(Nota Preliminar: Lo
publicado aquí es una declaración conjunta de expertos en Derecho internacional
de todo el mundo, listados abajo como firmantes. Me encuentro entre los
firmantes, y el texto fue inicialmente redactado por varios académicos de
Derecho internacional. Damos la bienvenida a firmas adicionales que me pueden
enviar a la sección de comentarios, señalando la afiliación para su
identificación; los nombres se añadirán periódicamente al texto. Veo esto como
una importante expresión de profesionalidad jurídica y de conciencia individual
en relación al comportamiento de Israel sobre Gaza desde el 8 de julio y que ya
se ha llevado tantas vidas inocentes y causado una devastación generalizada.
Por favor, ¡únete a nosotros y difúndelo!)
LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL DEBE PONER FIN AL CASTIGO COLECTIVO DE ISRAEL CONTRA LA POBLACIÓN
CIVIL EN LA FRANJA DE GAZA
Como
académicos de Derecho Internacional y Penal, defensores de derechos humanos,
juristas y personas que creen firmemente en el imperio de la ley y en la
necesidad de su respeto en tiempos de paz, y aún más, en tiempos de guerra,
sentimos el deber intelectual y moral de denunciar las violaciones graves, la mistificación
y falta de respeto por los principios más básicos del Derecho relativo a los
conflictos armados y a los derechos humanos fundamentales de toda la población
palestina cometidos durante la ofensiva israelí en curso sobre la Franja de
Gaza. Condenamos también el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza,
como todos los ataques indiscriminados contra población civil, con
independencia de la identidad de los autores, que no sólo es ilegal según el
Derecho Internacional, sino también moralmente intolerable. Sin embargo, como
también implícitamente señala el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su
Resolución del 23 de julio 2014, las dos partes en conflicto no pueden ser
considerados iguales, y sus acciones - una vez más - parecen ser de una magnitud
incomparable.
Una
vez más es la población civil desarmada, las «personas protegidas» en virtud
del Derecho Internacional Humanitario (DIH) la que se encuentra en el centro de
la tormenta. La población civil de Gaza ha sido victima de la falsa interpretación
del derecho a la legítima defensa, en medio de una escalada de violencia
provocada delante de toda la comunidad internacional. La llamada operación Filo
Protector empezó durante un conflicto armado en curso, en el contexto de una
larga ocupación beligerante que comenzó en 1967. En el curso de este conflicto
continuado, miles de palestinos han sido asesinados y heridos en la Franja de
Gaza desde el año 2005, durante los recurrentes y aparentes períodos de
"alto el fuego", y después de la 'desconexión' unilateral de Israel
de la Franja de Gaza. Las muertes causadas por los actos de provocación de
Israel en la Franja de Gaza y anteriores a la última escalada de las
hostilidades, no deben ser tampoco ignorados.
Según fuentes de la ONU, en las dos últimas semanas, casi 800
palestinos han sido asesinados en Gaza y más de 4.000, heridos, de los cuales
la gran mayoría eran civiles. Varias fuentes independientes indican que sólo el
15 por ciento de las víctimas eran combatientes. Familias enteras han sido
asesinadas. Hospitales, clínicas, así como un centro de rehabilitación para
personas con discapacidad, han sido blanco de los ataques y severamente
dañados. En un solo día, el domingo 20 de julio, más de 100 civiles palestinos
fueron asesinados en Shija'iyeh, un barrio residencial de la ciudad de Gaza.
Siendo esta una de las operaciones más sangrientas y más agresivas jamás
llevadas a cabo por Israel en la Franja de Gaza, una forma de violencia urbana
que constituye una falta de respeto total a la inocencia civil.
Lamentablemente, a esta le siguió, sólo un par de días más tarde, un ataque
igualmente destructor sobre Khuza'a, al este de Khan Younis.
Además,
la ofensiva ha causado ya la destrucción generalizada de edificios e
infraestructuras: según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios, más de 3.300 casas han sido objetivo de los ataques
resultando en su destrucción o gravemente dañadas.
Como
denuncia la Misión de Investigación de las Naciones Unidas (MINU) sobre el
conflicto en Gaza, resultado de la operación israelí “Plomo Fundido" en
2008-2009: "Mientras el Gobierno israelí ha tratado de presentar sus
operaciones esencialmente como una respuesta a los ataques con cohetes en el
ejercicio de su derecho a la defensa propia, la Misión considera que el plan se
ha dirigido, al menos en parte, a un objetivo diferente: el pueblo de Gaza en
su conjunto "(. A/HRC/12/48, párrafo 1.680). Lo mismo puede decirse de la
ofensiva israelí en curso.
A
la población civil de la Franja de Gaza la están atacando directamente y muchos
han sido forzados a abandonar sus hogares. Lo que ya era una crisis de
refugiados y humanitaria, se ha agravado con una nueva ola de desplazamientos
masivos de la población civil: el número de desplazados internos (IDPs) llega
casi a los 150.000, muchos de los cuales han obtenido refugio en escuelas ya
rebasadas de la UNRWA, que por desgracia tampoco son zonas seguras como lo han
demuestrado los reiterados ataques contra la escuela de la UNRWA en Beit
Hanoun. Todo el mundo en Gaza está traumatizado y viven en un estado de terror
constante. Este resultado es intencionado, ya que Israel se apoya de nuevo en
la "doctrina
Dahiya", que recurre deliberadamente al uso
desproporcionado de la fuerza para infligir sufrimiento a la población civil
con el fin de lograr objetivos políticos (ejercer presión sobre el Gobierno de
Hamas) en lugar de objetivos militares.
Haciendo
esto, Israel viola repetida y flagrantemente el Derecho de los conflictos
armados, que establece que los combatientes y los objetivos militares pueden
ser atacados, es decir, "aquellos objetos que por su naturaleza,
ubicación, finalidad o uso contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya
destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las
circunstancias del momento, una ventaja militar definida". La mayoría de
los intensos bombardeos infligidos recientemente sobre Gaza carecen de una
justificación militar aceptable. Por el contrario, parecen estar diseñados para
aterrorizar a la población civil. Como aclara el CICR, provocar deliberadamente el terror es, sin lugar a dudas, ilegal según el
Derecho internacional consuetudinario.
La
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, relativa a las armas
nucleares, declara que el principio de distinción, que obliga a los Estados
beligerantes a distinguir entre civiles y combatientes, es uno de los
"principios cardinales" del Derecho Internacional Humanitario y uno
de los "principios de Derecho consuetudinario internacional inviolables".
El
principio de distinción está codificado en los artículos 48, 51 (2) y 52 (2)
del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, al que no
se ha hecho ninguna excepción. De acuerdo con el Protocolo Adicional I,
"ataques" hace referencia a los "actos violentos contra el
adversario, sean ofensivos o defensivos" (artículo 49). De acuerdo con
el Derecho Internacional consuetudinario
y el Derecho sobre Tratados internacionales, la prohibición de dirigir ataques
contra la población civil o bienes civiles, es absoluta. No hay
discrecionalidad susceptible de invocar como justificación una necesidad
militar.
Contrariamente
a las reivindicaciones que Israel hace, los errores que resulten en muertes de
civiles no pueden justificarse: en caso de duda acerca de la naturaleza del
objetivo, la ley establece claramente que un bien que normalmente se dedica a
fines civiles (como escuelas, viviendas, lugares de culto e instalaciones
médicas), presuntamente no se utilizan con fines militares. Durante estas
últimas semanas, funcionarios y representantes de la ONU han pedido de manera
reiterada a Israel que acate el cumplimiento estricto del principio de
precaución en la realización de los ataques en la Franja de Gaza, donde los
riesgos se agravan en gran medida por la altísima densidad de población, y que
la máxima contención debe ser ejercida para evitar víctimas civiles. Human
Rights Watch (HRW) señala que estas normas existen para minimizar errores,
"cuando tales errores se repiten, eleva la preocupación sobre si dichas
reglas se están violando".
Es
más, incluso cuando los objetivos militares son claros, Israel viola
sistemáticamente el principio de proporcionalidad: esto es particularmente evidente en
lo que respecta a los cientos de casas de civiles destruidas por el ejército
israelí durante la operación militar en curso sobre Gaza. Con la intención
declarada de atacar a un solo miembro de Hamás, las fuerzas israelíes han bombardeado
y destruido casas ocupadas para uso residencial, por docenas de civiles,
incluidas mujeres, niños y familias enteras.
Es
inherentemente ilegal según el Derecho internacional consuetudinario, atacar de
manera intencionada bienes de carácter civil. La violación de un principio de
Derecho tan fundamental puede constituir un crimen de guerra. Emitir una
'advertencia' -tal como Israel indica en relación a la llamada técnica de golpe
en el techo o enviar un SMS cinco minutos antes del ataque- no exime de dicha
violación: sigue siendo ilegal atacar intencionadamente una vivienda civil sin
demostrar la necesidad militar, ya que significa la violación del principio de
proporcionalidad. Además, estas 'advertencias' generalmente no sólo son
ineficaces, sino que incluso pueden dar lugar a más fatalidades, y parecen ser
una excusa prefabricada de Israel para mostrar a las personas que permanecen en
sus hogares como "escudos humanos".
Los
ataques indiscriminados y desproporcionados, los blancos de los objetivos que
no proporcionan ninguna ventaja militar efectiva, y el ataque intencionado
sobre civiles y viviendas de civiles, son rasgos persistentes de la política
que Israel utiliza desde hace mucho tiempo, de castigar a toda la población de
la Franja de Gaza, y la que desde hace más de siete años, es en la práctica
prisionera del cierre impuesto por Israel. Este régimen equivale a una forma de
castigo colectivo que vulnera la prohibición incondicional
establecida en el artículo 33 del IV Convenio de Ginebra y que ha sido
condenado internacionalmente por su ilegalidad. Sin embargo, a pesar de la
oposición efectiva de los actores internacionales, la política ilegal de cierre
absoluto que Israel impone sobre la Franja de Gaza, ha continuado sin descanso,
bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional de los Estados.
***
Como
afirmaba en el año 2009 la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto
en Gaza: "La justicia y el respeto del estado de derecho son el fundamento
indispensable para la paz. La prolongada situación de impunidad ha creado una
crisis de justicia en el territorio palestino ocupado que justifica la la
adopción de medidas" (A/HRC/12/48, Párrafo 1958.) En efecto: "la
impunidad de larga data ha sido un factor esencial en la perpetuación de la
violencia en la región y en la repetición de violaciones, así como en el
deterioro de la confianza entre los palestinos y muchos israelíes en cuanto a
las perspectivas de justicia y solución pacífica al conflicto ".
(A/HRC/12/48,. Párrafo 1.964)
Por
lo tanto,
·
Damos
la bienvenida a la Resolución adoptada el 23 de julio 2014 en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se estableció una comisión
internacional independiente para investigar todas las violaciones del derecho
internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos
en el territorio palestino ocupado.
·
Hacemos
un llamamiento a las Naciones Unidas, a la Liga Árabe, a la Unión Europea, y a
los demás Estados, en particular los Estados Unidos de América, y a la
comunidad internacional en su totalidad y con su poder colectivo, para actuar
en virtud de la máxima urgencia y poner fin a la escalada de violencia contra
la población civil de la Franja de Gaza, y para activar los procedimientos para
la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones de Derecho
internacional, incluidos los líderes políticos y comandantes militares. En
particular:
·
Todos
los actores regionales e internacionales deben apoyar la conclusión inmediata
de un acuerdo de alto el fuego duradero, integral y de mutuo acuerdo, que debe
asegurar el rápido el acceso de la ayuda humanitaria y la apertura de las
fronteras de entrada y salida a Gaza.
·
Todas
las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra deben ser llamadas
urgente e incondicionalmente a que cumplan con sus obligaciones fundamentales,
vinculantes en todo momento, para actuar de acuerdo con el Artículo 1 común a
todas ellas, y a tomar todas las medidas necesarias para la eliminación de las
infracciones graves, claramente definidas por el artículo 146 y el artículo 147
del IV Convenio de Ginebra; reglas que son aplicables también por todas las
partes interesadas;
·
Además,
denunciamos las vergonzosas presiones políticas ejercidas por varios Estados
miembros de la ONU y la ONU en sí misma sobre el presidente Mahmoud Abbas, para
disuadirle de recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI), e instamos a los
líderes gubernamentales de Palestina a apelar a la jurisdicción de la CPI,
mediante la ratificación del Tratado de la CPI y en el interim, al
someterse a la declaración prevista en el artículo 12 (3) del Estatuto de Roma,
con el fin de investigar y enjuiciar los delitos internacionales graves
cometidos en el territorio palestino por todas las partes en el conflicto; y
·
El
Consejo de Seguridad de la ONU, por último, debe ejercer sus responsabilidades
en relación con la paz y la justicia remitiendo la situación en Palestina ante
la Fiscalía de la CPI.
Nótese que la afiliación institucional tiene
únicamente un fin de identificación:
1.
John Dugard,
Former UN Special Rapporteur on human rights situation in the Occupied
Palestinian Territory
2.
Richard Falk,
Former UN Special Rapporteur on human rights situation in the Occupied
Palestinian Territory
3.
Alain Pellet,
Professor of Public International Law, University Paris Ouest, former Member of
the United Nations International Law Commission, France
4.
Georges
Abi-Saab, Emeritus Professor of International Law, Graduate Institute of
International and Development Studies, Geneva, Former Judge on the ICTY
5.
Vera
Gowlland-Debbas, Emeritus Professor of International Law, Graduate Institute of
International and Development Studies, Geneva, Switzerland
6.
Chantal Meloni,
Adjunct Professor of International Criminal Law, University of Milan, Italy
(Rapporteur, Joint Declaration)
7.
Roy Abbott,
Consultant in International Humanitarian Law and International Human Rights
Law, Australia
8.
Lama Abu-Odeh,
Law Professor, Georgetown University Law Center, USA
9.
Susan M. Akram,
Clinical Professor and supervising attorney, International Human rights
Program, Boston University School of Law, USA
10. Taris Ahmad, Solicitor at Jones Day, London, UK
11. Maria Anagnostaki, PhD candidate, Law School
University of Athens, Greece
12. Antony Anghie, Professor of Law, University of Utah,
USA
13. Nizar Ayoub, Director, Al-Marsad, Arab Human Rights
Centre in Golan Heights
14. Valentina Azarov, Lecturer in Human Rights and
International Law, Al Quds Bard College, Palestine
15. Ammar Bajboj, Lecturer in Law, University of Damascus,
Syria
16. Samia Bano, SOAS School of Law, London, UK
17. Asli Ü Bali, Professor of Law, UCLA School of Law, USA
18. Jakub Michał Baranowski, Phd Candidate, Universita’
degli Studi Roma Tre, Italy
19. Frank Barat, Russell Tribunal on Palestine
20. Emma Bell, Coordinator of the European Group for the
Study of Deviance and Social Control, Université de Savoie, France
21. Barbara Giovanna Bello, Post-doc Fellow, University of
Milan, Italy
22. Brenna Bhandar, Senior lecturer in Law, SOAS School of
Law, London, UK
23. George Bisharat, Professor of Law, UC Hastings College
of Law, USA
24. Barbara Blok, LLM Candidate, University of Essex, UK
25. John Braithwaite, Professor of Criminology, Australian
National University, Australia
26. Michelle Burgis-Kasthala, lecturer in international
law, University of Edinburgh, UK
27. Eddie Bruce-Jones, Lecturer in Law, University of
London, Birkbeck College, UK
28. Sandy Camlann, LLM Candidate, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, France
29. Grazia Careccia, Human Rights Advocate, London, UK
30. Baris Cayli, Impact Fellow, University of Stirling, UK
31. Antonio Cavaliere, Professor of Criminal Law,
University Federico II, Naples, Italy
32. Kathleen Cavanaugh, Senior Lecturer, Irish Center for
Human Rights, National University of Ireland, Galway, Ireland
33. Elizabeth Chadwick, Reader in International Law,
Nottingham, UK
34. Donna R. Cline, Attorney at Law, USA
35. Karen Corteen, Senior Lecturer in Criminology,
University of Chester, UK
36. Andrew Dahdal, Lecturer, Faculty of Business and
Economics, Macquarie University, Sydney, Australia
37. Teresa Dagenhardt, Reader in Criminology, Queen’s
University Belfast, Northern Ireland
38. Luigi Daniele, PhD candidate in Law, Italy
39. Alessandro De Giorgi, Professor of Justice Studies,
San Josè State University, USA
40. Paul de Waart, Professor Emeritus of International
Law, VU University, Amsterdam, The Netherlands
41. Gabriele della Morte, Senior Lecturer in International
Law, University Cattolica, Milan, Italy
42. Max du Plessis, Professor of Law, University of
Kwazulu-Natal, and Barrister, South Africa and London, UK
43. Noura Erakat, Georgetown University, USA
44. Mohammad Fadel, Associate Professor of Law, University
of Toronto Faculty of Law, Canada
45. Mireille Fanon-Mendés France, Independent Expert UNO,
Frantz Fanon Foundation, France
46. Michelle Farrell, lecturer in law, School of Law and
Social Justice, University of Liverpool, UK
47. Daniel Feierstein, Professor and President
International Association of Genocide Scholars (IAGS), Argentina
48. Eleonor Fernández Muñoz, Costa Rica
49. Tenny Fernando, Attorney at Law, Sri Lanka
50. Amelia Festa, LLM Candidate, University of Naples
Federico II, Italy
51. Katherine Franke, Professor of Law, Columbia Law
School, USA
52. Jacques Gaillot, Bishop in partibus of Patenia
53. Katherine Gallagher, Vice President FIDH, senior
attorney, Centre for Constitutional Rights (CCR), New York, USA
54. Avo Sevag Garabet, LLM, University of Groningen, the
Netherlands
55. Jose Garcia Anon, Professor of Law, Human Rights
Institute, University of Valencia, Valencia, Spain
56. Irene Gasparini, PhD candidate, Universitá Cattolica,
Milan, Italy
57. Stratos Georgoulas, Assistant Professor, University of
the Aegean, Greece
58. Haluk Gerger, Professor, Turkey
59. Hedda Giersten, Professor, Universitet I Oslo, Norway
60. Javier
Giraldo, Director Banco de Datos CINEP, Colombia
61. Carmen G. Gonzales, Professor of Law, Seattle
University School of Law, USA
62. Penny Green, Professor of Law and Criminology,
Director of the State Crime Initiative, King’s College London, UK
63. Katy Hayward, Senior Lecturer in Sociology, Queen’s
University Belfast, Northern Ireland
64. Andrew Henley, PhD candidate, Keele University, UK
65. Christiane Hessel, Paris, France
66. Paddy Hillyard, Professor Emeritus, Queen’s University
Belfast, Northern Ireland
67. Ata Hindi, Institute of Law, Birzeit University,
Palestine
68. Francois Houtart, Professor, National Institute of
Higher Studies, Quito, Ecuador
69. Deena R. Hurwitz, Professor, General Faculty, Director
International Human Rights Law Clinic, University of Virginia School of Law,
USA
70. Perfecto
Andrés Ibánes, Magistrado Tribunal Supremo de Espagna, Spain
71. Franco Ippolito, President of the Permanent People’s
Tribunal, Italy
72. Ruth Jamieson, Honorary Lecturer, School of Law,
Queen’s University, Belfast, Northern Ireland
73. Helen Jarvis, former member Extraordinary Chambers in
the Courts of Cambodia (ECCC), member of IAGS, Cambodia
74. Ioannis Kalpouzos, Lecturer in Law, City Law School,
London, UK
75. Victor Kattan, post-doctoral fellow, Law Faculty,
National University of Singapore
76. Michael Kearney, PhD, Lecturer in Law, University of
Sussex, UK
77. Yousuf Syed Khan, USA
78. Tarik Kochi, Senior Lecturer in Law, School of Law,
Politics and Sociology, University of Sussex, UK
79. Anna Koppel, MSt Candidate in International Human Rights
Law, University of Oxford, UK
80. Karim Lahidji, President of the International
Federation for Human Rights (FIDH) and lawyer
81. Giulia
Lanza, PhD Candidate, Università degli Studi di Verona, Italy
82. Daniel Machover, solicitor, Hickman & Rose,
London, UK
83. Tayyab Mahmud, Professor of Law, Director of the
Centre for Global Justice, Seattle University School of Law, USA
84. Maria C. LaHood, Senior Staff Attorney, CCR, New York,
USA
85. Louise Mallinder, Reader in Human Rights and
International Law, University of Ulster, UK
86. Triestino Mariniello, Lecturer in International
Criminal Law, Edge Hill University, UK
87. Mazen Masri, Lecturer in Law, The City Law School,
City University, London, UK
88. Siobhan McAlister, School of Sociology, Queen’s
University Belfast, Northern Ireland
89. Liam McCann, Principal Lecturer in Criminology,
University of Lincoln, UK
90. Jude McCulloch, Professor of Criminology, Monash
University, Melbourne, Australia
91. Yvonne McDermott Rees, Lecturer in Law, University of
Bangor, UK
92. Cahal McLaughlin, Professor, School of Creative Arts,
Queen’s University Belfast, Northern Ireland
93. Araks Melkonyan, LLM Candidate, University of Essex,
UK
94. Antonio Menna, PhD Candidate, Second University of
Naples, Caserta, Italy
95. Naomi Mezey, Professor of Law, Georgetown University
Law Center, USA
96. Michele Miravalle, PhD candidate, University of
Torino, Italy
97. Sergio Moccia, Professor of Criminal Law, University
Federico II, Naples, Italy
98. Kerry Moore, Lecturer, Cardiff University
99. Giuseppe Mosconi, Professor of Sociology, University
of Padova, Italy
100. Usha Natarajan, Assistant Professor, Department of Law
& Centre for Migration and Refugee Studies, The American University in
Cairo, Egypt
101. Miren Odriozola Gurrutxaga, PhD Candidate, University
of the Basque Country, Donostia – San Sebastián, Spain
102. Georgios Papanicolaou, Reader in Criminology, Teesside
University, UK
103. Marco Pertile, Senior Lecturer in International Law,
Faculty of Law, University of Trento, Italy
104. Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Professor of Law
and Theory, LLM, The Westminster Law and Theory Centre, UK
105. Antoni
Pigrau Solé, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Spain
106. Joseph Powderly, Assistant Professor of Public
International Law, Leiden University, The Netherlands
107. Tony Platt, Visiting Professor of Justice Studies, San
Jose State University, USA
108. Scott Poynting, Professor in Criminology, University
of Auckland, New Zeeland
109. Chris Powell, Professor of Criminology, University
S.Maine, USA
110. Bill Quigley, Professor, Loyola University, New
Orleans College of Law, USA
111. John Quigley, Professor of Law, Ohio State University
112. Zouhair Racheha, PhD Candidate, University Jean Moulin
Lyon 3, France
113. Laura Raymond, International Human Rights Advocacy
Program Manager, CCR, New York, USA
114. Véronique Rocheleau-Brosseau, LLM candidate, Laval
University, Canada
115. David
Rodríguez Goyes, Lecturer, Antonio Nariño and Santo Tomás Universities,
Colombia
116. Alessandro Rosanò, PhD Candidate, Università degli
Studi di Padova, Italy
117. Jamil Salem, Director Institute of Law, Birzeit
University, Palestine
118. Mahmood Salimi, LLM Candidate, Moofid University, Iran
119. Nahed Samour, doctoral fellow, Humboldt University,
Faculty of Law, Berlin, Germany
120. Iain GM Scobbie, Professor of Public International
Law, University of Manchester, UK
121. David Scott, Senior Lecturer in Criminology, Liverpool
John Moores University, UK
122. Phil Scraton, Professor of Criminology, Belfast,
Ireland
123. Rachel Seoighe, PhD Candidate, Legal Consultant,
King’s College London, UK
124. Tanya Serisier, School of Sociology, Queen’s
University Belfast, Northern Ireland
125. Mohammad Shahabuddin, PdD, Visiting researcher,
Graduate School of International Social Sciences, Yokohama National University,
Japan
126. Dean Spade, Seattle University School of Law, USA
127. Per Stadig, lawyer, Sweden
128. Chantal Thomas, Professor of Law, Cornell University,
USA
129. Kendall Thomas, Nash Professor of Law, Columbia
University, USA
130. Gianni Tognoni, Lelio Basso Foundation, Rome, Italy
131. Steve Tombs, Professor of Criminology, The Open
University, UK
132. Paul Troop, Barrister, Garden Court Chambers, UK
133. Valeria Verdolini, Reader in Sociology, University of
Milan, Italy
134. Francesca Vianello, University of Padova, Italy
135. Aimilia Voulvouli, Assistant Professor of Sociology,
Fatih University, Turkey
136. Namita Wahi, Fellow, Centre for Policy Research,
Dharma Marg, Chanakyapuri, New Delhi, India
137. Sharon Weill, PhD, Science Po, Paris/ CERAH, Geneva,
Switzerland
138. Peter Weiss, Vice President of Centre for
Constitutional Rights (CCR), New York, USA
139. David Whyte, Reader in Sociology, University of
Liverpool, UK
140. Jeanne M. Woods, Henry F. Bonura, Jr. Distinguished
Professor of Law, Loyola University College of Law, New Orleans, USA
141. William Thomas Worster, Lecturer, International Law,
The Hague University of Applied Sciences, The Netherlands
142. Maung Zarni, Judge, PPT on Sri Lanka and Visiting
Fellow, London School of Economics and Political Science
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