Pregunta sobre la incoherencia del ministerio de Economía de favorecer a CAF y al resto de empresas que apoyan la colonización de Palestina

 Pregunta sobre la incoherencia del ministerio de Economía de favorecer a CAF y al resto de empresas que apoyan la colonización de Palestina

[CSCA: Los diputados de SUMAR (formación que forma parte del gobierno PSOE-SUMAR), Félix Alonso Cantorné y Enrique Santiago, firman unas preguntas al gobierno sobre el porqué se apoya a las empresas que participan en la colonización de Palestina, CAF y SEMI entre otras, cuando formalmente España es contraria a la política de asentamientos israelíes en la Palestina ocupada y, si va a para de hacerlo.

Y pregunta por las consecuencias legales del apoyo de esas empresas a la colonización israelí de Territorio Ocupado Palestino]

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, acudió en visita oficial a Kiev [Ucrania] junto a una delegación de 23 empresas españolas, entre las que se encontraban directivos de Acciona Energía, Adif, CAF y Renfe, para estudiar oportunidades y posibilidades de cooperación entre Ucrania y España.

Esta visita se enmarca en un contexto de sanciones a empresas y particulares rusos por su participación en el esfuerzo militar o la economía rusa, y de apoyo a su vez a Ucrania, comprometiéndonos con la resistencia y recuperación del país tras la guerra.

Ese mismo criterio se emplea desde nuestro país para rechazar el genocidio en Gaza, con acciones como el cese de nuevos contratos de ventas de armas o el reconocimiento del Estado Palestino. Sin embargo, sigue habiendo empresas españolas que se lucran con la ocupación en Palestina, como es el caso de CAF, que gestiona y desarrolla líneas de tren ligero entre la zona israelí y las colonias próximas en Territorio Ocupado, o la empresa SEMI, del Grupo Cobra, implicada en el ferrocarril Tel Aviv-Jerusalén, traspasando territorio palestino ocupado.

Dicho proyecto vulnera la legalidad internacional. En concreto, no respeta el Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicable a los conflictos armados ni los derecho humanos, ya que se expropiarán terrenos palestinos bajo ocupación israelí para construir el tren ligero enlazando diferentes asentamientos ilegales -colonias- de la potencia ocupante según el Derecho Internacional.

El IV Convenio de Ginebra de 1949 establece como ilegal que una potencia ocupante efectúe el traslado de una parte de su propia población al territorio por ella ocupado. Esto significa que el derecho internacional humanitario prohíbe el establecimiento de asentamientos, dado que estos representan una forma de traslado de población al territorio ocupado. También son ilegales las medidas destinadas a ampliar o consolidar los asentamientos como la construcción de infraestructuras permanentes. Se prohíbe asimismo expropiar o confiscar tierras con el propósito de construir o ampliar asentamientos o construir infraestructuras que consoliden dichos asentamientos ilegales.

Trabajadores, ayuntamientos y diversas asociaciones se unieron en su momento para reclamar a la dirección de la empresa CAF que desistiera de este proyecto. De hecho, relevantes empresas del sector como Alsthom o Bombardier se retiraron de la licitación para evitar problemas legales y daños en su imagen corporativa.

El Gobierno oficialmente fomenta las líneas directrices de la OCDE sobre multinacionales y apoya la directiva europea de diligencia debida, que establece el deber de la empresa de prevenir, mitigar, corregir y reparar los efectos adversos en el medioambiente y en los derechos humanos resultantes de sus operaciones, de las de sus filiales y de las operaciones en su cadena de actividades. A pesar de todo ello, sigue apoyando a empresas como CAF o SEMI, presentándolas como empresas punteras y brindándoles oportunidades en formas de contactos y visibilidad.

Adicionalmente a CAF y SEMI, el Centro de Investigación 'Who Profits' ha revelado recientemente que otras 4 empresas españolas (GMV, Ineco, Salvat Logistica y eDreams) 

operan también en territorios ocupados de Palestina, estando también mayoritariamente vinculadas con el desarrollo ferroviario israelí. Con estas 6 empresas, España se convierte en el tercer país europeo con un mayor numero de empresas que se han lucrado con actividades desarrolladas en estos territorios, solo por detrás de Alemania e Italia.

¿Cuál fue el criterio del Gobierno para elegir a las empresas que llevó en su delegación?

¿Es consciente el Gobierno que España incumple la directiva europea de diligencia debida cuando premia y/o apoya a empresas como CAF, SEMI, o las otras mencionadas que participan en proyectos para la ilegal colonización israelí de territorios ocupados en Cisjordania?

¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para acabar con el apoyo o para sancionar a empresas como las mencionadas que se lucran con proyectos de apoyo a la ilegal colonización israelí en Cisjordania y para impedir que dichas empresas puedan formar parte de licitaciones, compras publicas y tener subvenciones?

¿Va a informar el Gobierno a la empresa CAF que a la vista de lo establecido en los artículos 608, 611.5 y 613.1.h del Código Penal español en relación con el artículo 23.4.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los directivos y empleados de CAF que participen en dicho proyecto además de estar cometiendo un delito contra los bienes y las personas protegidas en caso de conflicto armado podrán ser perseguidos en los tribunales españoles por dicho delito?

¿Pondrá en marcha el Gobierno los mecanismos y acciones necesarias para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional inicie acciones penales contra los directivos y empleados de CAF que participen en dicho proyecto?

Palacio del Congreso, 30 de agosto de 2024

Félix Alonso Cantorné

Diputado GP Plurinacional SUMAR