Pregunta del BNG en el Congreso de los Diputados sobre el juicio a Juana Ruiz en Israel

 

Pregunta del BNG en el Congreso de los Diputados sobre el juicio a Juana Ruiz en Israel 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado del BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito al GRUPO PLURAL, formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita. 

El caso de Juana Ruiz Sánchez ilustra el sistema judicial y leyes israelíes: una ciudadana del Estado español que trabajaba en una organización sanitaria palestina, Health Work Commitees, en los Territorios Ocupados, que vive en la zona A, y ejerce su actividad en territorio palestino, es secuestrada y metida presa por fuerzas militares israelíes. La potencia ocupante que expropia, que expulsa a los palestinos, que tiene legalizada la tortura, los asesinatos extrajudiciales, la detención administrativa sine die y que está acusada de crímenes de guerra y lesa humanidad, Israel, declara ilegal a la organización sanitaria y la acusa, sin pruebas, que financia a una organización declarada terrorista. De paso, Juana Ruíz tiene que admitir ante un tribunal militar de ocupación israelí que trabaja para esta organización sanitaria, ahora ilegal para Israel y legal en los Territorios Ocupados, y que recauda fondos para HWC necesarios para cubrir las necesidades de la población que la potencia ocupante no atiende. 

Israel, faltando a su obligación de atender las necesidades sanitarias de la población palestina ocupada, más en el contexto de la pandemia mundial, pretende impedir que éstas sean cubiertas mediante donaciones de la cooperación internacional creando dudas y sospechas. Israel ha lanzado las mismas acusaciones de desvío de recursos a otras organizaciones palestinas, entre ellas Al Haq y Adameer, amicus curiae de la Corte Penal Internacional en la acusación de crímenes de guerra y lesa humanidad a Israel. 

En este proceso, tanto el Estado español como la Unión Europea han declarado no encontrar prueba alguna de desvío de dinero. Algunos donantes han solicitado explicaciones a la potencia ocupante, pero mientras tanto han cortado sus ayudas a la población palestina y a las organizaciones de vigilancia de derechos humanos. Uno de los objetivos estratégicos israelíes. 

Por los motivos expuestos, el BNG formula las siguientes preguntas al Gobierno: 

1. ¿Admite, como proceso legal y legítimo, el sistema judicial de la potencia ocupante y, por lo tanto, la pena impuesta a una ciudadana española y al resto de las organizaciones y población palestina? 

2. Si no es así, ¿qué medidas diplomáticas ha tomado, más allá de la atención personal prestada por los servicios consulares? 

3. Si comparamos las medidas adoptadas respecto a otros Estados ocupantes de territorios, ¿Está el Estado español aplicando las mismas sanciones a Israel? 

Madrid, a 30 de noviembre de 2021 

Néstor Rego Candamil 

Diputado del BNG en el Congreso

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