El negocio de ACS en los territorios ocupados de Palestina

 Dani Dominguez

lamarea.com

Una filial de ACS participa en la electrificación de la red ferroviaria de Israel, que utiliza “ilegalmente” tierras palestinas públicas y privadas, según una investigación de Don't Buy into Occupation (DBIO).

El grupo español de construcción ACS ha realizado trabajos en los asentamientos ocupados por Israel en Palestina, según una investigación llevada a cabo por la coalición Don’t Buy into Occupation (DBIO). En concreto, SEMI, una filial de la compañía presidida por Florentino Pérez, ganó una licitación de 2.000 millones de NIS (unos 550 millones de euros) “para ejecutar la electrificación de la red ferroviaria de Israel, incluido el tren A1 Tel Aviv-Jerusalén”.

De acuerdo con la información facilitada por DBIO, el trazado del tren cruza la Línea Verde hacia los Territorios Ocupados Palestinos en dos zonas. De esta forma, estarían utilizando “ilegalmente” tierras palestinas públicas y privadas para un servicio exclusivo para ciudadanos israelíes “en violación del derecho internacional, y que a través de la apropiación de tierras palestinas obstaculiza el acceso de los palestinos a sus tierras agrícolas y socava su desarrollo económico”.

SEMI está especializada en el mantenimiento e instalación de líneas eléctricas. Desde ACS, no han respondido a las cuestiones enviadas por este medio. La investigación, no obstante, recoge más empresas. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) participa en la ampliación del tren ligero de Jerusalén, la cual atraviesa Jerusalén Este y Cisjordania. En julio de 2021, CAF formó parte de uno de los consorcios aprobados para presentarse a la licitación de dos líneas del Metro Ligero de Jerusalén. Pero ya antes se había adjudicado otros contratos. Según la versión ofrecida por el Ministerio de Exteriores a El País, CAF ha sido informada de que la obra vulnera la legalidad internacional al atravesar los territorios ocupados. Sin embargo, esto no supondría la comisión de ninguna ilegalidad por parte de la compañía vasca, ya que no existe ningún embargo ni por parte de la ONU ni de la Unión Europea. La multinacional tampoco ha respondido a los mensajes remitidos por lamarea.com.

A principios de octubre, tanto CAF como ACS (a través de su filial Cobra) fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar parte de un cartel de empresas que se repartían contratos ferroviarios. Según Competencia, las principales compañías del negocio de la instalación de sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones para líneas ferroviarias se habrían estado repartiendo licitaciones de Adif durante 15 años: 82 contrataciones por un valor que supera los 4.142 millones de euros. Por ello, ACS tendrá que abonar 30 millones de euros y CAF 1,7 millones.

672 instituciones financieras para dar soporte al negocio

DBIO es un proyecto conjunto compuesto por 25 organizaciones palestinas, regionales y europeas. Se encarga de investigar las relaciones financieras entre las empresas que realizan negocios en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Según el mencionado informe, 672 instituciones financieras europeas tienen relaciones con 50 empresas que participan activamente en los asentamientos ilegales entre 2018 y 2021.

En el caso español, muestra cómo 18 entidades de crédito “se encuentran entre los principales inversores y/o proporcionaron préstamos y servicios de suscripción a las empresas investigadas, especialmente a las españolas Grupo ACS y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)”. Entre ellas destacan BBVA, Grupo La Caixa, el Banco Santander y Banco de Sabadell, entre otras.

Desde la organización investigadora defienden que las empresas, acreedores e inversores “tienen la responsabilidad de garantizar que no están implicados en violaciones del derecho internacional ni son cómplices de crímenes internacionales”. Asimismo, sostienen que deben abordar “cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos que se derive de sus actividades empresariales y relaciones financieras”.

En febrero de 2020, la Organización para las Naciones Unidas ya hizo pública una lista de 112 compañías que estaban haciendo negocios en los territorios palestinos ocupados por Israel. Aunque la mayoría eran firmas israelíes, también aparecían en la lista conocidas empresas turísticas como Airbnb, Expedia, Tripadvisor o Booking, las cuales también están incluidas en el informe de DBIO. La coalición también apunta hacia otras conocidas multinacionales como Motorola Solutions, Siemens o Volvo, entre otras muchas.