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«Voces desde la resistencia» 2025
VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL SÁHARA OCCIDENTAL OCUPADO DOCUMENTADAS DURANTE 2025
informe anual sobre las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental realizado a partir de los casos documentados por el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.
Este grupo incluye tanto defensores locales saharauis como activistas internacionales, colaborando con organizaciones como ACAPS Cataunya y el Instituto NOVACT de Noviolencia.
El sistema internacional atraviesa actual mente un período de creciente inestabilidad geopolítica, caracterizado por tensiones cada vez mayores, la fragmentación del consenso multilateral y crecientes desafíos a la aplicación coherente del derecho internacional. Los recientes acontecimientos en varias regiones, incluyendo Oriente Medio y el Norte de África, han intensificado la preocupación por la protección de la población civil, el cumplimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, así como por la capacidad de las instituciones internacionales para responder eficazmente a conflictos prolongados y situaciones de ocupación.
En este contexto más amplio, la situación en el Sáhara Occidental ocupado sigue suscitando serias preocupaciones en relación con la aplicación del derecho a la autodeterminación. Además, la menor atención a los procesos de descolonización pendientes debido al clima geopolítico actual junto a la creciente importancia de los recursos naturales, los corredores comerciales y los proyectos de infraestructura estratégica en el territorio ha condicionado aún más la relación tanto internacional como regional con el Sáhara Occidental ocupado.
En este sentido, las expresiones de apoyo de ciertos Estados e instituciones a las propuestas presentadas por el Reino de Marruecos, incluido el Plan de Autonomía Marroquí, han sido interpretadas por representantes saharauis y otras partes interesadas como una contribución a la consolidación del status quo en el territorio. La aprobación del Consejo de Seguridad en octubre de 2025 de una resolución que hace referencia a este marco fue percibida por diversos actores como un cambio en el enfoque internacional de la situación, suscitando preocupación respecto a la protección efectiva del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la rendición de cuentas, por las continuas violaciones de los derechos humanos.
Al mismo tiempo, la reducción de la asistencia humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis ha tenido con secuencias significativas para el acceso a alimentos, energía y servicios esenciales para las más de 173.000 personas que residen en ellos. Paralelamente, la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental ha seguido deteriorándose, produciéndose un claro y grave aumento de las vulneraciones de los derechos humanos documentadas en los Territorios Ocupados. Así, si el pasado año se contabilizaban alrededor de un centenar de vulneraciones, en 2025 son cerca de 170 los casos de persecución, asedio, criminalización, vulneraciones de los derechos de los presos, violencia sexual y de género, expropiación forzada de tierras y asfixia económica, pero también, de discriminación racial y étnica contra el pueblo saharaui.
Una de las dinámicas más destacables de este 2025 es la acentuación de la política de restricción del acceso a los Territorios Ocupados, orientada a impedir la documentación de vulneraciones y a reducir la visibilidad internacional de la situación. Solo durante este año, entre 20 y 25 periodistas, observadores internacionales, activistas y defensores de derechos humanos han sido expulsados, devueltos en frontera o se ha impedido su acceso al territorio, incluso impidiéndoles bajar del avión.
En base a las vulneraciones documenta das, el informe presenta las siguientes tendencias en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales:
» Represalias continuadas durante décadas y hasta la actualidad. Es necesario poner énfasis en el carácter estructural y acumulativo en el tiempo de las represalias, para comprender por qué las fuerzas marroquíes persiguen reiteradamente a las mismas personas, percibidas como una amenaza para el mantenimiento de la ocupación y sus entornos.
» Intensificación del castigo económico como herramienta de control. Desde principios de los 2000, numerosos defensores y defensoras saharauis han sido objeto de represalias en el ámbito laboral, sobre todo despidos y expulsiones de sus trabajos respectivos, congelación de salario, cambios de lugar de trabajo e incluso dispersión a ciudades lejanas al Sáhara Occidental, así como retirada de ayudas públicas. Todos ellos sufrieron estas consecuencias tras ser perseguidos legalmente o participar de protestas y manifestaciones en el territorio. La vulnerabilidad económica emerge como un instrumento central para limitar la capacidad organizativa, la autonomía y la permanencia de activistas en el territorio ocupado.
Estas represalias fueron recogidas en un pronunciamiento conjunto de ocho relatoras de Naciones Unidas, publicado en marzo de 2025, donde: expresan de nuevo su preocupación por las denuncias de ataques sistemáticos contra 79 defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas saharauis, a través de una serie de comunicaciones conjuntas que abordan casos individuales y colectivos.
» Uno de los casos más evidentes de esta situación sigue siendo el caso de Mhamed Hali, a quien se le continúa prohibiendo ejercer como abogado, a pesar de haberse graduado con mención. En el pronunciamiento de relatores y relatoras de Naciones Unidas mencionado, estas expresan su profunda preocupación por la situación de Hali y consideran que “los motivos de su exclusión, no se refieren a violaciones específicas y documentadas de un código de ética profesional, sino que sugieren un uso abusivo del poder discrecional”, en contradicción con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
» Aceleración del proceso de apropiación de tierras y de expulsión del pueblo saharaui de éstas. La administración marroquí ha intensificado este año la confiscación de miles de hectáreas de tierras comunales y de propiedad colectiva, registrándolas como tierras desiertas e inscribiéndolas a nombre del Estado en las zonas al sur de El Aaiún, así como en las zonas cercanas a Bojador y Dajla. Esta dinámica puede estar viéndose agravada por el proyecto Offre Marroc, que implica la cesión masiva de tierras por parte del gobierno marroquí a empresas que desarrollan proyectos de hidrógeno verde. En uno de los casos, se ha denunciado públicamente que la empresa Phos Boucraa, filial de la minera OCP, pretende colonizar las tierras de una familia saharaui, situadas cerca de la factoría que posee en El Aaiún. También continúa la destrucción de viviendas, casetas y jaimas del pueblo saharaui, así como el ataque a sus medios de vida tradicionales (pastoreo y pesca).
» Se ha producido un claro aumento de represalias en el lugar de trabajo por parte de la propia empresa o de la administración marroquí, contra personas -especialmente, jóvenes- por su compromiso con la defensa de los derechos humanos o, simplemente, por no esconder su pertenencia étnica. Esta situación se agrava por la retirada de beneficios sociales y la denegación sistemática de becas universitarias y para el transporte. Una dinámica que ha afectado a más de 15 jóvenes de familias saharauis desde el año 2018. A finales de octubre de 2025, un grupo de jóvenes desempleados protagonizó una sentada de protesta y una huelga de hambre de varios días en el nuevo Port Atlantique de Dajla, para denunciar la política sistemática de marginación y discriminación racial por parte de las autoridades.
Con respecto al ámbito de los derechos civiles y políticos, se detectan las tendencias siguientes:
» Ataques y persecución contra periodistas, documentalistas y blogueros. En los Territorios Ocupados, se han sistematizado el bloqueo informativo y la represión, que incluye ataques digitales y físicos contra todo tipo de medios, como el hackeo de la web de Sahara Press Service, el ciberataque que inutilizó Équipe Média, el secuestro del bloguero saharaui Breika Bahi o las agresiones constantes a la periodista de la RASD TV Salha Boutenguiza.
» Continúa la persecución al periodista de Dajla Hassan Zerouali. Durante 2025, Zerouali fue objeto de 5 episodios graves de hostigamiento, detención arbitraria, violencia policial, vigilancia, allanamiento de su vivienda, negación del derecho a la atención sanitaria y represalias, en relación directa con su labor informativa y de denuncia en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Los hechos más graves se produjeron el 19 de enero de 2025, tres recibir Zerouali en su domicilio a un periodista de Público y a dos activistas de CEAR Sahara, cuando la vivienda fue allanada por 74 agentes de la policía marroquí. Durante la operación, tanto el propio Hassan Zerouali como su padre fueron agredidos.
» La represión del derecho a la protesta se despliega impidiendo la posibilidad de reunión, asociación y manifestación. Más allá de las manifestaciones, también se obstaculizan otras formas de reunión, conmemoración o encuentro colectivo entre saharauis, así como expresiones políticas en distintos ámbitos de la vida pública y comunitaria. En 2025, estas actuaciones se han intensificado especialmente en fechas como el 48º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, el Día Internacional de los Derechos Humanos o el 50 aniversario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid. Especialmente problemático es el hostigamiento y represión a la familia de Said Dambar, en cada conmemoración del aniversario de su muerte a manos de la policía marroquí hace quince años. En el caso de las mujeres, las agresiones incorporan formas de humillación diferenciada, como el despojo forzado de la melfa, prenda tradicional saharaui.
» También se registraron este tipo de prácticas en contextos funerarios y de duelo. Es el caso del asedio al velatorio y entierro en mayo de la madre de Bashir Bouamoud, miembro del Comité Administrativo de CODESA. Una situación similar se produjo el 14 de agosto, tras la muerte de Brahim Sabbar, defensor de derechos humanos que pasó más de diez años en cárceles marroquíes y posteriormente sufrió arrestos domiciliarios permanentes. El mismo día de su fallecimiento, las fuerzas marroquíes rodearon tanto el domicilio familiar como el cementerio, impidiendo que familiares y allegados rindieran home naje al difunto.
» Recrudecimiento de la represión contra jóvenes saharauis. La movilización de la juventud saharaui, harta de la falta de perspectivas de futuro, ha comportado una mayor represión en forma de maltrato, tortura y desaparición forzada contra este colectivo. Dos casos especialmente graves son la desaparición forzada breve y agresión física del bloguero Breika Bahi, estrechamente vinculada a su activismo en Tik Tok, desde donde denunció la apropiación de unas tierras de su familia a las afueras de El Aaiún. Y el caso del estudiante de 16 años, Kamal Laroussi, hijo del preso de Gdeim Izik Sidi Abdeljalil Laroussi, que fue retenido durante cuatro horas por la policía marroquí sin ser acusado de ningún cargo. Durante la detención, fue sometido a maltrato y amenazado con un arma de fuego.
» La persecución al movimiento estudiantil. Además de verse obligados a desplazarse hasta ciudades marro quíes para ir a la Universidad, los y las estudiantes saharauis sufren discriminación, ataques directos, procedimientos disciplinarios y amenazas de expulsión, retirada de becas, así como criminalización generalizada, detenciones arbitrarias colectivas y procesamientos penales sin garantías. En abril de 2025, el Comité de Estudiantes Saharauis de Ibn Zohr de la Universidad de Agadir denunció la existencia de este patrón a raíz de la apertura de expedientes disciplinarios contra tres estudiantes por exhibir la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática durante la conmemoración de su 49º aniversario. Esta misma universidad ha vivido, durante el año, diversas campañas de detenciones arbitrarias contra su estudiantado saharaui.
» Vulneraciones en el contexto de la prisión. Este tipo de vulneraciones representan aproximadamente una cuarta parte del total de los casos documentados. Se han identificado alrededor de una veintena de casos de personas presas saharauis en condiciones de hacinamiento, aislamiento, tratos degradantes, discriminación racial y vulneración sistemática de derechos fundamentales. Persisten las restricciones arbitrarias a las visitas familiares y a la comunicación con el exterior, así como las represalias contra quienes denuncian abusos, incluyendo al menos cinco traslados forzosos a centros penitenciarios alejados de sus lugares de origen. Los presos del grupo de Gdeim Izik continúan encarcelados pese a los pronunciamientos internacionales que cuestionan la legalidad de sus condenas y reclaman su liberación.
Informe completo, aquí
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