El movimiento civil BDS desafía la impunidad de Israel.Gorka Castillo ctxt.es

 Manifestación de la RESCOP en Madrid, 4 de octubre de 2025. Foto M.M

El movimiento civil BDS desafía la impunidad de Israel

Su campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanción ha reactivado la protesta ciudadana y se ha convertido en una de las principales amenazas para los planes criminales de Netanyahu en toda Palestina

Gorka Castillo

ctxt.es, 17 de octubre de 2025

Dos años de genocidio en Gaza no han servido para resquebrajar esa especie de protectorado comercial e indulgente que las potencias occidentales mantienen con Israel desde su fundación. Sólo la presión social, con movilizaciones multitudinarias y operaciones intrépidas como la protagonizada por la Global Sumud Flotilla hace unas semanas, ha logrado provocar algún quebradero de cabeza a una clase política instalada en una indolencia incomprensible frente al drama palestino. Las protestas, tan dispares como insólitas, han subido tanto su intensidad que algunos gobiernos, amilanados por la magnitud, han decidido lavar su mala conciencia con gestos teatrales de reconocimiento a Palestina porque Israel la está exterminando. Poco más han hecho. Pero esta realidad ha impulsado otra, la repulsa ciudadana. El resultado está siendo fortísimo, pura sacudida emocional. Detrás de este desafío civil internacional se encuentra el movimiento global ‘Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel’ (BDS), nacido hace 20 años de las ruinas de los Acuerdos de Oslo, del hundimiento de la OLP y, sobre todo, del sometimiento del pueblo palestino, o lo que quedase de él, a un régimen de apartheid equiparable al que sufrió la población negra en Sudáfrica.

En BDS advierten de que nada ha cambiado con el plan presentado por Trump en una cumbre estrambótica donde trató de cubrir sus vergüenzas con un alto el fuego que Israel violó al día siguiente. La cuestión territorial y penal ha comenzado a tomar vuelo. La campaña se centra ahora en cómo poner fin a la ocupación israelí, algo que la mayoría de los judíos y de los países occidentales no apoya en los términos que recoge la ONU, y en que los crímenes perpetrados por los israelíes en estos dos últimos años no queden impunes. “No hay ningún plan de paz”, dicen en BDS sobre el proyecto de Trump. “Solo se trata de salvar al gobierno racista y colonial de Netanyahu de un aislamiento global que va en aumento y que acarreará graves consecuencias”, añaden. 

Por estos motivos, han vuelto a emplazar a las sociedades civiles del mundo a que intensifiquen las protestas a favor de un boicot económico efectivo y total que arruine los objetivos despóticos israelíes. El Movimiento Anti Apartheid (AAM) sudafricano ya puso en marcha similares mecanismos de bloqueo a mediados del siglo pasado y terminó asfixiando una estructura racista de poder que parecía inabordable. Por eso Sudáfrica es el espejo donde se mira el BDS, su fuente de inspiración. En la declaración fundacional de este movimiento no violento internacional se expone con toda claridad que sus principios se sustentan sobre una sólida coalición de sociedades civiles dispuestas a derribar las complicidades ocultas y patentes que alimentan un país que ha trenzado su existencia con los códigos coloniales de la ocupación, el saqueo y el crimen. En cierto modo, este manifiesto fue casi como una última llamada, casi desesperada, del masacrado pueblo palestino al mundo, a través de más de un centenar de organizaciones civiles surgidas en los territorios ocupados, en Israel y en la diáspora, con el respaldo de todo su espectro político. Desde comunistas laicos a religiosos, desde partidarios de dos Estados y a los que defienden sólo uno. Ahí están, por supuesto, las principales fuerzas políticas islamistas pero también los sindicatos, los comités conformados para administrar los campos de refugiados, las asociaciones de presos, los centros artísticos y culturales, y todos los grupos de resistencia no violenta que existen, incluido el Holy Land Trust que fundó un cristiano-palestino llamado Sami Awad. 

Jorge Ramos es profesor de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de València y forma parte de este movimiento. “El BDS también es una herramienta que cualquier persona, institución o gobierno puede utilizar porque armoniza un rango de complicidades diferentes y muy extenso. No sólo es un llamado internacional al boicot a Israel. Es también un requerimiento a la desinversión de capital y a las sanciones”, explica. Lo interesante es que se trata de un movimiento nacido, agrega este activista, “de un profundo proceso de escucha del norte global respecto al sur global, algo poco habitual en nuestras sociedades, siempre fascinadas con el pensamiento de que la razón universal está de nuestro lado”.

La principal innovación del BDS no reside en las diversas campañas de boicot y embargos de armas que tantas veces ha propuesto sin éxito la Asamblea General de la ONU. Lo novedoso es que focaliza la presión sobre Israel en torno a tres demandas claras, una para cada componente principal del pueblo palestino. Primero, el desalojo de las fuerzas militares y colonos de los territorios ocupados. Después, la igualdad para los ciudadanos palestinos que residen dentro de Israel en un régimen de apartheid. Por último, la justicia para los refugiados palestinos que fueron expulsados a la fuerza, la diáspora, el grupo más numeroso que vive desperdigado por distintos países de la región, cuyo derecho principal es el de regresar a sus hogares. Sin preferencias en el orden de aplicación. Todas al mismo tiempo.

El BDS se compone de numerosos grupos, colectivos y organizaciones sociales que trabajan solidariamente por territorios a favor de un pueblo palestino libre. Es una extensa red internacional que funciona con enorme flexibilidad bajo la coordinación global del Boycott National Committee en Palestina. “Esto es fundamental porque destierra la imagen eurocentrada de otras campañas de denuncia que hayan podido realizarse para otras situaciones que rezumaban ciertos tintes paternalistas e incluso racistas. Es la mayor petición del pueblo palestino al mundo para que todo aquel que lo desee pueda participar de una forma solidaria en su liberación”, explica Jorge Ramos. Existen BDS por Estados, por ciudades, por pueblos, y desde estos lugares se organizan movilizaciones para denunciar certámenes de consumo masivo que Israel acostumbra a transformarlos en ceremonias propagandísticas o se coordinan para convertir eventos como la Vuelta a España en una pesadilla para los organizadores. El BDS también ha impulsado duros debates entre empresarios que aceptaban el boicot a productos procedentes de los asentamientos pero no al Estado que los creó y los sustenta. Una empresa vasca como Sidenor, por ejemplo, suspendió en julio la exportación de acero a Israel. También tiene activistas entre el accionariado de corporaciones que mantienen relaciones comerciales con Tel Aviv y se benefician de negocios proyectados en los territorios ocupados contraviniendo los dictámenes de las Naciones Unidas.

Santiago González, sindicalista jubilado y cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA), es desde 2020 accionista de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. (CAF). Lo hizo para acceder a mayor información sobre las líneas del tren ligero que la empresa vasca construyó sobre territorios ocupados para facilitar la movilidad de los colonos y la conexión entre unos asentamientos que el derecho internacional reconoce como ilegales. Su objetivo siempre ha sido influir en las decisiones de la junta directiva, evidenciar sus contradicciones, dar a conocer la irregularidad de esos negocios. “Nos hemos reunido con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para advertirle de la ilegalidad que estaban cometiendo no solo a CAF sino también la constructora Shapir, que fue su socia. Alertamos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que el proyecto se ubicaba en la zona ocupada de Jerusalén y en la Cisjordania colindante, y pusimos una queja en el Punto Nacional de Contacto (PNC, que es el responsable de promover y aplicar las directrices de la OCDE a corporaciones multinacionales en materia laboral, ambiental y en el respeto a los derechos humanos”, comenta González. La tarea ha proporcionado algunos resultados. Por ejemplo, la ONU acaba de incluir al fabricante ferroviario vasco en su lista negra, una decisión que perjudica claramente su participación en concursos como el que ha convocado el metro de Barcelona y deja en la cuerda floja un acuerdo de suministro de trenes que ya tenía firmado con el Ayuntamiento de Oslo. En el alero quedan también los proyectos de Bogotá y Cagliari. 

Sin embargo, reconocen que los efectos de la presión a gran escala llevan un ritmo pausado. Si se compara esta campaña con la que mantuvo el Movimiento Anti Apartheid (AAM) contra el régimen racista sudafricano, ahora se enfrentan a más dificultades. El obstáculo más complicado es la globalización del comercio que en los noventa no existía y las consecuencias que ha tenido sobre el derecho internacional, hoy basculando entre la fragilidad y la ausencia cuando trata de tutelar los derechos colectivos frente a los excesos de los Estados centrales y del poder corporativo. “Basta con mirar al Estado de Israel, que desde mediados del siglo pasado incumple sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas. Y también a los impactos socioecológicos de las empresas transnacionales que, a pesar de ser los principales agentes del capitalismo global, no están sujetas a obligaciones directas fuera de sus países de origen”, apunta Juan Hernández, investigador de OMAL (Observatorio de Multinacionales en América Latina) en cuestiones relacionadas con la crisis de los sistemas normativos en la globalización económica. He aquí un motivo para que las sanciones contra Israel brillen por su ausencia y siga, de momento, participando en eventos internacionales como Eurovisión y los Juegos Olímpicos. Pero las campañas de boicot empiezan a notarse en algunos sectores de la economía israelí. En estos dos últimos años, han logrado que su deuda supere los 340.000 millones de dólares, un 20% más que en 2022; que las inversiones en startups hayan caído un 90% o que 46.000 empresas hayan cerrado las puertas desde el inicio del genocidio, según reveló el pasado año un periódico abiertamente sionista como Maariv. En Tel Aviv comienzan a torcer el gesto con cierto nerviosismo. El presidente del Instituto de Exportaciones de Israel, Avi Balashnikov, reconoció recientemente que “el BDS y los boicots han cambiado el panorama comercial global del país. Luchamos todos los días, hora tras hora, por la industria israelí en el extranjero. Y los boicots económicos y organizaciones como BDS presentan grandes desafíos que nos obligan a operar bajo el radar en algunos países”. 

Felip Daza es politólogo e investigador del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE). Ha trabajado en varios informes que sirvieron para dejar al descubierto las conexiones entre el sector financiero español y ciertas empresas israelíes. “Los bancos mantienen sus inversiones. Están el Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y luego, en un segundo nivel, otras entidades como Ibercaja y Kutxabank. No ha cambiado mucho el panorama en estos dos últimos años”, dice. En su último estudio ha seguido el rastro a las corporaciones tecnológicas y militares israelíes que han comenzado a trasladarse a otros países, principalmente europeos, para seguir funcionando sin sobresaltos. Daza ha descifrado qué tipo de empresas están deslocalizando, en qué lugares y qué mecanismos emplean. “En el actual sistema de relaciones comerciales globalizado, las cadenas de valor son mucho más complejas de seguir y eso les permite escapar de un boicot y de las propias leyes”, asegura. Piezas de un rompecabezas que unidas muestran un cuadro preocupante. El complejo militar israelí se burla de los embargos de armas. Algunas de esas corporaciones se han trasladado a EEUU pero la mayoría ha llegado a Europa, a Alemania, a Chipre, a los países nórdicos, lugares donde han encontrado un nicho de mercado colosal tras la decisión del rearme dictada por la OTAN. Son empresas de seguridad tecnológicamente punteras que utilizan la experiencia cruel de Gaza como escaparate de su probada eficacia. “Europa demanda esta tecnología pero como está mal visto comprarla a Israel abren las puertas para que esas mismas firmas aterricen con otro nombre y otros inversores. El ‘defense tech’ –armas de precisión, drones que escanean edificios enteros para detectar personas– es un sector emergente para el Estado de Israel”, señala el investigador de ODHE.

La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop) es una de las múltiples organizaciones que funde sus campañas con BDS. Su trabajo es de suma importancia. Han conformado una tupida malla de vigilancia para denunciar empresas que burlan las exiguas prohibiciones que han decretado países como España. “El Real Decreto Ley aprobado en el Congreso es un paso más, sin duda, pero no es el embargo integral que exigimos desde hace dos años en las calles. Pero es así como entendemos esta lucha. Son pasos que vamos dando y que hay que seguir dando para conseguir el objetivo de transformar las raíces de todo lo que estamos viendo ahora. Se trata de cuestiones muy estructurales y entendemos que se necesita tiempo y trabajar de manera continuada en esa dirección”, afirma Ana Sánchez, una de las portavoces de la Rescop. 

Efectivamente, algo se mueve lentamente en la opinión pública internacional. Este verano, por ejemplo, infinidad de grupos de rock y artistas declinaron participar en festivales organizados por el fondo israelí KKR, que tiene intereses inmobiliarios en los territorios ocupados en Palestina. Es cierto que el número de entradas vendidas no se resintió pero la presión ha aumentado. En la Euroliga de baloncesto, el Hapoel y Maccani están jugando sus partidos como visitantes sin público para evitar incidentes. Las aficiones del Valencia Basket o del Baskonia decidieron vetarlos. En ciclismo, el equipo Israel-Premier Tech, propiedad del millonario canadiense-israelí Sylvain Adams, un fiel seguidor de Netanyahu, ha sido relegado por los organizadores de media docena de carreras de fin de temporada celebradas en Italia. Mucho dinero perdido. Entre ellas estaban el Giro dell’Emilia, la Copa Bernocchi, Agostoni, Piamonte, los Tres Valles Varesinos y, por encima de todas ellas, el Giro de Lombardía, la última gran carrera del año para los profesionales. El líder del Israel-Premier Tech era el canadiense Derek Gee hasta que en agosto decidió romper su contrato porque no aguantaba más seguir corriendo en este equipo por sus convicciones personales y su conciencia. Parece que el mundo empieza a moverse.