Jesús Enrique Iglesias
El proyecto de ley elaborado por Gallardón pretende que los sefardíes puedan obtener la condición de españoles sin renunciar a su nacionalidad de origen. Ello no supone ninguna novedad en nuestro sistema jurídico, puesto que ya la reforma del Código Civil aprobada en tiempos de Franco establecía tal posibilidad, condicionada entonces a que fueran nacionales de los países iberoamericanos o de Andorra, porque, en otro caso, podrían ser españoles pero perdiendo la nacionalidad anterior. Y es el "problema" que el solícito ministro pretende resolver, hasta que la ley salga adelante, que no pueden ser, a la vez, israelíes y españoles. De ahí que me tomase el atrevimiento de cuestionar en un “tweet” la conveniencia de convertir en compatriota a alguno de los que están participando en el ataque a Gaza y que, según la ONU, pueden ser responsables de crímenes de guerra. Ello, según se pudo leer en este diario, ha herido la fina (y parcial) sensibilidad de Isaac Querub Caro, a quien le parece mal que me oponga al referido proyecto de ley, pero no que Israel, en la actual invasión y genocidio en Gaza, haya asesinado en un mes a más inocentes que ETA en toda su siniestra historia.
Por otro lado, no se entiende que en esta reforma no se contemple la posibilidad de que, en idénticas condiciones, sean también españoles los saharauis que lo deseen y los descendientes de los moriscos, también expulsados como los sefardíes. Afirmar, como dice el Gobierno, que han perdido la vinculación con España es absurdo. Los saharauis siguen manteniendo una relación cotidiana y casi familiar, y el legado de al-Ándalus se conserva aún en lugares tan lejanos como Tombuctú.
Las descalificaciones de quien actúa como portavoz de los sefardíes en nuestro país no logrará ocultar que lo único importante es la acción criminal desarrollada sobre la población civil en Gaza y la cobertura que los voceros del Gobierno de Israel, como el señor Querub, pretenden. El embajador, que se ha atrevido a calificar de portavoz de Hamas a la corresponsal de TVE, convirtiéndola así, de forma premeditada, en objetivo del Ejército israelí, es uno de los destacados. Si no estuviera amparado por la inmunidad diplomática, debiera estar ya declarando ante la justicia y, dado que ello no es posible, el Gobierno debiera haberlo expulsado de forma fulminante.
Bajo la coartada de su actividad cultural, los Presupuestos Generales del Estado sostienen Casa Sefarad, cuya actividad va mucho más allá, y acaba convirtiéndose en el soporte de la política del Estado de Israel. Su máximo responsable es un diplomático del Ministerio español de Asuntos Exteriores que agradece la canonjía con intervenciones en las que expresa que cuestionar el sionismo y las acciones israelíes es antisemitismo, en la misma línea argumental, curiosamente, del señor Querub. En algún momento habrá que plantearse qué sentido tiene sufragar la propaganda de otro Estado que, además, no respeta las más elementales normas del derecho internacional.
Finalmente, debe felicitarse el señor Querub de que su organización no se rija por la ley de Partidos Políticos, porque, si le fuese de aplicación tal norma, habría que proceder a su ilegalización por no condenar el terrorismo de Estado de Israel. Yo me alegro de no estar hoy en Gaza, tras haber sido señalado por su dedo, pero me felicito por constatar que Israel sabe, tal y como demuestra el referido artículo del señor Querub, que ya ha perdido la guerra en las redes sociales y en la opinión pública, porque el arma del boicot le empieza a hacer daño.
Netanyahu, como Pieter W. Botha, se irá pronto por el sumidero de la Historia.
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