Y después de la publicación de la Base de Datos donde hay empresas españolas, qué se debe hacer? Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

 Y después de la publicación de la Base de Datos donde hay empresas españolas, qué se debe hacer?

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

 

La Base de Datos de las Naciones Unidas de empresas implicadas en la colonización y el genocidio debe ser un instrumento para que gobiernos, autoridades locales y el sector privado reaccionen y sancionen a esas empresas y a sus consejos de administración y accionistas.

Lo relevante, en estos momentos, es la respuesta que tienen que dar el Estado, las autoridades locales y el sector privado frente a las empresas que priorizan el beneficio sobre el respeto a la legalidad internacional. La Corte Internacional de Justicia, las resoluciones de las Naciones Unidas, las Convenciones de Ginebra señalan que se debe hacer todo lo posible para no fomentar la ocupación y colonización. 

Las empresas señaladas no deben de participar en concursos públicos, tal y como el ayuntamiento de Barcelona, ya había fijado. Hay precedentes de cláusulas en la ley de contratos públicos para que no puedan concursar las empresas colonizadoras; las comunidades autónomas y locales pueden excluirlas. En el caso de INECO, es una contradicción flagrante entre el discurso gubernamental y las actuaciones de una empresa pública.

Los Consejos de Administración tienen que revocar contratos en base a los mandatos de las normas internacionales. Los accionistas tienen que revisar el comportamiento de sus Consejeros y su política de remuneración. Además, debieran estudiar fórmulas de reparación al pueblo palestino.

Hoy se ha hecho pública la actualización de la Base de Datos, cuya primera edición se publicó en febrero de 2020. En dicha actualización se incluyen cuatro empresas españolas, ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), INECO (una empresa pública) y Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), propiedad del grupo francés Vinci.

La contumacia de CAF es notable. Antes de ganar el concurso, desde su Comité de Empresa, diferentes asociaciones, la Autoridad Palestina, el gobierno español les advirtió de sus malas prácticas, en tanto que el trazado de las líneas de tranvía entre la ciudad ocupada de Jerusalén a las colonias próximas estaba diseñado por las autoridades de ocupación. La existencia de asentamientos, previa expropiación a los palestinos y su expulsión, y su crecimiento se hacen posible con infraestructuras de transporte y ahí es donde CAF ha optado por el lucro frente a la defensa del derecho internacional y en contra de la normalización de la ocupación y colonización.

INECO, por su parte, ayudo a la ingeniería y túneles de las líneas de tranvía. El gobierno de Mariano Rajoy en preguntas parlamentarias contestó falsamente, diciendo que no trabajaba en obras de infraestructura de la colonización.

SEMI participó en la red ferroviaria de Tel Aviv a Jerusalén, pasando por Territorio Ocupado Palestino, con las expropiaciones correspondientes,

ACS, como no, ha preferido el lucro sobre el respeto del derecho internacional.

Por supuesto, hay muchas más empresas involucradas, GMV, TYPSA, OSSA, etc. La única hasta ahora existente, la compañía de viajes y hospedaje. Edreams, que estaba en la Base de Datos desde 2020, no había hecho, hasta ahora, ningún esfuerzo de abandonar sus negocios de hospedaje en las colonias en Territorios Ocupados palestinos y sirios y sólo lo manifestó en vísperas de su Junta de Accionistas de este año ante protestas de diferentes organizaciones, como la nuestra o BDS Madrid. Nunca ha planteado ningún tipo de reparación a sus actividades

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