Daniel Tatlow-Devally, Leandra Rollo, Vi Kovarbasic, Crow Tricks y Zo Hailu, conocidos como los “Cinco de Ulm”, aparecen tras un cristal antibalas durante su juicio en Stuttgart, Alemania, por el presunto vandalismo contra una fábrica de Elbit Systems en la ciudad alemana de Ulm. Fotografía de Hebh Jamal para Drop Site News.
dropsitenews.com, 16 de septiembre de
2026
Cinco activistas que vandalizaron
una fábrica de Elbit Systems pretenden llevar a juicio a Alemania y a la
empresa armamentística israelí.
STUTTGART, Alemania — Casi cincuenta años
después de los infames juicios contra la Fracción del Ejército Rojo, la prisión
de máxima seguridad de Stammheim vuelve a ser escenario de un caso de gran
repercusión que pone en entredicho la conducta del Estado alemán. En esta
ocasión, sin embargo, los acusados son cinco activistas internacionales propalestinos,
imputados por vandalizar una fábrica en la ciudad alemana de Ulm, propiedad del
fabricante de armas israelí Elbit Systems.
El 8 de septiembre de 2025, los cinco
activistas berlineses, ahora conocidos como los Cinco de Ulm, irrumpieron en
las instalaciones de Elbit y llevaron a cabo actos de vandalismo que grabaron
con cámaras corporales y publicaron en internet. Destruyeron equipos y pintaron
con aerosol las frases «Palestina libre» y «asesinos de bebés» en las paredes.
En sus vídeos, los activistas —ciudadanos del Reino Unido, Irlanda, España y
Alemania— afirman que llevaron a cabo su acción
directa «para desmantelar las herramientas utilizadas para cometer genocidio en
Gaza» y para denunciar la complicidad de Alemania.
Nadie resultó herido en la protesta, que
supuestamente causó daños por valor de 1,04 millones de euros, y los
manifestantes permanecieron en el lugar para ser arrestados. Aun así, la
fiscalía alemana ha decidido tratar a los Cinco de Ulm con una severidad
inusual, acusándolos de pertenencia a una organización criminal, Palestine
Action Germany, además de allanamiento de morada y daños a la propiedad. Un
cargo adicional se refiere al uso de «símbolos de una organización
inconstitucional o terrorista» —en alusión a Hamás—, debido a que los acusados
utilizaron lemas como «Del río al mar, Palestina será libre».
La sala del tribunal ha sido preparada
para maximizar el dramatismo, como si el juicio involucrara a peligrosos
criminales en lugar de manifestantes pacíficos. Los cinco acusados se sientan
tras una doble capa de cristal antibalas que los separa tanto de su equipo
legal como del público.
El público y la prensa se sientan tras una
mampara de cristal antibalas y deben pasar por un riguroso control de seguridad
que incluye un cacheo exhaustivo a puerta cerrada. Solo los periodistas
acreditados pueden introducir material de escritura en la sala, ya que, según
el juez y el fiscal, los bolígrafos y lápices podrían utilizarse como armas
blancas. Personal de seguridad fuertemente armado vigila la sala.
Lynn Boylan, eurodiputada irlandesa que
preside la Delegación para las Relaciones con Palestina en el Parlamento
Europeo, describió el montaje de seguridad que rodea el caso como un
"juicio espectáculo".
«Al principio pensé que los padres de los
cinco jóvenes de Ulm estaban exagerando porque no están acostumbrados al
sistema judicial alemán, pero lo que viví en esta visita al Parlamento me
impactó mucho», declaró Boylan a Drop Site. «No nos permitieron llevar papel y
bolígrafo, ni tomar nuestras propias notas», añadió Boylan, quien explicó que
tuvo que pedir permiso para entrar con un pañuelo a la sala del tribunal.
«Mis colegas visitaron al ciudadano irlandés Daniel Tatlow-Devally en prisión y les preocupaba el trato psicológico que el personal penitenciario le daba», declaró Boylan. «Daniel pasa 23 horas al día en lo que es prácticamente aislamiento, lo cual puede tener graves consecuencias para su salud mental. Es totalmente innecesario. Daniel y los otros cuatro no son delincuentes violentosy, sin embargo, se les trata como si fueran los peores criminales del sistema penitenciario. Deberían estar en libertad bajo fianza»
Activistas se congregan en Stuttgart,
Alemania, antes del inicio del juicio contra cinco activistas pro-palestinos,
conocidos como los Cinco de Ulm, acusados de vandalizar una fábrica de Elbit
Systems en Ulm, Alemania. Foto de Julian Rettig/picture alliance vía Getty
Images.
Precriminalización
La logística del caso parece diseñada para
dificultar la labor de los activistas, cuatro de los cuales no son ciudadanos
alemanes. Tatlow-Devally y los otros cuatro acusados —Zo Hailu y Crow Tricks,
del Reino Unido; Leandra Valenzuela, de España; y Vi Kovarbasic, de Alemania—
se encuentran recluidos en cinco prisiones diferentes y tienen prohibido
comunicarse entre sí. Reciben una sola hora de visita al mes, la cual está
estrictamente vigilada y acompañada por traductores y guardias penitenciarios.
A sus familiares y seres queridos no se les permite hablar del caso durante las
visitas.
Inicialmente, el juicio estaba programado
para desarrollarse en 16 audiencias a lo largo de aproximadamente tres meses y
medio. Sin embargo, a mediados de mayo, poco después de que comenzaran las
actuaciones, la jueza presidenta, Katherin Lauchstädt, añadió unilateralmente
28 fechas de audiencia adicionales que se extenderían hasta enero de 2027.
El tribunal de Lauchstädt rechazó la solicitud
del Centro de Detención para entrevistar a los cinco acusados en prisión,
argumentando que hacerlo ayudaría a difundir información entre los acusados
y, por lo tanto, interferiría con el juicio.
El 27 de abril, primer día del juicio, los
cinco acusados entraron esposados y fueron sentados separados de sus
abogados tras la barrera antibalas. Esta situación provocó de inmediato un
enfrentamiento. El equipo de la defensa, compuesto por once miembros, se negó a
tomar asiento y exigió que sus clientes fueran llevados al frente para poder
comunicarse con ellos de forma directa y confidencial.
Se produjo un tenso enfrentamiento entre
el tribunal y la defensa, ya que los abogados intentaron repetidamente impugnar
la disposición de los asientos y presentar mociones procesales, mientras que el
juez se negó a darles la palabra y, finalmente, les apagó los micrófonos. En
ese momento, todo el equipo legal abandonó la sala en señal de protesta, lo que
provocó un receso de dos horas.
La abogada Nina Onèr, representante de Zo
Hailu, explicó a Drop Site News cómo la propia sala del tribunal contribuyó al
fracaso del proceso. A diferencia de una sala de audiencias convencional, donde
los abogados pueden dirigirse directamente al juez, en las instalaciones de Stammheim
es necesario que los abogados pulsen un botón para solicitar permiso para
hablar, tras lo cual el tribunal debe activar sus micrófonos. El primer día,
según Onèr, el tribunal se negó a activar los micrófonos de la defensa,
impidiendo que los abogados presentaran formalmente siquiera una sola moción.
“La intención es crear la imagen de cinco
individuos extremadamente peligrosos a los que no se les permite hablar
libremente con sus abogados, ni siquiera en los descansos”, declaró Onèr a Drop
Site.
Entre las mociones que la defensa
pretendía presentar se encontraba una de recusación, solicitando al tribunal
que se apartara del caso por sospechas de parcialidad. Onèr recalcó que dicha
moción debe presentarse en la fase procesal pertinente, o la defensa podría
perder el derecho a plantearla posteriormente.
«Nunca habíamos experimentado algo así,
que el tribunal ni siquiera nos permitiera presentar nuestras mociones»,
declaró Onèr. Ante la inminente lectura de la acusación formal, Onèr afirmó que
la defensa no tenía más remedio que abandonar la sala. «Nuestra única
oportunidad de impedir la lectura de la acusación y la pérdida de nuestros
derechos», dijo, «era abandonar la sala, ya que el juicio no puede continuar
sin nosotros».
El avance del juicio ha sido lento. Según
los abogados de los Cinco de Ulm, se presentan mociones procesales de forma
rutinaria, pero el juez las rechaza casi todas con escasa o nula justificación
legal. Las constantes interrupciones dificultan el desarrollo de la
presentación de pruebas, aunque en ocasiones estas interrupciones son
solicitadas por el equipo legal debido a su incapacidad para comunicarse con
sus clientes y comprender sus necesidades durante la sesión judicial.
A diferencia de algunos casos de la
organización Palestine Action en el Reino Unido, los cinco acusados de Ulm no
han sido imputados por terrorismo en virtud del artículo 129a del código penal
alemán. Onèr afirmó que los esfuerzos por censurar y vigilar las comunicaciones
entre los acusados y la defensa, que podrían aplicarse en casos de
terrorismo, no deberían aplicarse en este caso.
“No tenemos un caso contemplado en la
Sección 129a, y sin embargo, estas son las medidas que el tribunal está
impulsando, las cuales resultan incluso extremas cuando se trata de un caso de
la Sección 129a”, afirmó.
En comparación, en un juicio por
terrorismo en virtud del artículo 129a que se celebra simultáneamente, a los
acusados —miembros del movimiento extremista Reichsbürger, acusados de
intentar derrocar al gobierno alemán y de disparar contra agentes de policía
alemanes— se les permite sentarse con su equipo de defensa, e incluso algunos
han sido liberados de la prisión preventiva.
«Esto sienta un precedente innegable»,
declaró a DropSite Sophia Hoffinger, responsable de proyectos de seguimiento
del Centro Europeo de Asistencia Jurídica. «Existen muy pocos casos comparables
de prisión preventiva prolongada en el marco del artículo 129».
Hoffinger afirmó que se han presentado
cargos similares contra miembros del grupo por la justicia climática Last
Generation por pertenecer a una organización criminal. Sin embargo, añadió:
«Ninguno de los miembros ha sido sometido a las mismas condiciones que los
acusados del caso Ulm 5. En ese caso no hubo detención preventiva ni se les
negó a los acusados la posibilidad de consultar con sus abogados en privado».
La agencia federal de inteligencia alemana
no solo calificó a los Cinco de Ulm de extremistas,
incluso antes de su condena, sino que también acusó a la organización de asistencia
jurídica 3ezwa de estar involucrada en "extremismo de asistencia a
presos" únicamente por haber brindado apoyo al juicio. Hoffinger describió
esto como una forma de "precriminalización".
«El mero hecho de que una estructura de
apoyo exprese respaldo político a cinco personas que aún no han sido condenadas
y que siguen en juicio demuestra el alcance de esta precriminalización»,
declaró Hoffinger. «Esta es una tendencia más amplia que Alemania está
imponiendo debido al apoyo manifiesto a Palestina del grupo. Han politizado
este caso, incluso utilizando a sus propios servicios de inteligencia para
interferir y acelerar las acusaciones contra los acusados debido a sus
intereses económicos en deslegitimar a los Cinco de Ulm», añadió.
Un dron se exhibe en el stand de Elbit
Systems Deutschland durante la Exposición Aeroespacial Internacional en el
aeropuerto ExpoCenter de Berlín, el 11 de junio de 2026. Fotografía de
Sebastian Christoph Gollnow/picture alliance vía Getty Images.
Elbit y el
genocidio de Israel
Elbit Systems, el mayor fabricante privado
de armas de Israel, se ha convertido en blanco frecuente de acciones directas y del movimiento
BDS a nivel internacional. La compañía produce una amplia gama de equipo militar,
que incluye proyectiles de artillería, munición para tanques, equipos de
vigilancia, drones y piezas para aviones F-35, muchos de los cuales se
utilizaron durante el genocidio en Gaza.
En Alemania, la filial de Elbit produce
componentes altamente especializados para sistemas de puntería láser y
comunicaciones.
La economista política Shir Hever, experta
en la industria armamentística israelí, afirmó que la fábrica de Elbit en Ulm
desarrolla sensores láser utilizados para recopilar información digital y
realizar mapas del terreno, así como radios definidas por software que sirven como plataforma de
comunicación principal para el ejército israelí.
“Aquí es donde Alemania desempeña un papel
muy importante en la cadena de suministro, ya que las mismas radios y sensores
fabricados y desarrollados en Ulm se utilizan en Gaza”, dijo Hever.
Elbit Systems Alemania no respondió a la
solicitud de comentarios.
Según el sistema jurídico alemán, el
fiscal está obligado por ley a investigar tanto las pruebas incriminatorias
como las potencialmente exonerantes. Esto no ha ocurrido en este caso, y la
defensa argumenta que la fiscalía no examinó adecuadamente las pruebas que
podrían justificar o contextualizar las acciones de los cinco acusados
durante el presunto allanamiento. Esto incluye investigar la complicidad de
Elbit en los crímenes de guerra israelíes en Gaza.
En cambio, el fiscal Ronny Stengel alega
que la acción estuvo motivada por el antisemitismo, un factor agravante en
Alemania. Dado que los cinco pintaron con aerosol la frase "Asesinos de
bebés" en las paredes de la planta de Elbit, la fiscalía alega que
contribuyeron al estereotipo antisemita de la difamación de sangre, puesto que
Elbit es una "empresa de propiedad judía".
El 19 de junio, en la séptima fecha del
juicio, el equipo legal presentó la premiada investigación del periódico
neerlandés Der Volksrant, « Lo que nos dicen las heridas », de Maud Effting y Willem
Feenstra, que detallaba las pruebas de que las fuerzas israelíes habían atacado
deliberadamente las cabezas y los torsos de niños palestinos en Gaza. Esto se
hizo para contextualizar las motivaciones de los acusados y cómo debía
evaluarse legalmente su conducta. Sin embargo, en lugar de permitir que la
defensa leyera el artículo en inglés, el juez insistió en que se tradujera oralmente
al alemán, lo que generó un momento dramático durante el proceso, ya que los
traductores se emocionaron visiblemente y se les quebró la voz al escuchar la
lectura en voz alta en la sala.
El argumento de la defensa se basa, en
última instancia, en una pregunta: ¿Qué pretendían detener con la acción
directa los cinco activistas? Argumentan que Elbit participa directamente en el
genocidio israelí en Gaza y que, por lo tanto, el vandalismo de los acusados
estaba justificado.
Según Ihsan Adel, presidente de Law for
Palestine y abogado que trabaja en un caso presentado ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) por Nicaragua, "Alemania tiene la
obligación legal de prevenir y castigar el genocidio".
“Los procedimientos en el caso de
Nicaragua contra Alemania ante la CIJ, junto con la información disponible en
los registros públicos, indican que Alemania no ha tomado las medidas exigidas
por el derecho internacional para prevenir el genocidio en Gaza”, dijo Adel.
Según un nuevo informe publicado por Forensis Berlin,
Alemania aprobó licencias por un valor aproximado de 1.410 millones de euros
para exportar equipo militar a Israel entre octubre de 2023 y junio de 2026,
incluyendo 800 millones de euros solo en los primeros seis meses de 2026.
El informe documenta que, en 2023 y 2024,
Alemania ocupó el primer y segundo lugar, respectivamente, entre los estados de
la UE que informaron sobre exportaciones de armas a Israel.
Matthias Goldmann, profesor de derecho
internacional en la Universidad EBS, explicó a Drop Site que los acusados
deben cumplir cinco condiciones para que su acción se considere desobediencia
civil legítima. La primera es un interés fundamental de la comunidad, como
defender y respetar el derecho internacional. La segunda es que la acción se
haya llevado a cabo sin buscar beneficio propio, financiero o político. La
tercera condición es la no violencia, y Goldmann afirmó que «la violencia
comienza cuando se perjudica a las personas», y que vandalizar la fábrica de
Elbit Systems no alcanza el umbral de un acto violento. La cuarta condición es
que la acción debe intentar influir en el discurso político y corregir el rumbo
de la política.
“Podemos discrepar sobre qué constituye
una resistencia legítima, ya que lo que para uno es un luchador por la
libertad, para otro es un terrorista. Por lo tanto, para sortear esa
diferencia, existen criterios”, dijo Goldmann.
Según Goldmann, el criterio final era que
los miembros del grupo Ulm 5 demostraran voluntad de aceptar su castigo, ya que
esperaron en el lugar a que las autoridades los arrestaran.
“Ni el derecho constitucional ni el
derecho internacional son suficientes por sí solos; un ordenamiento jurídico
está sujeto a criterios diferentes a los de la mera constitución del Estado,
por lo que creo que los Cinco de Ulm sí cumplen los criterios de desobediencia
civil”, dijo Goldmann.
Familiares del acusado Daniel
Tatlow-Devally aparecen en la sala del tribunal haciendo el gesto del “corazón
esposado” en señal de solidaridad con los Ulm 5. De izquierda a derecha: la
madre de Daniel, Mimi Tatlow-Golden; su novia, Georgia Kalogeratou; su hermana,
Clara Tatlow-Devally; y su padrastro, Jeremy Golden. Fotografía de Hebh Jamal
para Drop Site News.
Un patrón de
violencia estatal
La hermana de Crow Tricks, Tessi Tricks,
explicó a Drop Site lo impactante que fue para las familias ver a los acusados
tratados como peligrosos criminales. «Los cinco activistas no parecen
amenazantes en absoluto. Es una experiencia bastante confusa, porque da la
sensación de que los tratan como si pudieran detonar una bomba o hacer algo
realmente terrible, cuando en realidad solo están ahí parados, intentando
contactar con sus abogados y defenderse. Se les trata de forma totalmente
desproporcionada a lo que han hecho», declaró Tessi.
La madre de Tatlow-Devally, Mimi, afirmó
que las condiciones de su reclusión equivalían a tortura. «Daniel parece ser
muy resistente a pesar de estar encerrado 23 horas al día en una celda de cinco
por dos metros. La ventana es de cristal esmerilado y no se puede abrir, y
afuera hay un patio de cemento sin vegetación de ningún tipo».
Durante las visitas, según relató, su hijo
permanecía en una habitación de cristal y no podía abrazarlo durante los cinco
meses que los visitó. Solo después de que involucrara a Richard Boyd Barrett,
miembro de la cámara baja del parlamento irlandés, se organizó una reunión con
el embajador alemán. Posteriormente, se les informó a la familia que la norma
que impedía a Tatlow-Golden tener contacto físico con sus seres queridos se
debía a un error administrativo.
“Nos enteramos de que las cosas habían
cambiado cuando un día el padre de Daniel fue de visita, y de repente la visita
se limitó al salón, sentados a la mesa, lo que fue muy emotivo para Daniel. No
habían tenido contacto físico con un ser querido en cinco meses. Daniel no
había tenido contacto social ni físico, y a eso se sumaba la casi total
ausencia de contacto intelectual, ya que les habían negado el derecho a recibir
libros. Es una tortura si lo piensas”, dijo Mimi.
Tessi Tricks afirmó que el entorno
penitenciario ha sido peligroso para Crow, quien ha sido trasladado
repetidamente a diferentes celdas y ha sufrido amenazas por parte de sus
compañeros de celda.
“Cada vez que Crow cambia de celda, se
estresan mucho porque no saben con quién van a compartirla. El año pasado fue
bastante difícil para Crow cuando un compañero de celda los amenazó. Se
quejaron a los guardias, quienes respondieron: ‘No es asunto nuestro a menos
que veamos sangre en el suelo’”, dijo Tricks.
Según las familias, Alemania está
intentando dar un escarmiento a los Cinco de Ulm por "ofender la imagen
que Alemania tiene de sí misma como buen actor, y están siendo castigados por
ello", declaró Mimi Tatlow-Golden.
“Observamos un hilo conductor que va desde
las actitudes de la fiscalía, desde los cargos presentados, hasta las
decisiones del juez y la decisión de elegir Stammheim como sede del juicio,
presentando a los cinco acusados como personas peligrosas”, añadió.
Boylan, la eurodiputado irlandés, afirmó
que el trato violento de Alemania hacia los cinco jóvenes de Ulm forma parte de
un patrón más amplio de violencia contra la solidaridad palestina.
«Creo que cualquiera que vea lo que Israel
le está haciendo al pueblo palestino no puede negar lo que ve con sus propios
ojos. Por eso creo que parte de la razón por la que [Alemania] ha adoptado una
postura tan dura contra toda la solidaridad con Palestina es que quieren enviar
un mensaje a la opinión pública: que si hacen lo que hicieron los Cinco de Ulm,
habrá consecuencias muy graves».
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