidación, disparos con munición real e incendios de campos y ganado, no deja de aumentar.
"Los asentamientos son un componente fundamental del régimen de apartheid de Israel sobre el pueblo palestino, y al prestar apoyo directo o indirecto a esta empresa colonial de colonos, las empresas son cómplices de la apropiación de tierras palestinas, el saqueo de recursos naturales y la expulsión forzosa de palestinos de sus hogares, y están muy lejos de cumplir con sus responsabilidades", afirmó Inès Abdel Razek, del grupo de derechos palestinos PIPD, miembro de la coalición DBIO.
Las directrices internacionales sobre empresas y derechos humanos exigen a las instituciones financieras una mayor diligencia debida en las zonas bajo ocupación militar. Los gestores de activos deberían ejercer presión sobre las empresas en las que invierten para mitigar los efectos negativos y poner fin a las relaciones financieras con empresas que no estén dispuestas a respetar el derecho internacional y los derechos humanos. Es evidente que esto no está ocurriendo al nivel necesario.
Entre los mayores acreedores, en volumen de préstamos, a empresas relacionadas con los asentamientos israelíes se encuentran BNP Paribas, HSBC, Société Générale, Deutsche Bank y Barclays. Por el lado de las inversiones, el Fondo de Pensiones del Gobierno Noruego Global, Crédit Agricole, Groupe BCPE, Deutsche Bank y Legal & General son los principales inversores, con una participación combinada de 44.000 millones de dólares.
El informe DBIO 2022 hace un llamamiento a las instituciones financieras para que mejoren la diligencia debida en materia de derechos humanos en consonancia con sus responsabilidades en virtud del derecho internacional y las normas internacionales sobre responsabilidad empresarial; adopten medidas eficaces y con plazos concretos sobre las conclusiones de las evaluaciones de impacto; ejerzan presión sobre las empresas implicadas en los asentamientos; y, en su defecto, pongan fin de forma responsable a las relaciones financieras con las empresas que no estén dispuestas a alinearse con el derecho internacional y los derechos humanos.
El informe DBIO 2022 muestra que hay algunas honrosas excepciones a la regla. El fondo de pensiones holandés ABP, el gestor de activos noruego Storebrand y la mayor empresa de pensiones de Noruega, KLP, han excluido en los últimos años a empresas activas en lugares donde corren el riesgo de contribuir a crímenes de guerra, incluido un número significativo de empresas que hacen negocios activamente con los asentamientos israelíes [entre ellas a Shapir, socio de CAF].
"Las instituciones financieras harían bien en fijarse en sus homólogas, que no sólo están tomando la iniciativa en estas cuestiones, sino que van muy por delante. Las violaciones del derecho internacional y las repercusiones negativas causadas por las empresas que participan en los asentamientos llevan produciéndose demasiado tiempo como para que las instituciones financieras finjan ignorancia", declaró Steinar Krogstad, Vicepresidente de la Confederación Noruega de Sindicatos en nombre de la coalición DBIO.
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME Y RECOMENDACIONES
Don't Buy into Occupation, 7 de diciembre
La coalición "Don't Buy into Occupation" (DBIO) es un proyecto conjunto de 24 organizaciones palestinas, regionales y europeas con sede en Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Reino Unido. La coalición pretende investigar y poner de relieve las relaciones financieras entre las empresas que participan en los asentamientos ilegales israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y las instituciones financieras europeas.
Los asentamientos israelíes, su mantenimiento y expansión son ilegales según el Derecho internacional y constituyen actos que incurren en responsabilidad penal individual como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma). El Derecho humanitario internacional (DIH), según el IV Convenio de Ginebra, prohíbe a la Potencia ocupante el traslado forzoso individual o masivo y las deportaciones de personas protegidas, así como trasladar a parte de su propia población civil al territorio que ocupa. Además, la confiscación de tierras para construir o ampliar asentamientos en territorio ocupado y la destrucción y apropiación de propiedades en beneficio de los asentamientos viola una serie de normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), como el Reglamento de La Haya
de 1907, la Cuarta Convención de Ginebra y el DIH consuetudinario.
Además, los asentamientos israelíes han dado lugar a una miríada de violaciones de los derechos humanos contra la población palestina protegida, al tiempo que fragmentan Cisjordania y la aíslan de Jerusalén, e imposibilita el desarrollo social y económico sostenible e independiente de los palestinos en el territorio palestino ocupado. Como demuestra el creciente número de expertos jurídicos, organizaciones de derechos humanos y expertos de la ONU, los asentamientos son también un componente clave del régimen de apartheid de Israel en Cisjordania, en el que Israel administra el territorio bajo dos sistemas legales y conjuntos de instituciones completamente separados. Por un lado, una administración civil para los colonos judíos israelíes que residen y trabajan en los asentamientos ilegales, y una administración militar para los palestinos de todo el territorio palestino ocupado.
Las empresas israelíes, europeas e internacionales, que operan o prestan servicios a los asentamientos israelíes, desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento, la sostenibilidad y la expansión de los asentamientos ilegales. Teniendo en cuenta la ilegalidad de los asentamientos, la amplia gama de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y la obstrucción deliberada del desarrollo de la economía palestina, los actores privados tienen la responsabilidad de garantizar que no están implicados en violaciones del derecho internacional y que no contribuyen ni son cómplices de crímenes internacionales. Los actores privados, como las instituciones financieras y las empresas comerciales europeas, deben abordar las repercusiones negativas sobre los derechos humanos derivadas de sus actividades y relaciones comerciales con la empresa israelí de asentamientos. Sin embargo, a pesar de su carácter ilegal, las instituciones financieras europeas siguen invirtiendo miles de millones en empresas vinculadas a la empresa israelí de asentamientos.
Principales conclusiones
- Una nueva investigación realizada por una coalición interregional de organizaciones palestinas y europeas organizaciones palestinas y europeas muestra que, entre enero de 2019 y agosto de 2022, 725 instituciones financieras europeas, incluidos bancos, gestores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones, tuvieron relaciones financieras con 50 empresas que están activamente involucradas con los asentamientos israelíes.
- Durante el período analizado, se proporcionaron 171.400 millones de dólares en forma de préstamos y suscripciones. En agosto de 2022, los inversores europeos también poseían 115.500 millones de dólares en acciones y bonos de estas empresas.
- Todos los datos financieros mencionados en el informe se refieren a las inversiones totales (acciones, bonos, préstamos y/o suscripciones) en empresas que tienen actividades en los asentamientos ilegales de los TPO. Estas empresas pueden
realizar otras actividades fuera de los asentamientos. Por lo tanto, la coalición no afirma que la totalidad de este capital fluya exclusivamente hacia la empresa de los asentamientos. Sin embargo, las inversiones en una empresa en general apoyan a esa empresa en su totalidad, vinculando así al inversor a las actividades generales de la empresa, vinculándolo en consecuencia a
todos los impactos adversos asociados a estas actividades. Independientemente del tamaño de la inversión o de la proporción de capital que fluya directamente a la industria de liquidación, las instituciones financieras tienen la responsabilidad de utilizar su influencia, incluso con empresas que causan o contribuyen a violaciones y abusos, para prevenir, mitigar y abordar
tales daños.
- Las 50 empresas para las que esta investigación encontró relaciones financieras con instituciones financieras europeas son: Airbnb; Alstom; Altice International; Ashtrom Group; Bank Hapoalim; Bank Leumi; Bezeq Group; Booking Holdings; Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF); Carrefour; Caterpillar; Cellcom Israel; Cemex; CETCO Mineral Technology Group; Cisco Systems; CNH Industrial; Delek Group; Delta Galil Industries; eDreams ODIGEO; Elbit Systems; Electra Group; Energix Energías Renovables; Expedia Group; First International Bank of Israel (FIBI); Hamat Group; Heidelberg Materials; Hyundai Heavy Industries; IBM; Israel Discount Bank; MAN Group; Matrix IT; Mivne Group; Mizrahi Tefahot Bank; Motorola Solutions; Partner Communications; Paz Oil Company; PUMA; Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006; RE/MAX Holdings; Shapir Engineering and Industry; Shikun & Binui; Shufersal; Siemens; Solvay; Tripadvisor; TUI Group; Villar International; Vinci / Semi; Volvo Group; WSP Global.
[Hay tres empresas españolas en esa relación, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Edreams y SEMI]
- Las 50 empresas participan en una o varias de las "actividades enumeradas que suscitan especial preocupación por los derechos humanos", que constituyen la base para la inclusión en la base de datos de la ONU de empresas que están
en los asentamientos israelíes, que se publicó en febrero de 2020.
Sólo los 10 principales acreedores (préstamos y suscripciones) proporcionaron 124 320 millones de USD a una o más de estas 50 empresas:
1. BNP Paribas (Francia): 25 090 millones de USD
2. HSBC (Reino Unido): 15 040 millones de USD
3. Société Générale (Francia): 14 270 millones USD
4. Deutsche Bank (Alemania): 14.070 millones de USD
5. Barclays (Reino Unido): 12 290 millones de USD
6. KfW (Alemania): 11 150 millones USD
7. Santander (España): 9 460 millones de USD
8. Crédit Agricole (Francia): 9.090 millones USD
9. UniCredit (Italia): 6 950 millones USD
10. ING Group (Países Bajos): 6 910 millones de USDLos 10 principales inversores (participaciones en acciones y obligaciones) invirtieron por sí solos 60.420 millones de USD en una o más de estas 50 empresas
1. Government Pension Fund Global (Noruega): 13.900 millones de USD
2. Crédit Agricole (Francia): 12 250 millones USD
3. Groupe BPCE (Francia): 6.680 millones de dólares
4. Deutsche Bank (Alemania): 6 380 millones USD
5. Legal & General (Reino Unido): 5 520 millones USD
6. Allianz (Alemania): 4.000 millones USD
7. DZ Bank (Alemania): 3 020 millones USD
8. BNP Paribas (Francia): 3 010 millones USD
9. AB Industrivärden (Suecia): 2.890 millones USD
10. Nordea (Finlandia): 2 740 millones de USDFirma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados
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