La Plataforma por las Empresas Responsables exige una ley que acabe con los
abusos de las empresas españolas
Representantes de más de 100 organizaciones de la sociedad civil y
sindicatos exigen al Gobierno que cumpla su compromiso y apruebe una ley
nacional de debida diligencia que frene los abusos de las empresas sobre los
derechos humanos y el medioambiente.
Madrid. La Plataforma por las Empresas Responsables (PER)* se
concentró este viernes 18 de noviembre, frente al Palacio de la Moncloa, donde
registró una carta firmada por más de 100 organizaciones, entre las que se
encuentra el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, en la que exigen la
aprobación de la ley de debida diligencia de manera inmediata.
En el acto participaron una decena de directivos y directivas y personas
representantes de organizaciones: Oxfam Intermón, Alianza por la
Solidaridad-ActionAid, REDES y Manos Unidas (Enlázate por la Justicia),
Observatorio de RSC, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, USO, Amnistía
Internacional, Alboan, Greenpeace, Entreculturas y el Comité de Solidaridad con
la Causa Árabe.
El Gobierno de España tiene una deuda pendiente con el desarrollo
sostenible: aprobar la ley de Protección de los Derechos Humanos, de la
Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales
Transnacionales. Ante la inacción estatal, organizaciones de la Plataforma por
las Empresas Responsables (PER) han exigido al Gobierno cumplir con su
compromiso de aprobar dicha ley antes del fin de esta legislatura.
Las organizaciones, preocupadas ante la falta de respuesta del Estado se
han concentrado ante el Palacio de la Moncloa donde han entregado una carta
dirigida al presidente del gobierno de España, a las vicepresidentas y
ministerios proponentes y co-proponentes Sr. D. Pedro Sánchez, Sra. Dña. Nadia
Calviño, Sra. Dña. Yolanda Díaz, Sra. Dña. Teresa Ribera, Sra. Dña. Ione
Belarra y Sr. D. Alberto Garzón, exigiendo que se aceleren los trámites para
aprobar la ley y cumplir así con los compromisos asumidos. Además, han
desplegado una pancarta con el lema “Derechos para las personas, reglas para
las empresas. Por una ley YA”, en señal de descontento.
Referentes de la Plataforma por las Empresas Responsables afirman que es
urgente que España apruebe esta ley para exigir que las empresas cumplan con
sus responsabilidades en materia de derechos humanos y medio ambiente en
cualquier lugar del mundo. La ley también es crucial para garantizar la
reparación a las víctimas de sus abusos o negligencias. Cientos de miles de
personas están sufriendo las consecuencias de actuaciones empresariales que
violan derechos humanos y que suponen graves problemas medioambientales en todo
el mundo. Esas personas no pueden esperar más. Seguir demorando el proceso de tramitación
de la ley perpetúa una situación extrema, sin consecuencias para las empresas
ni reparación para las víctimas.
Hay sobrada evidencia que prueba que las acciones de las empresas en
cualquier lugar del planeta tienen un importante impacto en los derechos de las
personas y el medioambiente. La creciente globalización de las cadenas de valor
hace urgente y necesario establecer normas claras para que las empresas asuman
sus responsabilidades en la prevención, mitigación o reparación de cualquier
vulneración de los derechos humanos o medioambientales. Sin embargo, no existe
en España una ley al respecto, quedando a la voluntariedad de las empresas.
Pese a existir un anteproyecto de ley redactado desde mayo de 2022, no se
ha avanzado en los trámites y esta situación pone en riesgo real la aprobación
de la ley. Motivo por el cual se ha definido llevar a cabo esta acción
incidencia política y presión al gobierno durante la cual se ha leído un manifiesto se registró la carta abierta dirigida al Gobierno y
a los ministerios proponente y co-proponentes de la ley, exigiendo que se
inicien los trámites para aprobar la ley y cumplir así con los compromisos
asumidos.
Entre los mensajes del manifiesto se ha insistido en que “es urgente pasar
de las palabras a los hechos. La oportunidad está sobre la mesa, el proyecto está
redactado y ahora hay que trabajar para que siga adelante; avanzar en la
dirección correcta es cuestión de voluntad. Los derechos humanos de miles de
personas están en juego y la protección del medioambiente también. La
oportunidad para cambiar el rumbo está en manos del Gobierno. La oportunidad de
cambio es real y es ahora. “
Así como que “las personas afectadas en sus derechos humanos y el
medioambiente no pueden esperar más. España podría sumarse a países como
Francia y Alemania que ya cuentan con legislaciones estatales al respecto, y
convertirse así en un referente de liderazgo y promoción de los derechos
humanos y el medio ambiente, haciendo de ello una insignia de las empresas
españolas en el exterior y un sello distintivo de la Presidencia Española de la
Unión Europea en 2023”, incidiendo en el proceso de negociación del borrador de
Directiva de Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad,
presentado por la Comisión Europea en febrero de este año.
Empresas como Prosegur, denunciada por intimidación, coacción y
discriminación a líderes sindicales, y vulneraciones de derechos laborales y
sindicales como el derecho de huelga y a la negociación colectiva en países
como Brasil, Colombia, Perú y Paraguay; o CAF, cuya construcción del tren
ligero en territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel contribuye a
violaciones de derechos humanos de la población palestina; o el proyecto de la
hidroeléctrica de ACS en Guatemala, que afecta a una población de 29.000
indígenas quekchí, todos ellos denunciados ante el Punto Nacional de Contacto
de la OCDE, son algunos de los ejemplos documentados de cómo la falta de
una ley de debida diligencia, que obligue a las empresas a prevenir,
identificar, mitigar y rendir cuentas de su impacto, puede tener graves consecuencias
sobre la población y el medio ambiente en algunos países. [información
elaborada a través de Diario responsable, USO y Agencias]
·
* La Plataforma
por las Empresas Responsables (PER) representa a más de 530 entidades y está
integrada por 16 organizaciones españolas de la sociedad civil: Alboan, Alianza
por la Solidaridad-ActionAid, Anesvad, Amnistía Internacional, la Coordinadora
de Organizaciones para el Desarrollo, la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo, Economistas sin Fronteras, la red Enlázate por la Justicia,
Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Mundubat, Observatorio de la RSC, Oxfam
Intermón, Setem-Ropa Limpia y USO.
· Manifiesto leído ante la Moncloa
·
Firma la
Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y
asentamientos de los Territorios Ocupados https://stopsettlements.org/spanish/
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