Los auditores del Consejo de Estado belga cuestionan el contrato multimillonario de SNCB/NMBS con la empresa española de tranvías CAF
Esta semana, las ONG pudieron alzar su voz por primera vez ante el máximo tribunal administrativo del país respecto a la importancia de los derechos humanos en un contrato público. Se trata de un contrato de 3.000 millones de euros que la Compañía Nacional de Ferrocarriles Belgas (SNCB) pretende adjudicar a la empresa española CAF para el suministro de nuevos trenes. Gracias a la intervención de 11.11.11, Al-Haq Europe, Intal y Vrede vzw, el debate no se limitó a un tecnicismo, sino que CAF tuvo que rendir cuentas ante el Consejo de Estado por sus actividades en los territorios palestinos ocupados.
CAF se negó o no pudo abordar las pruebas presentadas por las ONG en una petición de 80 páginas. En ella, demostraron que CAF, al construir y operar una red de tranvías entre Jerusalén Occidental y los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino ocupado, es cómplice de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. Esta es también la conclusión de Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados. Albanese escribió a la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Bélgica (SNCB) la semana pasada solicitando la exclusión de CAF.
Tras los alegatos orales, tanto los auditores francófonos como los neerlandeses concluyeron que la NMBS debe investigar a fondo la postura de CAF en materia de derechos humanos, basándose en las pruebas presentadas. Esto debe hacerse antes de la adjudicación definitiva del contrato. Se espera un fallo del Consejo de Estado la próxima semana.
Estas recomendaciones representan una primera victoria para las ONG. Pero es crucial que esta investigación sea verdaderamente exhaustiva y que el fallo sobre este asunto no se base únicamente en declaraciones erróneas de la CAF, como lo ha hecho la NMBS hasta ahora. Esta investigación debe tener consecuencias vinculantes, afirma Jan Buelens, de Progress Lawyers Network.
Cabe destacar que, en sus propios alegatos, la propia NMBS afirma que CAF participa activamente en la red de tranvías de Jerusalén. «Esta participación se realiza en virtud de un contrato adjudicado a TransJerusalem J-Net Ltd., un consorcio propiedad de Shapir Engineering y CAF. Este consorcio es responsable de la construcción de la 'Línea Verde', que cruza la frontera entre Israel y Palestina (según lo establecido en los Acuerdos de Armisticio de 1949)».
"La NMBS ya no puede negar que la CAF es cómplice del mantenimiento y la expansión de la industria de asentamientos ilegales", declaró Willem Staes el 11.11.11. "Esperamos que la Junta Directiva de la NMBS asuma su responsabilidad y excluya a la CAF basándose en las pruebas presentadas, la evaluación del Relator Especial de la ONU y, ahora también, en sus propias conclusiones".
El tono durante la audiencia fue cortante. Esto se evidencia en los comentarios despectivos y ofensivos del abogado de la NMBS en su alegato: «Para algunas ONG y académicos, es fácil ejecutar sumariamente a una empresa sin el debido proceso. Pero no podemos hacerlo. Tampoco podemos hacerlo basándonos en un informe de una mujer con la palabra «ONU» en su membrete».
En lugar de investigar a CAF, la NMBS acusa a ONG y académicos que defienden los derechos humanos y el derecho internacional. "Esto es completamente indigno de una empresa estatal, y por lo tanto, preguntamos a los miembros de la Junta Directiva y al ministro de Movilidad, Crucke, si están de acuerdo con la declaración del abogado. Además, se plantea la cuestión de cuán exhaustiva y creíble será una futura investigación de derechos humanos por parte de la NMBS si desestima de esta manera los procedimientos independientes de derechos humanos de la ONU", afirma Mehdi Salhi, de Intal.
Las ONG también exigen acción política. Esta semana, el gobierno federal anunció la prohibición de la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales israelíes. «La Corte Internacional de Justicia es clarísima: todos los países tienen la obligación jurídicamente vinculante de prohibir cualquier forma de comercio e inversión que perpetúe la ocupación ilegal de Palestina. En este contexto, sería incomprensible y totalmente erróneo que una empresa estatal se asociara con una empresa que desarrolla proyectos en estos mismos asentamientos ilegales», afirma Dima Mouayad, de Al Haq Europe.
Según Ludo De Brabander (Vrede vzw), la campaña ya ha obtenido resultados significativos. «El hecho de que se debata sobre los derechos humanos en la adjudicación de un contrato público es una victoria en sí misma. Incluso el lehendakari del gobierno vasco ha instado a CAF a pensar éticamente en sus actividades. Por lo tanto, continuaremos con la campaña y los procedimientos legales, y contamos con un amplio apoyo
Crowdfunding para esta acción:
https://steunactie.be/actie/
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