Grupos palestinos de derechos humanos cuestionan las licencias ilegales israelíes de exploración de gas en las costas de Gaza

 Al Haq, 08 de febrero de 2024

Grupos palestinos de derechos humanos cuestionan las licencias ilegales israelíes de exploración de gas en las costas de Gaza: Adalah exige que Israel revoque las licitaciones que violan el derecho internacional; Al Mezan, Al-Haq y PCHR instan a las empresas licenciadas a abstenerse inmediatamente de participar en actos de saqueo de los recursos naturales soberanos del pueblo palestino.

El 29 de octubre de 2023, en medio de la brutal ofensiva militar de Israel contra Gaza, caracterizada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como un genocidio plausible contra el pueblo palestino en Gaza, el Ministerio de Energía israelí anunció que había otorgado licencias a seis empresas israelíes e internacionales para explorar en busca de gas natural en áreas que se consideran zonas marítimas palestinas según el derecho internacional. Entre las empresas se encuentran Eni SpA (Italia), Dana Petroleum (Reino Unido, una subsidiaria de la Compañía Nacional de Petróleo de Corea del Sur) y Ratio Petroleum (una empresa israelí). Las licencias se otorgan después de la Cuarta Ronda de Licitaciones Offshore ("OBR4"), que el Ministerio de Energía e Infraestructura de Israel lanzó en diciembre de 2022.

  

El mapa 1 muestra los límites marítimos del Estado de Palestina de conformidad con su declaración de 2019 de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.	El mapa 2 muestra las zonas cubiertas por la licitación. Las líneas rojas indican lo que Israel designa de facto como su zona de concesión, mientras que las líneas negras representan los límites marítimos de Palestina, como se muestra en el mapa 1.

 

 

 

 

 

Israel otorgó licencias de exploración de gas para la Zona G, un área marítima adyacente a las costas de Gaza, como se muestra en el área verde del Mapa 2 anterior. Cabe destacar que el 62 por ciento de la Zona G se encuentra dentro de los límites marítimos declarados por el Estado de Palestina en 2019 , de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) de 1982, de la que Palestina es signataria. Además de las licencias ya otorgadas en la Zona G, Israel también ha emitido licitaciones para las Zonas H y E (como se muestra en rosa en el Mapa 2); el 5 por ciento de la Zona H se encuentra dentro de los límites marítimos declarados de Palestina, junto con el 73 por ciento de la Zona E. A pesar de no ser parte de la CNUDM, Israel ha respondido a la declaración palestina sosteniendo que, dado que Israel no reconoce a Palestina como un estado soberano, Palestina carece de la autoridad para declarar sus límites y aguas marítimas. Este argumento está en directa contradicción con los principios establecidos del derecho internacional, como se describe a continuación.

Israel es la Potencia ocupante en la Franja de Gaza y ejerce un control pleno y efectivo sobre las zonas marítimas de Palestina. La emisión de la licitación y la posterior concesión de licencias para la exploración en esa zona constituyen una violación del derecho internacional humanitario (DIH) y del derecho internacional consuetudinario. Las licitaciones, emitidas de conformidad con el derecho interno israelí, equivalen en la práctica a una anexión de facto y de iure de las zonas marítimas palestinas reclamadas por Palestina, ya que pretende sustituir las normas aplicables del DIH aplicando en su lugar el derecho interno israelí a la zona, en el contexto de la gestión y explotación de los recursos naturales. En virtud del derecho internacional aplicable, Israel tiene prohibido explotar los recursos finitos no renovables del territorio ocupado con fines comerciales y en beneficio de la Potencia ocupante, de conformidad con las normas de usufructo, a las que se refiere el artículo 55 del Reglamento de La Haya. En cambio, Israel, como autoridad administrativa de facto en el territorio ocupado, no puede agotar los recursos naturales con fines comerciales que no sean en beneficio de la población ocupada.

El 5 de febrero de 2024, Adalah envió una carta al Ministro de Energía de Israel, así como al Fiscal General de Israel, exigiendo: (i) la revocación de las licencias de exploración de gas otorgadas en la Zona G; (ii) la cancelación de cualquier licitación pendiente en áreas que se encuentran dentro de los límites marítimos de Palestina; y (iii) el cese inmediato de cualquier actividad que implique la explotación de recursos de gas en las fronteras marítimas de Palestina, ya que estas áreas no pertenecen al Estado de Israel, e Israel no posee ningún derecho soberano sobre ellas, incluidos derechos económicos exclusivos. Además, la exploración y explotación de gas en las áreas marítimas de Palestina violan flagrantemente el derecho fundamental del pueblo palestino a la libre determinación, que abarca la gestión de sus recursos naturales.

El 6 de febrero de 2024, el bufete de abogados Foley Hoag LLP, en representación de Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights y el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR), envió avisos a las empresas Eni SpA , Dana Petroleum Limited y Ratio Petroleum para que desistieran de realizar cualquier actividad en las áreas de la Zona G que se encuentran dentro de las áreas marítimas del Estado de Palestina, enfatizando que tales actividades constituirían una flagrante violación del derecho internacional.

Las organizaciones notificaron a las empresas que cualquier intento de explorar y explotar los recursos naturales reclamados por el Estado de Palestina sin su consentimiento violará inevitablemente el DIH, incluidas las leyes de ocupación. Las organizaciones advirtieron que la complicidad en crímenes de guerra como el saqueo es un delito penal grave, que expone a los actores corporativos a responsabilidad penal individual. Es importante destacar que la Corte Penal Internacional actualmente tiene una investigación activa abierta sobre crímenes internacionales cometidos en el territorio del Estado de Palestina y, por lo tanto, tiene jurisdicción para investigar y procesar a cualquier individuo considerado responsable de la comisión del crimen de guerra de saqueo. Además, participar en la licitación y realizar exploraciones de gas en las zonas marítimas de Palestina, en violación del DIH, expone a las empresas al riesgo de acciones civiles por daños y perjuicios. Las organizaciones declararon que están dispuestas a utilizar todos los mecanismos legales disponibles en la mayor medida posible a menos que las empresas se abstengan de actividades que contravengan el derecho internacional en el territorio ocupado, incluidas las aguas palestinas.

Según las organizaciones, la demarcación unilateral por parte de Israel de sus fronteras marítimas para incluir las zonas marítimas y los lucrativos recursos naturales de Palestina no sólo viola el derecho internacional, sino que también perpetúa una práctica de larga data de explotación de los recursos naturales palestinos para sus propios beneficios económicos y coloniales. Israel pretende saquear los recursos de Palestina, explotando lo que ya es una mera fracción de los recursos naturales que les corresponden legítimamente a los palestinos.

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