Una historia palestina protagonizada por el Juez Hurtado.l Santiago González Vallejo . Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

 Una historia palestina protagonizada por el Juez Hurtado

Santiago González Vallejo

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Se ha hablado mucho sobre la instrucción del Juez Ángel Hurtado sobre el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a resultas sobre si éste era el filtrador de un correo del abogado de un supuesto defraudador y aventajado comisionista de mascarillas en lo alto de la pandemia. El correo susodicho planteaba un posible acuerdo con la fiscalía, con asunción de delitos fiscales.

También se habla del Juez Ángel Hurtado y de su curiosa y activa intervención para intentar exonerar al PP en el caso de la corrupción de la Gurtel de Rajoy.

Pero lo que queremos relatar es un detalle menor en la historia procesal de este país y la participación, entre otros, de Ángel Hurtado en un caso que afectaba a Palestina.

Nos referimos al proceso que se siguió en nuestro país por las víctimas españolas del Mavi Marmara, donde el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe era acusador popular.

Como muchas personas saben, en el año 2010, el barco Mavi Marmara encabezaba una flotilla de barcos para romper el bloqueo de Gaza, llevando toneladas de ayuda humanitaria. El bloqueo de Gaza no empezó un 7 de octubre de 2023. Empezó en el año 2007.

Una vez más, y esta vez fue la primera de sus acciones impunes contra las Flotillas, los piratas del ejército israelí abordaron violentamente el barco, matando a nueve personas inicialmente y otro más, a resultas de las heridas, posteriormente.

La demanda interpuesta por Laura Arau, Manu Espinar Tapial y David Segarra, tenía como acusados a los dirigentes y militares israelíes en ese momento, encabezados por Benjamín Netanyahu. La ‘justicia’ israelí, la que ampara la ocupación, colonización y la tortura, los asesinatos extrajudiciales, siguió siendo el parapeto de ese régimen.

En eso, el PP modificó la ley de jurisdicción universal, ya modificada por el PSOE ante el caso Al Daraj tras un acuerdo entre los ministros de Exteriores de España e Israel, Moratinos y Livni. La nueva redacción de 2014 obligaba, para continuar los casos presentados, que las víctimas fueran españolas y que los acusados estuvieran en España.

Con esas condicionalidades, el juez José de la Mata archivó la causa, impelido por la nueva redacción de la ley. En el auto de archivo estableció la cautela de ordenar a las Fuerzas de Seguridad del Estado que inscribieran a los acusados en la lista de reclamados. El sentido de dicha inscripción está en que, si los acusados accedieran al territorio nacional, se anulaba el archivo provisional y se podría reiniciar el procedimiento. Este auto, apoyado por la Fiscalía, fue declarado firme.

Posteriormente, cuando se pretendió inscribir en la lista policial a los acusados, la Embajada de Israel y otros lobbies hicieron su trabajo. Tanto el Ministerio Fiscal como la Audiencia Nacional (por medio de los jueces Ángel Hurtado, sí el mismo de las líneas primeras de este escrito, junto a Enrique López –de amplio protagonismo  en la política madrileña, como Consejero del PP en la Comunidad de Madrid- y Concepción Espejel, también con polémicas actuaciones que la han catapultado a ser magistrada en el Tribunal Constitucional) cambiaron el criterio y, desdiciéndose de lo dictado en el auto de archivo, consideraron procedente anular la orden de inscripción.

Desde nuestra opinión, sería preceptiva la puesta en marcha de una nueva norma de jurisdicción universal, ahora capitidisminuida. Pero la voluntad de hacerla es nula a la vista de la existencia en el cajón de proposiciones de ley del Congreso, desde el comienzo de la legislatura, de una propuesta de Sumar. Ahora bien, el que los acusados no estén en España, puede ser suplido por las videoconferencias y, en su caso, podrían formularse órdenes de detención y puesta a disposición del juez a los acusados por graves delitos, para limitar la libertad de movimientos y potencial impunidad. De otra forma, el archivo provisional, de facto, se convierte en definitivo.

Y el Juez Ángel Hurtado, ahí sigue, tan marcadamente activo como siempre.