“Las órdenes de arresto de la CPI pueden ayudar a salvar vidas y deben ser respetadas y cumplidas”
Expertos de la ONU en derechos humanos
Naciones Unidas, 26 de noviembre de 2024
GINEBRA – Expertos de la ONU en derechos humanos instaron hoy al pleno cumplimiento de las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra el comandante de Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
“La decisión de la CPI marca un paso histórico hacia la justicia y la rendición de cuentas, y ofrece esperanzas de poner fin a décadas de impunidad por graves violaciones del derecho internacional cometidas durante mucho tiempo en el Territorio Palestino Ocupado (TPO)”, dijeron los expertos. “La prolongada falta de rendición de cuentas, especialmente por parte del Estado de Israel, ha sido un factor que ha permitido la creciente e insostenible violencia en la región, afectando las vidas y el futuro tanto de palestinos como de israelíes”.
Desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el asalto militar contra Gaza y el resto de los Territorios Palestinos Ocupados, los expertos independientes han recibido y documentado pruebas de graves violaciones del derecho internacional cometidas contra la población civil. “Estas violaciones, que a menudo constituyen crímenes internacionales, deben cesar de inmediato y no pueden quedar impunes”, afirmaron.
Los expertos acogieron con satisfacción la decisión de la CPI y recordaron a los Estados su obligación jurídica y moral de respetar el derecho internacional y castigar a los criminales de guerra, y afirmaron que la facultad de hacer cumplir estas órdenes de detención corresponde a los gobiernos. “El cumplimiento de las órdenes de detención es fundamental para superar la impunidad de larga data, que beneficia a los perpetradores, y para poner fin a los crímenes graves en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel”, dijeron.
Mientras millones de personas en la región, especialmente en Gaza, siguen padeciendo atrocidades abominables, todos los Estados tienen la obligación de demostrar su compromiso con la justicia y la defensa del derecho internacional de manera universal, sin prejuicios ni dobles raseros, dijeron los expertos. “La administración de justicia es a menudo el resultado de un esfuerzo colectivo, por lo que alentamos a los tribunales nacionales a que contribuyan y complementen la labor fundamental que realiza la CPI.
“Estamos particularmente atentos al derecho fundamental de las víctimas y sus familias a una reparación integral y significativa e instamos a todas las partes pertinentes a garantizar que se respeten sus derechos”, dijeron los expertos. “Para garantizar los derechos de las víctimas y sus familias, es imperativo que la CPI pueda llevar a cabo su trabajo sin interferencias ni otras presiones indebidas”.
*Los expertos: Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ; Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967 ; Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados ; Farida Shaheed, Relatora Especial sobre el derecho a la educación ; Ashwini KP, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia ; Jovana Jezdimirovic Ranito (Presidente-Relator), Ravindran Daniel, Michelle Small, Joana de Deus Pereira, Andrés Macías Tolosa Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios ; Barbara G. Reynolds (Presidenta), Bina D'Costa, Catherine Namakula, Isabelle Mamadou, Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes ; Graeme Reid, Experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género ; Español Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias ; Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos ; Nicolas Levrat, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías ; Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños ; Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible ; Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada ; Irene Khan, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión ; Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación ; Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ; Heba Hagrass, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad ; Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos ; George Katrougalos, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo ; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Laura Nyirinkindi (Presidenta), Claudia Flores (Vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Krstić y Haina Lu, Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas ; Bernard Duhaime, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ; Gabriella Citroni (Presidenta-Relatora), Grażyna Baranowska (Vicepresidenta), Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed Al-Obaidi, Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias ; Surya Deva, Relatora Especial sobre el derecho al desarrollo ; Richard Bennett, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán ; Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos al agua y al saneamiento .
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