El Tribunal Supremo israelí desestima la petición de los palestinos aislados de sus tierras por el Muro

 El Tribunal Supremo israelí desestima la petición de los palestinos aislados de sus tierras por el Muro

Hamoked

El Tribunal israelí dice que no encuentra razones para intervenir en la decisión del comandante del ejército, argumenta que la mayoría de los problemas citados por los demandantes se han resuelto

El Tribunal Superior de Justicia desestimó el domingo 1 de mayo una petición de desmantelamiento y traslado de partes de la barrera de seguridad hacia el oeste para evitar que los agricultores palestinos queden aislados de sus tierras cerca del límite de Cisjordania. Las tierras cultivables de los agricultores palestinos afectados se encuentran en Cisjordania, pero al otro lado de la valla donde ellos habitan y, para poder cultivarlas y recoger la cosecha, el ejército israelí pone restricciones de paso y quién puede pasar y cuándo que, al final, impide cultivarlas o recoger la cosecha, quedando yermas y, por lo tanto, si se 'abandonan' pueden ser expropiadas aplicando las leyes israelíes de los 'ausentes'.

El problema es que el Muro de separación discurre en un 85% dentro de Cisjordania, y sólo el 15% lo hace a lo largo de la Línea Verde -la línea de alto el fuego anterior a 1967 que delimita Israel de Cisjordania- y dentro del territorio israelí. En total, se calcula que la barrera ha costado a Israel unos 9.000 millones de NIS (2.800 millones de dólares), según el Centro de Investigación e Información de la Knesset.

En la mayor parte de su recorrido, la barrera consiste en una valla de malla metálica equipada con cámaras de vigilancia y otros sensores, protegida por alambre de espino y una zona de exclusión de 60 metros de ancho. En las zonas más urbanas -incluidos los alrededores de Jerusalén y Belén- la barrera no es una valla, sino un muro de hormigón de entre ocho y nueve metros de altura.

Los palestinos de Qaffin, Akaba y Nezlet Issa -tres pueblos del norte de Cisjordania- habían solicitado al tribunal el desmantelamiento de la barrera, argumentando que el efecto sobre sus medios de vida había sido drástico. Los agricultores tienen que recibir permisos militares para entrar en sus tierras a través de una puerta de la estructura, lo que, según dicen, les impide a menudo cultivar sus arboledas y campos.

Los demandantes palestinos -representados por el grupo de derechos HaMoked- argumentaron que el sistema de permisos se había convertido en una carga intolerable y afectaba gravemente a su capacidad de acceso a la tierra. Sin embargo, el tribunal dictaminó que la mayoría de las quejas individuales planteadas por los palestinos habían sido canceladas desde entonces o lo serían pronto.

"Es un veredicto decepcionante. Si es necesaria una barrera en esta zona, sería igual de eficaz, si no más, en la Línea Verde, en lugar de la ruta actual dentro de Cisjordania, que ha resultado devastadora para estas comunidades", dijo Jessica Montell, directora ejecutiva de HaMoked.

El 3 de junio de 2020, HaMoked solicitó al Tribunal Superior de Justicia israelí (TSJ) obligar a los militares a desmantelar un segmento de aproximadamente 6 kilómetros de la barrera de separación cerca de las aldeas de Qaffin, Nazlat' Isa y Akkaba en el noroeste de Cisjordania. 3.200 dunams (320 Ha) de tierra pertenecientes a estas comunidades están atrapados entre la Barrera de Separación y la Línea Verde en el área que Israel llama la “zona de separación”, donde implementa un régimen de permisos draconiano. La petición describía cómo, contrariamente al compromiso del Estado de 2009 ante el TSJ, la Barrera misma, junto con la implementación militar del régimen de permisos, daña gravemente las vidas y los medios de subsistencia de los residentes de las aldeas adyacentes. Como resultado, los huertos se han secado, las tierras previamente cultivadas quedan yermas, el rendimiento de los árboles restantes se ha reducido drásticamente y aquellos agricultores que no han renunciado a llegar a sus tierras,

El 1 de mayo de 2022, el TSJ desestimó por unanimidad la petición de HaMoked. En la sentencia, redactada por el magistrado Amit, la Corte resolvió que no había llamado a intervenir en la decisión del Comandante Militar en este asunto, “en vista de nuestro precedente practicado en cuanto al peso especial que debe otorgarse a la opinión de seguridad de la entidad responsable por seguridad…”, según la cual, “la ruta alternativa [propuesta en la petición] socava las consideraciones operativas detrás de la decisión sobre la ruta del Muro”. La presidenta del tribunal, Hayut, agregó en su opinión que “la necesidad de seguridad de la valla que se erigió sigue siendo válida como siempre antes/hoy como en el pasado”.  

En la sentencia, la TSJ reiteró que “la proporcionalidad del daño [causado por] el régimen de permisos se deriva del contenido de sus disposiciones y de su forma de implementación”, y subrayó que cada una de ellas podría ser impugnada en caso de daños graves y graves. daño desproporcionado al presentar una petición concreta, en lugar de una petición amplia y general como la presente. En este contexto, el juez Amit agregó que varias exacerbaciones en la emisión de permisos de entrada a la Zona, que se enumeraron en la petición, fueron finalmente canceladas o revisadas luego de que las peticiones impugnaran cada exacerbación por separado, incluida la relativa a la restricción de “pequeña parcela” . 

Además, la Corte rechazó el argumento de HaMoked de que el hecho de que las parcelas hayan sido abandonadas y los cultivos reemplazados por otros que no requieren un cultivo intenso provengan directamente de la ruta de la Barrera y el régimen de permisos, dictaminando en cambio que “incluso en el supuesto de que el régimen de permisos afectara el tipo de cultivos en la Zona de Seam y su escala, parece que el impacto es menos significativo que el que los peticionarios intentan retratar…”.

Recién al cierre de la sentencia, el TSJ consideró oportuno señalar que “innegablemente, las declaraciones juradas de los peticionarios muestran un cuadro duro con respecto al impacto del régimen de permisos en su acceso a sus tierras y su capacidad para cultivarlas…”. Sin embargo, en conclusión, la Corte volvió a afirmar que la vía adecuada para impugnar tales problemas era presentar peticiones individuales contra normas o conductas militares específicas. Además, los magistrados recomendaron a HaMoked aceptar la propuesta del Estado “para mantener un diálogo constante y [celebrar] reuniones periódicas con los peticionarios para buscar soluciones concretas a las dificultades que enfrentan con respecto al régimen de permisos…”.

HaMoked no se desanimará y continuará actuando para eliminar las restricciones arbitrarias y draconianas que impiden que los agricultores accedan a sus tierras de cultivo dentro de su tierra natal.