«CAF no fabrica bombas, pero coopera en el apartheid a Palestina» Santiago González

 Santiago gonzález

Sindicalista y activista pro-Palestina

 

«CAF no fabrica bombas, pero coopera en el apartheid a Palestina»

Gorka Castillo

Gara, 4 de octubre de 2025

Santiago González (Madrid, 1956) representó al sindicato USO ante la OCDE, lo que le permitió conocer a fondo el comportamiento de las multinacionales en el mundo. Activista en favor de Palestina, en 2020 compró acciones de CAF para poder asistir a su junta y poder preguntar sobre las decisiones que toma la empresa en los territorios ocupados.

¿Qué sensación le deja el comunicado de CAF sobre su actividad en los Territorios Ocupados de Palestina (TOP)?

Si algo define a CAF es su contumacia discursiva, porque desde el principio ha sabido que lo que está haciendo en los TOP está mal. El hecho de que los trabajadores planteasen en enero de 2019 que la empresa no debía presentarse a ese concurso, aunque eso limitara su producción, me parece un elemento relevante. Pero no solamente se lo advirtieron los trabajadores, sino que ese mismo año ya hubo denuncias públicas por parte de los movimientos sociales.

Pocos días después de que ganara el concurso de Jerusalén, yo mismo envié cartas a la empresa y solicité entrevistas con la dirección. Me consta que la delegación palestina en Madrid se entrevistó con representantes de CAF y tuve la oportunidad de hablar con la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que en ese momento era la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para conocer la actualización de la base de datos sobre las compañías que operan en asentamientos de la Cisjordania ocupada.

Advertimos de la ilegalidad que estaban cometiendo no solo a CAF sino también a Shapir, la constructora de las nuevas colonias en territorios palestinos que es su socia. Les informamos que Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén, tenía un estatus especial internacional desde 1948, que Israel violó una vez más en 1967 al invadir la parte oriental.

Ni CAF ni Saphir hicieron caso de nuestras recomendaciones y persistieron en los negocios. Entonces, decidimos alertar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que el proyecto de CAF se ubicaba en la zona ocupada de Jerusalén y en la Cisjordania colindante. En diciembre de 2019 pusimos una queja en el Punto Nacional de Contacto (PNC) que es el responsable de promover y aplicar las directrices de la OCDE a corporaciones multinacionales en materia laboral, ambiental y en el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, CAF dice que el PNC le dio la razón.

Eso es falso. Nosotros éramos la contraparte y como denunciantes recibimos los argumentos que esgrimieron. El Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió a CAF de que estaba trabajando en territorio ocupado de Palestina, algo ilegal en derecho internacional. Fíjese que inicialmente camuflaron que su proyecto de tranvía era ‘en la ciudad israelí de Jerusalén’. Más tarde, asumieron el lenguaje del ocupante especificando que estaban en ‘territorios en disputa’, tal y como recoge el informe no financiero del año 2024. Y ahora, en su última nota, ya dicen que el proyecto se ubica ‘parcialmente’ en territorio ocupado. Ahí se percibe la falsedad que ha empleado CAF en sus planteamientos.

En el comunicado, la empresa besaindarra cita el informe favorable de un experto, pero omite todos los estudios condenatorios realizados por especialistas e instituciones como la ONU. ¿Cómo se construyó su informe jurídico?

El PNC obligó a CAF a elaborar un estudio independiente y contrató a unos expertos de la empresa Negocio Responsable que realizó un informe ad hoc. Y lo confirmo porque esa empresa jamás solicitó nuestra opinión ni los datos que manejamos sobre la actividad de CAF en los territorios ocupados de Palestina. Tampoco lo hizo con la Autoridad Palestina. Solo aportó los documentos que CAF le suministró. Recoge como positivo que se trata de un proyecto de transporte colectivo, que facilita la movilidad reduciendo la huella de contaminación y que no contribuye a ningún tipo de discriminación porque su política de megafonía y de cartelería está en los tres idiomas que pueden emplearse en la zona: el árabe, el hebreo y el inglés. Asimismo, dice que cualquier persona que pague un billete puede entrar en sus trenes, pero omite la parte nuclear del problema.

¿Cuál es?

Que sus proyectos de tranvía son un factor decisivo en la expansión de asentamientos de los colonos israelíes. En concreto, de un asentamiento donde hay 50.000 colonos. Ahora, con la construcción de la línea verde del tranvía en la parte ocupada de Jerusalén, ha apostado por quedarse entre 15 y 25 años. CAF sabe que está actuando mal. Sabe que el trazado que ha diseñado la autoridad israelí en los TOP va a facilitar la movilidad de los colonos y la conexión entre unos asentamientos que el derecho internacional reconoce como ilegales. Todo eso lo sabe CAF, pero prioriza los beneficios de un negocio que refuerza la política colonizadora israelí, el apartheid del pueblo palestino.

El consejero de Industria de Lakua, Mikel Jauregi, ha llegado a decir que CAF no fabrica bombas, sino trenes y el lehendakari censuró en sede parlamentaria que algunos instrumentalizan el drama palestino. ¿Qué opina?

El lehendakari ha tenido una reflexión ética muy corta. Lo que no puede ser es que una empresa que está facilitando y lucrándose con la colonización de Palestina intente eximirse de su corresponsabilidad en la profundización de una política basada en el apartheid, un crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Primero, porque el trazado de las líneas que ha construido o está construyendo lo diseña Israel en función de las nuevas urbanizaciones coloniales levantadas sobre territorios expoliados a los palestinos. La situación de la población nativa en esas zonas, su marginalidad económica, e incluso su posibilidad de movilidad fuera de los guetos en los que han sido recluidos también lo marca Israel.

CAF es copatrocinador de esta política. Tiene firmados dos contratos, uno de mantenimiento de los trenes y otro de gestión, para los próximos 15 años, con posibilidad de extenderse 10 años más. Y respecto a las palabras del consejero Jauregi, le diré que, efectivamente, CAF no vende bombas, pero vende trenes y mantiene dos líneas del tren ligero, la roja y la verde, construidas en zonas de donde se ha expulsado por la fuerza a sus legítimos propietarios.

¿Se puede condenar el genocidio palestino y, al mismo tiempo, defender la oportunidad de negocio que ofrece la colonización israelí?

Indudablemente, no. Hay mucha hipocresía en todo eso. Considerar que existe un Israel bueno, formal, el de las fronteras anteriores al 67; y otro Israel que ocupa territorios ajenos o que comete un genocidio a plena luz del día que es retransmitido en directo, es una visión deformada de la realidad. El sionismo es mayoritario en la concepción expansionista del Estado de Israel, en cuya esencia está la desaparición del pueblo palestino.

En el tema concreto de CAF, entre cuyos accionistas está el Gobierno vasco, Kutxabank y también las pensiones de sus trabajadores, creo que se podría hacer algo más para cambiar las decisiones que toma el Consejo de Administración. Mi participación en las juntas de accionistas es justamente la de señalar con nombres y apellidos a los que son corresponsables en una política de negocio en Israel absolutamente condenable. No pueden seguir argumentando que CAF es una empresa modélica, ni puntera. CAF puede ser el corazón industrial del sector industrial vasco, pero no es un ejemplo internacional. Sus negocios en los territorios ocupados han empezado a emborronar la imagen que en otros países del mundo podrían tener de ella.

¿En qué otros lugares podría resultar perjudicada CAF tras aparecer en la lista de la ONU?

En la ciudad de Oslo, por ejemplo. Allí ganó un proyecto de suministro de trenes de metro que incluía la ampliación de unidades de cara a un incremento de las frecuencias, que ahora está en revisión por parte de las autoridades de la capital noruega. Es lógico. El nombre de CAF aparece en el informe sobre la economía de la ocupación y del genocidio presentado por la relatora especial de la ONU para los Territorios ocupados, Francesca Albanese, en otro de Amnistía Internacional y ahora en el listado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hay otro hecho relevante sobre esta cuestión como es que el fondo de pensiones noruego Norges decidió desvincular sus inversiones en compañías que han operado en la Franja y en los territorios ocupados o que hayan financiado la construcción de asentamientos de colonos. Entre las afectadas está Shapir.

¿Es costoso interrumpir las operaciones comerciales con Israel? Sidenor lo hizo en julio, pero sus ventas representaban menos del 0,5% de su facturación en 2024.

Sidenor exportaba acero, pero no tenía base societaria en Israel. Para CAF puede ser costoso a corto plazo porque pierde un contrato, pero, a cambio, si respetara el derecho internacional, aseguraría otros que ahora empiezan a ser cuestionados por su corresponsabilidad en la ocupación y el expansionismo embrutecido de Israel. Es el caso que citaba de Oslo, pero también el de Bogotá o incluso el de Cagliari. El Ayuntamiento de Barcelona ya ha introducido en sus nuevas cláusulas de contratación la imposibilidad de llegar a acuerdos con aquellas empresas que estén inscritas en la base de datos de las Naciones Unidas. Algo empieza a moverse en ese sentido.

¿Teme que termine imponiéndose la ley de la fuerza?

Nos encontramos en un momento muy importante. Por eso estamos obligados a organizarnos como sociedad civil en defensa de los derechos humanos y la ley internacional. Solo así podremos lograrlo.