Día Internacional de la Mujer: El PCHR reitera su llamamiento a aunar esfuerzos para mejorar la realidad de las mujeres palestinas

Día Internacional de la Mujer: El PCHR reitera su llamamiento a aunar esfuerzos para mejorar la realidad de las mujeres palestinas

Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR)

Traducción CSCA

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1977, para asegurar que todas las mujeres del mundo disfruten de sus derechos garantizados por el derecho internacional. Este año, lo celebramos en tiempos peculiares, ya que la pandemia complicó y empeoró las condiciones de las mujeres en todo el territorio palestino ocupado (TPO) en lo social, en lo económico y en lo que respecta a su salud. Mientras tanto, otros factores que socavaban los derechos de las mujeres antes de la pandemia siguen existiendo al igual que sus implicaciones en la vida de las mujeres, como la ocupación y la división interna palestina.

La ocupación israelí mantuvo su práctica de cometer multitud de violaciones contra los palestinos, en particular contra las mujeres que -como grupo- han pagado un precio muy alto, especialmente las (39) mujeres que están encarceladas en la prisión israelí de Damon [esta prisión está en el lado israelí, contraviniendo nuevamente la Convención de Ginebra]. A pesar de las obligaciones impuestas por el Cuarto Convenio de Ginebra y el Protocolo I de 1977 de garantizar la prestación de atención y ayuda a los reclusos y reclusas en la medida en que lo necesiten, el Servicio Penitenciario Israelí les privó de medios de prevención y seguridad, como desinfectantes y materiales de limpieza y desinfectantes. Además, el Servicio Penitenciario Israelí no proporcionó ninguna directriz que protegiera a los presos de contraer Covid-19.

En cuanto al ámbito interno palestino, el Covid-19 afectó significativamente a las condiciones sanitarias, económicas, sociales y jurídicas de las mujeres, ya que las medidas de precaución adoptadas por el gobierno palestino para frenar el brote de la pandemia de Covid-19 aumentaron el sufrimiento y las cargas de las mujeres. Además, muchas mujeres se vieron afectadas negativamente por la pandemia al perder su trabajo y sus fuentes de ingresos. En cuanto a la salud y la pandemia, según el Ministerio de Salud palestino, en Palestina se infectaron con Covid-19 más mujeres que hombres. Además, el acceso de las mujeres y las niñas a los tratamientos y servicios médicos se complicó ante el brote de Covid-19, ya que muchos recursos sanitarios se han desviado para casos de emergencia y urgencia. En consecuencia, el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva y de maternidad se vio afectado negativamente, sobre todo por la escasez de recursos sanitarios, especialmente en la Franja de Gaza.

El impacto de la pandemia no sólo afectó a la salud o al bienestar económico de las mujeres, ya que la violencia doméstica se disparó durante el periodo de cierre. Las estadísticas oficiales realizadas por el Ministerio de Asuntos de la Mujer indican que la violencia doméstica aumentó significativamente durante el bloqueo impuesto por el gobierno palestino. Sin embargo, la violencia mental fue la más documentada, que alcanzó el (55%) del número total de casos denunciados de violencia contra las mujeres. Además de la violencia económica (53%), la violencia social (27%), la violencia verbal (24%) y la violencia física, que aumentaron durante la pandemia de Covid-19.

Las encuestas han indicado que el (88%) de las mujeres con discapacidades fueron objeto de varios tipos de violencia de género, como la violencia económica, social, física, mental y verbal, y que el (47%) de las mujeres buscaron protección durante la pandemia. Las estadísticas de PCHR indicaron que, durante 2020, PCHR proporcionó (2.399) consultas legales, y documentó el asesinato de (5) mujeres en el territorio palestino ocupado por motivos de violencia de género; (3) en Cisjordania y (2) en la Franja de Gaza.

Con el deterioro de las condiciones económicas, sociales y sanitarias de las mujeres provocado por la pandemia del Covid-19, aparecieron intentos de infringir y restringir las libertades públicas, ya que el 14 de febrero de 2021 el Consejo del Tribunal Superior de la Sharia emitió una circular judicial con nuevas restricciones de viaje contra las mujeres. Esta decisión imponía restricciones al derecho de las mujeres a viajar, lo que constituye una grave violación de las libertades públicas; la decisión fue ampliamente rechazada por el PCHR y otras organizaciones de la sociedad civil y consiguió que se modificara.

Al comienzo del año 2021, se reavivaron las esperanzas democráticas después de que el presidente palestino, Mahmud Abbas, promulgara una ley por decreto por la que se convocaban elecciones generales en Cisjordania, incluida la Jerusalén Oriental ocupada, y en la Franja de Gaza. De este modo, se renovaron los llamamientos para mejorar la participación política de las mujeres, exigiendo que las palestinas tengan una representación justa en las funciones de toma de decisiones y esperando que las elecciones brinden la oportunidad de colaborar para presionar a los responsables de la toma de decisiones para que eliminen todas las formas de discriminación contra las mujeres. Otro objetivo del movimiento por los derechos de la mujer es contar con leyes justas para los derechos de la mujer, que sean aplicables en todo el territorio palestino. También es imperativo contar con políticas adecuadas que garanticen la integración de las mujeres palestinas en los puestos de responsabilidad de las instituciones privadas y públicas, con el fin de potenciar su resistencia a través de las próximas listas electorales.

El PCHR felicita a las mujeres palestinas con motivo del Día Internacional de la Mujer y renueva su apoyo a las mujeres allí donde se encuentren.

El PCHR afirma que las mujeres viven condiciones humanitarias muy duras, especialmente durante la pandemia, y como resultado de la división y la ocupación israelí. Por ello, el PCHR hace hincapié en la necesidad de ofrecer protección a las mujeres y niñas palestinas, y exige

1.      El Consejo de Derechos Humanos y los órganos contratantes de los tratados internacionales, especialmente la CEDAW, que trabajen para investigar las graves y sistemáticas violaciones israelíes de los derechos de las mujeres.

2.      A la sociedad civil, especialmente en esta etapa significativa en la que se han iniciado los preparativos para las elecciones generales, que trabaje conjuntamente para practicar presión sobre los responsables de la toma de decisiones para que incluyan en las plataformas de los candidatos la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres estipuladas en las leyes palestinas y la adopción de la ley de familia de forma que se garantice la plena protección de las mujeres y se promueva una familia sana y estable.

3.      Que el presidente palestino adopte una ley de protección contra la violencia familiar y armonice las leyes nacionales con las convenciones internacionales, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

4.      Que el Gobierno palestino establezca mecanismos claros, justos, imparciales y transparentes para proteger a las mujeres en la Franja de Gaza y Cisjordania

5.      Que los organismos gubernamentales amplíen las ayudas a las mujeres trabajadoras que se vieron afectadas por el Covid-19, especialmente a las que mantienen familias que incluyen niños, para que las ayudas incluyan a todas las mujeres trabajadoras de los diferentes sectores y puedan satisfacer sus necesidades y las de sus hijos y mantener su seguridad alimentaria.

6.      Que la sociedad palestina respete a las mujeres y aprecie su papel en la lucha contra la ocupación y que aumente su resistencia a largo plazo en medio de estas difíciles circunstancias.

¿Y si la campaña de vacunación israelí no fuese tan ejemplar?

Un manifestante sujeta la bandera palestina en una protesta frente a las fuerzas israelíes en Masafer Yatta, cerca de Hebrón

 ¿Y si la campaña de vacunación israelí no fuese tan ejemplar?

Alejandro Gálvez (experto sobre Israel y TPO en AI España)

Amnistia Internacional

eldiario.es, 5 de marzo

— Durante los últimos meses Israel ha recibido numerosos elogios por su exitosa campaña de vacunación, llegando a ser considerada como “el laboratorio del mundo”. En diciembre de 2020, Israel llegó a un acuerdo con con la empresa farmacéutica Pfizer para asegurarse un suministro constante y prioritario de vacunas, a cambio de proporcionar datos sanitarios a la compañía y de pagar un precio por dosis alrededor de un 40% superior al abonado por la UE. De este modo, Israel ya ha suministrado una primera dosis a aproximadamente la mitad de sus 9’2 millones de habitantes, y al menos a un tercio de ellos una segunda.

Desde el inicio de las diferentes campañas de vacunación en todo el mundo, han surgido dos fenómenos que demuestran, bien la falta de solidaridad, bien el interés político, a la hora de acaparar la vacuna o de determinar cuánto se cede y a quién: el “nacionalismo de las vacunas” y la “diplomacia de las vacunas”. En el llamado “laboratorio del mundo”, ambos fenómenos son palpables.

Según numerosas declaraciones y resoluciones internacionales, y en definitiva, según el derecho internacional humanitario, tras la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel es una potencia ocupante en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania. En dichos territorios, alrededor de 600.000 colonos israelíes viven en 256 asentamientos, incluido Jerusalén Este, que son considerados ilegales por el derecho internacional. Mientras que la población colona tiene pleno acceso a las vacunas, los 300.000 palestinos de Jerusalén Este, los cinco millones que viven en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania (muchos incluso como desplazados y refugiados) y, por supuesto, los refugiados palestinos en Siria, Líbano y Jordania, tienen un acceso nulo o muy limitado a la vacunación, por no hablar de otros derechos y libertades fundamentales.lestinos esperando a recibir la vacuna en un centro de emergencia de Magen David Adom en Jerusalén

Ante esta situación, la población palestina depende de mecanismos internacionales auspiciados por la ONU, como por ejemplo, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX) o el Fondo Común de acceso a la tecnología de la COVID-19 para facilitar el intercambio de información protegida por patentes en la lucha contra el virus (C-TAP), así como de la solidaridad de terceros estados, para vacunar a su población.

Al ser la potencia ocupante, Israel se encuentra obligada, entre muchos otros, por el artículo 56 del IV Convenio de Ginebra; artículo que establece que “la potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, en particular tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias”. En pocas palabras, Israel debe poner fin a sus políticas discriminatorias y eliminar todo obstáculo que impida a la población palestina acceder a la atención de la salud y recibirla, y por lo tanto, también a la vacuna contra la COVID-19. Además, estos acuerdos obligan a ambos actores a cooperar, especialmente en casos de epidemia (artículo 17) y la propia IV Convención, en su artículos 6 y 7, establece que ningún acuerdo especial entre las partes podrá perjudicar la situación de las personas protegidas.

No obstante, el Gobierno de Netanyahu alega que, tras los Acuerdos de Oslo de 1993, mediante los cuales la Autoridad Palestina obtuvo una jurisdicción limitada para sus territorios, son las propias autoridades palestinas quienes tienen la competencia exclusiva sobre su sistema sanitario.

Independientemente de todas estas lecturas, y aunque las alegaciones gubernamentales de Israel fuesen ciertas, la realidad es que las más de cinco décadas de ocupación israelí, unidas a más de diez años de bloqueo israelí por tierra, mar y aire en Gaza, y a las demoliciones ilegales israelíes de infraestructuras civiles palestinas en Cisjordania, algunas destinadas a fines sanitarios, han provocado que el sistema sanitario palestino se encuentre completamente colapsado.

Dicha alegación, además, choca con el reciente interés israelí en autorizar la vacunación de 120.000 palestinos residentes en Cisjordania. ¿Qué diferencia entonces a estos palestinos del resto? ¿Es una muestra de buena voluntad? Resulta que estos 120.000 palestinos tienen permisos para trabajar en Israel o en los asentamientos ilegales de los territorios ocupados. “El nacionalismo de las vacunas”.

Un reciente informe del Banco Mundial advierte de la necesidad de que las autoridades israelíes coordinen con las palestinas la financiación, adquisición y distribución de las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, el Gabinete del primer ministro israelí afirma que “no estamos en condiciones de ofrecer una ayuda de entidad mientras no hayamos finalizado nuestra propia campaña”. Esto no impide, sin embargo, que Israel ceda los excedentes de su vacunación a países aliados que se han comprometido a abrir oficinas diplomáticas en Jerusalén, como Honduras, Guatemala o la República Checa. Israel considera Jerusalén como su capital exclusiva, aunque los palestinos esperan que la zona Este, ocupada militarmente por Israel, sea la sede de la administración de su Estado. “La diplomacia de las vacunas”.“Israel debe cumplir con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional humanitario, como potencia ocupante. A pesar de sus declaraciones, tiene la obligación y los medios para hacerlo”

Desgraciadamente, el nacionalismo y la diplomacia de las vacunas no son fenómenos que tengan lugar exclusivamente en Israel. Los países del G-7 (Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EE.UU. y Japón) han comprado el 51% del suministro de vacunas del mundo, a pesar de representar solo al 13% de la población mundial, lo que significa que más de la mitad de las dosis mundiales de la vacuna se han suministrado en estos países, mientras que en más de 100 no se ha suministrado ninguna. Más concretamente, según la OMS y UNICEF, alrededor de tres cuartas partes de las 128 millones de dosis suministradas a 10 de febrero habrían llegado a 10 países desarrollados. Los grandes acuerdos bilaterales para la adquisición y distribución de las vacunas, acuerdos en ocasiones tremendamente opacos, de las grandes potencias están igualmente afectando al ya citado COVAX, que apuesta por un acceso más multilateral, justo y equitativo, con la intención de aunar la demanda mundial y distribuir 2.000 millones de dosis para el final de 2021. Los grandes acuerdos bilaterales entre primeras potencias y empresas crean una estructura paralela de adquisición que permite a los países más ricos aprovechar la disponibilidad mundial por diferentes fuentes, poniendo en peligro la eficacia del COVAX como mecanismo de fomento de acceso mundial a las vacunas.

Como se afirma en la guía sobre derechos humanos sobre las vacunas contra la COVID-19, Estados y empresas deben colaborar y aplicar políticas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para todas las personas, así como eliminar posibles obstáculos que impidan el desarrollo de vacunas, incluidos derechos de propiedad intelectual, y conceder licencias no exclusivas para dichos productos. Y es que en la carrera para la vacuna contra la COVID-19, la victoria o la derrota no llegará mediante la diplomacia o el nacionalismo de las vacunas. Llegará mediante la solidaridad de todos; ganaremos o perderemos juntos.

El Consejo Nacional Palestino [el cuerpo legislativo de la OLP] se dirige a los parlamentos del mundo sobre las violaciones de la ocupación israelí

 El Consejo Nacional Palestino [el cuerpo legislativo de la OLP] se dirige a los parlamentos del mundo sobre las violaciones de la ocupación israelí

 

Traducción CSCA

7 de marzo de 2021

El Consejo Nacional Palestino (PNC) ha informado a los parlamentos del mundo sobre las últimas violaciones de los derechos del pueblo palestino por parte de la ocupación israelí y sus medidas para cambiar la realidad geográfica y política en los territorios ocupados a favor de su proyecto colonial de asentamientos.

En mensajes idénticos enviados por el presidente del PNC, Saleem Al-Za'anoon, a los jefes de los parlamentos de todo el mundo, incluidos los jefes de las uniones parlamentarias internacionales y regionales árabes, islámicas, asiáticas, africanas, europeas y otras de América Latina, el PNC declaró que Israel, la potencia ocupante, sigue empeñada en privar a los palestinos de su vida material y moral, y en privarlos de sus derechos legítimos. y como resultado, la impunidad y la ausencia de responsabilidad de Israel por sus crímenes, especialmente su política de asentamientos, que significa desarraigo, desplazamiento y pérdida de esperanza, vida y sustento para los palestinos.

En sus mensajes, el PNC hizo un llamamiento para proporcionar protección internacional al pueblo palestino de acuerdo con la resolución de la Asamblea General de la ONU en 2018, y las Convenciones de Ginebra pertinentes, a la luz de la escalada de la política de demolición de hogares palestinos, el desplazamiento de los residentes y la confiscación de tierras, en aplicación del plan de anexión colonial gradual.

El PNC instó a los parlamentos a ayudar a incluir a las organizaciones de colonos como: "Paying the Price", "The Hills Youth " y "The New Guard" como organizaciones terroristas, debido a su historial criminal terrorista en los territorios palestinos ocupados.

El presidente del PNC, Saleem Al-Za'anoon, también pidió que se aprovechara el reciente mensaje de los representantes europeos, que pidieron a los gobiernos de sus países que trabajaran para detener la anexión de facto de las tierras palestinas, con el fin de proteger el futuro de la solución de dos estados de acuerdo con las decisiones de legitimidad internacional.

 Hizo un llamamiento a los parlamentos y gobiernos para que realicen los esfuerzos necesarios para apoyar las demandas palestinas basadas en el derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional, para poner fin a la ocupación israelí, y para proteger la Resolución 67/19 de la Asamblea General de la ONU del 29 de noviembre de 2012, que reconoce el Estado de Palestina y su capital, Jerusalén, en las fronteras del 4 de junio de 1967.

Los mensajes del PNC recogen la mayoría de las violaciones israelíes, como las operaciones de demolición que afectaron a cerca de 220 negocios y propiedades, sobre todo lo que ocurre en Homsa Al-Fawqa, así como 63 avisos de demolición, arrancando 1.200 árboles, y amenazando con demoler 17.000 casas palestinas por no tener permisos de construcción los propietarios debido a las medidas de obstrucción de la administración de ocupación israelí.

Durante el pasado mes de febrero, la PNC señala que hay 66 civiles palestinos heridos con balas reales y de goma y esponja recubiertas de metal, que incluyen a niños; los colonos atacaron 80 veces a los palestinos, incluyendo la muerte de tres mártires e hiriendo a 19 civiles con diversas lesiones.

Israel, la potencia ocupante, y los grupos de colonos, son responsables de todos estos crímenes continuos, según las disposiciones de los artículos 1 y 29 de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, afirmó el PNC, y que estas violaciones contra los palestinos deben cesar inmediatamente, ya que son "objetivos protegidos". Los dirigentes civiles, militares y de seguridad israelíes también tienen responsabilidad penal de acuerdo con las disposiciones de las convenciones internacionales pertinentes, especialmente el reglamento de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998, que exige que sean juzgados y que se les imponga un castigo disuasorio a los que cometen tales crímenes.

El PNC subrayó que estos crímenes no prescriben con el paso del tiempo ni quedan obsoletos, y que es deber de los Estados firmantes de los Convenios de Ginebra de agosto de 1949 tomar medidas para garantizar la aplicación de los mismos, y hacer responsable a la potencia ocupante de sus graves infracciones, de acuerdo con el artículo 1 conjunto de los cuatro convenios.

Egipto: Campaña por la libertad del activista por el BDS Ramy Shaath, que lleva varios años encarcelado

 Egipto: Campaña por la libertad del activista por el BDS

Ramy Shaath, que lleva varios años encarcelado

 

Resumen Latinoamericano, 5 de marzo de 2021.

 

En mayo de 2020, las autoridades permitieron a Céline Lebrun Shaath, esposa del preso de conciencia y activista Ramy Shaath, llamarlo por primera vez desde su detención. Ramy se halla encarcelado por investigaciones que llevan un año pendientes sobre la acusación de “ayudar a un grupo terrorista a alcanzar sus objetivos”, vertida contra él por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y su derecho a participar en los asuntos públicos. El 18 de abril de 2020, el Tribunal Penal de El Cairo decidió arbitrariamente incluirlo en la lista de “terroristas” de Egipto por un periodo de cinco años.

Ramy Shaath, nació en Líbano y es un activista político que ha participado de manera decisiva en la fundación de varios movimientos políticos laicos en Egipto, como El Dostour, partido político fundado por Mohammad ElBaradei en 2012. También es cofundador del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en Egipto, del que es coordinador en el país desde 2015. El movimiento BDS hace campaña por medios no violentos para que Israel rinda cuentas de las violaciones de derechos humanos y otras violaciones del derecho internacional que ha cometido. Como parte de su activismo, Ramy conciencia a la opinión pública sobre los derechos de la población palestina, y ha denunciado activamente en los medios de comunicación la ocupación israelí de territorios palestinos. Antes de su detención, participaba en actos públicos y concedía entrevistas a medios de comunicación en las que expresaba su enérgica oposición al plan estadounidense para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina —plan conocido como el “acuerdo del siglo”— y a la participación de Egipto en la reunión de Manama de los días 25 y 26 de junio de 2019 para debatir dicho plan.

 

Mensaje de su esposa

 

Recientemente regresé a Francia desde El Cairo, donde después de 19 meses de separación forzada, pude ver brevemente a Ramy en prisión, gracias a nuestra movilización internacional. Está aguantando. Sigue siendo la persona fuerte, cariñosa y graciosa de la que me enamoré. Volver sin él de esta segunda ronda de separación forzada fue tremendamente difícil. Pero a pesar de lo difícil que fue, verlo y saber que tenemos tanto apoyo me dio fuerzas. Juntos, aprovechemos este impulso.

 

Esta semana marcó el día 600 del encarcelamiento de Ramy, así como una nueva fase de movilización, con el lanzamiento de una petición global, pidiendo su liberación inmediata. Únase a personas de todo el mundo para firmar hoy la petición para la liberación incondicional de Ramy y la reunificación de nuestra familia. Firma la petición Nuestra petición está en varios idiomas, presentada por Amnistía Internacional en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, Marruecos, Argelia y España. Estoy agradecido de que tantas personas hayan decidido actuar en nombre de Ramy y se preocupen por nuestra historia.

 

Me gustaría compartir contigo un momento especial de mi visita. La fecha de mi tercera y última visita con Ramy resultó ser el día de San Valentín. Le traje una rosa roja y una tarjeta de San Valentín. Me senté en la oficina del oficial de Seguridad del Estado esperando a Ramy. Entró a la habitación unos minutos después. En su mano, una flor blanca y una tarjeta también. La flor estaba hecha de tejidos unidos por un tallo de papel. Se veía hermoso. El oficial nos dejó y Ramy me invitó a bailar, tarareando nuestra canción de boda. En este momento, no existía nada más. Son momentos hermosos como estos los que me dan más fuerza y ​​determinación. Lucho por reunirme con mi esposo. Gracias por unirte a nuestra lucha.

 

 

 

 

CAF debe abandonar el proyecto de tranvía ilegal en Palestina.

Por | 02/03/2021 | Vídeos rebeldes

Fuentes: Foro Palestina Libre de Zaragoza

Es reconfortante el regreso del caso del pillaje de los recursos naturales saharauis al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

 Es reconfortante el regreso del caso del pillaje de los recursos naturales saharauis al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Por M. Limam Mohamed Ali Sidi Bachir 

Fuente: rebelion.org

En homenaje a Emhamed Jadad

El ministro marroquí de Asuntos Exteriores tilda la batalla legal saharaui ante tribunales independientes de “acoso judicial”

El día 2 de marzo de 2021 ha dado comienzo, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la vista del recurso presentado por el Frente POLISARIO, el 27 de abril de 2019, contra la Decisión del Consejo de la UE de fecha 28 de enero de 2019 ( caso T- 279/19).

Como antecedentes, en su sentencia de 21 de diciembre de 2016 el TJUE había establecido que los acuerdos de cooperación bilateral entre la UE y Marruecos no pueden aplicarse al territorio del Sáhara Occidental, ya que éste no forma parte del Reino de Marruecos, sino que es “un territorio distinto y separado”. Dispuso también el Tribunal que, para que pudiera haber cooperación económica con el Territorio, era preciso que el Pueblo del Sáhara Occidental diera su consentimiento.

Estos principios fueron confirmados por dos sentencias de 2018 relativas a la pesca y al espacio aéreo. Sin embargo, el Consejo de la Unión Europea adoptó el 28 de enero de 2019 la Decisión (UE) 2019/2017, contrayendo un acuerdo de asociación con Marruecos que incluía en su ámbito de aplicación el Sáhara Occidental. Contra dicha decisión el Frente POLISARIO interpuso ante el TJUE un recurso, instando la anulación del acuerdo de ampliación de los Acuerdos de Asociación y Libre Comercio UE / Marruecos al territorio del Sáhara Occidental. El recurso se basaba en los siguientes argumentos:

• Incompetencia de la UE y de Marruecos para celebrar acuerdos que afectan a un Territorio No Autónomo pendiente de descolonizar.
• La Decisión ha sido adoptada en violación del estatuto distinto y separado del territorio saharaui con respecto a Marruecos.
• La UE ha incumplido su deber de examinar la situación de los Derechos Humanos del pueblo saharaui bajo ocupación militar marroquí.
• Vulneración  del   Derecho  del   Frente   POLISARIO,   como  legítimo representante saharaui, a negociar y decidir sobre sus recursos naturales.
• Con la Decisión impugnada la UE fomenta las políticas de ocupación militar marroquí.
• Violación del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
• Falta de consentimiento por parte del pueblo saharaui en la firma del Acuerdo.
• La Decisión amplia el control marroquí sobre el territorio al incluir el espacio aéreo saharaui.
• Vulneración del Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas al promocionar la ocupación ilegal por la fuerza de un territorio no autónomo.
• Incumplimiento por la UE de la obligación de hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos en su política exterior

Resulta pues, doblemente reconfortante el regreso de la cuestión del pillaje de los recursos naturales del pueblo saharaui, en contra de su consentimiento y en violación flagrante de su soberanía permanente sobre los mismos, a la agenda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y además porque, desde una perspectiva jurídica, no puede ser más diáfano el inalienable derecho del Pueblo saharaui a la autodeterminación y a su soberanía permanente sobre sus recursos naturales.

El dictado de todas las anteriores sentencias por el TJUE parece haber incomodado muchísimo a Marruecos, motivando que Naser Bureita, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, tildara, la semana pasada, la batalla legal saharaui ante un alto tribunal de «acoso judicial», según recoge un despacho de la agencia oficial MAP, del que se hizo eco la agencia francesa AFP, añadiendo, según la misma fuente, que “Marruecos pretende defender «la legitimidad de su partenariado comercial» con la UE. A lo cual los saharauis no tenemos nada que objetar si no fuera porque incluye el Territorio del Sáhara Occidental, un territorio separado y distinto del territorio marroquí según la máxima instancia jurídica europea.

Esta vista oral ante el TJUE tiene lugar en momentos marcados por una serie de hechos.

Entre otros:

* Marruecos con su incursión, el 13 de noviembre de 2020, en una zona tapón y por tratar de forzar la apertura de la brecha ilegal del Guergarat, situada en una zona de amortiguación y libre de armamentos, fronteriza con Mauritania, en la que se encontraban unos manifestantes saharauis inermes, ha hecho saltar por los aires un cese al fuego que lleva vigente desde hace veintinueve años. Por consiguiente, la situación reinante desde entonces es de una vuelta a las hostilidades por culpa de Marruecos y por la inacción de la ONU a lo largo de todos estos años.

El despliegue del ejército marroquí a lo largo de la frontera de Guerguerat y las agresiones al Pueblo saharaui han llevado al Frente POLISARIO a dar por concluido el acuerdo de paz firmado en 1991, activando todos los resortes de defensa militar en lo que se considera una escalada sin precedentes por parte de Marruecos.

La situación actual es una vuelta a las hostilidades, continúan los enfrentamientos entre el ejército saharaui y el ejército marroquí a lo largo del muro de la vergüenza marroquí, que divide al territorio del Sáhara Occidental. Una realidad que Marruecos trata de ocultar.

En otras palabras, el cierre de la brecha ilegal de El Guergarat evidencia no sólo la incoherencia de la ONU, que también, sino que la MINURSO se ha convertido en un sujeto parcial, facilitador de la ocupación marroquí e interesado más en la normalización del actual estatu quo que en cumplir la misión que le fue encomendada.

Las fuerzas de ocupación marroquíes vienen desarrollando una campaña de acoso, asedio, control de movimientos, detenciones arbitrarias, bloqueos domiciliarios y otras formas de presión, incluyendo amenazas de muerte y palizas callejeras de forma generalizada contra la población saharaui y especialmente contra las personas más destacadas en distintos ámbitos de la resistencia saharaui.

Esta escalada es posible gracias a la complicidad de la Comunidad Internacional con el régimen dictatorial de Mohamed VI y a la pasividad de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), cuyos miembros contemplan impasibles estas violaciones de los derechos humanos desde los vehículos con matrícula marroquí o acodados en la barra del bar del Parador, vigilado por fuerzas marroquíes.

El pasado día 4 de febrero de 2021, ENAIRE, la empresa pública que gestiona la navegación aérea en España, instó a través del centro de control del tráfico aéreo de Las Palmas de Gran Canaria (GCCC/Canarias FIR), a “evitar por completo el sobrevuelo de la parte del Sáhara Occidental” que depende de él, es decir, la mayoría del espacio aéreo del Sáhara Occidental.

A diferencia de la Notam (notice to airmen), que evita explicar los motivos de sus recomendaciones, hace casi cuatro meses que otra nota emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que regula la aviación civil, advirtió del riesgo de realizar sobrevuelos dentro del espacio aéreo del Sáhara Occidental, debido a la guerra que se libra nuevamente entre el Frente POLISARIO y la fuerzas de ocupación marroquíes desde el pasado 13 de noviembre del año pasado.

La irresponsable decisión adoptada, el 10 de diciembre de 2020, por el Presidente saliente de los Estados Unidos, proclamando el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental, que Marruecos ocupa ilegalmente y que no cambia en nada el estatus del territorio. Una decisión propia de una conducta errática y cuya finalidad última era un mero trueque: alentar a Marruecos a normalizar sus relaciones diplomáticas con Israel de manera oficial. Pero no es menos cierto que hay algunos indicios que animan a pensar a que la nueva Administración norteamericana revoque dicho reconocimiento.

La repentina decisión de Marruecos de suspender sus relaciones con el Gobierno alemán y sus instituciones sin dar explicación alguna, tomada el 1 de marzo de 2021. Algunos analistas no descartan relacionarlo con la posición del Gobierno germano respecto al conflicto del Sáhara Occidental.

En consecuencia, y dada la importancia de la sentencia del TJUE, prevista para los próximos meses, Marruecos estaría tratando de aliviar el potencial impacto de los previsibles reveses judiciales, lo que supone el punto final de la conspiración y connivencia del Ejecutivo europeo y el clavo final en el ataúd de la política de chantaje del Majzén, que sirvieron de paraguas para la adopción de aquellos acuerdos ilegales. Asimismo, sin lugar a dudas, será un atisbo de esperanza para la lucha del Pueblo saharaui y un espaldarazo a su apuesta legal.

Para concluir, no se puede hablar de la batalla legal saharaui sin hablar de Emhamed Jadad. Emhamed Jadad nos dejó hará pronto un año. Él trasmitió la condena del Frente POLISARIO a la actitud de los líderes de la Unión Europea que han hecho todo lo posible por eludir las decisiones judiciales, abusando de su poder político y financiero en contravención de la decisión de la Corte europea, al resolver ésta que Marruecos y el Sáhara Occidental son dos regiones distintas y que no podría haber actividad económica en la región sin el consentimiento del Pueblo saharaui. Este proceso era inaceptable porque violaba sus derechos soberanos. Pese a ello, las acciones del POLISARIO ante los Tribunales de la UE reflejan, en palabras de Jadad, la confianza del Pueblo saharaui en la justicia europea.

En la estela de Emhamed Jadad, el Frente POLISARIO como único y legítimo representante del Pueblo saharaui, seguirá la batalla contra el saqueo de sus riquezas y contra los acuerdos ilegales que perjudican la soberanía y los derechos de ese pueblo.

M. Limam Mohamed Ali Sidi Bachir, Delegado del Frente POLISARIO en Euskadi

El Instituto Cervantes en Ramala

 El Instituto Cervantes en Ramala

El último Consejo de Administración del Instituto Cervantes, cuyo director es Luís Garcia Montero, ha aprobado abrir varias extensiones del Instituto Cervantes, entre ellas, una en Ramala, que se adscribiría al centro de Amán, la capital de Jordania. 

Según la nota de prensa del propio Instituto, "El Instituto Cervantes abrirá extensiones en El Paso (Estados Unidos) y Ramala (Palestina), según aprobó hoy el Consejo de Administración. La primera, que se ubicará en la Universidad de Southwest, dependerá del centro del Cervantes en Albuquerque (Nuevo México); la segunda estará adscrita al centro ubicado en Amán (Jordania)."

A este respecto, hay que señalar que la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), de la que forma parte el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) cuando fue nombrado director del Instituto Cervantes, Luís García Montero, en julio de 2018, se dirigió al mismo haciéndole llegar la petición de que se crease un centro en Ramala, señalando que con su implantación "se podría estudiar castellano del que hay una demanda insatisfecha y, además, difundir la plural cultura que existe en nuestro país. 

La presencia del Instituto Cervantes en Ramallah sería una gran oportunidad para fomentar la cultura y el apoyo de España al pueblo palestino, más en estos momentos tan difíciles para el mismo en cuanto se ve enfrentado a un cúmulo de poderes coaligados para que pierda su identidad y la posibilidad de autodeterminarse políticamente."

La nueva extensión del Instituto Cervantes en Ramala dependerá del de Amán, en la capital jordana. Sus responsables, en colaboración con el Consulado de España en Jerusalén, quieren impartir cursos de español en esa ciudad situada en Cisjordania, a 15 kilómetros de Jerusalén.

El proyecto se realizaría en dos fases: una fase piloto hasta septiembre de 2021, y otra segunda fase a partir de esa fecha. En la primera, las clases se impartirán en un aula alquilada al Centro Español de Visados en Ramala.

En la siguiente fase, está previsto que se trasladen en septiembre a las dependencias del Centro franco-alemán, tras la firma del acuerdo pertinente.

Afortunadamente, un Instituto Cervantes en Ramala se hará realidad, aunque el daño al pueblo palestino continúa. Ojalá, nuevas instituciones respondan coherentemente a la defensa del derecho internacional y de los derechos humanos.

El Instituto Cervantes abrirá extensiones en El Paso (EE. UU.) y Ramala (Palestina)

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