miércoles, 19 de noviembre de 2025

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta el plan de Trump para Gaza


 © PMA/Maxime Le Lijour Un adolescente retira escombros de una vivienda en la ciudad de Gaza.


El Consejo de Seguridad de la ONU adopta el plan de Trump para Gaza
Con 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y China, el máximo órgano responsable de la paz y seguridad internacionales da luz verde al plan del presidente estadounidense que incluye un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional.

Nota de prensa NU, 17 de noviembre de 2025
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó este lunes una resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan del presidente Donald Trump para Gaza, y que incluye un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional.
El texto, que obtuvo 13 votos a favor y la abstención de Rusica y China, apoya la segunda fase del plan de 20 puntos de Trump, que logró un alto el fuego en octubre, tras dos años de guerra que ha matado a casi 70.000 palestinos, y la liberación de rehenes y detenidos.
Estados Unidos: El gobierno transitorio estará dirigido por el presidente Trump
Tras la votación, el representante de Estados Unidos agradeció a los miembros del Consejo su apoyo y señaló que la resolución representa "otro paso significativo hacia una Gaza estable que pueda prosperar, y hacia un entorno que permita a Israel vivir con seguridad". 
Mike Waltz especificó que la administración transitoria, la Junta de Paz, estará dirigida por el presidente Trump y será "la piedra angular de nuestro esfuerzo". 
"La Junta coordinará la entrega de asistencia humanitaria, facilitará el desarrollo de Gaza y apoyará a un comité tecnocrático de palestinos responsable de las operaciones cotidianas de Gaza, del servicio civil y de la administración, mientras la Autoridad Palestina implementa plenamente su programa de reformas", declaró el representante estadounidense.
Argelia: La resolución ofrece la oportunidad de restaurar el gobierno palestino
El representante de Argelia afirmó que la paz auténtica en Oriente Medio es imposible sin justicia para el pueblo palestino, que lleva décadas esperando su Estado independiente.
Tras señalar que los países árabes y musulmanes respaldaron el proyecto y que la Autoridad Palestina lo acogió con satisfacción, Argelia votó a favor de mantener el alto el fuego y crear las condiciones para que los palestinos ejerzan su derecho a la autodeterminación y a la creación de un Estado. 
Amar Bendjama destacó que la ayuda humanitaria debe entrar en Gaza sin interferencias y que un comité tecnocrático palestino debe administrar Gaza hasta que regrese la Autoridad Palestina.
Argelia calificó la Fuerza Internacional de Estabilización propuesta como un paso importante hacia la retirada total de Israel e instó a una reconstrucción urgente.
Rusia: No hay claridad alguna sobre los plazos
El representante de Rusia ante la ONU advirtió que no hay claridad alguna sobre los plazos para transferir a la Autoridad Palestina el control de Gaza, ni certeza respecto al gobierno transitorio ni a la fuerza internacional. 
"Según el texto de la resolución que adoptamos, parecería poder actuar absolutamente de manera autónoma, sin tener en cuenta la posición u opinión de Ramala. Esto podría afianzar la separación de la Franja de Gaza y Cisjordania", denunció Vasily Nebenzya. 
El diplomático enfatizó que el Consejo "está otorgando su bendición a una iniciativa estadounidense basada en promesas de Washington", dando control completo sobre la Franja de Gaza a la Junta de Paz y a la Fuerza internacional, "cuyas modalidades aún desconocemos".
China: Los palestinos deben gobernar Palestina
El representante de China, que también se abstuvo, expresó profunda preocupación por el proyecto de resolución, señalando que carece de claridad en elementos críticos y no garantiza el principio fundamental de que "los palestinos gobiernen Palestina". 
Fu Cong lamentó la falta de información sobre la estructura y mandato de la Junta de Paz y la Fuerza internacional, así como la ausencia de un compromiso explícito con la solución de dos Estados. 
Subrayó que cualquier disposición posguerra debe respetar la voluntad del pueblo palestino y el papel central de la Autoridad Nacional Palestina. 
Aunque persistieron serias preocupaciones, el diplomático enfatizó que China se abstuvo en la votación debido a la urgencia de mantener el alto el fuego y evitar un mayor deterioro humanitario en Gaza.
El texto pide “el establecimiento de la Junta de Paz como una administración transitoria con personalidad jurídica internacional”.
Salvo la referencia al presidente Trump hecha por el representante de Estados Unidos, la resolución no especifica quiénes integrarán la Junta, pero señala que “establecerá el marco y coordinará la financiación para la reurbanización de Gaza (…) hasta que la Autoridad Palestina haya completado satisfactoriamente su programa de reformas”.
Una vez que la Autoridad Palestina haya llevado a cabo las reformas solicitadas y la reurbanización de Gaza esté en marcha, “se podrán dar por fin las condiciones necesarias para una vía factible hacia la libre determinación y la condición de Estado de Palestina. Los Estados Unidos establecerán un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político que permita alcanzar una coexistencia pacífica y próspera”.
Fuerza internacional
Mediante la resolución, el Consejo de Seguridad autoriza a los Estados miembros que trabajen con la Junta y a ésta a establecer una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) temporal que se despliegue “bajo un mando unificado” con fuerzas de los Estados miembros participantes en consulta estrecha con Israel y Egipto.
Según el texto, la FIS puede utilizar "todas las medidas necesarias", es decir, la fuerza, para hacer cumplir su mandato, aunque especifica que deberá ser de conformidad con el derecho internacional.
La FIS estará a cargo de asegurar las fronteras de Gaza junto a Israel y Egipto y entrenará y colaborará con la policía palestina.
También asegurará la "desmilitarización de Gaza, incluyendo la destrucción y prevención de reconstrucción de infraestructura militar, terrorista y ofensiva, así como el desmantelamiento permanente de las armas de los grupos armados no estatales", la protección de los civiles y la vigilancia de los corredores de ayuda humanitaria.
Aunque el texto no proporciona más detales, según informaciones de prensa, la fuerza estará compuesta de unos 20.000 soldados internacionales. 
El representante de Estados Unidos, Mike Waltz detalló antes de la votación que muchos de ellos procederán de países de mayoría musulmana como Indonesia y Azerbaiyán.
No será una operación de la ONU, por lo que no participarán los cascos azules.




Traducción no oficial

El Estado de Palestina acoge con beneplacito la resoluci6n de la ONU sobre Gaza y reafirma su disposici6n a apoyar su implementaci6n y asumir sus plenas responsabilidades
 El Estado de Palestina celebr6 esta noche la adopci6n par el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del proyecto de resoluci6n de Estados Unidos sabre Gaza, que afirma el establecimiento de un alto el fuego permanente y complete en la Franja de Gaza, la entrega sin trabas de asistencia humanitaria y el derecho del pueblo palestino a la autodeterminaci6n y al establecimiento de su Estado independiente.
El Estado de Palestina subray6 la urgente necesidad de implementar de inmediato esta resoluci6n sabre el terreno, de manera que se garantice el retorno a la normalidad, se proteja a la poblaci6n de la Franja de Gaza, se prevenga el desplazamiento, se asegure la retirada total de las fuerzas de ocupaci6n, se posibilite la reconstrucci6n, se detenga el debilitamiento de la soluci6n de dos Estados y se impida la anexión.
El Estado de Palestina expresó su plena disposición a cooperar con la Administración de los Estados Unidos, los miembros del Consejo de Seguridad, los Estados árabes e islámicos, la Unión Europea y sus Estados miembros, las Naciones Unidas y todas las partes de la coalición internacional y socios de la Declaración de Nueva York, con el fin de garantizar la implementación de esta resolución de manera que se ponga fin al sufrimiento del pueblo palestino en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y se promueva la vía política hacia la paz, la seguridad y la estabilidad entre palestinos e israelíes, sobre la base de la solución de dos Estados fundamentada en el Derecho Internacional y la legitimidad internacional.
El Estado de Palestina reiteró su afirmación de estar dispuesto a asumir plenamente sus responsabilidades en la Franja de Gaza, en el marco de la unidad de territorio, pueblo e instituciones, considerando la Franja parte integrante del Estado de Palestina.
El Estado de Palestina también expresó su agradecimiento a todos los países que manifestaron su disposición a colaborar con el Estado de Palestina y las partes pertinentes para apoyar los esfuerzos palestinos por poner fin a la ocupación y lograr la libertad y la independencia, en virtud de su compromiso con el avance de una solución justa e integral a la cuestión palestina, una solconyue traiga paz, estabilidad y seguridad a la región y al mundo entero-

Ramallah, 18 de noviembre de 2025


ONU en Gaza


La política (de la ONU en Gaza) es la continuación de la ocupación
Víctor de Currea-Lugo, 18 de noviembre de 2025
La ONU es de las pocas instituciones que de verdad han hecho algo por Palestina, pero lo han hecho mal. En 1947 partió su territorio y en 1982 abandonó a los civiles en Beirut para que fueran masacrados.
En 2002, el informe Bertini autorizaba que los soldados israelíes pudieran detener a las ambulancias hasta “por treinta minutos”, lo que es una eternidad médica si pensamos en un parto o en un infarto. Y ahora, en 2025, vuelve a repetir sus malas decisiones.
El Consejo de Seguridad acabó de aprobar la Resolución 2803 (del 17 de noviembre de 2025) que, en resumen, respaldó la decisión de Trump y de Netanyahu sobre Gaza y “acogió con beneplácito el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza”. Eso no acaba el conflicto, ni la ocupación.
“La situación en la Franja de Gaza representa una amenaza para la paz regional y la seguridad”, pero parece que no es una amenaza el genocidio contra los palestinos, los ataques contra buena parte de los vecinos de Israel, ni la sistemática violación de la normatividad internacional.
La ONU “hace suyo el Plan Integral” de Trump para Gaza (recomiendo leer mi análisis «Plan de paz para Gaza: entre el garrote y la zanahoria envenenada»). En esa propuesta no aparece la autodeterminación de los palestinos, quienes parecen reducidos a meros espectadores de un plan propuesto por los aliados de sus genocidas.
Habla de los “principios del derecho internacional pertinentes”, pero no son pertinentes la ocupación, los asentamientos, el estatuto de Jerusalén, ni el retorno de los refugiados. Por supuesto, sobra decir que el derecho a la resistencia frente a una ocupación armada fue borrado de un plumazo.
La propuesta acepta la propuesta de dos Estados de Arabia Saudita y Francia, una propuesta que, en el mejor de los casos, crea un espacio para los palestinos, sin que ellos tengan la característica esencial que define un Estado: el monopolio del uso de la fuerza.
Hasta la ayuda humanitaria, de entrada, lleva una condición “que esa ayuda se destine exclusivamente a usos pacíficos y no sea desviada por grupos armados”. No hay la más mínima mención a la hambruna, ni a los controles israelíes que han hecho posible la crisis actual.
La propuesta crea un “comité palestino tecnocrático”, algo así como un grupo de palestinos a los que no se les reconoce un papel claro ni una estancia alguna de poder. O sea, meros espectadores. No está en la agenda los crímenes de guerra cometidos por Israel
Una “Fuerza Internacional de Estabilización” (muy diferente a la fuerza propuesta por de “Unidos por la Paz”), que actuará en “estrecha consulta y cooperación con la República Árabe de Egipto y el Estado de Israel”.
Y se formará una policía palestina cuya primera tarea será “garantizar la seguridad de las zonas fronterizas” y luego asegurar “el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza”, lo que implicará una guerra entre palestinos.
Mientras el ejército de Israel se retiraría “salvo una presencia perimetral de seguridad que permanecerá hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista”.
¿En qué queda el plan de Gustavo Petro?
El primer golpe a la propuesta colombiana fue el plan de Trump, porque allí impuso una lectura del conflicto basada en la lucha contra el terror y no en una ocupación ni en un genocidio.
Aunque tanto Trump como el presidente Petro proponen el despliegue de tropas, su naturaleza y sus respectivas tareas no coinciden (recomiendo mi columna «Tropas para Gaza… ¿al servicio de quién?«). Mientras Gustavo Petro plantea liberar a Gaza para que los palestinos ejerzan su derecho a la autodeterminación, Trump propone una fuerza internacional que dependa de lo que dicte el Estado ocupante: Israel.
Ahora, la propuesta de Petro era jurídicamente viable porque (requisito indispensable) el Consejo de Seguridad estaba bloqueado en sus debates sobre Gaza debido al veto sostenido de los Estados Unidos.
Pero ahora el tema vuelve a estar de la agenda del Consejo de Seguridad y, por tanto, la Asamblea General poco puede decir y mucho menos activar la propuesta colombiana de “Unidos por la Paz”.
Incluso sería utópico pensar en la convivencia de ambas propuestas, porque a nadie le cabe imaginar el despliegue de tropas bajo banderas de la ONU en un mismo escenario y con mandatos diferentes.
¿Cómo fue eso posible? La abstención de Rusia y de China (que, en la práctica, equivale a una aprobación) le dio al aire necesario a Estados Unidos para apropiarse de Gaza. La abstención de las dos potencias es, en última instancia, la firma de una carta blanca para que Trump y su aliado, Benjamín Netanyahu, hagan lo que quieran en Gaza. Algún día (y en otra columna) hablaremos de la responsabilidad por omisión, que no es poca de cara a un genocidio.
¿Qué nos queda?
¿Qué nos queda? Esperar, qué palabra tan pesimista en este contexto. Esperar a que el plan de Trump caiga por su propio peso y que el mundo entienda que no se trata de un plan para poner fin al conflicto, sino para perpetuar la ocupación.
Las tropas que lleguen no serán, en su esencia, diferentes de las que acompañaron a Estados Unidos en sus invasiones a Afganistán e Irak. La reconstrucción será otro negocio y el derecho internacional verá otro fracaso.
Al final, lo que aprobó hoy la ONU no es un camino hacia la paz, sino una administración más elegante de la ocupación. A Gaza no le ofrecen autodeterminación, sino un manual de cómo seguir sobreviviendo bajo control ajeno. Y lo llaman “plan integral”.
Rusia y China se abstuvieron, Estados Unidos redactó el guion e Israel lo ejecuta. Los palestinos vuelven a quedar donde siempre: fuera de la mesa y dentro del campo de fuego. La comunidad internacional celebra “estabilizar” un crimen que no se atreve a nombrar: la ocupación.
PD: Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente del autor y no reflejan necesariamente la posición de la institución para la cual trabaja. El autor es el asesor presidencial para Oriente Medio, del gobierno colombiano.



martes, 18 de noviembre de 2025

Cómo sabotear un genocidio.Drop Site News


Cómo sabotear un genocidio
Palestine Action, condenada como grupo terrorista en el Reino Unido, ha adoptado la destrucción de propiedades como medio para socavar el suministro de armas a Israel.
Christopher Ketcham
Drop Site News, 14 de noviembre de 2025

Según los registros de la Freedom of Information Act (FOIA), la ministra del Interior del Partido Conservador, Priti Patel, se reunió con el director ejecutivo de Elbit, Martin Fausset, en 2022 para «asegurarle [a Fausset] que el Gobierno se toma muy en serio los actos de protesta criminales contra Elbit Systems UK» y para «agradecer a Martin el trabajo que Elbit realiza en apoyo de las Fuerzas Armadas Británicas». (El agradecimiento se debía a que Elbit suministró el vehículo aéreo no tripulado Watchkeeper y el sistema de gestión de combate MORPHEUS al ejército británico, además de proporcionar asistencia técnica a una flota de 38 aviones). Un acta muy censurada de una reunión con Fausset y un representante del Ministerio del Interior en 2023 reiteraba la necesidad de «tranquilizar a Elbit Systems UK y al sector en general afectado por Palestine Action asegurándoles que el Gobierno se preocupa por el daño que el grupo está causando al sector privado».

Los funcionarios del Gobierno británico también expresaron su preocupación por el hecho de que los jurados de todo el país estuvieran mostrando demasiada simpatía por Palestine Action. «Aunque se han llevado a cabo con éxito procesos judiciales contra miembros de Palestine Action», decía un memorándum, «ha habido múltiples casos en los que se han retirado los cargos y los jurados han absuelto a los acusados».

«Los jurados escuchan las pruebas y dicen: «Nos gusta»», afirmó Tim Crosland, abogado de derechos humanos en Londres que dirige la organización sin ánimo de lucro Defend Our Juries, dedicada a la vigilancia de la fiscalía. «Eso es realmente desconcertante si eres Elbit Systems. Se dicen a sí mismos: «Mierda, el público está en contra nuestra en esto.

En una cálida noche de septiembre de 2020, en lo que se convertiría en el primero de cientos de actos de sabotaje y vandalismo, miembros del grupo de protesta Palestine Action (PA), con sede en el Reino Unido, ocuparon el techo de una fábrica en la ciudad de Shenstone, en Staffordshire, y comenzaron a golpearlo con mazos. El objetivo era destruir el techo, inutilizar el sitio y detener la producción durante el mayor tiempo posible. Gestionada por Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel, la planta de Shenstone se especializaba en la fabricación de drones que incluían las llamadas «municiones merodeadoras», también conocidas como unidades suicidas. El objetivo de las municiones merodeadoras, un híbrido entre un dron y un misil de crucero, es flotar el mayor tiempo posible detrás de las líneas enemigas, esperar a encontrar el objetivo y autodestruirse al caer sobre él. Las municiones merodeadoras se han utilizado con efectos horribles en el genocidio de Gaza.

Los activistas habían pasado semanas estudiando los puntos débiles de las instalaciones de Shenstone. La fábrica no tenía guardias por la noche y se podía acceder a la azotea del edificio de dos plantas simplemente colocando una escalera de seis metros contra su lateral. En la oscuridad de la madrugada del 13 de septiembre de 2020, con la escalera colocada, subieron su equipo al tejado para una ocupación que tenía previsto durar cinco días. Llevaban tiendas de campaña, colchonetas, provisiones de comida, muchos litros de agua, pancartas, pintura en spray y mazos.

Una vez instalados en el tejado, los activistas se pusieron manos a la obra con los martillos. Abrieron agujeros en el asfalto, rompieron ventanas y destrozaron aparatos de aire acondicionado. Colgaron banderas palestinas en la fachada del edificio junto a una pancarta que decía «CERRAD ELBIT». Al amanecer, cuando el sol empezó a calentar con fuerza, el tejado expuesto se convirtió en un horno y los asó. Aguantaron tres días, negociando con la policía que rodeaba las instalaciones.

Huda Ammori, de 31 años, cofundadora de Palestine Action e hija de un emigrante palestino en el Reino Unido, fue una de las ocupantes de Shenstone. «Apenas dormimos», me contó. «Es muy surrealista cuando piensas: «¡Hemos conseguido cerrar una fábrica de armas israelí!». Es el mejor lugar en el que se puede estar, realmente, el más liberador como ser humano». Ammori creció en un pequeño pueblo al norte de Manchester, escuchando las historias de la huida de su padre al exilio en Inglaterra tras la guerra de 1967, que terminó con la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza. Desde su adolescencia, organizó protestas pacíficas en favor de Palestina. Presionó al Parlamento, redactó peticiones y participó en campañas de boicot y desinversión en la Universidad de Manchester, donde estudió empresariales y finanzas. Pero sus esfuerzos no dieron lugar a ningún cambio sustancial.

Cuando se unió a Richard Barnard, un activista de izquierda con una larga trayectoria en el Reino Unido, para fundar Palestine Action en 2020, decidió recurrir a la destrucción de propiedades. «Nuestro objetivo era poner fin a la complicidad británica en la colonización y el apartheid», afirmó Ammori. Sin embargo, al mismo tiempo que el grupo aspiraba a un cambio ambicioso, también se «centró en lograr victorias sólidas y tangibles». Ammori y Barnard se decidieron por Elbit Systems como objetivo sólido cuya destrucción supondría una victoria tangible. «La sociedad nos ha condicionado para que, incluso cuando vemos que suceden cosas que están mal, nos sintamos impotentes para cambiarlas», me dijo Ammori. «Pero eso no es cierto. Tenemos el poder de cerrar Elbit y eso es lo que vamos a hacer».

La empresa tenía al menos nueve filiales en el Reino Unido y estrechos vínculos con contratistas de defensa y el ejército británicos. Elbit, que se autodenomina «la columna vertebral» de la flota de drones de las Fuerzas de Defensa de Israel, suministraba el 85 % del equipo terrestre de las FDI, desde cohetes y bombas de precisión hasta misiles aire-tierra, munición de artillería de última generación y estaciones de armas controladas a distancia, pasando por sistemas de guía para aviones de combate, helicópteros de ataque y unidades terrestres blindadas. (Tras el estallido de la guerra de Israel contra Gaza en 2023, Elbit se jactó ante sus clientes de que sus productos estaban siendo «probados en combate» en tiempo real, lo que constituía la parte genocida de su argumento de venta).

No hay un recuento exacto de los incidentes de sabotaje, vandalismo, protestas callejeras y bloqueos atribuibles a Palestine Action. Según Ammori, miles de personas han participado en los últimos cinco años en cientos de actos de desobediencia y perturbación bajo la bandera de PA en el Reino Unido. Han atacado repetidamente la fábrica de drones de Elbit en Shenstone, por ejemplo, en diciembre de 2024, cuando unos activistas intentaron derribar los muros de la fábrica con herramientas de demolición. Vandalizaron y bloquearon otra fábrica de armas de Elbit en la ciudad de Tamworth media docena de veces. El grupo ha llevado a cabo numerosas incursiones en tejados, incluida una en una planta de drones propiedad de Elbit en Leicester en 2021, cuando cuatro activistas de PA resistieron durante seis días mientras destrozaban el tejado.

El grupo también atacó otras empresas armamentísticas y a inversores institucionales que respaldan a Elbit, instalaciones militares británicas y al menos una propiedad de la cartera de Trump. En Southampton, en 2023, «escalaron la fábrica de armas Leonardo UK [y] ocuparon la azotea, paralizando la producción en las instalaciones [mientras comenzaban] a desmantelar el edificio», según un comunicado de Palestine Action. En Shipley, el pasado mes de enero, estrellaron una furgoneta cargada con hormigón contra las puertas de una fábrica gestionada por Teledyne Defence and Space, que suministra piezas de misiles a Israel. Ese mismo mes, en una serie de ataques coordinados en toda Europa, destrozaron 15 propiedades del gigante alemán de servicios financieros Allianz SE, que ha invertido en Elbit y ha proporcionado seguros para sus instalaciones. En febrero, los activistas atacaron la BBC en Londres, rociando pintura roja sangre y rompiendo ventanas en su sede en «protesta contra el arraigado sesgo proisraelí de la BBC». En marzo, irrumpieron en el campo de golf Trump Turnberry, pintando «GAZA NO ESTÁ EN VENTA» en el césped, destrozando la casa club y destrozando el green, «incluidos los hoyos más prestigiosos del campo». En lo que el Daily Mail del Reino Unido describió como una «enorme brecha de seguridad», dos activistas irrumpieron el pasado mes de junio en la mayor base de la Royal Air Force británica, montados en patinetes eléctricos para maniobrar rápidamente hacia los aviones militares aparcados, a los que pintaron con spray y destrozaron con palancas. Ambos autores escaparon, evadiendo su detención.

Una de las acciones más dramáticas tuvo lugar la noche del 6 de agosto de 2024, en los suburbios industriales de Bristol, cuando siete personas en una furgoneta penitenciaria reconvertida atravesaron a toda velocidad las puertas de seguridad de una fábrica de drones de Elbit. Tras derribar las puertas, giraron el vehículo hacia la puerta del garaje de las instalaciones y la atravesaron hasta llegar a la planta de producción. Los siete activistas saltaron del vehículo con mazos y hachas y comenzaron a golpear. Según diversas informaciones, destruyeron piezas de drones en la cadena de montaje, junto con una serie de equipos de fabricación, causando daños por valor de más de un millón de dólares y obligando a cerrar las instalaciones durante varios meses. También habrían herido a dos agentes de policía y a un guardia de seguridad. Los autores, de entre 20 y 51 años, fueron detenidos en el lugar de los hechos y acusados de daños criminales, desórdenes violentos y robo con agravantes, y, si son declarados culpables, podrían cumplir diez años de prisión.

Las incansables incursiones han sido eficaces. En septiembre, Elbit cerró repentinamente otra instalación en Bristol que el grupo había atacado en decenas de ocasiones. En 2022, tras 18 meses consecutivos de acciones de la PA —incluidos allanamientos, bloqueos, vandalismo y ocupaciones de tejados—, Elbit vendió su filial de piezas para drones Ferranti Technologies' Power and Control en Waterhead. Tras sufrir numerosos ataques de la PA, la fábrica de Elbit en Tamworth cerró definitivamente en marzo de 2024 debido a «la caída de los beneficios y el aumento de los costes de seguridad», según un comunicado de la empresa. «Los nuevos propietarios», informó The Guardian, «afirmaron que no tendrían ninguna relación con Elbit y que cancelarían sus contratos de defensa». En 2022, Elbit perdió una serie de contratos con el Gobierno británico por valor de unos 340 millones de dólares, una pérdida de la que PA se atribuyó el mérito. Debido a sus constantes interrupciones, según el grupo, Elbit era ahora un «proveedor poco fiable».

En algunos casos, la opinión pública británica se puso del lado de los activistas cuando fueron llevados a juicio. En 2024, el jurado se negó a condenar a cuatro miembros de PA que causaron daños por valor de 920 000 dólares a Teledyne, mientras que otros dos fueron absueltos de los daños criminales causados a la fábrica de Elbit en Leicester. El público se había dado cuenta, me dijo Huda Ammori, de que Palestine Action «valoraba más las vidas de los palestinos que las propiedades y las herramientas utilizadas para masacrarlos». El sabotaje y la destrucción de propiedades estaban bien si se interpretaban como actos contra la maquinaria del genocidio.

Elbit contra el pueblo
En 2022, estos ataques habían causado tal consternación entre los ejecutivos de Elbit que iniciaron reuniones de alto nivel con la administración del primer ministro Keir Starmer. Según los registros de la FOIA, la ministra del Interior del Partido Conservador, Priti Patel, se reunió con el director ejecutivo de Elbit, Martin Fausset, en 2022 para «asegurarle [a Fausset] que el Gobierno se toma muy en serio los actos de protesta criminales contra Elbit Systems UK» y para «agradecer a Martin el trabajo que Elbit realiza en apoyo de las Fuerzas Armadas Británicas». (El agradecimiento se debía a que Elbit suministró el vehículo aéreo no tripulado Watchkeeper y el sistema de gestión de combate MORPHEUS al ejército británico, además de proporcionar asistencia técnica a una flota de 38 aviones). Un acta muy censurada de una reunión con Fausset y un representante del Ministerio del Interior en 2023 reiteraba la necesidad de «tranquilizar a Elbit Systems UK y al sector en general afectado por Palestine Action asegurándoles que el Gobierno se preocupa por el daño que el grupo está causando al sector privado».

Los funcionarios del Gobierno británico también expresaron su preocupación por el hecho de que los jurados de todo el país estuvieran mostrando demasiada simpatía por Palestine Action. «Aunque se han llevado a cabo con éxito procesos judiciales contra miembros de Palestine Action», decía un memorándum, «ha habido múltiples casos en los que se han retirado los cargos y los jurados han absuelto a los acusados».

«Los jurados escuchan las pruebas y dicen: «Nos gusta»», afirmó Tim Crosland, abogado de derechos humanos en Londres que dirige la organización sin ánimo de lucro Defend Our Juries, dedicada a la vigilancia de la fiscalía. «Eso es realmente desconcertante si eres Elbit Systems. Se dicen a sí mismos: «Mierda, el público está en contra nuestra en esto. El público se alegra de ver nuestras fábricas destrozadas y nuestras ventanas rotas. Esto se está poniendo serio».

Crosland defiende el derecho de Palestine Action a participar en acciones directas contra la propiedad como forma de desobediencia civil. Los documentos internos que Defend Our Juries y otros grupos de libertades civiles han sacado a la luz muestran que las reuniones informativas legales con los ministros del Ministerio del Interior, previas a las reuniones con el director ejecutivo de Elbit, Martin Fausset, se celebraron específicamente en respuesta a las absoluciones del jurado de Palestine Action. «Hay reuniones entre Elbit, el ministro del Interior, el Gobierno israelí y el fiscal general británico en las que se expresa una gran preocupación por las absoluciones», me dijo Crosland.

Starmer solicitó el asesoramiento de un lobista de la industria de los combustibles fósiles y las armas llamado John Z. Woodcock, conocido como Lord Walney, que se hizo famoso tras su nombramiento en 2019 como «asesor independiente del Gobierno sobre violencia política y disturbios». El informe especial de Walney, publicado en mayo de 2024, se centró en dos grupos de protesta: Palestine Action y Just Stop Oil (JSO). Al igual que Palestine Action, Just Stop Oil había organizado actos disruptivos de desobediencia civil. Su objetivo declarado era poner fin a todos los nuevos proyectos de combustibles fósiles operados bajo los auspicios del Gobierno y las empresas del Reino Unido.

Tanto Palestine Action como Just Stop Oil eran hostiles a las industrias que habían pagado a Lord Walney millones de dólares en concepto de honorarios de cabildeo a lo largo de los años. No fue ninguna sorpresa, entonces, que Walney aconsejara al Reino Unido que designara a ambos grupos como terroristas y emitiera órdenes de proscripción contra ellos, es decir, una prohibición de su existencia y la declaración de sus miembros, simpatizantes y defensores como delincuentes terroristas.

Cediendo al consejo de Walney, Starmer ordenó que la proscripción entrara en vigor el 5 de julio y Palestine Action fue designada como grupo terrorista según la legislación inglesa, uniéndose así a Al-Qaeda y a la neonazi Atomwaffen Division. Se cerró el sitio web del grupo y se suspendieron sus cuentas de Instagram y otras redes sociales. Todos los ciudadanos británicos que expresaran públicamente su apoyo a Palestine Action de cualquier forma también serían considerados terroristas.

Los partidarios de PA, incluido Crosland, se pusieron en marcha para organizar una respuesta. En la mañana del 5 de julio, cuando llegó la hora de la proscripción, 29 voluntarios de Defend Our Juries se reunieron bajo la estatua de Gandhi en Parliament Square para sostener carteles que decían: «ME OPONGO AL GENOCIDIO, APOYO A PALESTINE ACTION». Su demanda implícita era que se levantara la prohibición. Los 29 fueron arrestados y acusados en virtud de la Ley contra el terrorismo del Reino Unido de 2000. Una semana más tarde, 86 personas que sostenían las mismas pancartas en Londres, Manchester, Leeds y Kendal —entre ellas cuatro vicarios, numerosos funcionarios y la hija de un combatiente de la resistencia polaca en la Segunda Guerra Mundial— fueron detenidas por los mismos cargos.

El 5 de julio, Crosland, de 55 años, se encontraba entre los que sostenían las pancartas. Fue filmado mientras se quedaba sin fuerzas tras su detención, arrastrado por la Policía Metropolitana desde su asiento bajo la estatua de Gandhi.

«¿Algo que decir?», le preguntó el anónimo autor de las imágenes.

Crosland sonrió mientras cuatro policías lo llevaban al furgón policial que lo esperaba. «Bueno, esto es lo que pasa en la Gran Bretaña actual por oponerse al genocidio», dijo. «Es increíble, ¿no? Quiero decir, por eso se promulgaron las leyes después de 1945. El Convenio Europeo de Derechos Humanos tenía por objeto impedir que se produjera un genocidio, y ahora está ocurriendo de nuevo. La gente tiene poca memoria. La madre de todas las democracias, amigos». Luego lo metieron en la furgoneta, rodeado de agentes, y el vídeo se cortó.

Extralimitación y efecto boomerang
Los estudiosos de la desobediencia civil han señalado la «paradoja de la represión», cuando los gobiernos intentan aplastar una revuelta pacífica, pero se extralimitan en su autoridad y se ven abrumados por el efecto boomerang de la repulsa pública y el creciente apoyo al movimiento. Esto, a su vez, anima a más personas a arriesgarse a la ira del Estado y unirse a la revuelta. La Marcha de la Sal de 1930 en la India, la masacre de Sharpville de 1960 en Sudáfrica, Bull Connor en 1963 soltando perros y mangueras contra los manifestantes en Birmingham: estos son ejemplos históricos clásicos del efecto contraproducente. La prohibición de Palestine Action también ha demostrado ser un ejemplo paradigmático de esta dinámica.

Después del 5 de julio, el movimiento para desclasificar Palestine Action adquirió un nombre, Lift the Ban (Levantad la prohibición), y atrajo a un número cada vez mayor de personas a las calles de ciudades de todo el Reino Unido. Se reunieron todos los fines de semana durante el verano, con las mismas pancartas, esperando ser detenidos, apilados en furgones policiales y llevados a la cárcel. El sábado 9 de agosto, la Policía Metropolitana de Londres estableció un récord de detenciones durante una sola protesta política en el municipio, al detener al menos a 522 personas que portaban pancartas con el lema «ME OPONGO AL GENOCIDIO, APOYO A PALESTINE ACTION». La cifra superó el récord anterior de 1990, durante las manifestaciones contra el impuesto sobre el censo, cuando los agentes de la Policía Metropolitana detuvieron a 339 personas en Trafalgar Square por oponerse al intento de Margaret Thatcher de privar de derechos a los pobres.

Casi todos los sábados entre el 5 de julio y hoy, miles de personas han portado esas pancartas como parte del movimiento Lift the Ban (Levantad la prohibición), y durante ese tiempo más de 2000 manifestantes han sido acusados en virtud de varios artículos de la Ley contra el terrorismo. Dos artículos de la ley son los más pertinentes. El artículo 12 se dirige a quienes presuntamente han apoyado directamente a una organización terrorista mediante esfuerzos «materiales». El artículo 13 es menos grave y se aplica a quienes llevan o exhiben objetos o comparten material —una camiseta, una gorra, un cartel de cartón, un folleto, una publicación en línea— que pueda interpretarse como apoyo a una organización terrorista.

La aplicación de la Sección 13 ha degenerado en absurdos, ampliando el círculo de objetivos para incluir a aquellos cuyo único delito aparente era que apoyaban el derecho a reunirse y ser escuchados. Un ministro laico llamado Martin Clay, de Southborough, un barrio de Londres, fue acusado en virtud de la Sección 13 simplemente por sostener una pancarta que decía: «No apoyo a Palestine Action, pero apoyo el derecho a apoyarlos». Un hombre de Glasgow fue detenido por llevar un cartel que decía «Genocidio en Palestina, es hora de actuar». Su delito fue que las palabras «Palestina» y «actuar» estaban impresas en una fuente más grande que el resto del texto del cartel.

Ginny Kingsmill, una simpática dentista de 52 años de South Downs, ha sido detenida y acusada cuatro veces en virtud del artículo 13. Según la ley, ahora es una simpatizante del terrorismo por llevar un cartel escrito a mano en el que expresaba su oposición al genocidio y su apoyo a Palestine Action. Conocí a Kingsmill cuando me dejó quedarme en su casa durante una visita al Reino Unido este año. «Me gusta pensar que la mayoría de la gente es pacífica, que la mayoría de la gente no quiere guerras», me dijo Kingsmill. «Pero si ves que hay guerras, enfádate y mantén esa emoción».

El suyo fue uno de los nombres registrados en el récord de detenciones del 9 de agosto. Ese día hacía un calor y una humedad agobiantes en Londres. «La gente repartía botellas de agua, fruta y crema solar. Había una mujer repartiendo rosas a los que estaban sentados con carteles», me contó Kingsmill. «Muchas personas estaban allí solo para dar las gracias. Vi a un hombre ciego en silla de ruedas al que metían en una furgoneta policial. Una hermosa anciana sonriente que dijo que pronto cumpliría ochenta años me habló mientras la arrestaban. Había viajado desde una zona remota de Gales para estar allí y había permanecido de pie en silencio con los ojos cerrados bajo el calor, toda una imagen de serenidad y dulzura».

Otra rebelde con la que Kingsmill habló ese día fue la reverenda Sue Parfitt, de 83 años, una sacerdotisa anglicana ordenada que también fue acusada de simpatizante terrorista en virtud del artículo 13. Parfitt formó parte de la primera generación de mujeres que fueron ordenadas en 1994, cuando la Iglesia de Inglaterra permitió que el sacerdocio se extendiera a las mujeres. Parfitt comenzó su andadura en la desobediencia civil con el movimiento de protesta por el clima a finales de la década de 2010. Había sido detenida un total de treinta veces en la última década, veintisiete por protestas climáticas y tres como simpatizante de Palestine Action. En su calidad de terrorista, había estado dos veces en Parliament Square, bajo la estatua de Gandhi, y una vez en Trafalgar Square.  En 2024, ella y otro manifestante golpearon con un martillo y un pico la vitrina de cristal de la Biblioteca Británica de Londres que alberga una de las copias originales de la Carta Magna, el documento fundacional de las libertades civiles en la tradición angloamericana. «Abollamos la carcasa exterior, pero, por supuesto, la Carta Magna nunca corrió ningún peligro», me contó Parfitt. «Unas semanas antes, nuestro Gobierno había sido llevado ante el Tribunal Supremo y declarado culpable de infringir sus propias leyes climáticas, que exigían la reducción de las emisiones. Y esto no tuvo ninguna publicidad». El simbolismo de atacar la Carta Magna, dijo Parfitt, era «desenterrarla», sacarla a la luz pública.

El 12 de noviembre, el día en que entrevisté a Parfitt, se reveló que cuatro relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos habían enviado una carta al Gobierno del Reino Unido exactamente dos meses antes, el 12 de septiembre, advirtiendo que la proscripción de Palestine Action violaba los derechos humanos. «Los daños materiales por sí solos no son suficientes para constituir terrorismo según las normas internacionales», decía la carta. Los funcionarios de la ONU condenaron la proscripción como «innecesaria» y afirmaron que daba lugar a «restricciones desproporcionadas» de los derechos de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Observaron que «el abuso de las leyes para proscribir como terroristas a organizaciones que no lo son realmente es más frecuente en los Estados autoritarios».

Le pregunté a Parfitt qué opinaba sobre las acciones de su Gobierno. «No puedo imaginar por qué alguien no consideraría legítimo intentar detener la fabricación de armas o el uso de aviones para lanzarlas», respondió. «Por eso me opongo a la idea de que Palestine Action sea considerada una organización terrorista. Y el hecho de que ahora me llamen terrorista es ridículo».

Los rebeldes no se desaniman. Lift the Ban anunció esta semana una serie de protestas terroristas con pancartas previstas para finales de este mes que, según el grupo, constituirían «la desobediencia civil más extendida en la historia del Reino Unido».

lunes, 17 de noviembre de 2025

Informe de IPE Países Bajos: Los fondos holandeses continúan con la depuración de sus acciones israelíes. Por Tjibbe Hoekstra


 El asentamiento israelí ilegal de Har Homa en Cisjordania


Informe de IPE Países Bajos: Los fondos holandeses continúan con la depuración de sus acciones israelíes.
Por Tjibbe Hoekstra, 24 de octubre de 2025
Los grandes fondos de pensiones holandeses continuaron este mes desinvirtiendo en acciones vinculadas a abusos contra los derechos humanos cometidos por el Estado de Israel.
Tras el informe del IPE del mes pasado sobre la desinversión de varios fondos de pensiones en el fabricante de excavadoras Caterpillar, la ola de desinversión se extendió este mes a otras empresas. Además de Caterpillar, el fondo de pensiones de la administración pública  ABP también vendió todas sus acciones en Booking.com, Heidelberg Cement y Altice .
Los fondos de pensiones  PFZW y PME se desvincularon de las empresas de viajes Booking.com, Airbnb y Expedia , que ofrecen alojamiento en asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. PME también se desvinculó de otras empresas que se consideran susceptibles de contribuir a la violación de los derechos humanos en Cisjordania.
“Nos pusimos en contacto con estas empresas y llegamos a la conclusión de que probablemente siguen contribuyendo a violaciones de los derechos humanos en Cisjordania. Por lo tanto, hemos decidido desinvertir”, declaró un portavoz de PME a IPE.
Israel no es el único país que preocupa a los ejecutivos de fondos de pensiones holandeses.
Los fondos de pensiones holandeses han comenzado a reconsiderar su exposición, a menudo excesiva, a Estados Unidos, así como sus relaciones con los gestores de activos estadounidenses.
Aunque otros fondos de pensiones se han abstenido hasta ahora de adoptar medidas radicales similares, la preocupación por invertir en Estados Unidos va en aumento.
En una encuesta reciente realizada por Pensioen Pro, publicación hermana de IPE, alrededor del 40% de los fondos de pensiones encuestados estuvieron (parcialmente) de acuerdo con la afirmación: “Invertir en EE. UU. está cada vez más reñido con nuestra política ESG”.
Puntos a tener en cuenta:
Tjibbe Hoekstra
Corresponsal de IPE en los Países Bajos
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Tsunami de apoyos a un médico de Granada que se niega a recetar fármacos israelíes.EFE, Granada


 

Tsunami de apoyos a un médico de Granada que se niega a recetar fármacos israelíes

Más de 150 organizaciones han reclamado al Colegio de Médicos que archive la queja presentada contra el facultativo

EFE, Granada, 13 de noviembre de 2025
Más de 150 organizaciones han reclamado al Colegio de Médicos de Granada que archive la queja presentada contra un facultativo que se ha negado a prescribir medicamentos de una farmacéutica vinculada a Israel y han defendido su derecho a una objeción ética que no afecta a la atención sanitaria al paciente.
En un comunicado, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y otras 162 entidades han mostrado su apoyo al médico de familia de Granada contra el que se ha presentado una queja formal por comportamientos antisemitas y por incitación al odio.
El Colegio de Médicos de Granada analizará el próximo lunes la queja presentada contra este médico por negarse a recetar medicamentos de una farmacéutica vinculada a la financiación a Israel, un facultativo que publicó en su perfil en la red social X la imagen de una receta digital en la que pedía a los farmacéuticos que no ofrecieran medicamentos de la empresa Teva.
En cuestión de horas, más de 150 organizaciones se han sumado a un escrito de apoyo remitido al órgano colegial de los médicos granadinos para defender al facultativo, especialistas en bioética, y pedir el archivo de la queja.
Según la APSHA, la queja no representa un caso aislado, por lo que han pedido que se proteja el derecho a la libertad de conciencia y se garantice la integridad, honor y autonomía profesional del médico afectado.
Las organizaciones firmantes han alertado de que la denuncia presentada por la denominado Comisión Sanitaria contra el Antisemitismo forma parte de una estrategia que resta autonomía médica y que pretende presionar al Colegio de Médicos para sancionar una actuación que se fundamenta precisamente en principios éticos y deontológicos.
“Esta tentativa de fiscalización ideológica del ejercicio clínico supone un grave precedente y amenaza directamente la independencia profesional que el propio Código de Deontología Médica obliga a proteger”, han añadido las entidades en su escrito.
Al documento se han adherido entidades como Médicos del Mundo España, la Plataforma de Centros de Salud de Madrid, el Grupo de Bioética de la semFYC o colegios y comités profesionales como el de Trabajo Social de Granada o el Comité de Ética de Atención Primaria de Bizkaia, ONG como la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, partidos políticos y sindicatos.
El escrito, con apoyos internacionales como el de Irish Healthcare Workers for Palestine, anuncia que se tomarán las medidas legales y administrativas necesarias para defender el derecho al honor del afectado y su autonomía y libertad profesional.

viernes, 14 de noviembre de 2025

ANTISEMITISMO Por Jonathan Kuttab FOSNA,

ANTISEMITISMO

 Por Jonathan Kuttab

FOSNA, septiembre 2025
Una de las razones por las que muchos se resisten a abordar el genocidio en Gaza es que lo perpetra «el único Estado judío» y que cualquier crítica a Israel o sus políticas desencadena, casi automáticamente, acusaciones de antisemitismo (de hecho, prefiero el término intolerancia antijudía, ya que los árabes también son semitas). Ser acusado de antisemitismo resulta especialmente nocivo para muchos en Occidente, dada la nefasta historia de intolerancia antijudía que Occidente arrastra desde hace siglos, incluso milenios, y que culminó en el Holocausto.
Este fenómeno se ve exacerbado por el hecho de que la acusación no solo es instrumentalizada cínicamente por políticos israelíes, sino también porque el sionismo y el Estado de Israel hablan abiertamente de su identidad judía y afirman representar a todos los judíos del mundo. No solo se presentan como un refugio para los judíos frente a cualquier persecución futura en cualquier parte del mundo, sino que también reivindican la solidaridad y el apoyo material y diplomático de las comunidades judías de todo el mundo, implicándolas así en las políticas de Israel. La comunidad judía organizada (a excepción de algunas comunidades religiosas que suelen ser ignoradas por la prensa) ha caído en este patrón y, en general, ha apoyado al Estado de Israel, permitiendo (e incluso exigiendo) que los políticos adopten posturas sobre Israel y el sionismo basadas en la supuesta posición de su electorado judío. 
Los grupos de presión sionistas se jactan abiertamente del poder del "lobby judío", y AIPAC suele hablar como si representara a todos los judíos estadounidenses, incluso en temas donde la comunidad judía estadounidense está dividida o no tiene una postura definida. El éxito de su labor de defensa se basa en la supuesta unanimidad y el poderoso apoyo de los "judíos". Los medios de comunicación, los políticos e incluso la iglesia son engañados haciéndoles creer que cualquier defensa de los palestinos o en contra de las políticas israelíes pone en peligro su relación con la comunidad judía.
En Israel, no hay lugar para el disimulo: el Estado se declara legalmente como el Estado del pueblo judío (y no el Estado de sus ciudadanos) y estipula que solo los judíos tienen ciertos derechos, incluido el derecho a la autodeterminación. Más de 50 leyes establecen claramente la supremacía judía en el Estado de Israel, y la palabra común para «compañero» o «tipo» en hebreo es «Yehudi» (judío). Por lo tanto, es difícil mantener la distinción entre «judío», «israelí» y «sionista», pero esta distinción es de vital importancia si queremos combatir eficazmente la intolerancia antisemita y diferenciar entre la oposición política (y moral) a Israel y sus políticas de la vil y nociva ideología conocida como antisemitismo. Recientemente, el ministro israelí de Cultura y Patrimonio, refiriéndose a la destrucción en Gaza, declaró: «Quiero que dentro de ochenta años los niños palestinos sepan que esto es lo que los judíos les hicieron».
Ante esta compleja realidad, ¿cómo podemos entonces adoptar una postura ética sobre Palestina/Israel sin correr el peligro real no solo de ser tachados de antisemitas, sino también de contribuir inadvertidamente al aumento de la animosidad antijudía en todo el mundo?
Ante todo, debemos dejar clara nuestra postura: la intolerancia y la discriminación antisemitas constituyen una ideología vil, nociva y aborrecible. Es un pecado que debe ser repudiado y combatido dondequiera que se manifieste. Esta postura no se basa únicamente en supuestos “valores compartidos”, “escrituras compartidas” o “gratitud y aprecio por las raíces judías de las escrituras cristianas y la genealogía de Jesús y sus discípulos”, sino también en nuestra comprensión teológica de la unidad de la Divinidad, que reconoce la igualdad de todos los hijos de Dios, independientemente de su color de piel, raza, etnia o religión. Todos fueron creados a imagen de Dios y son dignos de respeto y dignidad, y cualquier ideología o práctica que discrimine a cualquier grupo debe ser denunciada y repudiada. Rechazamos la intolerancia antisemita del mismo modo que rechazamos la discriminación y el racismo contra cualquier otro grupo. Es la base de nuestro rechazo al racismo, la esclavitud, el apartheid y la inhumanidad.
Una de las herramientas para abordar este problema ha sido la disputa sobre la definición de «antisemitismo». Si bien muchos han considerado erróneo señalar el odio y la intolerancia contra los judíos, dado que todas las formas de racismo, intolerancia y discriminación deberían ser igualmente aborrecibles, se argumentó que la intolerancia antijudía requería una definición específica y esfuerzos para combatirla. Una definición, la de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), se ha utilizado intencionalmente para reprimir la defensa de los derechos palestinos. Esta definición enumera nueve ejemplos de antisemitismo, la mayoría de los cuales corresponden a actividades antisionistas o antiisraelíes. Los promotores de esta definición incluso se jactaron de que había logrado ilegalizar y silenciar el activismo antiisraelí. Esta definición se ha aprobado con frecuencia, sin mucho debate, como un intento progresista de combatir el discurso de odio y el racismo, especialmente en colegios y universidades. Incluso estados y municipios han adoptado la definición de la IHRA y la han incorporado a sus normativas. Allí donde se ha debatido abiertamente, generalmente ha sido rechazado o aprobado por decreto del gobernador de un estado o del rector de una universidad, en lugar de por los miembros de los órganos legislativos electos.
Un enfoque más acertado ha sido promover y adoptar la Declaración de Jerusalén, una definición mucho más rigurosa, fruto de años de investigación y consulta, que deja claro no solo la oposición a la intolerancia antisemita, sino también que dichas definiciones no deben incluir la oposición al sionismo, al Estado de Israel ni a sus políticas. Zohran Mamdani, candidato a la alcaldía de Nueva York y con un amplio e influyente electorado judío, ya ha declarado que, de ser elegido, revocará la adopción por parte de Nueva York de la definición de la IHRA. En Pensilvania, una coalición interreligiosa liderada por Prayers for Peace ya se está reuniendo con legisladores para instarles a la aprobación de la Declaración de Jerusalén, con el fin de reafirmar la oposición al antisemitismo y evitar la trampa que supone la definición de la IHRA.

La Mesa del Comité de Derechos de los Palestinos de la ONU denuncia el plan de asentamientos E1 y exige el cese inmediato de toda actividad de asentamientos ilegales.


 La línea roja del mapa señala la ampliación del término municipal del Jerusalén ocupado por Israel tras su conquista en 1967, cerca de 65 km2, absorbiendo parte de Cisjordania

La Mesa del Comité de Derechos de los Palestinos de la ONU denuncia el plan de asentamientos E1 y exige el cese inmediato de toda actividad de asentamientos ilegales.
Nueva York, 28 de agosto de 2025 | La Mesa del Comité de las Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino rechaza y condena el denominado plan de asentamientos E1 del Gobierno israelí en Jerusalén Este ocupada. La aprobación de más de 3.400 viviendas ilegales en una zona crítica que conecta Jerusalén Este con Ramala y Belén, y que une el norte y el sur de Cisjordania, atenta contra la continuidad territorial palestina, restringiendo y violando gravemente la libertad de circulación y fragmentando y aislando aún más a las comunidades palestinas. Este plan ilegal debe detenerse.
La Mesa del Comité exige que Israel, la Potencia ocupante, cese de inmediato todas las actividades de asentamiento en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y todas las medidas de anexión. El Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 2334 (2016), declaró que los asentamientos israelíes constituyen una flagrante violación del derecho internacional y exigió a Israel el cese inmediato y total de todas sus actividades de asentamiento. Asimismo, exhortó a todos los Estados a distinguir, en sus relaciones pertinentes, entre el territorio de Israel y los territorios ocupados desde 1967, sobre los cuales la Mesa del Comité recuerda que Israel no tiene ningún derecho de soberanía, tal como lo afirmó la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva del 19 de julio de 2024 .
Al separar Jerusalén Este del resto de Cisjordania, este plan de asentamientos ilegales pone en peligro la viabilidad y la existencia del Estado palestino y afianza aún más la ocupación ilegal de Israel, allanando el camino para un mayor desplazamiento forzado y el despojo de la población palestina. Esta flagrante apropiación de tierras constituye una grave violación del derecho internacional y supone un desafío directo a décadas de consenso internacional. Se produce en un momento en que Jerusalén Este ya se encuentra sitiada, con familias privadas de sus hogares, sus medios de subsistencia y sus derechos, y la presencia palestina en la ciudad en peligro.
La reanudación de la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados en las Naciones Unidas el 22 de septiembre, copresidida por Francia y Arabia Saudita, representa una oportunidad crucial para la acción decisiva, para reiterar el firme compromiso de la comunidad internacional con la solución de dos Estados y movilizar un renovado apoyo internacional para poner fin a la ocupación ilegal israelí. El Comité de Derechos del Pueblo Palestino de las Naciones Unidas está dispuesto a contribuir activamente a este esfuerzo y apoya firmemente los objetivos de la Conferencia. Nuestro objetivo sigue siendo claro: la plena realización de los derechos inalienables del pueblo palestino, su derecho al retorno y a seguir contribuyendo a la solución de dos Estados: Israel y un Estado palestino independiente, contiguo, viable y soberano, con Jerusalén Este como su capital, conviviendo en paz y seguridad dentro de fronteras seguras y reconocidas, basadas en las líneas anteriores a 1967, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

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  El presidente argentino Javier Milei ríe junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una sesión especial de la Knéset en h...