JCB viola los Derechos Humanos según las Directrices de la OCDE tras la investigación sobre el uso material de sus productos para demoler ilegalmente viviendas palestinas; el organismo gubernamental del Reino Unido critica al fabricante británico por su inacción y le exige que aborde los impactos sobre los Derechos Humanos
12 de noviembre de 2021
Hoy, un Organismo gubernamental del Reino Unido ha dictaminado que la empresa británica de maquinaria de construcción JCB incumple sus responsabilidades en materia de Derechos Humanos en virtud de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, avaladas por el gobierno. El Punto Nacional de Contacto del Reino Unido (UK PNC), que forma parte del Departamento de Comercio Internacional, ha encontrado que JCB está fracasando de forma crucial en acometer la diligencia debida en materia de Derechos Humanos y disponer de una política sobre Derechos Humanos, dentro del contexto del uso frecuente de sus productos de maquinaria pesada en las demoliciones de viviendas y la construcción de asentamientos en el Territorio Palestino Ocupado.
El uso de los productos de JCB -principalmente su "retroexcavadora número uno del mundo"- en la realización de estas actividades ilegales es sustancial y prolífico, y da lugar a graves violaciones de los Derechos Humanos. Los niños palestinos se ven especialmente afectados por el impacto de quedarse sin hogar y traumatizados, como ha documentado recientemente Save the Children. Este video de la demolición de una vivienda en la Cisjordania ocupada ilustra vívidamente el uso clave de los productos de JCB en las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del Derecho Internacional Humanitario.
El examen del PNC del Reino Unido se inició a raíz de una amplia demanda ante la OCDE, basado en pruebas, presentado por la organización benéfica legal del Reino Unido, Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR), en diciembre de 2019. Presentamos que JCB no está tomando las acciones necesarias para identificar, evitar, mitigar y abordar el uso material de sus productos de maquinaria pesada en graves violaciones de los Derechos Humanos. Esto ha sido corroborado durante el proceso de reclamación ante el PNC del Reino Unido. LPHR señala los siguientes puntos de este proceso y de la decisión final del PNC del Reino Unido:
- JCB admite públicamente su conocimiento del uso de sus productos en la demolición de viviendas y propiedades palestinas en los territorios Palestinos ocupados. (párrafo 64 de la decisión del PNC del Reino Unido).
2. JCB no cuenta con los fundamentos mínimos de un proceso de diligencia debida en materia de Derechos Humanos para identificar y abordar las violaciones que se producen dentro de su cadena de valor, ni tampoco con una política sobre Derechos Humanos. Esto es así a pesar de la incuestionable evidencia contenida en la reclamación de LPHR en 2019 sobre el uso específico de los productos de JCB, y la posterior inclusión de JCB en febrero de 2020 por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) en la base de datos de de empresas con un "vínculo claro y directo" en causar perjuicios sobre los Derechos Humanos.
3. El PNC del Reino Unido está claramente preocupado y sorprendido por la inacción de JCB respecto del uso conocido de sus productos en demoliciones. Determina que la afirmación de JCB de que "no tiene control sobre sus productos... no refleja el espíritu de las Directrices de la OCDE sobre la Conducta Empresarial Responsable", y que "es lamentable que JCB, que es un fabricante británico líder a escala mundial, no haya tomado ningún tipo de medidas para llevar a cabo la debida diligencia en materia de Derechos Humanos, a pesar de ser consciente de los presuntos impactos adversos sobre los Derechos Humanos y de que sus productos están contribuyendo potencialmente a esos impactos".
4. El PNC del Reino Unido ha exigido claramente a JCB que actúe. Determina que la "escala del presunto impacto adverso sobre los Derechos Humanos y la evidencia de que los productos de JCB se utilizan en la demolición de casas" exige que JCB "establezca un plan sobre cómo integrará y actuará en base a las recomendaciones y resultados de su diligencia debida -incluyendo cómo se abordarán los impactos- si se identifican impactos adversos sobre los derechos humanos en su cadena de suministro".
5. El PNC del Reino Unido no consideró que JCB tuviera un "vínculo directo en una relación comercial" con su único distribuidor en Israel, Comasco, sobre violaciones de los Derechos Humanos. El PNC del Reino Unido concluyó que no podía probar "de manera concluyente" que los vehículos JCB utilizados por las autoridades israelíes o sus contratistas privados en violaciones específicas fueran obtenidos a través de Comasco, y no a través de un "mercado de segunda mano establecido", como sugirió alternativamente JCB. El PNC del Reino Unido no aplicó el estándar de determinación de hechos por "motivos razonables para creer", como el utilizado por el LPHR y la OHCHR de la ONU, de que los productos probablemente hayan sido obtenidos a través del único distribuidor de JCB en Israel. Si bien es evidente que el LPHR no puede obtener tales pruebas para cumplir con el altísimo estándar probatorio establecido por el PNC del Reino Unido, debería estar dentro de la capacidad de JCB para determinarlas como parte del proceso de diligencia debida que el PNC del Reino Unido ha ordenado. Por lo tanto, la discreta cuestión del "vínculo directo en una relación comercial" no es una cuestión cerrada.
6. LPHR presentó ante el PNC del Reino Unido la opinión autorizada de experto independiente del destacado abogado de derechos humanos corporativos, el Profesor Robert McCorquodale, quien concluyó que JCB está "directamente vinculada en una relación de negocios" con impactos adversos sobre los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado, ya sea a través de su distribuidor único confirmado en Israel, Comasco, o de un mercado de segunda mano establecido.
7. El proceso del PNC del Reino Unido ha allanado el camino para que, en un potencial futuro proceso de reclamación, se determine que JCB está contribuyendo a la violación de los Derechos Humanos, debido a la ausencia en la implementación de un proceso exhaustivo de diligencia debida por parte de la empresa británica, sumado a haber admitido el conocimiento real del uso específico de sus productos en demoliciones dentro de los Territorios Palestinos Ocupados. El PNC del Reino Unido aún no ha encontrado que una empresa incumpla su responsabilidad de "evitar contribuir" a violaciones de los Derechos Humanos.
8. El PNC del Reino Unido ha observado la aparente indiferencia de JCB hacia las Directrices de la OCDE y su limitada interpretación de algunas disposiciones centrales de dichas Directrices: "...JCB alegó que 'no existe ningún requisito legal para que JCB tenga una política sobre los derechos humanos como único tema '... El PNC del Reino Unido desea subrayar que, si bien las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales proporcionan principios y normas voluntarias, son normas internacionalmente reconocidas para la conducta empresarial responsable que también reflejan los Principios Rectores de las Naciones Unidas y las normas de buenas prácticas empresariales adoptadas por muchas organizaciones multilaterales". LPHR señala por separado que JCB declinó participar en el proceso de mediación que el PNC del Reino Unido ofreció tras la fase de evaluación inicial, y que LPHR aceptó.
Recomendaciones del PNC del Reino Unido a JCB tras la constatación de violaciones de las Directrices de la OCDE expresadas en la reclamación de LPHR:
1. "Que JCB lleve a cabo la debida diligencia en materia de Derechos Humanos para evaluar los impactos reales y potenciales sobre Derechos Humanos. En línea con las Directrices de la OCDE y la Guía de Diligencia Debida, JCB debería también establecer un plan sobre cómo integrará y actuará sobre los resultados de su diligencia debida -incluyendo cómo se abordarán los impactos- si se identifican impactos adversos sobre los Derechos Humanos en su cadena de suministro. Este proceso debe ir más allá de la simple identificación y gestión de los riesgos materiales para la empresa. Como los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo, la diligencia debida debe ser un ejercicio regular y continuo, que debe formar parte de la declaración de la política de JCB sobre Derechos Humanos."
2. "Que JCB redacte una declaración de política que debería contener expresamente su compromiso de respetar los Derechos Humanos como se indica en los párrafos 74 y 75 anteriores. Esta declaración debería ser independiente de su declaración sobre la Esclavitud Moderna, el Código de Conducta del Proveedor y la Carta del Concesionario."
El PNC del Reino Unido solicitará a JCB y a LPHR una actualización de las medidas adoptadas por JCB en respuesta a las recomendaciones del PNC del Reino Unido, y luego publicará una "Declaración de seguimiento" en noviembre de 2022. LPHR examinará especialmente si JCB ha tomado medidas preventivas apropiadas como parte de la creación e implementación de un sistema efectivo de diligencia debida en materia de Derechos Humanos. En este contexto, LPHR realizó sendas peticiones durante la investigación del PNC del Reino Unido sobre dos posibles medidas correctivas que JCB debería adoptar:
- Imponer disposiciones contractuales a Comasco relacionadas con los Derechos Humanos –único distribuidor israelí conocido de productos JCB -, en relación a la venta/uso posterior de productos JCB, y considerar la pertinente finalización de su relación comercial si Comasco no está dispuesta a aceptarlas.
- Utilizar su propia tecnología "Live-Link" para rastrear, localizar y estar preparado para inmovilizar sus productos si se encuentran en áreas de alto riesgo dentro del territorio Palestino ocupado, en línea con su esperada nueva política sobre Derechos Humanos, y como parte del establecimiento de un sistema eficaz de diligencia debida en materia de Derechos Humanos.
El Director de LPHR, Tareq Shrourou, dijo:
"El resultado de la reclamación de LPHR es un paso clave para el avance de los derechos humanos palestinos. JCB admite ahora públicamente que es consciente del uso de productos JCB en la demolición de viviendas que perjudican la vida de los palestinos, y el Punto Nacional de Contacto ha reprendido a la empresa por no haber abordado este grave problema de Derechos Humanos.
"El consejo de administración y la alta dirección de JCB deben considerar las repercusiones en la vida real de su incumplimiento de las disposiciones fundamentales sobre Derechos Humanos de las Directrices de la OCDE. Una niña palestina de 14 años, *Luma, dijo a Save the Children sobre una situación vívida, revelada a LPHR: "Mi antiguo hogar era un sueño hecho realidad, ya que siempre soñé con vivir en una casa con mi propio dormitorio. Pero este sueño se rompió el día que llegaron las excavadoras amarillas. Veo [esas excavadoras] en mis pesadillas. Sentí que toda la esperanza se hundía con mi casa".
"JCB no puede desafiar a un organismo del Gobierno británico. Se ha impuesto firmemente a JCB la obligación de tomar todas las medidas necesarias para cumplir plenamente con su responsabilidad de abordar el uso de sus productos en graves violaciones de los Derechos Humanos contra los Palestinos. Ahora es insostenible que JCB actúe de otro modo".
*[Se ha cambiado el nombre de Luma para protegerlo].
NOTAS A LOS EDITORES / MÁS INFORMACIÓN (incluyendo enlaces a las pruebas de vídeo)
Información de contacto: Tareq Shrourou, Director de LPHR, contact@lphr.org.uk
- Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR) es una organización benéfica legal del Reino Unido que trabaja en proyectos para proteger y promover los derechos humanos de los palestinos. Entre nuestros fideicomisarios se encuentran los abogados expertos en derechos humanos Sir Geoffrey Bindman QC, Fiona McKay, Tessa Gregory y Nusrat Uddin. Los perfiles pueden leerse aquí.
- Las peticiones de LPHR a JCB a partir de su reclamación de diciembre de 2019 están vigentes en línea con la decisión final del PNC del Reino Unido:
I) Suspender inmediatamente el suministro de productos a Comasco que puedan ser identificados como parte de la cadena de valor que da lugar a demoliciones o construcciones relacionadas con los asentamientos, y que cese permanentemente la distribución a Comasco en caso de que no pueda brindar garantías creíbles y verificables de que tales productos no serán utilizados posteriormente para cometer daños a los derechos humanos de los Palestinos;
ii) Desarrollar y publicar en su sitio web una política sobre Derechos Humanos que establezca específicamente la metodología de diligencia debida que aplica para garantizar que sus productos no corren el riesgo de estar directamente vinculados en una relación comercial con la violación de los derechos humanos; y
iii) Compromiso a participar con LPHR y otras partes interesadas pertinentes en el establecimiento de un mecanismo de reclamación eficaz que permita la reparación. Dicho mecanismo se administraría de acuerdo con los criterios básicos para un proceso de reparación, tal como se especifica en las Directrices de la OCDE, e incluiría recursos financieros y/o no financieros apropiados de alcance individual en relación con los daños sufridos por los usos conocidos de los productos de JCB en la demolición de sus hogares y propiedades.
3. LPHR envió por primera vez una carta a JCB planteando nuestras preocupaciones el 21 de agosto de 2018, que fue presentada simultáneamente a JCB por el Centro de Recursos de Negocios y Derechos Humanos. JCB no proporcionó una respuesta. Como empresa privada, JCB no tiene la obligación legal de informar sobre cuestiones relevantes de derechos humanos.
4. En 2019, LPHR obtuvo y evaluó pruebas actuales creíbles, claras y convincentes de video, fotografía y textos que corroboraban el uso material y prolífico de los productos de JCB en una serie de incidentes específicos de demolición y desplazamiento, así como en la construcción relacionada con los asentamientos. Las principales fuentes de nuestras pruebas son: la destacada organización palestina de derechos humanos Al-Haq, la principal organización israelí de derechos humanos B'Tselem y la organización benéfica británica EyeWitness to Atrocities.
5. La reclamación de LPHR sobre las Directrices de la OCDE se presentó al Punto Nacional de Contacto del Reino Unido el 10 de diciembre de 2019. Comprende 11 secciones con cuatro apéndices. Su primer apéndice incluye enlaces a pruebas de vídeo. Los apéndices segundo y tercero resumen las pruebas fotográficas y escritas presentadas en un paquete de pruebas de 205 páginas. El cuarto apéndice ofrece un comentario sobre el caso de la demolición planificada de todo el pueblo palestino de Khan al-Ahmar en la Cisjordania ocupada.
6. Una de las pruebas de vídeo presentadas con la denuncia de LPHR puede verse aquí. Las imágenes de vídeo, tomadas el 11 de septiembre de 2019 en las colinas del sur de Hebrón, muestran un vehículo JCB, identificable como el modelo 3CX, demoliendo estructuras que probablemente sean las seis casas familiares de las que se informa en el comentario de B'Tselem que acompaña al vídeo. Otras pruebas de vídeo con breves informes son accesibles en las páginas 31-32 de nuestra denuncia aquí.
7. Las principales pruebas presentadas con nuestra denuncia que corroboran el uso material de productos JCB en las demoliciones, se refieren a incidentes en diez pueblos o zonas del territorio palestino ocupado, que abarcan un período de tiempo de 2016 a 2019. En total, se identifican 89 viviendas que han sido demolidas, lo que ha provocado el desplazamiento de al menos 484 personas, incluidos niños y ancianos. Una escuela (la escuela primaria de Khirbet Tana) se encuentra entre otras propiedades documentadas que han sido demolidas, al igual que los tanques de agua.
8. La denuncia también citó datos de Al-Haq que demuestran que los productos JCB están prolíficamente involucrados en las demoliciones en el territorio Palestino ocupado, habiendo sido responsables de al menos 60 de las 266 demoliciones registradas en 2018, y al menos 70 de las 281 demoliciones de viviendas y otras propiedades que se documentaron entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de octubre de 2019.
9. El 28 de febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UN OHCHR) publicó su base de datos de empresas con una participación "material y sustancial" en una o más actividades relacionadas con los asentamientos. JCB y Comasco son dos de las 112 empresas incluidas en la lista. La OHCHR de la ONU señala que "las violaciones de los derechos humanos asociadas a los asentamientos son devastadoras y generalizadas."
10. El Punto Nacional de Contacto del Reino Unido examina las posibles denuncias sobre incumplimiento de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales con sede o que operen en el Reino Unido. Las Líneas Directrices de la OCDE constituyen el único instrumento internacional respaldado por los gobiernos sobre la conducta empresarial responsable con un mecanismo de reclamación incorporado. El capítulo sobre derechos humanos de las Directrices de la OCDE (capítulo 4) refleja los principios respaldados por el gobierno relativos a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. El Punto Nacional de Contacto del Reino Unido forma parte del Departamento de Comercio Internacional.
11. El LPHR presentó antes una queja exhaustiva sobre derechos humanos de la OCDE al Punto Nacional de Contacto del Reino Unido en relación con las actividades de la empresa de seguridad G4S en Israel y en los territorios Palestinos ocupados. La denuncia dio lugar a conclusiones adversas en materia de derechos humanos contra G4S por parte del Punto Nacional de Contacto del Reino Unido en junio de 2015. Nueve meses después, G4S anunció que había iniciado un proceso de venta de su filial, G4S Israel. En junio de 2017, G4S anunció la finalización de la venta de G4S Israel a FIMI Opportunity Funds (un fondo de capital privado israelí).
12 La Comisión Parlamentaria Mixta de Derechos Humanos se refirió expresamente a las pruebas escritas de LPHR al recomendar en su informe "Human Rights and Business 2017: Promover la responsabilidad y garantizar la rendición de cuentas' que, "el Gobierno [del Reino Unido] dé orientaciones claras a los responsables de la contratación pública para que no se concedan grandes contratos del sector público, créditos a la exportación y otros beneficios financieros a las empresas que hayan recibido declaraciones finales negativas del Punto Nacional de Contacto [del Reino Unido] y que no hayan hecho esfuerzos efectivos y oportunos para abordar cualquier cuestión planteada."
Informe final del PNC del Reino Unido tras la petición de LPHR de mediación ante la empresa de maquinaria de construcción y demolición, JCB:
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario