miércoles, 1 de diciembre de 2021

Día internacional de solidaridad con el pueblo palestino (29/11) en Gijón

 




CSCA - CODOPA

2021

 Día internacional de solidaridad con el pueblo palestino (29/11)

 

Plaza del Instituto, Gijón

Martes 30, noviembre de 2021

 Manifiesto para concentración pública

“… no basta enfurecerse contra la injusticia: es necesario proteger a quien la desenmascara.” La frase de la escritora Irene Vallejo, extraída de su contexto literario que la relaciona con un episodio de El Quijote, marca con certeza una guía de acción moral y cívica.

 ¿Cuál es el límite de nuestra resignación con las actuaciones del Estado de Israel?

 El pasado 22 de octubre, Benny Gantz, ministro de Defensa israelí, señaló a seis destacadas organizaciones de la sociedad civil palestina como "organizaciones terroristas", citando supuestos vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Sus denominaciones: Al-Haq (con estatuto de consultora de NN UU para la defensa de Derechos Humanos), Addameer (organización que defiende y apoya a la población palestina encarcelada por el Estado de Israel), Centro Bisan de investigación y desarrollo, Defense For Children International-Palestine (Sección palestina de la organización Defensa de la Infancia Internacional), Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas.

Las pruebas aportadas por el ministro para la acusación: ninguna.

 Necesitamos un salto atrás en el tiempo para buscar motivos a tan infundado señalamiento.

 Hace ya varios años que comenzó la campaña de desprestigio contra organizaciones de la sociedad civil palestina. La iniciativa la llevó entonces el Ministerio denominado de Asuntos Estratégicos.

Este ministerio recopiló informes en los que se afirmaba que muchos grupos palestinos de derechos humanos, así como los activistas que promueven el boicot a Israel, están afiliados a organizaciones terroristas. Los países donantes de financiación a esos grupos, europeos y norteamericanos principalmente, no quedaron convencidos con las acusaciones y, en consecuencia, mantuvieron su contribución financiera.

 Para fundamentar las acusaciones contra las ONG, algunas de las cuales han conseguido a lo largo del tiempo gran prestigio por su esmerado trabajo en el ámbito internacional, emisarios israelíes hicieron llegar a gobiernos de países europeos donantes un dossier reservado en mayo de 2021. Este documento de 74 páginas fue preparado por el Servicio de Seguridad israelí, Shin Bet.  El objetivo explícito israelí era persuadirles para que dejaran de financiar a esas organizaciones.

 El dossier había sido elaborado, en lo fundamental, a partir de los interrogatorios realizados por el Shin Bet a dos excontables de los Comités de Trabajo de la Salud (HWC), que fueron expulsados de esta organización por malas prácticas financieras y posteriormente detenidos por la policía israelí. Las declaraciones de estas personas se consiguieron mediante prácticas de tortura sicológica, de acuerdo con el testimonio público de sus abogados.

 En sus declaraciones, los contables, no acusan a los Comités de trabajo de la Salud, sino a las 6 organizaciones antes mencionadas. Curiosamente jamás habían realizado trabajo para ninguna de ellas. En todos los casos, se repite la misma versión: esas organizaciones recaudan fondos y actúan como instrumentos del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Pruebas aportadas, ninguna. Tan sólo menciones genéricas al hecho de que “era del conocimiento público que esas organizaciones trabajaban para el FPLP”.

Tanto el dossier como cientos de páginas de los interrogatorios fueron conseguidos por varios medios de comunicación: +972, Local Call y The Intercept.

 En ese contexto se produce el asalto a las oficinas de los Comités de Trabajo de la Salud en Ramallah, a principios de este año y la detención, con encarcelamiento posterior, de Juana Ruiz Rishmawi y otros trabajadores, en abril de 2021. Más tarde, en el mes de agosto fue detenida la Directora General de la Organización.

 Entretanto, la gira de los enviados por el Ministerio de Exteriores israelí a países europeos donantes y a EE.UU. no consiguió los propósitos deseados. Quienes visitaron Suiza, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Suecia, España, así como la sede central de la Unión Europea, recibieron respuestas similares: el dossier carece por completo de pruebas y no hay motivos para cortar la financiación a las ONGs palestinas.

 La solvencia internacional de estas es tal que ha habido numerosas manifestaciones de apoyo en el ámbito mundial.

En el campo sindical son destacados los pronunciamientos de la Confederación Sindical Internacional y, en nuestro país, la mayoría de los sindicatos.

De igual manera ha ocurrido en el terreno político institucional. Consideremos tres muestras significativas:

-         La alta Comisaria de NNUU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado la maniobra israelí de acusar a las organizaciones palestinas de colaboración con el terrorismo y ha señalado como imprescindible la labor de estas como garantes para la defensa de esos derechos.

-         La oficina del Vicepresidente y Alto Representante de la UE para las relaciones Exteriores, Josep Borrell, ha insistido en que los documentos israelíes no aportan pruebas y mantiene su intención de seguir colaborando con las 6 organizaciones de la sociedad civil palestina.

-         Excepcional, por lo inédito hasta el momento, es la moción presentada en la Cámara de Representantes de EE UU por la congresista Betty MacCollum el 28 de octubre. En ella, las diez representantes que firman esa moción demandan a la Administración Biden que revise y ponga fin a los acuerdos de colaboración y financiación con el Estado de Israel, en vista del ataque injustificado a las ONGs palestinas.

 Las reacciones en el campo de las organizaciones no gubernamentales y de defensa de los Derechos Humanos se cuentan por centenares, tanto en nuestro país como internacionalmente.

 ¿Cuál es entonces nuestra posición en este acto, con el que conmemoramos el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, establecido por NN UU en 1977?

 Solicitamos a nuestro gobierno autonómico que mantenga la colaboración con y financiación a las organizaciones de la sociedad civil palestina, con la mediación de las organizaciones civiles que operan en Asturias.

Lo mismo corresponde aplicar para el Gobierno del Estado y demás gobiernos autonómicos.

 A las organizaciones de la sociedad civil asturiana les instamos a que dediquen atención a la ocupación militar y el régimen de apartheid que el Estado de Israel ejerce contra la población palestina.

 Llamamos a todas las instituciones mencionadas y a la ciudadanía de Asturias a romper la resignación con el Estado de Israel y a exigirle el respeto a los Derechos Humanos, el fin de la ocupación y el reconocimiento de la independencia y soberanía del pueblo palestino.

 ¡Por la solidaridad de la ciudadanía de Asturias con el pueblo palestino!

 Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de Asturias

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.



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