El Tribunal Supremo israelí desestima la petición de los palestinos aislados de sus tierras por el Muro

 El Tribunal Supremo israelí desestima la petición de los palestinos aislados de sus tierras por el Muro

Hamoked

El Tribunal israelí dice que no encuentra razones para intervenir en la decisión del comandante del ejército, argumenta que la mayoría de los problemas citados por los demandantes se han resuelto

El Tribunal Superior de Justicia desestimó el domingo 1 de mayo una petición de desmantelamiento y traslado de partes de la barrera de seguridad hacia el oeste para evitar que los agricultores palestinos queden aislados de sus tierras cerca del límite de Cisjordania. Las tierras cultivables de los agricultores palestinos afectados se encuentran en Cisjordania, pero al otro lado de la valla donde ellos habitan y, para poder cultivarlas y recoger la cosecha, el ejército israelí pone restricciones de paso y quién puede pasar y cuándo que, al final, impide cultivarlas o recoger la cosecha, quedando yermas y, por lo tanto, si se 'abandonan' pueden ser expropiadas aplicando las leyes israelíes de los 'ausentes'.

El problema es que el Muro de separación discurre en un 85% dentro de Cisjordania, y sólo el 15% lo hace a lo largo de la Línea Verde -la línea de alto el fuego anterior a 1967 que delimita Israel de Cisjordania- y dentro del territorio israelí. En total, se calcula que la barrera ha costado a Israel unos 9.000 millones de NIS (2.800 millones de dólares), según el Centro de Investigación e Información de la Knesset.

En la mayor parte de su recorrido, la barrera consiste en una valla de malla metálica equipada con cámaras de vigilancia y otros sensores, protegida por alambre de espino y una zona de exclusión de 60 metros de ancho. En las zonas más urbanas -incluidos los alrededores de Jerusalén y Belén- la barrera no es una valla, sino un muro de hormigón de entre ocho y nueve metros de altura.

Los palestinos de Qaffin, Akaba y Nezlet Issa -tres pueblos del norte de Cisjordania- habían solicitado al tribunal el desmantelamiento de la barrera, argumentando que el efecto sobre sus medios de vida había sido drástico. Los agricultores tienen que recibir permisos militares para entrar en sus tierras a través de una puerta de la estructura, lo que, según dicen, les impide a menudo cultivar sus arboledas y campos.

Los demandantes palestinos -representados por el grupo de derechos HaMoked- argumentaron que el sistema de permisos se había convertido en una carga intolerable y afectaba gravemente a su capacidad de acceso a la tierra. Sin embargo, el tribunal dictaminó que la mayoría de las quejas individuales planteadas por los palestinos habían sido canceladas desde entonces o lo serían pronto.

"Es un veredicto decepcionante. Si es necesaria una barrera en esta zona, sería igual de eficaz, si no más, en la Línea Verde, en lugar de la ruta actual dentro de Cisjordania, que ha resultado devastadora para estas comunidades", dijo Jessica Montell, directora ejecutiva de HaMoked.

El 3 de junio de 2020, HaMoked solicitó al Tribunal Superior de Justicia israelí (TSJ) obligar a los militares a desmantelar un segmento de aproximadamente 6 kilómetros de la barrera de separación cerca de las aldeas de Qaffin, Nazlat' Isa y Akkaba en el noroeste de Cisjordania. 3.200 dunams (320 Ha) de tierra pertenecientes a estas comunidades están atrapados entre la Barrera de Separación y la Línea Verde en el área que Israel llama la “zona de separación”, donde implementa un régimen de permisos draconiano. La petición describía cómo, contrariamente al compromiso del Estado de 2009 ante el TSJ, la Barrera misma, junto con la implementación militar del régimen de permisos, daña gravemente las vidas y los medios de subsistencia de los residentes de las aldeas adyacentes. Como resultado, los huertos se han secado, las tierras previamente cultivadas quedan yermas, el rendimiento de los árboles restantes se ha reducido drásticamente y aquellos agricultores que no han renunciado a llegar a sus tierras,

El 1 de mayo de 2022, el TSJ desestimó por unanimidad la petición de HaMoked. En la sentencia, redactada por el magistrado Amit, la Corte resolvió que no había llamado a intervenir en la decisión del Comandante Militar en este asunto, “en vista de nuestro precedente practicado en cuanto al peso especial que debe otorgarse a la opinión de seguridad de la entidad responsable por seguridad…”, según la cual, “la ruta alternativa [propuesta en la petición] socava las consideraciones operativas detrás de la decisión sobre la ruta del Muro”. La presidenta del tribunal, Hayut, agregó en su opinión que “la necesidad de seguridad de la valla que se erigió sigue siendo válida como siempre antes/hoy como en el pasado”.  

En la sentencia, la TSJ reiteró que “la proporcionalidad del daño [causado por] el régimen de permisos se deriva del contenido de sus disposiciones y de su forma de implementación”, y subrayó que cada una de ellas podría ser impugnada en caso de daños graves y graves. daño desproporcionado al presentar una petición concreta, en lugar de una petición amplia y general como la presente. En este contexto, el juez Amit agregó que varias exacerbaciones en la emisión de permisos de entrada a la Zona, que se enumeraron en la petición, fueron finalmente canceladas o revisadas luego de que las peticiones impugnaran cada exacerbación por separado, incluida la relativa a la restricción de “pequeña parcela” . 

Además, la Corte rechazó el argumento de HaMoked de que el hecho de que las parcelas hayan sido abandonadas y los cultivos reemplazados por otros que no requieren un cultivo intenso provengan directamente de la ruta de la Barrera y el régimen de permisos, dictaminando en cambio que “incluso en el supuesto de que el régimen de permisos afectara el tipo de cultivos en la Zona de Seam y su escala, parece que el impacto es menos significativo que el que los peticionarios intentan retratar…”.

Recién al cierre de la sentencia, el TSJ consideró oportuno señalar que “innegablemente, las declaraciones juradas de los peticionarios muestran un cuadro duro con respecto al impacto del régimen de permisos en su acceso a sus tierras y su capacidad para cultivarlas…”. Sin embargo, en conclusión, la Corte volvió a afirmar que la vía adecuada para impugnar tales problemas era presentar peticiones individuales contra normas o conductas militares específicas. Además, los magistrados recomendaron a HaMoked aceptar la propuesta del Estado “para mantener un diálogo constante y [celebrar] reuniones periódicas con los peticionarios para buscar soluciones concretas a las dificultades que enfrentan con respecto al régimen de permisos…”.

HaMoked no se desanimará y continuará actuando para eliminar las restricciones arbitrarias y draconianas que impiden que los agricultores accedan a sus tierras de cultivo dentro de su tierra natal.

Palestina también. JUAN MANUEL SANTOS, ELPAÍS, PLANETA FUTURO, 06 MAY 2022

 

Un hombre vestido con la camiseta de 'Palestina libre' sostiene a su hija durante un mitin conmemorativo frente a la embajada de Estados Unidos en Kuala Lumpur, Malasia, 29 de abril de 2022. FAZRY ISMAIL (EFE)

Palestina también

JUAN MANUEL SANTOS,

ELPAÍS, PLANETA FUTURO, 06 MAY 2022 

Existen pruebas considerables de que el Gobierno israelí está incumpliendo el derecho internacional abiertamente con su dominio sobre las tierras ocupadas y sus prácticas opresivas sobre el pueblo palestino. La impunidad allí es igual de intolerable que en Ucrania o en cualquier otra parte

El mundo se ha horrorizado ante la invasión de Ucrania por parte de Putin y esa reacción es acertada. Los líderes políticos están recurriendo a un orden internacional basado en reglas para contrarrestar este acto de agresión injustificado. No obstante, no debemos olvidar que el descuido de estas reglas y normas globales en todo el mundo ha socavado la paz y la seguridad hace ya mucho tiempo y ha posibilitado la impunidad, por ejemplo, en el conflicto palestino-israelí. Para revertir esta tendencia peligrosa, los líderes deben defender estas reglas en todo lugar y en todo momento. El doble estándar podría debilitar los fundamentos para emprender una acción justificada.

Durante décadas, el conflicto palestino-israelí se ha agravado debido a que la comunidad internacional no ha denunciado el incumplimiento sistemático del derecho internacional. Actualmente, existen pruebas considerables de que el Gobierno israelí está incumpliéndolo abiertamente con su dominio sobre las tierras palestinas ocupadas y sus prácticas opresivas sobre el pueblo palestino. Como amigo de Israel, me siento obligado a alzar la voz.

Durante mi mandato como presidente de Colombia, dirigí el proceso de paz que puso fin a un conflicto armado de más de medio siglo. Al ayudar a mi país a finalizar este conflicto brutal, entendí que una paz duradera solo podía ser posible por medio de un acuerdo basado en igualdad de derechos, justicia e inclusión. Estos mismos principios motivaron mi decisión como presidente de reconocer al Estado de Palestina en 2018, por lo cual fui objeto de muchas críticas en ciertos círculos de Israel y en mi propio país.

Como amigos de Israel, nos preocupa cada vez más que los últimos gobiernos israelíes no hayan mostrado intenciones de aplicar los valores de igualdad y libertad consagrados en su declaración de la independencia en el territorio que han ocupado desde 1967. Continúan negando el principio básico de igualdad de derechos e impiden la creación de un Estado palestino.

Apoyo por completo el derecho de Israel a existir y a defenderse. El país ha sido atacado en múltiples ocasiones y esos ataques deben detenerse. No obstante, esos ataques no justifican el sistema de discriminación y opresión gubernamental, ni tampoco justifican las violaciones generalizadas de derechos humanos a las que están sujetos todos los días los palestinos que residen en los territorios ocupados. La anexión de facto de Cisjordania y el este de Jerusalén, a través de la expansión sin control de asentamientos judíos ilegales, constituye un indicio claro de la intención de Israel de dominar de forma permanente a un pueblo palestino sin Estado.

Las pruebas hacen difícil que cualquier observador imparcial no concluya que millones de palestinos están sujetos a un sistema cruel e intolerable de ocupación militar, además de que se les niegan sus derechos humanos básicos.

Durante años, varias importantes figuras políticas, jurídicas y militares de Israel han advertido que, de continuar las políticas de ocupación y asentamiento ilegales, se produciría un apartheid. Incluso, muchas de ellas, entre las que se incluyen un ex procurador general y exdirector del Shin Bet, afirman que ya está ocurriendo. Otros líderes internacionales, como el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon (mi colega en el grupo de The Elders), están arribando a conclusiones similares.

El término “apartheid” conlleva un peso emocional e histórico enorme para personas de todo el mundo. Debería utilizarse como un término legal y no como una acusación política. Son las pruebas las que determinan si un gobierno como el israelí está cometiendo el crimen de apartheid: no puede depender de lealtades políticas o ideológicas.

El hecho de que israelíes patriotas y figuras internacionales respetadas estén usando el término “apartheid” refuerza la necesidad de que se genere un debate objetivo sobre las pruebas, fundamentado en el marco legal internacional que define este crimen. A mí y a los demás miembros de The Elders nos encantaría que se genere tal debate, ya que demostraría un avance hacia un mejor entendimiento entre todas las partes.

Desafortunadamente, lo que estamos presenciando es un esfuerzo orquestado por el Gobierno israelí y sus aliados para callar todas las críticas y persuadir a la sociedad israelí y a sus aliados extranjeros de que tal debate no tiene fundamentos, sin examinar las pruebas. Los que exhiben pruebas se enfrentan a ser denigrados, acusados de antisemitismo e, incluso, criminalizados.

Además, se rechazan las investigaciones de entidades internacionales respecto de violaciones de derechos humanos o de crímenes atroces cometidos por todas las partes del conflicto, incluso Hamás.

No obstante, es posible que la marea esté cambiando. El respaldo mundial sin precedentes a la investigación del Tribunal Penal Internacional sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia desafía la inercia mostrada por la comunidad internacional en lo relacionado con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en otra parte. La impunidad en Israel y Palestina es igual de intolerable que en Ucrania o en cualquier otra parte.

Al pedir que se respete el derecho internacional, no cuestionamos la legitimidad de Israel ni el derecho de su pueblo a vivir con paz y seguridad. Todo lo contrario: está en juego no solo la igualdad de derechos de todos los palestinos e israelíes, sino también la integridad de los ideales fundacionales de Israel, que incluyen dignidad, justicia, libertad y voluntad de respetar el estado de derecho sobre la base de las pruebas. Los amigos de Israel deberían clamar por este noble propósito.

Juan Manuel Santos es expresidente de Colombia, Premio Nobel de Paz y miembro de The Elders.

CAF al servicio de la ocupación y la judaización de Jerusalén y de Cisjordania Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

 CAF al servicio de la ocupación y la judaización de Jerusalén y de Cisjordania 

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe 

La empresa CAF, junto a la empresa Shapir, están al servicio de las autoridades de ocupación israelí que están aprobando planes urbanísticos y tienen leyes de apartheid que están determinando un cambio demográfico y urbanístico en Jerusalén y en Cisjordania. 

Así, las autoridades israelíes están ampliando asentamientos en una Jerusalén ampliada, con respecto al que es su término municipal previo a su conquista y ocupación militar, y expropiando y expulsando a familias palestinas de sus hogares, con la excusa de creación de parques, carreteras o tranvías que unen asentamientos o cambios de propiedad favoreciendo a población israelí judía.  

Para ampliar la movilidad y facilitar la transferencia de población de la potencia ocupante a territorio ocupado, las autoridades israelíes financian la extensión de infraestructuras como el tranvía del apartheid que está haciendo la empresa española CAF. 

La empresa Shapir está en la Base de Datos de las Naciones Unidas como empresa que se lucra con la ocupación y 31 organizaciones de derechos humanos y solidarias han pedido que CAF sea incluida en esa relación al vulnerar las Convenciones de Ginebra y las Resoluciones de las Naciones Unidas. 

Además, se está pidiendo a diferentes organismos públicos que gestionan infraestructuras de transporte público que dejen de contratar a las empresas que están o vayan a estar en esa base de datos como Alstom,  Egis y CAF 

Información de los planes urbanísticos de las autoridades israelíes:  

http://causaarabeblog.blogspot.com/2022/05/los-mapas-lo-demuestran-la-judaizacion.html?m=1 

Actualmente la línea Roja llega a la colonia de Pisgat Ze’ev y se prolongará hasta el asentamiento de Neve Ya¡akov por un lado y la otra extensión, desde Beit Hakarem hasta Hadassah Ein Kerem. 

La nueva línea Verde en construcción, se extiende desde el asentamiento de Ramot, que ocupa las tierras palestinas de las aldeas Beit Iksa y Beit Hanania, a The Khan y desde allí a la colonia de Gilo, cerca de Biet Jala, por un lado y, por otro lado, hasta Malha. Además, una parte se extiende también hasta Jabal Al Masharef, denominado Monte Scopus. 

Finalmente, CAF se ha presentado a la licitación de la línea Púrpura que tendrá 14 kilómetros y 19 paradas, por la zona sur, de este a oeste, y pasa, por ejemplo, por Givat Hamatos, Territorio Palestino Ocupado, una zona en la que se está expropiando a los palestinos y donde se están planificando miles de viviendas 

Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados

https://stopsettlements.org/spanish/

​Los mapas lo demuestran: la judaización de Jerusalén Este cobra fuerza Autores: Maya Horodniceanu y Nir Hasson

 Un mapa de las zonas residenciales palestinas en Jerusalén Este

​Los mapas lo demuestran: la judaización de Jerusalén Este cobra fuerza

Autores: Maya Horodniceanu y Nir Hasson 

Fuente: Haaretz, 6 de abril de 2022 

Se construirán nuevos barrios a ambos lados de la abarrotada Beit Safafa, pero principalmente para israelíes ■ Sheikh Jarrah se enfrenta a posibles desalojos ■ Se están demoliendo casas en Silwan, y eso es sólo una lista parcial

Los días en que la construcción en Jerusalén Este abría los telediarios y sacudía las relaciones entre Estados Unidos e Israel pueden haber pasado, pero sobre el terreno Jerusalén sigue transformándose: se están construyendo o planeando barrios judíos más allá de la Línea Verde en lugares como Har Homa, Givat Hamatos, Atarot y Ramat Shlomo.

Y los grupos de colonos continúan con sus esfuerzos por judaizar los barrios de Silwan, Sheikh Jarrah, Jabal Mukkaber y Ras al-Amud. Estos y otros barrios palestinos siguen enfrentándose a políticas de planificación que van en su contra.

En gran medida, estos acontecimientos están dando forma a la capital de Israel y, en realidad, a todo el país, nada menos que la cumbre del Negev de la semana pasada con cuatro ministros de Asuntos Exteriores árabes. Hoy, como todos los días de las últimas décadas, miles de jerosolimitanos se ven amenazados con la demolición de sus casas o el desalojo, lo que disminuye su calidad de vida y empuja a la ciudad a la violencia y la desesperación. La construcción de barrios judíos y los esfuerzos por judaizar los barrios palestinos obstaculizan enormemente cualquier acuerdo político futuro.

Atarot

A primera vista, el proyecto de construcción de Atarot no amenaza a nadie. Las 9.000 viviendas se levantarán donde antes había un aeropuerto en el norte de Jerusalén. No se desalojará a ningún habitante de Jerusalén Este de sus hogares, y ni siquiera se trata de terrenos palestinos privados como la mayoría de los terrenos de Jerusalén Este.

Pero es el mayor barrio judío que se ha construido más allá de la Línea Verde en Jerusalén desde la década de 1990. Además, el barrio -destinado a la comunidad ultraortodoxa- se levantará en el corazón del norte palestino de Jerusalén, entre Kafr Aqab, Qalandia y Beit Hanina. Esta construcción no sólo anulará el sueño de los palestinos de explotar el aeropuerto bajo su propia bandera, sino que dificulta enormemente la misión de dividir Jerusalén.

El plan está atascado por ahora en el comité regional de planificación y construcción, no por la presión de la administración estadounidense o de la comunidad internacional en general, sino porque el comité está de acuerdo con los ministerios de medio ambiente y sanidad en que primero es necesaria una revisión medioambiental.

Beit Safafa

Beit Safafa adolece de una grave falta de terreno para la construcción y la expansión. Está abarrotada hasta el punto de ser asfixiante, pero el municipio de Jerusalén y el Ministerio de Justicia están avanzando en los planes para un nuevo barrio judío justo al norte llamado Givat Hashaked.

El barrio, que se situará totalmente por encima de la Línea Verde, está previsto en unos 38 dunams (unos 38.000 m2) por encima del cauce del río Nahal Refaim y del Parque de la Vía del Tren. Según el plan, se construirán unas 473 viviendas junto con una escuela primaria, sinagogas y guarderías.  Así, desde el norte, Givat Hashaked bloquearía Beit Safafa, cuya expansión hacia el sur quedaría bloqueada por otro barrio previsto, Givat Hamatos. Israel lleva muchos años avanzando en sus planes para construir un gran barrio en esa zona. En la década de 1990, Givat Hamatos albergaba casas prefabricadas para los nuevos inmigrantes, pero ahora se están levantando estructuras permanentes. Aunque algunas de ellas están destinadas a los residentes de Beit Safafa, la mayor parte del terreno está destinado a los recién llegados judíos.

La construcción de un nuevo barrio en Givat Hamatos dificultaría mucho la división de Jerusalén en el futuro, y la presión de la comunidad internacional ha provocado varias congelaciones y retrasos. Aun así, se han iniciado los trabajos de infraestructura y arqueológicos previos a la primera fase del barrio, que contará con 1.275 viviendas.

Todas las unidades que el Ministerio de Construcción y Vivienda ofrece en su programa de viviendas a precio reducido en Jerusalén están en Givat Hamatos. Cuando termine el sorteo de estos apartamentos y se publiquen los nombres de los ganadores, es probable que la construcción del barrio sea un hecho consumado.

Sheikh Jarrah

La famosa batalla por Sheikh Jarrah comenzó hace décadas. Los judíos vivieron en la parte occidental del barrio hasta 1948. Después de la guerra, Jordania alquiló los edificios abandonados a los refugiados palestinos de los territorios capturados por Israel durante la guerra; se les consideraba residentes protegidos y no podían ser desalojados. En 1967, tras la Guerra de los Seis Días, cuando Israel tomó Jerusalén Este, nada cambió; las propiedades siguieron siendo alquiladas, esta vez por las autoridades israelíes.

Pero finalmente los grupos de derecha localizaron a los herederos de inmuebles y les proporcionaron asistencia legal para reclamarlos. Los residentes dicen que están protegidos y que no pueden ser desalojados, y que no tienen otro lugar donde ir. Pero en muchos casos los tribunales han rechazado sus reclamaciones y los residentes han quedado dependiendo de la buena voluntad del administrador general de Israel y de los propietarios de los inmuebles.

Hasta la fecha, sólo una familia ha sido desalojada del barrio, mientras que los colonos se hicieron cargo de otro edificio después de que todos los inquilinos hubieran muerto. Pero la amenaza de desalojo pende sobre otras 15 familias.

Una de ellas es la familia Salem, que vive allí desde 1950. La casa de la familia fue comprada por el concejal de Jerusalén Yonatan Yosef, del partido derechista Jerusalén Unido, que exigió el desalojo en una medida que aumentó las tensiones en Sheikh Jarrah. En febrero, el Tribunal de Primera Instancia de Jerusalén congeló el desalojo, que no se espera que se produzca antes del final del Ramadán, que dura todo el mes de abril.

Otro punto conflictivo se encuentra en el lado oriental de Sheik Jarrah, una zona conocida como el Viñedo Aljouni. Los comités judíos asquenazíes y sefardíes de Jerusalén compraron allí lotes vacíos a finales del siglo XIX. En la década de 1950, se instalaron allí familias de refugiados palestinos. Las casas fueron construidas por el gobierno jordano y las Naciones Unidas, y los refugiados recibieron el derecho a vivir allí por una suma simbólica.

En la década de 1990, el grupo derechista Nahalat Shimon compró los terrenos a los comités judíos. Las parcelas habían sido devueltas a los comités a través de la ley que permite a los judíos reclamar propiedades abandonadas desde 1948 (y no hace lo mismo con las familias de refugiados palestinos, ya que estas propiedades han sido transferidas al Estado en virtud de la Ley de Propiedad de Ausentes). Así que ahora unas 30 familias, unas 200 personas, pueden verse desalojadas en los próximos años.

El Tribunal Supremo ha dictaminado recientemente que los residentes de varias propiedades previstas para el desalojo pueden seguir viviendo allí hasta que se completen los procedimientos de regulación de la tierra y se aclaren los derechos sobre la misma. Cuando se tome una decisión, probablemente afectará a otras familias de la zona.

Silwan

Tres zonas cercanas entre sí son el centro de la disputa en el barrio de Silwan. En la primera, el ayuntamiento pretende demoler las viviendas de más de 100 familias. La justificación es que el plan de zonificación más reciente del barrio, de 1977, señala la zona como terreno público abierto.

Como en muchos barrios palestinos de Jerusalén, hay una desconexión entre la planificación y las necesidades de la gente, y la mayoría de las familias han construido sus casas sin permisos. Durante los últimos 15 años, los residentes han intentado avanzar en un plan que rediseñe el terreno del barrio.

La última novedad se produjo en noviembre, cuando el Tribunal de Distrito de Jerusalén rechazó un recurso de 58 familias contra la demolición de sus casas. Sin embargo, continúan las conversaciones entre los residentes y el municipio en un esfuerzo por encontrar un terreno común.

Las casas de la zona de Silwan, al-Bustan, también están en el punto de mira del ayuntamiento, en este caso para construir un parque arqueológico llamado Jardín del Rey, que forma parte del Parque Nacional de la Ciudad de David, gestionado por la derechista Fundación Ir David, también conocida como Elad. Más de 100 familias viven en esta zona, que está destinada a la demolición.

Las familias están en conversaciones con el ayuntamiento y han presentado un plan elaborado por el arquitecto Youssef Jabarin: los edificios se demolerían y se construirían viviendas para los residentes en el 60% del terreno, y el resto se destinaría a un parque.

El ayuntamiento rechazó recientemente el plan de los residentes y propuso trasladarlos a edificios que se levantarían sólo en el 20% del terreno. Las negociaciones continúan.

La tercera zona de Silwan en peligro es Batan al-Hawa, donde viven decenas de familias. Estas casas se construyeron en el siglo XIX en terrenos que pertenecían al fideicomiso de propiedad judía (hekdesh); se construyeron para albergar a familias judías yemeníes.

En 1938, durante la revuelta árabe de 1936-39 en la Palestina del Mandato Británico, el gobierno del Mandato ordenó a los inmigrantes yemeníes que abandonaran el barrio. Las casas fueron destruidas y los palestinos compraron más tarde el terreno y construyeron casas allí. Después, dijeron que no sabían que el terreno no había sido realmente propiedad del vendedor.

La situación en Silwan estuvo en calma hasta 2001, cuando el Tribunal de Distrito de Jerusalén concedió una petición del grupo de colonos Ateret Cohanim para convertirse en los administradores del fideicomiso de la propiedad judía. Un año después, el administrador general liberó los terrenos a los nuevos fideicomisarios, poniendo a unas 70 familias en peligro de desalojo.

El año pasado, el Tribunal Supremo rechazó una petición de los palestinos contra el fideicomiso de propiedad judía, y el Tribunal de Magistrados de Jerusalén aceptó una petición de Ateret Cohanim y ordenó el desalojo de las familias. La decisión del Tribunal Supremo sobre Sheikh Jarrah podría influir en el destino de los habitantes de este barrio.

Ciudad Vieja

Hace dos semanas, Ateret Cohanim tomó parte del Hotel Petra, junto a la Puerta de Jaffa, en la Ciudad Vieja, como parte de la batalla legal del grupo para hacerse con toda la propiedad. Ateret Cohanim también intenta hacerse con un hotel cercano, el Imperial. Los colonos se hicieron con parte de la Petra tras una compleja batalla legal de 18 años entre el patriarcado griego -que obtuvo los hoteles en 2005- y empresas de fachada controladas por Ateret Cohanim.

Los jefes de las iglesias de Jerusalén desempeñan un papel muy importante. Para ellos esto es un desastre que cambiará el carácter del barrio cristiano de la Ciudad Vieja. Por ello, todos los jefes de las iglesias se han unido -una rareza en Jerusalén- para formar iniciativas de protesta contra el gobierno israelí.

"La toma del hotel Little Petra por el grupo extremista radical Ateret Cohanim es una amenaza para la continuidad del barrio cristiano de Jerusalén y, en última instancia, para la coexistencia pacífica de las comunidades de esta ciudad", dijo el Patriarca Ortodoxo Griego en un comunicado.

Jabal Mukkaber e Isawiyah

Los residentes de Jabal Mukkaber no se ven amenazados ni por el fideicomiso de propiedades judías, ni por los residentes judíos que huyeron del barrio, ni por un nuevo parque. Aquí, el municipio pretende ampliar la carretera que une Jabal Mukkaber y Sheikh Sa'ad. En las últimas semanas, los residentes del barrio han protestado contra el plan ante el Ayuntamiento. El plan aún necesita la aprobación final.

A diferencia de sus vecinos, los residentes de Isawiyah han recibido buenas noticias, aunque con una advertencia. El ayuntamiento de Jerusalén ha autorizado un nuevo plan de zonificación para el barrio, donde la mayoría de las viviendas se han construido sin permisos. El plan permitirá a muchos residentes del barrio obtener permisos.

Aun así, muchos residentes creen que las posibilidades de que se apruebe definitivamente son escasas, además de que no existe ningún plan para ampliar el abarrotado barrio. Un plan que sí existe es el de un parque nacional cercano, aunque de momento está atascado.

Walaja

Ostensiblemente, el pueblo palestino de Walaja está fuera de Jerusalén. Pero partes del pueblo -unos 800 dunams en los que viven unas 1.000 personas- se han anexionado a la capital. Allí, algunas de las viviendas corren peligro de ser demolidas.

En los últimos años, el Estado ha demolido unas 30 casas en el pueblo, y hay órdenes de demolición pendientes contra otras 50. Los residentes han solicitado al Tribunal Supremo que ordene al comité de planificación regional y al municipio de Jerusalén que discutan un plan de zonificación que han preparado para el pueblo. En una audiencia celebrada la semana pasada, el Estado accedió a congelar las demoliciones durante seis meses para dar una oportunidad al plan de zonificación.

Walaja es un caso extremo de discriminación urbanística en Jerusalén. Aunque la mitad del pueblo se anexionó a Jerusalén en 1967, el Estado nunca se molestó en elaborar un plan de zonificación para el barrio, por lo que no hay posibilidad de construir allí legalmente.

En las colinas que rodean el pueblo no existe ese problema; a lo largo de los años se ha construido en Gilo, Har Gilo y otros lugares. Cuando se construyeron estas edificaciones, se cercó a los habitantes de Walaja: el pueblo también estaba rodeado por el Muro (barrera de separación), y sus tierras agrícolas y sus cuidadas terrazas fueron declaradas parque nacional.

Por su parte, el ayuntamiento de Jerusalén declaró a Haaretz que ha "liderado un proceso histórico para avanzar en la construcción legal en Jerusalén Este, tras más de 50 años de abandono". El alcalde Moshe Leon está dirigiendo proyectos de renovación urbana en cooperación y diálogo con los residentes y sus líderes. Hace poco se anunció un nuevo barrio para las afueras de Jabal Mukkaber.

"Además, en el último año se han avanzado planes de zonificación detallados y sin precedentes para Isawiyah y Ras al-Amud, y en los próximos años avanzaremos planes similares en otros barrios.

"En cuanto a los permisos de planificación, en los últimos tres años hemos concedido 424 permisos para proyectos en Jerusalén Este, frente a los 212 de 2017 y los 186 de 2018. Gracias a la autorización de un plan maestro y de nuevos planes de zonificación en los barrios árabes, se espera que el número de permisos aumente drásticamente en los próximos años."

Occidente impone el doble estándar también en el turismo . Santiago González Vallejo del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

 

Ante la suspensión de Rusia en la Organización Mundial de Turismo

Occidente impone el doble estándar también en el turismo

Santiago González Vallejo

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Publicado en infolibre.es

 

En la asamblea extraordinaria de la Organización Mundial del Turismo celebrada en los días 27 y 28 de abril de 2022 se ha suspendido a Rusia como socio. En palabras de su secretario general, Zurab Pololikashvili, “los Miembros de la OMT (UNWTO) han enviado un mensaje claro: El turismo es un pilar de la paz y la amistad internacional, y los miembros de la OMT deben defender estos valores o enfrentarse a las consecuencias, sin excepciones. Esta Asamblea General de emergencia demuestra que las acciones de Rusia son indefendibles y contrarias a los propios principios de la OMT y de la gobernanza internacional”. Según el artículo 3 de los Estatutos de la OMT, “todos los Miembros se comprometen a desarrollar el turismo con el fin de "contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y la perspectiva universal de los derechos humanos". De hecho, la OMT tiene un Comité Mundial de Ética de Turismo que vigila el cumplimiento de un Código Ético con esos mismos principios.

Dada la invasión rusa a Ucrania veríamos que la OMT ha sido coherente.

¿Coherente? ¿Siempre?

Veamos.

En mayo de 2021, este Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, presentó una demanda ante el Comité Mundial de Ética de Turismo / World Committee on Tourism Ethics, reclamando que se suspenda la membresía del Estado de Israel por su declarado irrespeto a los derechos humanos, ser invasor y ocupante y, por consiguiente, vulnerar gravemente el Código Ético de la Organización Mundial de Turismo. Su suspensión se pedía mientras siga ocupando Territorios palestinos y árabes.

Asimismo, pedíamos la suspensión como miembros de la OMT de una serie de empresas que operan y se lucran ilegalmente en los Territorios palestinos y árabes ocupados y que se impidiera la membresía de cualquier empresa que opere ilegalmente en los Territorios Ocupados palestinos y árabes, entre otras a Airbnb, Expedia, TripAdvisor, The Israel Association of Travel Agencies & Consultants, ORTRA, Israel Hotel Association por operar en los asentamientos ilegales israelíes.

De hecho, las tres primeras empresas mencionadas (junto a Booking y eDreams) están mencionadas en la Base de Datos elaborada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por su actividad en los Territorios Ocupados, en contra de la opinión de la población autóctona y sus representantes.

No puede haber un turismo ético cuando se produce en un contexto de ocupación.

El ocupante está ejerciendo una apropiación de los recursos naturales, desde las piedras y otros abrasivos al agua, apropiación de tierras, corte de olivos, etc. Incluso las profesiones a ejercer por parte de los palestinos en su propia tierra, por ejemplo, en Jerusalén, están al albur de decisiones de la potencia ocupante. El urbanicidio de Jerusalén se está haciendo todos los días, por parte de la potencia ocupante, expulsando a palestinos, junto a la expansión de colonias gracias, entre otros, a la empresa española CAF.

Israel y el resto de las empresas y asociaciones mencionadas jibariza el turismo palestino, desinforma, roba tesoros de todo tipo, arqueológicos, libros, hasta el intangible gastronómico, etc. El desarrollo económico israelí se ejerce sobre la depauperización y pobreza de Palestina. Ocupa y controla los lugares religiosos de las zonas ocupadas, cuando no se las apropia como en Jerusalén y Hebrón. Los agentes y empresas de turismo que promueve Israel no pagan seguros e impuestos a la administración o a empresas palestinas cuando penetran sus actividades en Territorio Palestino. Practica el apartheid contra la población palestina, incluyendo a los palestinos con ciudadanía israelí, incluyendo la imposibilidad de viajar o la unificación familiar.

La demanda fue recibida por Pascal Lamy, antiguo rector de la Organización Mundial de Comercio que no se molestó en responder. Tampoco su sucesora, Phumzile Mlambo-Ngcuka, ex directora ejecutiva de ONU Mujeres.

“… los miembros de la OMT deben defender estos valores o enfrentarse a las consecuencias, sin excepciones”.

Otro doble estándar y sin arrugar el entrecejo. Tampoco, la Unión Europea y España.

Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados

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Primera victoria: ¡la disolución del Colectivo Palestina Vaincra suspendida por el Consejo de Estado!

 

Primera victoria: ¡la disolución del Colectivo Palestina Vaincra suspendida por el Consejo de Estado!

Colletif Palestine Vaincra!, 29 de abril de 2022

Hoy, el Consejo de Estado francés ha anunciado la suspensión del decreto de disolución del Colectivo Palestina Vaincra, publicado el 9 de marzo por el Ministerio del Interior francés. Se trata de una primera victoria para el Colectivo Palestina Vaincra y el Comité contra la disolución del Colectivo Palestina Vaincra, a la espera de que se resuelva el recurso para anular la prohibición por completo.

En su auto del 29 de abril, el Consejo de Estado consideró que la prohibición "no es necesaria ni adecuada y constituye un ataque desproporcionado a la libertad de expresión y a la libertad de asociación, dado que el Collectif Palestine Vaincra "no provoca ni contribuye a la discriminación, al odio o a la violencia, que sus posiciones sobre Israel y el sionismo no tienen un carácter antisemita, que siempre ha condenado el antisemitismo, que la campaña de boicot a los productos israelíes constituye un medio legítimo de expresar opiniones de protesta (...)". )", barriendo así las falsas acusaciones vertidas contra el colectivo. Esto, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó descaradamente hace algún tiempo en Toulouse que el CPV es un "colectivo antisemita", esta decisión es un verdadero retroceso contra el abuso de autoridad y socava la propaganda de la extrema derecha sionista y sus intentos de vincular el antisionismo y el antisemitismo.

La decisión del Consejo de Estado reafirma la legitimidad del apoyo al pueblo palestino y la existencia del Colectivo Palestina Vaincra y sus diversas actividades realizadas desde hace más de tres años en Toulouse y otros lugares. El Colectivo Palestina Vaincra se congratula de poder continuar libremente sus luchas y desea saludar especialmente a la Unión Juive Française pour la Paix, a la Association France-Palestine Solidarité y a la Union Syndicale Solidaires por su importante apoyo en esta batalla jurídica, así como a la gran movilización del Comité contra la disolución del Colectivo Palestina Vaincra, que reúne a más de 30 organizaciones y numerosos partidarios en todo el mundo. ¡La movilización debe continuar para una anulación total de la prohibición!

¡Palestina vivirá, Palestina vencerá! (¡Palestina vivra, Palestina Vaincra!)

Colectivo Palestina Vaincra

29 de abril de 2022

Carta de Javier Arjona

 Resumen Medio Oriente, 29 de abril de 2022.

EE UU y la OTAN aplauden a Amnistía cuando emite informes sobre Ucrania e insultan y descalifican este mismo organismo cuando emite sus informes sobre Israel y sus crímenes. Las ejecuciones extrajudiciales ilegales, los arrestos arbitrarios, la tortura y el castigo colectivo son una realidad vivida a diario por los palestinos bajo el sistema del apartheid israelí señaló Amnistía Internacional.

Por Javier Arjona

Se presentaba en Xixón (y en Oviedo en la Coordinadora de ONGd) el informe de Amnistía Internacional sobre el apartheid israelí.

El catedrático de Derecho internacional de la Uniovi Javier González Vega desgranaba el ejemplo histórico de Sudáfrica y los instrumentos creados para condenar el apartheid, a los que, curiosamente ¿? No se han adscrito los países occidentales.

El encargado de territorios ocupados de AI Carlos de las Heras hacía presentación propiamente del unforme, que responde a muchas décadas de seguimiento de esta organización de DD HH en los territorios ocupados y en la escena internacional: su publicación en enero ya le ha valido ataques desde el sionismo israelí, pero es incuestionable en su contenido.

La periodista de dos identidades hispano-palestina Maysun (madre española padre palestino) dio testimonio de la vida cotidiana en el apartheid y la ocupación y también proyectó fotos propias ilustrando las acciones terribles de la segregación brutal.

Viene a coincidir en el tiempo este informe (que desde el público fue felicitado y valorado como un «cambio» o al menos de percepción entre una supuesta equidistancia entre verdugos y víctimas que el pasado hubiera podido interpretarse de los comunicados de Amnistía) con otros pronunciamientos, como el de nada menos del Relator de Naciones Unidas, Michael Lynk, quien afirma:

«Israel practica el apartheid en los territorios palestinos ocupados». «Hoy existe en el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967 un sistema legal y político dual profundamente discriminatorio, que privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos israelíes ilegales en Jerusalén Este y Cisjordania», explica el relator, que también habla de muros y de puestos de control y que recuerda que tres millones de palestinos y palestinas «están sin derechos, viviendo bajo un régimen opresivo de discriminación institucional». Sin olvidar que dos millones de personas viven en Gaza, «una prisión al aire libre», en palabras de Lynk, sin acceso adecuado al agua, a la energía o a la salud.

En 1966, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el apartheid como crimen de lesa humanidad, postura reiterada por el Consejo de Seguridad en 1984. Entre ambas fechas, concretamente en 1973, se aprobó la Convención sobre el Apartheid, que denuncia que las políticas de segregación y discriminación racial son crímenes internacionales.

Por su parte, nada menos que el exfiscal general de Israel Michael Ben-Yair ha publicado un artículo en el periódico irlandés «The Journal» donde denuncia y condena el régimen de apartheid y la ocupación de Palestina.

Amnistía lo ha puesto bastante claro: lo que sucede en Palestina es un apartheid, sin peros ni eufemismos.

Israel ha impuesto un sistema de opresión y dominación de la población palestina. La segregación se lleva a cabo de una forma sistemática y muy institucionalizada mediante leyes, políticas y prácticas, todas ellas concebidas para impedir que la población palestina reclame los mismos derechos que la población israelí judía dentro de Israel y los territorios palestinos ocupados y disfrute de ellos y, por tanto, con la intención de oprimir y dominar al pueblo palestino.

Las ejecuciones extrajudiciales ilegales, los arrestos arbitrarios, la tortura y el castigo colectivo son una realidad vivida a diario por los palestinos bajo el sistema del apartheid israelí señaló Amnistía Internacional, con sede en Londres.

EE UU y la OTAN aplauden a Amnistía cuando emite informes sobre Ucrania e insultan y descalifican este mismo organismo cuando emite sus informes sobre Israel y sus crímenes.

Naturalmente todos estos informes tienen por objetivo a medio plazo conseguir que este régimen de apartheid se termine, y en tal sentido se exige a las autoridades españolas que actúen en consecuencia y se hagan eco de la recomendación del Relator con «un conjunto imaginativo y enérgico de medidas de rendición de cuentas» para que así se logre «acabar por completo con la ocupación israelí y sus prácticas de apartheid».

Fuente: La Nueva España