Anteriormente, la Unión Europea, ha afirmado que la detención carece de fundamentos y que “no se ha encontrado pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación de fondos en Palestina”, lo cual Israel acusa a Juana y la tienen 5 meses encarcelada y encadenada.
La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, ha pedido este miércoles a Israel la "liberación inmediata" de la española Juana Ruiz, quien se encuentra detenida desde abril entre otros delitos por pertenecer a una organización ilegal por su trabajo para la ONG palestina Health Work Committees (HWC).
En un comunicado, Lawlor se ha referido al caso de la española, cuyo juicio en un tribunal militar israelí arrancó este martes y fue aplazado hasta el 1 de septiembre, y ha expresado su preocupación por los arrestos, acoso, criminalización y amenazas contra defensores de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos e Israel.
La relatora de la ONU, un cargo independiente, se ha mostrado "conmocionada" por el hecho de que miembros de HWC, "que ofrecen servicios de salud a palestinos que viven en áreas remotas de Cisjordania, hayan sido detenidos, interrogados y puedan ser criminalizados por su trabajo en Derechos Humanos".
La directora de la ONG, Shatha Odeh, y Juana Ruiz, que era coordinadora de proyectos, se encuentran encarceladas en la prisión de Damoun mientras que su tesorero, Tayseer Abu Sharbak, está en la de Ofer.
Ruiz, que reside desde hace más de tres décadas en Cisjordania, fue detenida el 13 de abril por las fuerzas de seguridad israelíes y permanece en prisión provisional, acusada de un total de cinco cargos, tres en relación con su trabajo en HWC --ilegal a ojos de Israel--, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones.
"Pido a las autoridades israelíes que liberen a los tres defensores de los Derechos Humanos inmediatamente", ha reclamado Lawlor, que también ha pedido a las autoridades que investiguen las denuncias de supuestos malos tratos contra las dos mujeres.
Juana Ruíz es una trabajadora de los Comités de Trabajo de la Salud Palestinos [Health Work Committees (HWC)].
Su cometido en esta asociación es la de Coordinadora de Proyectos. Lleva más de 35 años trabajando en los Territorios Ocupados Palestinos, está casada, con dos hijos y reside en Beith Sahur, cercano a Belén.
La asociación HWC en la que trabaja Juani se dedica a ofertar servicios de la salud a la población palestina. Cuenta con 14 clínicas y varias ambulancias medicalizadas, con posibilidad de asistencia móvil a localidades pequeñas. HWC ha realizado decenas de proyectos sanitarios y sociales con ayuda de la cooperación. Sus actividades son la prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el Gobierno Israelí se ha negado sistemáticamente a vacunar, llevar la salud prenatal y natal a las mujeres de Cisjordania, realizar campañas de información y formación en innumerables cuestiones relacionada con la salud, con los hábitos sanitarios o con la prevención de las enfermedades más comunes en la zona, atender gratuitamente al 40% de sus pacientes y otras actividades por el estilo que, difícilmente, podrían considerarse sospechosas de constituir ninguna clase de delito. Ha tenido apoyo económico de diversas entidades públicas, estatal, autonómicas y locales españolas y también de otros países. En un comunicado emitido después de que Israel allanó la sede de HWC en Ramallah, el 9 de junio, Amnistía International dijo que HWC estaba a la vanguardia de la respuesta a la pandemia de COVID-19.
HWC ha sufrido persecución del ejército de ocupación israelí, y ya en 2016 su centro en Jerusalén Este fue cerrado por la dinámica israelí de excluir la actividad palestina de Jerusalén y transformar la ciudad dándole mayoría de población judía. Posteriormente, en la madrugada del pasado 8 de marzo de 2021, el ejército israelí allanó la oficina central de HWC, en la ciudad de Al Bireh, deteniendo a otros compañeros de Juana y llevándose equipos informáticos y documentación relacionada con el trabajo humanitario que HWC realiza en colaboración con organizaciones internacionales y de donantes españoles. HWC tiene más de 350 trabajadores, entre ellos 180 empleados a tiempo completo, así como a muchos especialistas a tiempo parcial y otros que proporcionan atención médica.
También han sido detenidos en fechas diferentes, el director de Contabilidad, Tayseer Abu Sharbak, y la directora general, Shatha Odeh.
La persecución que el ejército de ocupación israelí está efectuando contra organizaciones palestinas se ha incrementado en este último periodo, ante la pasividad internacional y, también hay que mencionar, la impunidad de sus acciones que la comunidad internacional y los gobiernos consienten[1]. Así ha habido asaltos y cierres al Centro Bisan de Investigación y Desarrollo[2]; la Asociación de mujeres de Ramallah; ADDAMEER que atiende a los presos palestinos en cárceles israelíes; la Unión de Comités de Trabajo Agrícola; la DCI una ONG en Defensa de la Infancia, HWC,…
HWC
En el caso de HWC, el Ejército de ocupación israelí ha acusado a esta organización de diversos cargos, entre ellos el de financiar a un partido palestino, el Frente Popular de Liberación de Palestina, acusado de ser una organización terrorista. Para ello, según dicho Ejército, HWC y sus directivos han realizado argucias contables para desviar fondos al FPLP.
A este respecto, las auditorias de la Agencia Española de Cooperación y otras entidades, en las décadas de cooperación, no han encontrado desvíos o procedimientos incorrectos de gestionar las ayudas. De hecho, hay una declaración del Alto Representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, que ha desmentido esas acusaciones[3].
Sobre Juana Ruíz hay que mencionar que la Relatora de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, ha reclamado su puesta en libertad y ha resaltado el trabajo encomiable que hace HWC por la salud en los Territorios Ocupados Palestinos[4]. Labor que ha sido resaltada por 130 organizaciones que han escrito al director de la Organización Mundial de la Salud para que interceda ante la potencia ocupante israelí para que deje de perseguir a HWC y libere a su directora general[5].
Detención
Juana Ruíz fue detenida en abril de 2021, tras el asalto a su domicilio en Territorio Ocupado por parte del ejército israelí. La detención tuvo lugar el martes, 13 de abril de 2021, a las 5.45 de la mañana cuando se presentaron en casa de la familia de Juana, en la localidad cisjordana de Beith Sahur, cerca de Belén, más de 20 soldados israelíes fuertemente armados. Tras intimidar a Juana, a su esposo palestino y a su suegra que vive en el hogar familiar, se llevaron a Juana para interrogarla. Fue trasladada a una cárcel en territorio israelí (infringiendo la IV Convención de Ginebra), incomunicada e interrogada sin presencia de abogado durante varias jornadas o llevada a juicio sin interprete[6].
En varias vistas ante el tribunal de ocupación se han añadido cargos, sin aportar documentación de supuestas pruebas. Finalmente, el 1 de septiembre hay una vista con aparentemente acusaciones formuladas y aportación a la defensa de las supuestas pruebas. Juana Ruíz tiene como abogado encargado de su defensa a Avigdor Feldman. El mismo que defendió a la adolescente palestina, menor de edad en ese momento, Ahed Tamimi o al pacifista israelí Mordajai Vanunu que denunció la posesión de armas atómicas por parte de Israel. Los costes que se han presupuestado son de 50.000$ + el 17 % de impuestos.
Otras acusaciones israelíes que se la formulan como, por ejemplo, el de pertenecer a una organización ilegal, HWC, carece de lógica, dado que las autoridades de ocupación ilegalizaron a la organización HWC que trabaja en un territorio no israelí y, además, fue ilegalizada por Israel, después de la detención de Juana Ruíz.
El problema es que la ‘justicia’ y los ‘tribunales’ -en este caso militar- israelíes responden a leyes del ocupante, no homologables a las dictadas por el derecho internacional, ni a la IV Convención de Ginebra, por lo que es difícil vaticinar el resultado del juicio que tiene lugar desde hace unas fechas[7]. Las expropiaciones y expulsiones de palestinos son diarias; la discriminación por ser palestino está fijada en las leyes de ciudadanía israelí; la tortura o el asesinato extrajudicial están permitidas en las leyes israelíes que sus tribunales refrendan. Más del 99 % de las sentencias de los tribunales israelíes fallan en contra de los intereses palestinos[8].
La solidaridad nunca puede ser un delito. Juana es trabajadora humanitaria de la salud. Lucha cada día desde hace 3 décadas por garantizar la salud a mujeres palestinas y ahora permanece encarcelada y a la espera de un juicio militar. Juana no puede quedarse sola, como tampoco la solidaridad con el pueblo palestino. Está en cuestión por parte de Israel no sólo la libertad de Juana Ruíz, también la cooperación y la solidaridad con el pueblo palestino.
29 expertos de la ONU en derechos humanos subrayan que los Estados y las empresas deben poner fin de inmediato a las transferencias de armas a Israel y nombran a las empresas implicadas
Boletín mensual, junio 2024, (Acciones del sistema de las Naciones Unidas y de las organizaciones intergubernamentales relacionadas con la cuestión de Palestina)
El 20 de junio, Robert McCorquodale (Presidente), Fernanda Hopenhaym (Vicepresidenta), Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Elzbieta Karska, Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos; George Katrougalos, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Cecilia M Bailliet, Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Farida Shaheed, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; Carlos Salazar Couto (Presidente-Relator), Michelle Small, Ravindran Daniel, Jovana Jezdimirovic Ranito, Sorcha MacLeod, Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios; Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967; Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Dorothy Estrada Tanck (Presidenta), Laura Nyirinkindi (Vicepresidenta), Claudia Flores, Ivana Krstić y Haina Lu, Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Astrid Puentes, Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; Attiya Waris, Experta independiente sobre los efectos de la deuda externa; Marcos A. Orellana, Relator Especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos; y Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, emitieron el siguiente comunicado de prensa .
En consonancia con los recientes llamamientos del Consejo de Derechos Humanos y de los expertos independientes de la ONU a los Estados para que cesen la venta, transferencia y desvío de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, los fabricantes de armas que abastecen a Israel –incluidos BAE Systems, Boeing, Caterpillar, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Oshkosh, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems, RTX y ThyssenKrupp– también deberían poner fin a las transferencias, incluso si se ejecutan bajo licencias de exportación existentes.
“Estas empresas, al enviar armas, piezas, componentes y municiones a las fuerzas israelíes, corren el riesgo de ser cómplices de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, afirman los expertos. Este riesgo se ve acentuado por la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia que ordena a Israel detener de inmediato su ofensiva militar en Rafah, tras haber reconocido el genocidio como un riesgo plausible, así como por la solicitud presentada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional para que se emitan órdenes de arresto contra los dirigentes israelíes por acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. “En este contexto, las continuas transferencias de armas a Israel pueden considerarse como una ayuda consciente a operaciones que contravienen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y pueden dar lugar a beneficios derivados de dicha ayuda”.
El fin de las transferencias debe incluir transferencias indirectas a través de países intermediarios que podrían ser utilizados en última instancia por las fuerzas israelíes, en particular en los ataques en curso contra Gaza. Los expertos de la ONU dijeron que las empresas de armas deben realizar sistemática y periódicamente una mayor diligencia debida en materia de derechos humanos para garantizar que sus productos no se utilicen de manera que violen los derechos humanos internacionales y el derecho internacional humanitario.
Las instituciones financieras que invierten en estas empresas armamentísticas también están llamadas a rendir cuentas. Se insta a inversores como Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Amundi Asset Management, Bank of America, BlackRock, Capital Group, Causeway Capital Management, Citigroup, Fidelity Management & Research, INVESCO Ltd, JP Morgan Chase, Harris Associates, Morgan Stanley, Norges Bank Investment Management, Newport Group, Raven'swing Asset Management, State Farm Mutual Automobile Insurance, State Street Corporation, Union Investment Privatfonds, The Vanguard Group, Wellington y Wells Fargo & Company a que tomen medidas. Si no se evitan o se mitigan sus relaciones comerciales con estos fabricantes de armas que transfieren armas a Israel, podrían pasar de estar directamente vinculados a violaciones de los derechos humanos a contribuir a ellas, con repercusiones por complicidad en posibles crímenes atroces, dijeron los expertos.
“Las armas inician, sostienen, exacerban y prolongan los conflictos armados, así como otras formas de opresión, por lo que la disponibilidad de armas es una condición previa esencial para la comisión de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos, incluso por parte de empresas armamentísticas privadas”, dijeron los expertos.
Dijeron que el asalto militar israelí en curso se caracteriza por ataques indiscriminados y desproporcionados contra la población civil y la infraestructura, incluido el uso extensivo de armas explosivas e incendiarias en zonas densamente pobladas, así como por la destrucción y el daño de la infraestructura civil esencial y vital, incluidas las viviendas y los refugios, la salud, la educación, el agua y las instalaciones de saneamiento. Estos ataques han causado más de 37.000 muertes en Gaza y 84.000 heridos. De estas muertes y lesiones, se estima que el 70 por ciento son mujeres y niños. Hoy en día, los niños de Gaza son el grupo más grande de niños amputados en el mundo debido a las graves lesiones sufridas en la guerra. Estas operaciones también han provocado graves daños ambientales y climáticos.
“El imperativo de un embargo de armas a Israel y de que los inversores adopten medidas decisivas es más urgente que nunca, en particular a la luz de las obligaciones de los Estados y las responsabilidades de las empresas en virtud de las Convenciones de Ginebra, la Convención sobre el Genocidio, los tratados internacionales de derechos humanos y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, dijeron los expertos de la ONU.
Los expertos rindieron homenaje a la labor sostenida de los periodistas que han estado documentando e informando sobre el impacto devastador de estos sistemas de armas sobre los civiles en Gaza, y de los defensores de los derechos humanos y los abogados, entre otras partes interesadas, que se dedican a exigir cuentas a los Estados y las empresas por la transferencia de armas a Israel.
También se han involucrado con los Estados, así como con las empresas e inversores involucrados en estas cuestiones.
GINEBRA – Expertos de la ONU en derechos humanos instaron hoy al pleno cumplimiento de las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra el comandante de Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
“La decisión de la CPI marca un paso histórico hacia la justicia y la rendición de cuentas, y ofrece esperanzas de poner fin a décadas de impunidad por graves violaciones del derecho internacional cometidas durante mucho tiempo en el Territorio Palestino Ocupado (TPO)”, dijeron los expertos. “La prolongada falta de rendición de cuentas, especialmente por parte del Estado de Israel, ha sido un factor que ha permitido la creciente e insostenible violencia en la región, afectando las vidas y el futuro tanto de palestinos como de israelíes”.
Desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el asalto militar contra Gaza y el resto de los Territorios Palestinos Ocupados, los expertos independientes han recibido y documentado pruebas de graves violaciones del derecho internacional cometidas contra la población civil. “Estas violaciones, que a menudo constituyen crímenes internacionales, deben cesar de inmediato y no pueden quedar impunes”, afirmaron.
Los expertos acogieron con satisfacción la decisión de la CPI y recordaron a los Estados su obligación jurídica y moral de respetar el derecho internacional y castigar a los criminales de guerra, y afirmaron que la facultad de hacer cumplir estas órdenes de detención corresponde a los gobiernos. “El cumplimiento de las órdenes de detención es fundamental para superar la impunidad de larga data, que beneficia a los perpetradores, y para poner fin a los crímenes graves en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel”, dijeron.
Mientras millones de personas en la región, especialmente en Gaza, siguen padeciendo atrocidades abominables, todos los Estados tienen la obligación de demostrar su compromiso con la justicia y la defensa del derecho internacional de manera universal, sin prejuicios ni dobles raseros, dijeron los expertos. “La administración de justicia es a menudo el resultado de un esfuerzo colectivo, por lo que alentamos a los tribunales nacionales a que contribuyan y complementen la labor fundamental que realiza la CPI.
“Estamos particularmente atentos al derecho fundamental de las víctimas y sus familias a una reparación integral y significativa e instamos a todas las partes pertinentes a garantizar que se respeten sus derechos”, dijeron los expertos. “Para garantizar los derechos de las víctimas y sus familias, es imperativo que la CPI pueda llevar a cabo su trabajo sin interferencias ni otras presiones indebidas”.
Expertos de la ONU piden a los gobiernos que reanuden la financiación de las seis ONGs palestinas designadas por Israel como "organizaciones terroristas"
25 de abril de 2022
Observaciones introductorias de Ilze Brands Kehris Subsecretario General de Derechos Humanos
GINEBRA (25 de abril de 2022) - Los expertos en derechos humanos de la ONU* han pedido hoy a la comunidad internacional que tome medidas inmediatas y eficaces para proteger y sostener a las seis organizaciones de la sociedad civil (ONGs) palestina que fueron designados como "organizaciones terroristas" por el Gobierno de Israel en octubre de 2021.
"La inquietante designación de estas organizaciones como 'organizaciones terroristas' por parte de Israel no ha ido acompañada de ninguna prueba pública concreta y creíble", han declarado los expertos en derechos humanos. "Observamos que la información presentada por Israel tampoco ha convencido a varios gobiernos y organizaciones internacionales que tradicionalmente han proporcionado financiación a la indispensable labor de estas seis organizaciones."
En octubre de 2021, los expertos de la ONU denunciaron la designación por parte de Israel de seis organizaciones de la sociedad civil palestina -la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos Addameer, Al-Haq, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo, Defensa de los Niños Internacional - Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas- como organizaciones terroristas. La designación de Israel le permite cerrar las organizaciones, confiscar sus bienes, poner fin a su trabajo y acusar a sus dirigentes y personal de delitos terroristas.
"Israel ha tenido seis meses para justificar sus acusaciones y no lo ha hecho", dijeron los expertos. "Pedimos a los gobiernos financiadores y a las organizaciones internacionales que concluyan rápidamente que Israel no ha demostrado sus acusaciones y que anuncien que seguirán apoyando financiera y políticamente a estas organizaciones y a las comunidades y grupos a los que sirven".
Aunque Israel no ha fundamentado sus acusaciones públicamente ni ante los gobiernos financiadores y las organizaciones internacionales, varios de los financiadores han retrasado sus contribuciones a las organizaciones palestinas mientras investigan estas acusaciones. La Unión Europea ha suspendido formalmente su financiación a dos de estas organizaciones. Esto ha socavado el trabajo de estas organizaciones palestinas y ha tenido un impacto incalculable en las comunidades a las que apoyan. Según los expertos, no se ha aclarado la duración de estas medidas.
"Estamos profundamente preocupados por el aparente uso indebido de la legislación antiterrorista por parte de Israel para atacar a algunas de las principales organizaciones de la sociedad civil de Palestina. Este uso indebido debe ser rechazado y contrarrestado", dijeron los expertos.
"Las Naciones Unidas han sido muy claras al afirmar que la redacción y aplicación de las leyes antiterroristas tienen que ser rigurosamente coherentes con el derecho internacional y las protecciones de los derechos humanos, incluidos los principios de seguridad jurídica, necesidad, proporcionalidad, Estado de derecho y no discriminación".
En este contexto, los expertos acogieron con satisfacción la declaración emitida el 23 de marzo de 2022 por la ministra belga de Cooperación al Desarrollo, Meryame Kitir, quien afirmó que "Mi administración ha llevado a cabo una investigación interna sobre las alegaciones. Ésta no ha revelado ninguna prueba que confirme las acusaciones. Por lo tanto, he decidido no tomar ninguna medida contra las organizaciones palestinas en cuestión. Las pruebas aportadas por las autoridades israelíes tampoco permiten reconsiderar mi decisión".
Los expertos en derechos humanos subrayaron que reconocen y aplauden la indispensable labor de la sociedad civil palestina a la hora de pedir cuentas a Israel por su ocupación y sus violaciones de los derechos humanos y de promover los principios democráticos y los derechos humanos en la sociedad palestina.
"La aplicación de las leyes antiterroristas a defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio -sin pruebas convincentes que justifiquen estas afirmaciones- parece indicar un intento políticamente motivado por parte de Israel de silenciar a algunos de sus críticos más eficaces en violación de sus derechos a la libertad de asociación y de expresión", afirmaron.
"Si la comunidad internacional se toma en serio su apoyo a la autodeterminación de los palestinos y al fin de la ocupación israelí, que dura ya 55 años, debe mostrarse más firme y enérgica a la hora de defender el trabajo de estas organizaciones y recordar a Israel sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".
En consecuencia, los expertos en derechos humanos pidieron a la comunidad internacional que:
Concluir públicamente que Israel no ha fundamentado sus acusaciones contra las seis organizaciones;
Reanudar, continuar e incluso aumentar su apoyo financiero y político a la labor de estas seis organizaciones; y
Exigir a Israel que se retracte de las designaciones y deje de acosar a todas las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil palestinas, israelíes e internacionales que promueven los derechos humanos y la responsabilidad en Israel y Palestina.
Michael Lynk, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Melissa Upreti (Presidenta), Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Clément N. Voule, Relator Especial sobre el derecho de reunión y asociación pacíficas; y Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquiergobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
.jpg)
.png)
.jpg)
