Pregunta Parlamentaria sobre la actitud del gobierno ante empresas colonizadoras
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso, los miembros de la cámara que suscriben formulan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito.
En el centro de la ciudad de Málaga se encuentra el antiguo edificio de Correos, de 62 metros de altura, cerrado en 2010 como parte de un proceso de cambio de la propiedad. Desde entonces y hasta hace unos meses, ha sido objeto de pujas especulativas. El pasado mes de febrero la empresa israelí, “Nitsba Spain SL”, ganó el concurso público que le concedió la propiedad. La propuesta del fondo de inversión fue la construcci6n de un nuevo hotel de lujo.
El fondo de inversión israelí ganador de la puja lleva años favoreciendo la proliferación de asentamientos ilegales en los territorios palestinos, como ha quedado claro en diversos informes del instituto por la no violencia NOVACT y el observatorio de derechos humanos ODEAC.
Además, la cadena hotelera también israelí “Leonardo Hotel” también ha impulsado recientemente sus inversiones en la Costa del Sol, contribuyendo aún más a la normalización del apoyo a compañías que se lucran y colaboran con el apartheid israelí. Es inconcebible que se permitan operaciones mediante las que la industria turística malagueña se cimiente sobre fondos económicos manchados de sangre y que pisotean los derechos humanos más elementales, en este caso en concreto, los del pueblo palestino.
Con la complicidad del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, permitir estas inversiones fomenta la proliferación de asentamientos ilegales en suelo palestino y contribuye a la expulsión de familias palestinas de sus hogares y sus tierras de cultivo, como promueve el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, y que ha sido objeto de condena por la ONU y otros organismos internacionales de justicia y defensa de los derechos humanos.
La Corte internacional de Justicia, el 19 de julio, en su Opinión consultiva, Consecuencia jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, concretamente en el párrafo 278 y otros, declara la obligación de los Estados y de las empresas de poner fin a la colonización, “no mantener, con respecto al Territorio Palestino Ocupado o partes del mismo, relaciones económicas o comerciales con Israel que sean incompatibles con los principios de los Convenios de Ginebra, relaciones económicas o comerciales con Israel que refuercen la presencia ilegal, de este último en dicho territorio” y la de “tomar medidas para impedir el comercio o las inversiones que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”. Según el Tribunal, los Estados tienen la obligación de no considerar lícita la situación creada por la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y de no prestar ayuda o asistencia al mantenimiento de la situación creada por dicha presencia.
¿Cómo valora el Gobierno el incremento de la presencia e inversiones de empresas israelís que se benefician del apartheid en la Costa del Sol y otros lugares del territorio nacional?
¿Qué medidas plantea el Gobierno con respecto a las empresas que se lucran con el sufrimiento del pueblo palestino y actúan o llevan a cabo actividades comerciales en España?
¿Planea el Gobierno tomar medidas para interrumpir la recalificación urbanística por parte de “Nitsba Spain” en el antiguo edificio de Correos de Málaga? ¿Qué medidas y en qué periodo de tiempo?
¿Ha informado el Gobierno a la Fiscalía española para que examine las responsabilidades de las empresas, ejecutivos y miembros de los consejos de administración de las empresas participantes en proyectos y negocios en los territorios ocupados?
Palacio del Congreso, 09 de enero de 2025
Enrique Santiago Romero, Portavoz IU / GP Plurinacional SUMAR
Juan Antonio Valero Morales, Diputado IU / GP Plurinacional SUMAR
C. DIP 53316
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